Tras la entrada en plena vigencia de la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, la que desde el pasado 3 de agosto comenzó a regir para las pequeñas y medianas empresas del país, hoy los ojos están puestos en la tramitación del proyecto de ley que regula los envases y productos desechables -o de un solo uso-, que ya fue aprobado en marzo por el Senado y que esta semana debiera iniciar su trámite en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, ya que su discusión está puesta en tabla para mañana.

De hecho, ya hay voces que en los últimos días han pedido acelerar su tramitación. “Debemos dejar de producir plásticos de un solo uso cuya lenta degradación provoca un tremendo daño al medioambiente. Le pedimos al gobierno, a la ministra Schmidt y al presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara seguir avanzando y darle prioridad al proyecto de ley que elimina los plásticos de un solo uso. El planeta no puede seguir esperando”, planteó la semana pasada la diputada RD Catalina Pérez.

Actualmente existe consenso en diversos actores del sector en que en el Senado se logró avanzar en un “buen proyecto” desde el punto de vista técnico, que se lograron superar indicaciones que se consideraban erróneas -como la prohibición de botellas plásticas PET, ya reguladas en la Ley REP y un plástico fundamental para dar tracción a toda la cadena de reciclaje –, y que la idea no es introducirle mayores cambios de fondo. Lo que no implica que no existan iniciativas de mejora, o de alguna mayor claridad.

Desde el Ejecutivo, afirman que hay coincidencia en el mundo parlamentario sobre la urgencia de avanzar en materia de plásticos de un solo uso, sin perjuicio de que habrá espacio para estudiar perfeccionamientos a la iniciativa en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. “Creemos que la estructura del proyecto aprobado por unanimidad en el Senado es sólido y esperamos una recepción positiva por parte de los diputados. De todas formas, tenemos la disposición de hacer ajustes que permitan mejorar el proyecto de ley”, afirman por ahora desde el Ministerio del Medio Ambiente, sin profundizar aún en eventuales indicaciones de gobierno.

Hasta ahora, la titular de dicha cartera, Carolina Schmidt, solo ha adelantado que, en el actual escenario de pandemia por Covid-19, “estamos conversando con los parlamentarios para añadir una cláusula de excepción temporal que permita establecer excepciones especificas en periodos de cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional por calamidad pública, que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes”, según señaló en abril tras una serie de acciones que comenzaron a frenar el avance de la regulación de plásticos a nivel global frente al avance de la pandemia.

Hoy distintos actores del sistema están preparando documentos con posibles indicaciones para ser enviadas tanto al Ejecutivo como a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, con el objeto de exponer sus propuestas a los parlamentarios para que sus planteamientos sean incorporados en las futuras indicaciones. Y, en general, lo que buscan es generar mejoras y aclarar aquellos espacios donde hoy se considera que existen vacíos o inconsistencias.

Afinar definición de plástico y de “plástico certificado”

En términos generales, el proyecto aprobado por el Senado establece la obligación de incorporar un 25% de material reciclado en las botellas plásticas en 2025, y un 50% para el año 2030, una exigencia mayor incluso a la fijada por la Unión Europea el año pasado. De hecho, apunta a llegar a un 70% en 2050. Además, obliga al gran comercio a tener entre sus productos envases retornables, lo que regirá incluso al comercio electrónico como Cornershop y aplicaciones de delivery. Prohíbe la entrega de todo tipo de envases de un solo uso que no sean reciclables en los establecimientos que vendan alimentos, y establece además la figura de “acción popular” en su fiscalización. Es decir, cualquier ciudadano podrá denunciar una infracción a la ley para ayudar a exigir su cumplimiento.

Pero aún existen algunas dudas respecto de definiciones más específicas. Una de ellas tiene que ver con la definición de plástico. Según el proyecto de ley aprobado, “se entenderá que un producto es de plástico cuando esté compuesto, en forma total o parcial, por este material”. ¿Cuál es el alcance de esta definición? ¿Si un envase de vidrio tiene una tapa plástica, o una etiqueta de plástico, entonces se considera un producto de plástico?, se preguntan algunos actores.

Esto porque hasta aquí el proyecto se ha centrado en la materialidad del producto, a diferencia de lo que ocurre con la legislación en esta materia impulsada por la Unión Europea, que estableció la primera regulación general a los plásticos de un solo uso. Allí una de las definiciones adoptadas es que la regulación no está determinada por la materialidad en sí -no se trata de qué o cuánto plástico tiene un producto- sino que por el impacto que estos tienen en la naturaleza. Es decir, no se busca prohibir todos los plásticos de un solo uso, sino regular los más problemáticos.

Para Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), otro aspecto que es necesario mejorar -o ampliar- es la definición de “plástico certificado”, que de acuerdo al proyecto se define como aquel “compuesto total o parcialmente por materias producidas a partir de recursos renovables, diseñado para ser compostado a nivel domiciliario”. Un ejemplo de ello es el PLA, o ácido poliláctico, un polímero biodegradable que puede producirse a partir de cultivos como el maíz, y que puede ser compostable bajo ciertas condiciones a temperaturas cercanas a los 60ºC.

A juicio de Navech, en esta definición “hay graves problemas conceptuales. De partida, definir un plástico certificado como solamente lo que sea renovable es un absurdo”. Según plantea, además de definir bien qué implica que un bioplástico es certificable, también se debiera incorporar una segunda alternativa en este punto, que es el producto de plástico reciclado.

“En realidad no vas a certificar un plástico, vas a certificar un producto de plástico renovable o de plástico reciclado. Si uno quiere certificar un bioplástico renovable uno tiene que exigirle a esa certificación que al menos un 60% de la construcción de ese producto sea de bioplástico renovable para que pueda ser compostado, y que por ningún motivo esté combinado con plástico sintético, porque si no al final no es reciclable. Tendría que ser combinado con otros productos compostables, como el cartón, pero el proyecto dice ‘al menos un 20% de plástico certificado’ pero no define que es lo otro. Si eso otro es un plástico sintético no tiene sentido”, plantea Navech.

El otro punto, agrega, es la incorporación en el artículo de “plástico certificado” de los envases hechos con plásticos reciclados. “Creemos que sí vale la pena decir que un producto de plástico de un solo uso sea fabricado también al menos con un 60% de material reciclado. Con esto permito la venta de un producto con un envase construido con más de 60% de material reciclado, y el resto de un plástico virgen, y progresivamente ir aumentando hasta llegar a un 100%. Lo mismo que el proyecto ya hace con las botellas. En resumen, las definiciones no son exactas, y los productos certificados pueden ser certificados por el lado renovable y no renovable”, dice el gerente general de ANIR.

“Una vez bien acotadas estas dos definiciones -agrega-, y por lo tanto certificados estos dos productos, entonces los establecimientos van a poder entregar sus alimentos en estos dos tipos de envase, sin excepción. Aquí ya no le tengo que preguntar al cliente si quiere o no llevarse un envase desechable, porque van a estar certificados tanto los biopolímeros como los plásticos de material reciclado”.

Otro aspecto que preocupa en cuanto a los plásticos certificados, y en particular a los plásticos compostables como el PLA, plantea Navech, es que requiere de un importante nivel de educación en reciclaje en la ciudadanía para que sean dispuestos adecuadamente. “Si pongo un bioplástico renovable con botellas PET, se arruina el reciclaje porque colapsan las maquinarias. Es un producto completamente diferente”, explica.

Al respecto, Franz Kramer, fundador de Enfaena, una de las mayores empresas de valorización de residuos industriales reciclables, explica que “el PLA es un material muy innovador con aplicaciones acotadas, por lo tanto de nicho, además de ser al menos tres veces mas caro que el PET. El PET por su lado es 100% reciclable y toda la evidencia internacional muestra que con buen mecanismo de recoleccion se puede aprovechar casi la totalidad del PET que se pone como botella en el mercado. Es muy sensible que -por ejemplo- empiece a reemplazar botellas de PET, porque las personas ya tienen en el inconsciente que ese plástico es reciclable. Si al reciclaje de estas botellas se mezcla con botellas PLA, en una proporción de una botella por mil, se quema en su proceso de reciclado afectando todo el circuito del proceso de extrusión y por ende, se daña todo el reciclado resultante. Entonces, cuidemos una industria que está tremendamente desarrollada, que hoy es el sustento de los recicladores de base y la gran carta a ganador de la Ley REP”.

“A la gente -agrega Kramer-, dado que el reciclaje en Chile no está instalado en el ADN, hay que simplificarlo, no se trata de reemplazar un producto por otro, sino de adaptarlo al nicho que corresponda. El PLA es bienvenido y es muy útil como aplicaciones nuevas, pero ojalá no incorporarlo en las botellas porque no ayudan al sistema de reciclaje y a una industria que es la más desarrollada del mercado y que ya funciona. En definitiva, llevarlo a aplicaciones de envases que hoy tienen más problemas, y donde el PLA puede ayudar a resolverlo”

Reciclabilidad y compostabilidad

Para Magdalena Balcells, gerenta general de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), también es necesario aclarar algunos aspectos que dicen relación con en envasado de la comida para el consumo fuera de un local -comida para llevar- y el delivery. A su juicio, todo tipo de envase que se entregue al cliente -ya sea de plástico certificado o de otro material- debiera tener también una exigencia de reciclabilidad o compostabilidad para respetar el espíritu de la ley, de disminuir la generación de residuos.

“En el mundo que estamos viviendo, el patrón de consumo del formato de alimentos para llevar ha ido ganando cada vez más popularidad, y cada día existen más aplicaciones que permiten que uno tenga acceso a más alternativas. En esa lógica es difícil pensar en una solución única, y es importante anticiparse a esa tendencia creciente pensando en cómo hacemos que no signifique mayor daño para el medio ambiente. Nos parece que la reciclabilidad de los envases que se usen, independientemente de su materialidad, es sumamente relevante. La reciclabilidad o la compostabilidad es una exigencia que hay que pedirle a cualquier materialidad”, plantea.

Y aun cuando el proyecto de ley entrega un plazo de tres años para que estas disposiciones entren en vigencia, Magdalena Balcells recalca que cualquier exigencia en esta materia debe ir acompañada de una gradualidad para que, al establecer metas ambiciosas, estas sean realistas y alcanzables.

“De no existir ello, el gran riesgo que se corre es impedir u obstaculizar el desarrollo de soluciones locales, de innovadores, de emprendedores que generan nuevas propuestas en envases de un solo uso -compostables o reciclables-, porque no se les da el tiempo suficiente para desarrollar sus ideas o innovaciones (…) Si no damos una gradualidad y un tiempo para que ello ocurra, vamos a terminar importando todas las soluciones sin dar espacio a un desarrollo de soluciones hechas a la medida por emprendedores locales”, plantea.

Desde Fundación Chile Verde, instancia que promueve la economía circular, el reciclaje de residuos orgánicos y la compostabilidad, también están preparando una serie de propuestas para presentar en el Congreso. Entre ellas, que se incorporen de forma más explícita en la ley las ideas de economía circular y desarrollo sostenible, pero también indicaciones más concretas.

Entre ellas, por ejemplo, ampliar la definición de plástico certificado desde el que puede ser compostado a nivel domiciliario -como señala hoy el proyecto de ley-, a los que están diseñados para ser compostables a nivel industrial, lo que permitiría abrir las opciones de mercado para el reemplazo de empaques y envases problemáticos.

“Esta definición debiera revisarse ya que no existen muchos productos que puedan cumplir con la certificación de compostaje a nivel domiciliario. Actualmente en el mundo existe la certificación OK Compost HOME, que cumpliría estas características, pero solo respecto de algunos productos y a precios elevados, que harían muy onerosa la sustitución de plásticos normales por plásticos compostables”, plantean.

A nivel mundial, agrega, existen productos principalmente para compostaje industrial, que corresponden a procesos bajo condiciones de temperatura, humedad y oxígeno controladas. “El compostaje domiciliario aun no se ha desarrollado de forma importante, por lo que exigirlo en el proyecto de ley parece una medida poco realista. Existen también algunos productos compostables a nivel domiciliario, pero son bastante más caros que los productos compostables a nivel industrial, los cuales, a su vez, son ya más caros que los plásticos tradicionales”, agregan.

Regulación de botellas PET

El proyecto de ley en trámite tiene también un foco especial en las botellas PET, y ahí también existen algunas consideraciones y propuestas de modificación. Para Magdalena Balcells, uno de los puntos a revisar es la obligación de comercializar botellas retornables utilizando como único criterio para ello la superficie del local comercial.

“Creemos que definitivamente es un problema mucho más complejo, hay otro tipo de limitaciones como la rotación de producto, la densidad poblacional, la ubicación geográfica… hay temas logísticos, qué cantidad de toneladas tengo que tener disponible para que un camión vaya a buscar envases vacíos, por ejemplo”, dice Balcells.

“Todo eso es necesario meterlo dentro de la ecuación -agrega- para poder determinar si es un establecimiento es viable o no generar un esquema de retornabilidad de envases de bebestibles. Creemos que ahí hay que mirarlo con mucho cuidado y mucho criterio técnico, hay muchos actores con los que conversar acá: los comercializadores, las cadenas de distribución, los productores de bebidas, por lo tanto creemos que es muy simplista, poco realista, y creemos que podría llegar a ser muy contraproducente exigir esquemas de retornabilidad basado únicamente en el metraje cuadrado”.

Otro aspecto a revisar, señala, es que el porcentaje de plástico reciclado que se incorpore en las botellas de acuerdo a las exigencias planteadas en la ley “haya sido recolectado y reciclado dentro del país”, lo que en términos prácticos impide la importación de este. Esta disposición, plantea Balcells, podría generar distorsiones de mercado respecto de los precios de ciertas resinas recicladas.

“Si ponemos una exigencia que dice que solo es para resinas recolectadas en Chile a partir de botellas, pero no se la ponemos a otros productos que no están hechos de la misma resina reciclada, se genera una distorsión. También para fines de fiscalización tiene que ser para todos lo mismo, y en cualquier escenario eliminar, prohibir o restringir la importación no puede ser una política mientras no se tenga claro que el sistema local es capaz de recolectar toda la materia prima necesaria que se requiere para cumplir con las metas que se establece para incorporar PET reciclado en las botellas de bebestibles”, plantea.

Al respecto, Alejandro Navech afirma hoy el reciclaje de PET en Chile es ya de un 32% y se va incrementando, ya que es el plástico más identificable por la gente y existe la capacidad instalada para su reciclaje. “En tres años más vamos a tener 50 mil toneladas año en capacidad instalada, hoy estamos más o menos en 27 mil. Se va a duplicar. En ese sentido, no va a haber ningún problema en la capacidad de recuperación y de valorización del PET reciclado. No es tampoco un problema tecnológico, para nada”, afirma.

No obstante, coincide con Magdalena Balcells respecto de no limitar la importación de PET reciclado, o RPET. “Esto es un mundo global -explica-, el precio internacional de la importación de RPET si es posible y las plantas en Chile tienen que ser competitivas respecto del precio internacional. Si en Chile una planta no es eficiente y al productor le sale más barato comprarlo en Estados Unidos no se le puede prohibir, es un absurdo, porque sino vamos a generar plantas de reciclaje que no van a ser eficientes. Y tienen que serlo, porque eso va a generar también que en algún momento pueda exportar el RPET si alguien me lo pide, porque es un producto que puede ser comprado en Chile o vendido en el extranjero. Entonces, tiene que haber libertad en ese sentido”.

En materia de botellas, dice, los reparos de ANIR van por otra vía, y tiene que ver con que el proyecto de ley excluye de los “bebestibles” a aquellos que contienen alcohol o productos lácteos. “No estamos de acuerdo con eso. Creemos que el bebestible debe ser definido no tan creativamente sino básicamente como lo menciona la RAE, como un líquido destinado al consumo humano que se puede beber. Ya existen whiskies -por ejemplo- que vienen en botellas de plástico, y lo mismo ocurre con algunos lácteos, y van a ir apareciendo más elementos plásticos en las botellas de licor u otras”, afirma.