Primero fue la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio, las metas de reciclaje establecidas en la Ley REP y los ambiciosos desafíos adoptados por un grupo de empresas e industrias en el marco del Pacto Chileno por los Plásticos. Ahora se suma un nuevo paso en la regulación de los plásticos en el país, luego que ayer la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobara en una primera instancia el proyecto de ley que prohíbe la entrega de productos de un solo uso en locales de venta de alimentos -ya sean plásticos o de otros materiales no reutilizables-, y que al mismo tiempo regula las botellas plásticas.

En concreto, de prosperar el avance legislativo del proyecto en la Cámara de Diputados, los locales de venta de alimentos no podrán entregar vasos, tazas, cubiertos, palillos, bombillas ni envases -entre otros- de un solo uso para el consumo dentro de este, y de incumplir esta norma se arriesgan a multas que pueden llegar hasta las 5 UTM (poco más de $250.000). Lo mismo regirá para el expendio de alimentos en dependencias públicas. En el caso de la venta de alimentos para llevar, solo se podrán entregar en envases desechables si el cliente así lo pide expresamente, pero estos deberán ser de plásticos compuestos en su mayoría de origen renovable y diseñados para ser compostables en los domicilios.

“Valoramos la aprobación por parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado del proyecto de ley que regula productos desechables y los plásticos de un solo uso. Este es un paso más en la transformación hacia una economía circular; un proyecto que complementará y potenciará las exigencias propias de la Ley REP, porque se eliminan productos que difícilmente se lograrían reciclar. Además, introduce una exigencia de uso de material reciclado, generando mayor demanda por reciclar los productos establecidos en la propia ley REP”, dijo la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

El proyecto de ley fue presentado en mayo pasado al Congreso a partir de una iniciativa liderada por las ongs Oceana y Plastic Ocean, enfocado principalmente en limitar la generación de residuos plásticos y evitar su impacto en los océanos y el medio ambiente, considerando que en la actualidad solo un 14% de los envases de este material se reciclan a nivel global.

Sin embargo, a poco andar su tramitación la iniciativa comenzó a recibir una serie de cuestionamientos técnicos de expertos, la industria y el gobierno, principalmente por su intención de incluir las botellas de plástico PET dentro de los artículos a prohibir, y por la incorporación de una figura inexistente en el mundo del reciclaje y la economía circular, la de “plástico desechable certificado”.

En el primer caso, se estimaba que la prohibición del PET entraba en colisión con la Ley REP y su intención de impulsar una industria del reciclaje en Chile, ya que se trata del plástico más reciclado del país y que genera una importante tracción a la industria de valorización de residuos. Y en el caso del “plástico desechable certificado”, porque incluía una categoría que no encajaba en ninguna normativa a nivel internacional. Finalmente, ambas situaciones fueron solucionadas -las botellas se eliminaron- y mejoradas, para finalmente llegar a la aprobación de un proyecto de ley que generó amplio consenso.

“Creo que este proyecto va a ser trascendental para Chile y será un modelo mundial, que establece primero el fin del plástico de un solo uso para todos aquellos aspectos que están vinculados con la alimentación, que son grandes elementos contaminantes y que no se van a poder seguir usando. La ley va a obligar a que sean reemplazados por materiales que sean reciclables y reutilizables. En segundo lugar, materiales como el plumavit van a desaparecer”, afirmó el senador Guido Girardi, hasta ayer presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado e impulsor del proyecto.

Por ello, y tras culminar la sesión en que se aprobó la iniciativa, Girardi anunció que “le vamos a pedir al Ejecutivo que le ponga urgencia. Dado que es una ley que tiene un nivel de consenso tan alto, amerita que tenga también un trámite expedito. No tiene muchos obstáculos desde el punto de vista que recoge de manera importante expresiones, opiniones, y está enriquecido con experiencias muy distintas, por lo tanto debiera tener un trámite más acelerado”.

De hecho, la iniciativa aprobada fue valorada por la industria. “Nos parece positivo que exista un proyecto que apunta al corazón del cambio de hábitos de los consumidores con respecto a los envases de servicio desechables, cualquiera sea su materialidad, ya que de esta forma todos los actores avanzamos hacia patrones de producción y consumo más sustentables. Al mismo tiempo, esta iniciativa moviliza al mercado para ir innovando y desarrollando soluciones compatibles con la vida moderna y el cuidado del medio ambiente”, dijo Magdalena Balcells, gerenta general de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), tras la aprobación del proyecto.

Obligación de plástico reciclado en botellas: más ambicioso que Europa

Si bien finalmente el proyecto de ley no incorporó la prohibición de botellas plásticas desechables, si le fijó una exigencia ambiental importante a este tipo de envases: deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico que haya sido recolectado y reciclado dentro del país.

Se trata de una figura que ya había sido incorporada en la Unión Europea, que en 2019 estableció drásticas medidas para la reducción de plásticos de un solo uso. Allí se estableció un objetivo de recolección de un 90% de las botellas de plástico para el año 2029, y de un 25% de incorporación de material reciclado en las botellas de plástico para el año 2025, y de 30% para 2030.

Pues bien, el proyecto aprobado ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Senado fue aún más ambicioso: se fijó una meta de 25% de material reciclado en las botellas plásticas para el año 2025, un 50% para 2030, un 55% al 2040 y un 70% al 2050. No obstante, estas metas deberán ser revisadas y actualizadas cada cinco años desde la entrada en vigencia de la ley, considerando criterios ambientales y de costo-efectividad.

“Chile es el primer país del mundo en proponer un 50% de uso de PET reciclado para 2030, algo que no ha sido planteado en Europa ni en Estados Unidos, donde llevan décadas de avances tecnológicos en esta materia. Por lo mismo, esperamos que sea posible cumplir con esta meta que ha puesto la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ya que tecnológicamente es muy desafiante. Esperamos que, como país, y de manera colaborativa, podamos asumir esta propuesta”, dice Magdalena Balcells.

Según cifras de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla), en Chile se reciclan actualmente poco más de 83.000 toneladas de plástico al año, equivalente al 8,5% de los plásticos que se consumen en el país. Sin embargo, la mayor parte de ese reciclaje es de origen industrial, ya que a nivel de reciclaje domiciliario la cifra no llega al 2% del total.

Y pese a que el principal plástico que se recicla desde las casas es el PET -con el que se fabrican las botellas- equivale el 55% de estos, la cifra no llega a las 8.000 toneladas anuales, y se requiere importar cada año cerca de 7 mil toneladas de PET reciclado de otros países para satisfacer la demanda interna de la industria del reciclaje y la valorización de residuos.

De hecho, el 90% del material que llega a estas plantas son botellas PET en todos sus formatos, y entre el 15% y el 20% de estas son envases individuales desechables menores a un litro. Esto es parte de lo que busca remediar el proyecto de ley aprobado ayer en el Senado al obligar a la incorporación de plástico reciclado en las botellas: incrementar con fuerza las tasas de reciclaje de este material, y promover la industria de valorización de estos residuos a gran escala.

“Las botellas PET son parte del producto prioritario Envases y Embalajes regulado por la Ley REP y su actual tasa de reciclaje es la más alta de los plásticos a nivel domiciliario, aun cuando no ha entrado en vigencia este reglamento de la REP. Por lo tanto, vemos con buenos ojos que este nuevo proyecto de ley actúe como un potenciador y acelerador del reciclaje y la retornabilidad, sensibilizando cada vez más a la ciudadanía”, dice Magdalena Balcells.

Para la industria, este proyecto de ley permitirá avanzar más rápido en la generación de hábitos sustentables de consumo de bebestibles, al mismo tiempo acelerar la incorporación de PET reciclado en nuevas botellas. “Se trata de un cambio de paradigma muy importante para nuestro país -afirma Balcells- y un avance decidido hacia la economía circular. Pero pese a los aportes mencionados anteriormente, es fundamental tener en cuenta que la vara puesta en términos de metas de incorporación de PET reciclado en botellas es tremendamente desafiante, pues supone una serie de barreras técnicas”.

Exigencia de retornabilidad incluso en compras por internet

Si bien durante la tramitación del proyecto se consideró la incorporación de un sistema de depósito y reembolso para la recuperación de envases plásticos, finalmente esto se desechó. En cambio, se optó por potenciar y mejorar el sistema de retornabilidad existente en el país -que por cultura y eficiencia es incluso mejor que en economías avanzadas- y no generar un sistema paralelo que podría competir con este, una decisión similar a la que ya se había adoptado en la Ley REP.

En concreto, el proyecto de ley aprobado ayer obliga a todos los comercializadores de bebestibles en botellas plásticas desechables al consumidor final, a ofrecerlos también en formato de envase retornable, y a recibir de los consumidores estos envases. Esto porque si bien la retornabilidad funciona muy bien a nivel de barrios, no todas las cadenas de supermercados los tienen, por ejemplo.

Esto regirá también para el comercio electrónico, es decir, las compras que se realizan por internet. De esta forma, aplicaciones como Cornershop o de delivery deberán ofrecer también la opción de envases retornables entre sus productos. Quienes incumplan estas obligaciones -ya sean grandes comercializadoras o el comercio electrónico- pueden enfrentar multas de hasta $1 millón (20 UTM) por cada día en que este tipo de envases no estén disponibles.

En este sentido, el proyecto de ley también incorpora una innovación importante: si bien la fiscalización de su cumplimiento estará a cargo de los municipios, permite la “acción popular” para denunciar cualquier infracción a la ley.

“Que los ciudadanos puedan ser activos y partícipes en esto es un tema novedoso, y podríamos tenerlo en consideración para futuras legislaciones medioambientales. Si de alguna manera le damos ese espacio al ciudadano, que tenga poder real de fiscalización, nos puede ayudar muchísimo”, dijo la senadora Isabel Allende, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado.