Ingresado en 2018 como un proyecto de ley que buscaba prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada, la iniciativa parlamentaria impulsada por el diputado José Miguel Castro -y que contó entonces con el apoyo de casi una decena de parlamentarios- durmió durante casi tres años en el Congreso. En marzo de este año, y en el marco de las distintas iniciativas en curso a nivel nacional e internacional para una economía circular, y de una reactivación verde post pandemia, se inició su rápida tramitación en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, al punto que el reciente 1 de septiembre ya fue aprobado en primer trámite por la sala y enviado al Senado para su tramitación final. Y esta vez su rango se amplió, apuntando a prohibir la obsolescencia programada en los aparatos eléctricos y electrónicos en general.
“Todas las leyes tienen un tiempo para digerirse, y el momento perfecto tampoco existe. Se dio justo la contingencia de que en la Comisión de Ciencia y Tecnología había muchos diputados afines al proyecto, y se dieron todas las cosas para pedir que se pudiera analizar en nuestra comisión. Tomamos la decisión de darle agilidad al proyecto y hoy tenemos un proyecto aprobado por la Cámara, con indicaciones consensuadas, y esperamos que el Senado esté a la altura y con miras de poder entender que es una legislación que es muy vanguardista, pero que no estamos inventando la rueda; esta legislación existe en varios países más. El problema existe, y legislar va en beneficio de los consumidores”, afirma el diputado Castro.
En esencia, el proyecto de ley introduce modificaciones en la Ley 19.496 (que Establece Normas sobre la Protección de los Derechos de los Consumidores), e incorpora en su Artículo 14 la prohibición de la obsolescencia programada, señalando además que “en consecuencia, los proveedores no podrán producir, fabricar, importar, distribuir o comercializar aparatos eléctricos o electrónicos cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente por causa de una planificación o programación deliberada, sea que provenga desde su diseño o a consecuencia de la posterior modificación del aparato”.
La infracción a esta prohibición, señala el proyecto, se sancionará con multas de hasta 1.000 UTM (poco más de $52 millones), aunque en caso de que la conducta sea reiterada este monto podrá elevarse “de forma proporcional a los beneficios obtenidos producto de la obsolescencia programada al 5% de su facturación anual media” del infractor.
Adicionalmente, impone también la obligación de determinar el “índice de reparabilidad” de ciertos productos, el que debe ser visible en el empaque de éstos e incluye aspectos como si el producto se puede desmontar fácilmente, si existe una alta disponibilidad de repuestos, o si hay un equilibrio entre el producto y el precio de sus repuestos.
La fiscalización de que dicha información sea fidedigna recaería en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Entre los productos que se deberán incluir “siempre” en este índice están los smartphones, laptops, televisores, refrigeradores y lavadoras.
¿A quienes afectaría esta eventual ley? “La ley aplica para todo aquel que comercialice, porque obviamente no tenemos jurisdicción sobre países donde se desarrollan estos software o hardware. Lo que hicimos en Chile fue adecuarlo a quienes fueran comercializadores de estos productos en el país, ellos tienen que preocuparse de lo que se venda acá entendiendo que las condiciones de información al cliente tienen que ser sumamente claras”, explica José Miguel Castro.
“Sabemos que debe existir en algunos objetos obsolescencia programada -agrega el parlamentario-, pero más importante es que el consumidor sepa lo que está comprando, y este índice de reparabilidad va en ese sentido. Por ejemplo, si compro un teléfono celular va a tener una vida en que va a funcionar a la misma rapidez a menos que yo le ponga otro software. Yo tengo que estar informado de eso para saber que lo que estoy comprando -que son productos caros- en el fondo va a tener una vida útil con respecto a lo que estoy pagando”.
Para el diputado Jorge Brito, uno de los parlamentarios firmantes del proyecto y quien fue el encargado de informarlo a la sala de la Cámara, intentar poner fin a la obsolescencia programada apunta a terminar con lo que denomina “la economía del despilfarro” de recursos, donde -dice- muchos gigantes de la tecnología tienden a un reemplazo permanente de productos para aumentar sus ingresos, con grandes costos para los clientes y para el planeta. Y para ello, afirma, hay jurisprudiencia suficiente tanto en Chile como en Italia y Francia.