En poco menos de un año, la pandemia de Covid-19 ha trastocado por completo la vida de las personas, los gobiernos y las empresas a nivel global. Desde el miedo y el encierro inicial, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a convivir con el virus modificando nuestros hábitos de trabajo, las formas de producir y nuestros hábitos de consumo. En un tiempo corto, hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación -desde las grandes organizaciones hasta las personas individuales-, pero también surgió una mayor conciencia de la necesidad de realizar cambios para incrementar nuestra resiliencia. Ya no es viable seguir haciendo las cosas a la vieja usanza, y ahí aparecen iniciativas como el Pacto Verde europeo, la reactivación del multilateralismo en la acción climática de la mano de un nuevo liderazgo en Estados Unidos, y el reencauzamiento de las inversiones hacia el desarrollo sostenible. Pero hay un factor que comienza a surgir como clave en esta agenda: el consumidor.

Un estudio realizado en agosto por Accenture en 20 mercados del mundo, incluido Chile, muestra que el consumidor post pandemia es distinto y es, también, más sustentable. Por ejemplo, hoy prefiere las compras de marcas locales frente a marcas globales, porque incrementa la confianza y la conexión personal, al tiempo que entiende que así ayuda a la reactivación de pequeños locales vecinos “que más lo necesitan”. Y es a la vez un consumidor más consciente, que sabe que puede vivir con mucho menos de lo que pensaba, y busca también la experiencia ética de la economía con propósito.

En Chile se entrevistó a más de 600 personas, y las cifras de la encuesta revelan que desde el inicio de la pandemia la preferencia por comprar productos a pequeñas marcas locales aumentó un 41%, mientras que las compras de marcas nacionales se incrementaron un 35%. El 57% de ellos dice que prefiere comprar en las tiendas del vecindario, y el 54% opta por productos de origen local.

También han cambiado sus decisiones de compras. El 85% dice estar realizando compras más conscientes para limitar el desperdicio de comida; el 70% hace compras más respetuosas con el medio ambiente; y el 64% prefiere comprar en pequeños comercios vecinos que en grandes cadenas de retail. Más del 90% de ellos dice que lo seguirá haciendo a futuro una vez que termine la pandemia. Y al mismo tiempo, dicen elegir marcas que tengan un propósito y valores compartidos, y el 58% de ellos dice que esto será más importante en sus decisiones de compra post Covid-19.

Esta tendencia de los consumidores hacia productos más sostenibles y a considerar otros aspectos de una marca -responsabilidad ambiental y social, por ejemplo- al momento de decidir una compra está impulsando algunas iniciativas concretas para avanzar hacia un mercado más sostenible, principalmente de la mano de nuevas regulaciones que está empujando Europa. Una de ellas, por ejemplo, es la Nueva Agenda del Consumidor lanzada por al Comisión Europea a mediados de noviembre.

Mediante la promoción de “medidas para un mercado único más ecológico, más digital y más justo”, su objetivo es “fortalecer la confianza entre los consumidores, cuyos gastos generan el 54 % del PIB de la Unión Europea, estimulando así la recuperación económica desde el punto de vista de la demanda”.

Entre las principales acciones están la elaboración de una próxima ley para informar mejor a los consumidores sobre cuán sostenible es un producto y para estar mejor protegidos contra el “green washing” y la obsolescencia programada, al tiempo que se anuncian reglas sobre el uso de la inteligencia artificial y un plan para abordar el desafío de las nuevas tecnologías y la venta por internet. Pero hay una serie de iniciativas puntuales y concretas que buscan potenciar el consumo sostenible, y que están empezando a dar forma a una agenda que probablemente acelerará los cambios en esta dirección.

El “derecho a reparar” y el fin de la obsolescencia programada

La semana pasada, con 395 votos a favor -94 en contra y 207 abstenciones-, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de resolución  denominada “Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores” que busca otorgar a estos últimos el “derecho a reparar”, así como establecer un etiquetado obligatorio para los fabricantes que indique claramente cuál es el índice de reparación de un producto o dispositivo.

Esto último ya se está implementando en Francia, a través de una ley aprobada en febrero de este año y que entrará en vigencia el próximo 1 de enero, donde los productos tecnológicos deberán tener una etiqueta con un índice de reparabilidad de 0 a 10, para orientar la compra de los consumidores. Esto luego que un estudio del Ministerio de Transición Ecológica galo detectara que en ese país que solo un 40% de los productos tecnológicos son reparados cuando termina su vida útil. Para informar a las personas, ya se habilitó una página web oficial con una lista de productos y su respectivo índice de reparabilidad, desde televisores a teléfonos y lavadoras, aunque aún están pendientes de evaluación.

La decisión del Parlamento Europeo de impulsar esto a escala continental en un “mercado único sostenible”, es priorizar un uso más eficaz y sostenible de los recursos ante la escasez de estos y la proliferación de residuos, por lo que “es imperativo instaurar patrones de producción y de consumo sostenibles que tengan en cuenta los límites del planeta”.

A las medidas señaladas se suma el poner fin a la obsolescencia programada, entendida como las prácticas cuyo único propósito, señala la resolución, “consista en reducir de hecho la vida útil de un producto para aumentar su tasa de sustitución y limitar indebidamente la reparabilidad de los productos, incluidos los programas informáticos”.

“Debemos acabar con la obsolescencia prematura de los productos, colocándolos en la lista negra de prácticas comerciales desleales y haciendo que la duración de las garantías legales sea proporcional a su vida estimada. También, a través de establecer un derecho real de reparación y garantizar información clara sobre la durabilidad y posibilidad de reparación de los productos con etiquetado obligatorio. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para acelerar la economía circular”, afirmó el eurodiputado David Cormand al exponer el informe sobre mercado único sostenible al Parlamento Europeo.

Esto tiene impactos concretos a nivel global. Probablemente todos nos hemos enfrentado a la decisión de comprar un teléfono o un televisor nuevo frente al alto costo de repararlo, y que normalmente esto solo sea posible en un servicio técnico autorizado ante el riesgo de perder la garantía. Y la consecuencia de esto son residuos.

Según el último informe de “The Global E-waste Monitor 2020”, en 2019 el mundo generó la sorprendente cantidad de 53,6 millones de desechos electrónicos, un promedio de 7,3 kilos per cápita. La generación global de desechos electrónicos creció en 9,2 millones de toneladas desde 2014 y se prevé que crezca a 74,7 millones de toneladas para 2030, casi duplicándose en solo 16 años.

“La creciente cantidad de desechos electrónicos se debe principalmente a tasas de consumo más altas de artículos eléctricos y electrónico, ciclos de vida cortos y pocas opciones de reparación”, señala el reporte.

Por ello, la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo, y que ahora debe ser aprobada por la Comisión Europea, apunta a “empoderar a los consumidores para una transición verde”. En ese escenario, el “derecho de reparación” tiene como objetivo lograr que las reparaciones sean sistemáticas, rentables y atractivas, fomentar un proceso de estandarización de las piezas de reparación y que estas tengan un precio razonable, entre otros aspectos, para alentar la reparación en vez de la sustitución.

También busca impulsar una estrategia de reutilización de productos a través de nuevos modelos de negocios basados en la economía circular, creando incentivos para que los consumidores compren bienes de segunda mano. Entre ellas, por ejemplo, la transferencia de la garantía en caso de reventa del producto.

“El hecho de vincular la garantía al producto y no al comprador permite beneficiarse durante más tiempo de la protección que la ley otorga a estos productos y pone fin a la idea errónea de que un producto pierde necesariamente valor cuando cambia de manos. Permitir extender la garantía en caso de reacondicionamiento también contribuiría a esa mejora de confianza. La destrucción prematura de bienes no es compatible con un mercado sostenible”, señala el informe del Parlamento Europeo.

A esto se suman otras iniciativas previas de esta misma entidad, como la que se aprobó en enero solicitando a la Comisión Europea que se establezca la obligación de establecer un cargador común para todos los teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles. La decisión de unificar todos los puertos de carga fue aprobada por 582 votos a favor y 40 en contra, pese a la oposición de Apple a la medida, argumentando que significa un freno a la innovación.