En poco menos de un año, la pandemia de Covid-19 ha trastocado por completo la vida de las personas, los gobiernos y las empresas a nivel global. Desde el miedo y el encierro inicial, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a convivir con el virus modificando nuestros hábitos de trabajo, las formas de producir y nuestros hábitos de consumo. En un tiempo corto, hemos demostrado nuestra capacidad de adaptación -desde las grandes organizaciones hasta las personas individuales-, pero también surgió una mayor conciencia de la necesidad de realizar cambios para incrementar nuestra resiliencia. Ya no es viable seguir haciendo las cosas a la vieja usanza, y ahí aparecen iniciativas como el Pacto Verde europeo, la reactivación del multilateralismo en la acción climática de la mano de un nuevo liderazgo en Estados Unidos, y el reencauzamiento de las inversiones hacia el desarrollo sostenible. Pero hay un factor que comienza a surgir como clave en esta agenda: el consumidor.
Un estudio realizado en agosto por Accenture en 20 mercados del mundo, incluido Chile, muestra que el consumidor post pandemia es distinto y es, también, más sustentable. Por ejemplo, hoy prefiere las compras de marcas locales frente a marcas globales, porque incrementa la confianza y la conexión personal, al tiempo que entiende que así ayuda a la reactivación de pequeños locales vecinos “que más lo necesitan”. Y es a la vez un consumidor más consciente, que sabe que puede vivir con mucho menos de lo que pensaba, y busca también la experiencia ética de la economía con propósito.
En Chile se entrevistó a más de 600 personas, y las cifras de la encuesta revelan que desde el inicio de la pandemia la preferencia por comprar productos a pequeñas marcas locales aumentó un 41%, mientras que las compras de marcas nacionales se incrementaron un 35%. El 57% de ellos dice que prefiere comprar en las tiendas del vecindario, y el 54% opta por productos de origen local.
También han cambiado sus decisiones de compras. El 85% dice estar realizando compras más conscientes para limitar el desperdicio de comida; el 70% hace compras más respetuosas con el medio ambiente; y el 64% prefiere comprar en pequeños comercios vecinos que en grandes cadenas de retail. Más del 90% de ellos dice que lo seguirá haciendo a futuro una vez que termine la pandemia. Y al mismo tiempo, dicen elegir marcas que tengan un propósito y valores compartidos, y el 58% de ellos dice que esto será más importante en sus decisiones de compra post Covid-19.
Esta tendencia de los consumidores hacia productos más sostenibles y a considerar otros aspectos de una marca -responsabilidad ambiental y social, por ejemplo- al momento de decidir una compra está impulsando algunas iniciativas concretas para avanzar hacia un mercado más sostenible, principalmente de la mano de nuevas regulaciones que está empujando Europa. Una de ellas, por ejemplo, es la Nueva Agenda del Consumidor lanzada por al Comisión Europea a mediados de noviembre.
Mediante la promoción de “medidas para un mercado único más ecológico, más digital y más justo”, su objetivo es “fortalecer la confianza entre los consumidores, cuyos gastos generan el 54 % del PIB de la Unión Europea, estimulando así la recuperación económica desde el punto de vista de la demanda”.
Entre las principales acciones están la elaboración de una próxima ley para informar mejor a los consumidores sobre cuán sostenible es un producto y para estar mejor protegidos contra el “green washing” y la obsolescencia programada, al tiempo que se anuncian reglas sobre el uso de la inteligencia artificial y un plan para abordar el desafío de las nuevas tecnologías y la venta por internet. Pero hay una serie de iniciativas puntuales y concretas que buscan potenciar el consumo sostenible, y que están empezando a dar forma a una agenda que probablemente acelerará los cambios en esta dirección.
El “derecho a reparar” y el fin de la obsolescencia programada
La semana pasada, con 395 votos a favor -94 en contra y 207 abstenciones-, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de resolución denominada “Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores” que busca otorgar a estos últimos el “derecho a reparar”, así como establecer un etiquetado obligatorio para los fabricantes que indique claramente cuál es el índice de reparación de un producto o dispositivo.
Esto último ya se está implementando en Francia, a través de una ley aprobada en febrero de este año y que entrará en vigencia el próximo 1 de enero, donde los productos tecnológicos deberán tener una etiqueta con un índice de reparabilidad de 0 a 10, para orientar la compra de los consumidores. Esto luego que un estudio del Ministerio de Transición Ecológica galo detectara que en ese país que solo un 40% de los productos tecnológicos son reparados cuando termina su vida útil. Para informar a las personas, ya se habilitó una página web oficial con una lista de productos y su respectivo índice de reparabilidad, desde televisores a teléfonos y lavadoras, aunque aún están pendientes de evaluación.
