Según un informe del Foro Económico Mundial, la población urbana en el mundo crece en cerca de 200 mil personas cada día, y si hoy el 50% de la humanidad vive en ciudades, al año 2060 lo hará el 70%. Para darle cabida a este crecimiento, se requerirá duplicar la superficie construida durante ese período, o lo que es igual, construir cada mes una ciudad como Nueva York, durante los próximos 40 años. Esto implica que la economía circular y el uso eficiente de los recursos será clave en la transformación de esta industria para disminuir sus emisiones globales, sus impactos ambientales y también sus residuos.

En este último aspecto ya se registran avances importantes en Chile, de la mano de la Hoja de Ruta de Economía Circular en Construcción lanzada el año pasado y que tiene como uno de sus principales objetivos que el 70% de sus residuos sean valorizados al año 2035. A nivel nacional, cerca del 34% de los residuos sólidos corresponden a residuos de construcción y demolición, y se proyecta que para 2023 estos alcancen las 7.455.602 toneladas anuales, solo considerando vivienda. Esto equivale a más de siete millones de metros cúbicos, lo que permitiría llenar de escombros 15,5 estadios nacionales.

Según señala el informe “Introducción a la economía circular en la construcción: brechas y oportunidades en Chile”, el sector construcción ha operado históricamente bajo un modelo lineal que se basa en grandes cantidades de materia prima y energía de bajo costo y fácil acceso. Al mismo tiempo, es una industria altamente ineficiente en términos de uso de recursos y aprovechamiento de los materiales a lo largo de toda la cadena de valor.

Pero también hay una serie de oportunidades, afirma el documento. En materia ambiental, los principales impactos ambientales de la costrucción son su alto consumo energético (32,6% respecto al total nacional) y la generación de residuos, cifras que pueden reducirse significativamente con la implementación de un modelo circular por una menor extracción de materias primas vírgenes (usando materiales reciclados, por ejemplo), un menor consumo energético en las distintas etapas del ciclo de vida por autogeneración y eficiencia energética, y una reducción de los impactos por la disposición final de residuos a través de su gestión y valorización, entre otros.

Pero para la implementación de la economía circular, se requiere de importantes cambios normativos. En cuanto a la gestión y valorización de los residuos, por ejemplo, el MOP ya exige la declaración y trazabilidad de todos los residuos de construcción y demolición en la licitación de proyectos de la cartera, ahora se suma una nueva modificación normativa que resulta clave para la incorporación de material reciclado en la construcción: la introducción de cambios en la norma NCh 163 para habilitar el uso de áridos reciclados y artificiales en el hormigón, que inicio recién su proceso de consulta pública y que se considera como un habilitante clave para el desarrollo de la economía circular en la construcción. Y al mismo tiempo, puede actuar como un catalizador para crear nuevas sinergias que potencien el uso de, por ejemplo, el acero reciclado, un sector clave para la la creación de una infraestructura sostenible.

Las oportunidades que abren los áridos artificiales y reciclados

El proyecto que modifica la norma NCh 163 está en consulta pública desde el 10 de mayo, y su objetivo es establecer los requisitos físicos y químicos que deben cumplir los áridos y morteros para hormigones. Y como se ha señalado, por primera vez permite la incorporacion de áridos artificiales y reciclados para su elaboración.

“El primero corresponde a un material que ha sido producido por medios industriales específicamente para servir como árido, como es el caso de los áridos provenientes de cenizas volantes, o es un subproducto de otros procesos industriales que después de un acondicionamiento pueden ser usado como áridos para hormigones, como es el caso de la escoria proveniente de la producción de acero reciclado. El segundo corresponde a una árido producido a partir de un hormigón endurecido que ha sido procesado y clasificado”, explica Augusto Holmberg, gerente general del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH).

En el caso de los áridos reciclados, la norma establece que estos pueden contener, además de hormigón endurecido reciclado, un porcentaje máximo de otros materiales diversos: hasta un 5% de su peso en el caso de material cerámico como ladrillos, tejas o palmetas cerámicas, y hasta un 1% de particulas ligeras, asfaltos u otros materiales coomo vidrio, plástico o metales. Para los áridos artificiales, en el caso de que se usen para fabricar morteros y hormigones deben demostrar que no son peligrosos; es decir, que no son tóxicos, inflamables, reactivos ni corrosivos.

Para Holmberg, uno de los impactos más claros de esta nueva norma podría verse en la reutilización del hormigon proveniente de la demolición de pavimentos, una actividad rutinaria que genera una gran cantidad de escombros. “Este material tiene, desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas -explica- una gran calidad, pues corresponde a un hormigón de resistencia elevada. Hasta ahora este material se iba fundamentalmente a botaderos y se perdía la posibilidad de usarlo de manera efectiva”.

Al mismo tiempo, agrega, el incorporar de manera más intensiva la idea de economía circular y ecológica industrial abre nuevas puertas a identificar residuos de una industria que puedan ser insumos de otra. “Es un proceso continuo de identificación de oportunidades. Creo que un buen ejemplo de esto es el trabajo desarrollado en torno al uso de la escoria de acero para su aplicación como árido de hormigones, donde el trabajo conjunto entre dos industrias permite dar un nuevo uso a un residuo de una, y transformarlo en un insumo valioso para la otra”, afirma el gerente general del ICH.

En esto concide también Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sofofa, para quien uno de los elementos más valiosos de la actualización de la NCh 163 es la introducción de conceptos como áridos reciclados y áridos artificiales, que pueden ser sustitutos de áridos naturales. También el hecho de que se pone el acento de la regulación no en las propiedades intrínsecas de cada material, sino en su aptitud para el uso, refrendada en ensayos técnicos, lo que sienta un precedente para que no sólo se valoricen materiales categorizados como no peligrosos sino también aquellos que lo son.

“En efecto -explica-, la peligrosidad no debe ser a priori una limitante para su uso como materia prima, siendo lo relevante la compatibilidad de esos usos con el cuidado del medio ambiente y de la salud. Para ello, existe amplia referencia internacional acerca de criterios y pruebas que pueden estar claramente definidas, limitando la discrecionalidad asociada a exigencias injustificadas y los vacíos que hoy se observan en nuestra regulación ante la carencia de una normativa clara que precise el mecanismo de incorporación de estos materiales a la economía. La actualización de la NCh 163 puede ser un valioso precedente para replicar la incorporación de los criterios y definiciones que allí se están plasmando en la actualización de otras normas y en el diseño de nueva regulación de ser requerida, como creemos que efectivamente ocurre”.

Respecto de los áridos artificiales, agrega que dentro de los materiales con mayor potencial de sustitución de áridos naturales se encuentran aproximadamente 3,8 millones de toneladas anuales de escoria, subproducto proveniente -entre otros- de la producción de acero y de fundiciones de cobre. Estos materiales pueden ser utilizados directamente, o tras adecuaciones que no implican gran nivel de sofisticación.

“La incorporación de áridos artificiales a la economía puede conducir por ejemplo al fin de todas las actividades ilegales de extracción de áridos naturales y al cuidado de los cauces de ríos. En efecto, dentro de las líneas de trabajo que hemos identificado con autoridades se encuentran las conducidas con el Ministerio de Obras Públicas. Con ellos hemos podido identificar no sólo el gran daño que la extracción ilegal de áridos hace a los lechos de los ríos, sino el grave impacto potencial en el socavamiento de las bases de puentes a lo largo del país. En adición, incorporar materiales categorizables como áridos artificiales puede implicar significativos ahorros al Estado”, afirma.

Protección ambiental e impulso a la economía circular

Diminuir los impactos ambiantales de la extracción de áridos naturales aparece como uno de los beneficios principales ante la modificación de esta norma. Según datos de la Comisión de Áridos del Instituto de la Construcción, hoy la demanda de áridos supera significativamente a la oferta: se generan 4 millones de m3 en el mercado formal y la demanda es de 11 millones de m3 solo en la Región Metropolitana. Esto favorece la extracción ilegal del material, que además de generar impactos ambientales relevantes al ser extraídos de riberas de ríos y zonas costeras, es también un mercado informal no regulado y que no paga impuestos.

En contraposición, hoy el 70% de los residuos de construcción y demolición generados por al industria corresponden a áridos, por lo que es el material con mayor potencial de valorización. Aplicar la economía circular en la construcción a través de la recuperación de áridos para su posterior reciclaje y valorización, e incorporar masivamente los áridos artificiales, ayudaría a resolver la escasez de oferta, reducir los impactos ambientales y económicos de su extracción ilegal, y disminuir los volúmenes enviados a disposición final. Por ello la modificación a la NCh 163 es clave para una construcción circular.

“El uso de áridos reciclados o áridos artificiales sin duda ayuda a bajar a presión sobre el uso de áridos naturales, pero su principal aporte desde el punto de vista ambiental es reducir la cantidad de material que de otra forma se estaría enviando a botadero, y darle un nuevo uso”, plantea Holmberg.

Se trata de un tema de especial relevancia, ya que en Chile solo existen 19 sitios regulados para la disposición de escombros de la construcción, y de ellos 6 están en la Región Metropolitana, 4 en Antofagasta y 4 en La Araucanía. Regiones con gran concentración de población y actividad económica como Valparaíso y Biobío solo tienen uno, mientras que nueve regiones del país no tienen ninguno. De las 238.761 toneladas de residuos que la empresas declaran al año -un bajo porcentaje de lo real- solo el 8,4% es valorizado, mientras que el 91,6% restante va a eliminación.

Y además de las ventajas medioambienteales, la modificación de normativas como la NCh 163 implican también un fuerte impulso a la economía circular, ya que sortear la aprobación institucional es una de las principales trabas para la reincorporación de materiales en la economía. “Probablemente la situación más difícil se da en el caso de áridos artificiales, que son un residuo de otros procesos industriales. La desclasificación de este residuo para recalificarlo como un subproducto y un insumo para otra industria es un trámite que no es todo lo expedito que debiera ser, y en esto hay mucho que aprender de países que llevan la delantera en materia de economía circular y reciclaje”, dice Holmberg.

El problema es que hasta ahora en Chile todo el desarrollo normativo ambiental en ámbitos como la descontaminación del aire y de las aguas, lo que implicó un rezago importante en la gestión de residuos respecto de otros países de la OCDE, donde hoy el concepto de circularidad es un hecho. Esa perspectiva sanitaria de los residuos, dicen los expertos sanitarios, es insuficiente en pleno Siglo XXI, aunque ya existen avances importantes en el país a partir de la Ley REP y la Hoja de Ruta para la Economía Circular, que presentan una oportunidad para alcanzar la economía circular en un plazo menor que otros países. De ahí la relevancia de desarrollar normativa que acompañe ese impulso.

Desde la Sofofa, dice Jorge Cáceres, se está trabajando en la optimización instrumental y regulatoria para generar propuestas que permitan enfrentar las barreras de distinto alcances que han identificado. Todo ello, inspirado en referencias internacionales, donde economías desarrolladas han construido una amplia batería instrumental y regulatoria orientada a impulsar la circularidad.

“Por ejemplo, observamos regulaciones que internalizan conceptos como el fin de la condición de residuo (End of Waste) o el de coproductos o subproductos, viabilizando el uso de materiales que podrían haber terminado en acopios o rellenos. Nos inspira la Directiva 2008 del año 1998 de la Unión Europea (…)En esos países, a diferencia de Chile, se tienen tasas de reciclaje que para algunos materiales tipificados como subproductos de la industria pueden alcanzar al 100%. Tras ese objetivo, estamos desarrollando un proyecto de colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente, orientado al desarrollo de estudios y proyectos que permitan identificar las principales barreras a la valorización existentes en Chile, e identificar la batería instrumental que permita superarlas”, explica.

El poder encarar esas barreras y destrabar así las limitaciones injustificadas a la circularidad resulta estructural, afirma Cáceres, por todos los beneficios que ello conlleva para el país. Un ejemplo de ello es la oportunidad de movilizar una gran cantidad de materiales factibles de utilizar en el desarrollo de infraestructura en el país, entre ellos la escoria siderúrgica proveniente tanto de acerías integradas como semi-integradas, la escoria proveniente de las fundiciones de cobre a lo largo del país, la ceniza volante proveniente de la generación térmica de electricidad, así como sustancias que pueden utilizarse para enriquecer suelos.

“El último informe del estado del medio ambiente de Chile del año 2020 da cuenta de 19,6 millones de toneladas de residuos que anualmente son generados en el país, de los cuales 11,4 provienen del sector industrial. Todos ellos tienen un potencial de uso. Cifras preliminares dan cuenta de que, mediante el impulso a la valorización de materiales y sustancias que, bajo el escenario actual, terminan en rellenos sanitarios, es posible valorizar de manera expedita más de 3 millones de toneladas, las que pueden incorporarse rápidamente a la cadena productiva sin inversiones sustantivas para que ello ocurra, sino sólo abordando barreras injustificadas, que responden a la desactualización instrumental y normativa ya expuesta”, agrega.