A partir de enero de este año, todas las licitaciones de los nuevos proyectos del Ministerio de Obras Públicas deberán incorporar como exigencia un Plan de Gestión de Residuos en Obra, que busca cuantificar la cantidad y tipo de residuos que se generan en las obras de infraestructura financiadas con recursos públicos, así como determinar con claridad su destino final. Con esto, se comienzan a implementar los objetivos comprometidos por el ministerio en el marco de la Hoja de Ruta para los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Economía Circular en la Construcción, lanzada en agosto de 2020.
“Este plan de gestión, además de ser una herramienta para conocer de manera sistematizada los residuos que generan nuestras obras, nos permitirá -en el corto plazo- conocer datos respecto de los residuos generados por cada tipo de obra ejecutada por este ministerio, conociendo la trazabilidad y destino final de éstos”, explicó Mariana Concha, directora general de Obras Públicas (DGOP) del MOP, al dar a conocer la iniciativa.
Actualmente los RCD representan un 34% de los residuos sólidos que se generan en Chile, y se proyecta que a 2023 estos alcanzarán las 7,4 millones de toneladas anuales en el país -el equivalente a 15,5 estadios nacionales- solo en lo relativo a viviendas. Esto en un escenario en que solo seis regiones del país cuentan con sitios autorizados para su disposición final, lo que implica que gran parte de ellos termina en basurales ilegales o riberas de ríos.
Si bien hoy la experiencia internacional muestra que existe un gran volumen de residuos valorizables que pueden volver a ser usados como insumos para la construcción, en Chile las tasas de reciclaje de RCD no superan el 4%. De ahí la importancia de este tipo de medidas provenientes del Estado, que a través de la demanda es capaz de impulsar el cambio hacia una economía circular en la construcción, a partir de licitaciones y proyectos de edificación e infraestructura que incorporan inversión pública.
La decisión cobra una mayor relevancia al considerar que solo la Agenda de Concesiones 2019-2023 del MOP considera inversiones por US$12,3 mil millones en 49 proyectos, incluidos aeropuertos, edificios públicos, hospitales, embalses, infraestructura para el transporte público, obras de riego, carreteras y vialidad urbana. De ellas, todas las obras que se liciten a partir de enero de este año deberán incorporar esta nueva exigencia, lo que permitirá cubrir un 80% de los contratos este año, ya que el porcentaje restante comenzó su tramitación en 2019. “Para 2022, en el 100% de los contratos nuevos se estarán implementando. No se contemplan salvedades o excepciones, sólo que la exigencia regirá para contratos nuevos”, afirmó Mariana Concha.
Este plan de gestión de residuos permitirá cubrir además una brecha de información y de diagnóstico, ya que hasta ahora no existe claridad respecto de la cantidad de residuos que genera cada tipo de obra, o cuánto se genera por región, ni qué ocurre exactamente con ellos. Hoy los datos de generación de RCD, lo que se declara, fluctúa entre un 23% y un 34% del total.