Aunque aún no parece estar cercana la vacuna que permita hablar en serio de un retorno seguro de las actividades a nivel global -no estaría disponible a nivel masivo al menos hasta mediados de 2021, según la OMS-, las sociedades y las economías comienzan a retomar un nivel de actividad que permite ir ya visualizando los caminos a la recuperación mundial tras la extendida crisis causada por la pandemia del coronavirus. Y cada vez suman más las voces desde el mundo ciudadano, académico, financiero, de economistas de renombre mundial, e incluso de continentes completos como en el caso del Pacto Verde europeo, que buscan avanzar hacia un nuevo tipo de desarrollo económico más sostenible. No solo para el planeta, también para las sociedades.
Hace unos días, de hecho, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, volvió a recordar que el mundo enfrenta hoy dos crisis urgentes, el Covid-19 y el cambio climático, y que es necesario que “abordemos ambas y dejemos a las generaciones futuras la esperanza de que este momento sea un verdadero punto de inflexión para la gente y el planeta”.
Y en esa línea, describió seis medidas climáticas con miras a una recuperación sostenible: invertir en empleos “verdes”, no rescatar a las industrias contaminantes, acabar con los subsidios a los combustibles fósiles, tener en cuenta el riesgo climático en todas las medidas financieras y normativas, trabajar juntos y, lo más importante, no dejar a nadie atrás. Y junto con ello, pidió a todos los países, especialmente a los miembros del G20 -el grupo de las naciones más industrializadas- que se comprometan a implementar la neutralidad de carbono antes del año 2050.
Una visión que también ha sido recogida por distintos actores en el país, donde han surgido varios llamados a una reactivación sostenible tras la crisis social y económica que ha cruzado al país en los últimos 10 meses. Y en esta línea, quizás la propuesta más concreta se registró en marzo de este año, cuando el coronavirus recién mostraba sus primeros contagios en el país, y el Ministerio del Medio Ambiente convocó a 25 actores representativos de los distintos sectores del país a iniciar el trabajo para elaborar una hoja de ruta que estableciera los lineamientos y objetivos para implementar la economía circular en Chile con un horizonte de cumplimiento a 2040. Si bien la primera meta declarada es que a ese año solo un 10% de los residuos del país termine en un relleno sanitario, los objetivos son mucho más ambiciosos, y apuntan a una transformación de fondo en el sistema productivo del país.
“Los criterios de producción trazables al concepto de circularidad han tenido un fuerte impulso en los últimos años en distintas economías a lo largo del mundo, especialmente por la mayor conciencia que existe respecto a la necesidad de acciones de mitigación o adaptación climática. En efecto, el modelo de circularidad lleva implícito la optimización en el uso de los recursos, lo que otorga un sello de sustentabilidad a los procesos productivos que lo internalizan”, dice Jorge Cáceres, director del Centro de Medio Ambiente y Energía de la SOFOFA.
“La pandemia -agrega-, y en general la superposición de crisis, nos han permitido que se puedan visualizar de manera clara una serie de cambios de paradigmas que nos pueden conducir a modelos de crecimiento cuyos pilares sean la sostenibilidad y la resiliencia”.
Hoy parece haberse asentado con fuerza la idea de que la economía circular puede ser el mejor vehículo para una economía sostenible en Chile. Según un estudio reciente, elaborado para la hoja de ruta, en el sector empresarial se identifican oportunidades que surgen de las tendencias en los mercados internacionales, y empresas multinacionales instaladas en el país ya están estableciendo requerimientos en esta materia para sus filiales chilenas. A nivel de mercados, una de las iniciativas que se mira con mayor atención es el Pacto Verde europeo, “que es a la vez un riesgo y una oportunidad para Chile”, señala el informe. “Si el país logra sumarse de forma temprana a la propuesta de la Unión Europea, de generar un acuerdo internacional sobre la gestión de recursos naturales, puede posicionarse como un aliado comercial estratégico de la UE”.