“A veces cuesta dimensionar lo gigantesco de este cambio (…) A todo nivel: social, económico y cultural. Este es probablemente el cambio más grande desde el punto de vista medioambiental para un país, y mientras más avanzamos más desafíos surgen”. Así graficó ayer el presidente de la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile), Rodrigo Álvarez, el desafío que implica el reciclaje de más de 2 millones de toneladas anuales de residuos provenientes de envases y embalajes en el marco de la Ley REP, cuyo decreto de metas de recolección y valorización se encuentra hoy en consulta pública, al lanzar el primer Gran Sistema Colectivo Domiciliario (GRANSIC) para la recolección y valorización de estos residuos.

El funcionamiento de este sistema, creado por AB Chile con 20 empresas fundadoras -entre ellas Coca Cola, Unilever, Nestlé, Carozzi y Natura- tendrá un costo estimado por la industria de entre US$200 millones y US$260 millones anuales, principalmente por la inversión necesaria en infraestructura, transporte, clasificación, almacenamiento y valorización de residuos, por lo que para las empresas el margen de error es mínimo.

De ahí la aprensión del gremio. Si bien Álvarez fue enfático en señalar que se trata de un cambio necesario y que las empresas están totalmente comprometidas con el éxito de esta ley, al mismo tiempo aseguró que “hay grandes riesgos en su aplicación. Si todos quienes estamos detrás de la implementación de esta ley nos equivocamos, puede ser potencialmente un nuevo Transantiago, sin que se logren los objetivos esperados y se agoten importantes recursos monetarios”.

Para la industria, hoy la principal preocupación son las metas definidas por el Ministerio del Medio Ambiente a partir del año 2022. Si bien parten con metas bajas para los cinco productos prioritarios (5% para cartón para líquidos, 6% metal, 5% papel y cartón, 3% plástico y 11% vidrio), menores incluso a lo que se recicla actualmente, a partir de 2024 estas se incrementan hasta un 23% para cartón para líquidos, 23% para metal, 25% para papel y cartón, 21% para plástico y 31% para vidrio. Al quinto año el promedio de exigencia es de un 35%, para llegar a 2030 con un 60% en promedio.

Esto en un escenario en que actualmente no existe en el país una cultura masiva de reciclaje ni la infraestructura necesaria para ello, así como tampoco una industria de valorización capaz de absorber la demanda de material reciclado. Por ello, la industria planteó al Ministerio del Medio Ambiente una propuesta de evolución más gradual de las metas durante los primeros cinco años, sin que se modifique el objetivo final de alcanzar un 60% de valorización de residuos al año 2030. “Nos parece que la curva puede tener ciertas mejoras, pensando en el mismo resultado final”, dijo Álvarez.

Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señaló que “hay una mirada conjunta desde el sector público y del sector privado de avanzar con ambición en esta ley. Sin embargo, tenemos que ver cómo es la forma en que llegamos a cumplir eso, que sea la más adecuada para garantizar que sea un reglamento que se puede implementar bien y que tenga incentivos claros para que la política pública pueda generar una mayor acción”.

Los escenarios que dificultan la puesta en marcha

Isidro Pereda, gerente general del sistema de gestión de AB Chile, explicó ayer cuáles son las principales aprensiones de la industria respecto del cumplimiento de las metas. La primera, afirma, tiene que ver con el tiempo necesario para desarrollar adecuadamente todo el sistema.

“Nos preocupa que intentemos hacer algo que a los europeos les tomó 20 años, en ocho o nueve años. Y por qué nos preocupa: básicamente porque si no somos capaces de hacer que eso funcione, lo que hay son multas en torno a los US$ 9 millones, y también hay garantías de que se cobran”, afirmó Pereda.

Esto último se refieren a la exigencia contenida en el decreto de metas a los sistemas de gestión, de presentar una garantía para asegurar el cumplimiento de las metas y obligaciones asociadas, la que se hará efectiva en caso de incumplimiento. ¿El problema? Que dicha garantía puede ser igual al costo de la operación del sistema, es decir, otros US$ 200 millones.

Este punto es también una de las mayores fuentes de preocupación de la industria, aunque se trata de una materia que actualmente está siendo revisada por el ministerio. Esto a raíz de los cuestionamientos que surgieron desde la industria del neumático respecto de este punto, tras la aprobación del primer decreto de metas de recolección y valorización para este sector.

“La garantía tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las metas, y estamos viendo cuál es la mejor fórmula para asegurar esto. Lo estamos pensando en una lógica más bien de incentivos que en una en que nosotros tomemos la garantía y comencemos a operar el sistema de gestión, lo que realmente no es viable. A nivel de incentivos, uno no necesariamente tiene que tener una garantía equivalente al total del costo de gestión, sino que puede ser una fracción de ese monto, y estamos viendo como debiera establecerse”, adelantó ayer Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.

Participación de la ciudadanía e infraestructura

Otro de los temas que preocupa al nuevo sistema de gestión en materia de cumplimiento de metas es qué tan masiva será la participación de la ciudadanía en el reciclaje, considerando que se requiere que separen -y en algunos casos laven- los residuos para ser reciclados.

“Es súper importante detenerse en esto, porque hay personas que están tremendamente motivadas reciclando, y marcando un liderazgo para que esto funcione. Pero hay gente a la que no le importa el reciclaje, y no lo va a hacer. Lo mismo pasa con las votaciones, con hacer deporte o comer sano, aún cuando sea tremendamente beneficioso. Nos preocupa cuál va a ser el impacto real de la participación ciudadana, cuánta gente va a estar con nosotros reciclando”, planteó Pereda.

A esto se suma el alto porcentaje de descarte que puede haber en el material reciclado, porque una cosa es que la gente participe, y otra que lo haga bien. Si los residuos no son separados adecuadamente, si contienen restos orgánicos, si se depositan residuos que no corresponden, lo más probable es que ese residuo termine en un relleno sanitario después de todo el proceso de recolección, transporte y separación.

Otra de las limitaciones para un buen funcionamiento inicial del sistema es la infraestructura, señaló Pereda. Para algunas categorías de residuos no existe capacidad de valorización en Chile, y por otro lado, mientras algunas plantas valorizadoras tienen capacidad suficiente para determinados residuos, posteriormente no hay mercado donde venderlo.

Y adicionalmente, aún no existen plantas de clasificación suficientes para los residuos. “Existe una en Chile, y si bien hay proyectos, se demoran tres a cuatro años en estar activas. Por lo tanto, lo más probable es que al principio, cuando estemos operando en 2022, no tengamos muchas plantas de clasificación disponibles para hacerlo”, señaló Pereda.

“Lo que queremos finalmente decir -planteó- es que los primeros cinco años tengamos una partida un poco más lenta, de manera que podamos concientizar a la gente y más personas participen, y al mismo tiempo que haya más infraestructura disponible para esto. Estamos diciendo: busquemos un camino alternativo para llegar a las mismas metas, al mismo objetivo”.

¿Cuál es ese camino? De acuerdo a las cifras presentadas por el gerente del sistema de gestión de AB Chile, la propuesta es que al quinto año el cumplimiento de las metas esté en torno al 20% en promedio.

Pilotos para recopilar información

Con el objetivo de probar en terreno la operación del sistema, como si estuviera en régimen, el GRANSIC lanzado ayer por AB Chile realizará a partir de este año un programa piloto de recolección selectiva de residuos en el que participarán cerca de 135 mil habitantes de Santiago, con un presupuesto por parte del sistema de gestión de $1.650 millones.

El más importante de ellos se realizará en el 90% de los edificios de la comuna de Providencia, donde la recolección será realizada por la empresas Rembre, Cristalerías Toro, Disal y los recolectores de base. A este se sumarán dos proyectos piloto en 760 casas de Quilicura y 330 casas de Colina en conjunto con la Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA), donde la recolección la realizará la empresa Starco Demarco. En ambos casos, la clasificación de los residuos se realizará en la planta de KDM en Tiltil, la única de este tipo disponible en Chile.

“Aquí estamos haciendo algo totalmente distinto e innovador, que nunca se había hecho en Chile: una licitación desde el mundo privado para ir a buscar packaging reciclable a las casas. Por lo tanto, será un aprendizaje relevante”, afirmó Isidro Pereda.

Estos programas permitirán recoger información relevante respecto de distintas materias. Primero, un aprendizaje respecto de los modelos de licitación para recolección, clasificación y valorización que requerirá el sistema de gestión una vez que entre el régimen.

A esto se sumarán estudios respecto del mix de captura de residuos -qué y cuánto de cada producto se está recogiendo en los contenedores-; que porcentaje de la ciudadanía participa efectivamente reciclando; estudios de costos de recolección, clasificación y precios de venta, y una prueba de calidad del servicio de los distintos gestores recolectores. Todo con el objetivo de comenzar a despejar las dudas para cuando comience la operación real del sistema en 2022.