A contar del año 2022, las empresas productoras de envases y embalajes estarán obligadas a recuperar un porcentaje de los productos que ponen en el mercado una vez que cumplen su vida útil. Y aunque aún faltan más de dos años para que esas obligaciones empiecen a correr, las principales compañías del país ya trabajan de forma acelerada preparándose para ese momento, el que es definido por los expertos como el corazón de la Ley de Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productos (Ley REP), ya que involucrará de forma masiva a la ciudadanía en el reciclaje.
Uno de los primeros pasos de la industria es la constitución del primer Gran Sistema Colectivo Domiciliario (GRANSIC) al alero de la asociación gremial Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile), que se lanzará oficialmente mañana y que estará encargado de la recolección domiciliaria, transporte, almacenamiento y valorización de los residuos de sus empresas asociadas.
Ya hay más de 20 compañías adscritas a este sistema, entre ellas Coca Cola Chile, Agrosuper, Falabella, Carozzi, CCU, Unilever, Nestlé y Natura, y según ha adelantado AB Chile el costo de mantener en funcionamiento el sistema será de US$200 millones anuales. Cifras que concuerdan con el cálculo realizado por el Ministerio del Medio Ambiente, que señala que la implementación de la Ley REP en el sector envases y embalajes tendrá un costo estimado de US$1.713 millones.
El segundo paso de este proceso será poner a prueba el sistema en la calle. Según establece el anteproyecto del decreto de metas de recolección y valorización para envases y embalajes de la Ley REP hoy en proceso de consulta pública, la recuperación de estos residuos se deberá hacer desde los propios domicilios de los ciudadanos, partiendo el año 2022 con al menos un 10% de las 6.500.000 viviendas existentes en el país (es decir, 650 mil viviendas al primero año) para llegar a un 85% de estas en 2030. O sea, 5.525.000 hogares.
Poner a prueba el sistema
¿Funcionará el sistema con una recolección masiva a esa escala? Eso es lo que se preguntan hoy los distintos actores del sistema, y lo que los lleva a cuestionar las metas de recolección y valorización definidas por el Ministerio del Medio Ambiente, principalmente por el alza que registrarán a partir del tercer año de operación.
Para que los residuos recolectados sirvan para ser valorizados, es decir, que puedan ser reincorporados al sistema como materia prima, o bien puedan ser reutilizados. Y eso requiere, por ejemplo, que vengan limpios y bien clasificados para minimizar el descarte de material, el que podría incluso terminar en un relleno sanitario si su calidad no permite el reciclaje. Y eso requiere de un trabajo activo de las personas.