Ayer, el Ministerio del Medio Ambiente abrió formalmente la consulta pública del anteproyecto de metas de recolección y valorización para los envases y embalajesen el marco de la Ley de Reciclaje (Ley REP), un sector que implicará el aterrizaje real de la obligación de reciclar no solo para las empresas, sino también para la ciudadanía, que deberá separar y entregar sus residuos reciclables a los sistemas de gestión que deberán estar funcionando una vez que entre en vigencia el cumplimiento de las metas, el año 2022.

“Vamos a instalar un nuevo sistema de recolección que va a llevar a los mismos hogares la posibilidad de recolectar todos los productos reciclables, complementado con el sistema de puntos limpios. Esto nos va a permitir altas tasas de reciclaje, superando el 60%, generar además una demanda importante de productos reciclables, y garantizar a las personas que hacen un esfuerzo por reciclar que esto efectivamente se haga”, afirmó ayer la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, al dar a conocer las metas de recolección y valorización de envases y embalajes propuestas en el anteproyecto.

Este establece un inicio con metas bajas al primero año para las cinco categorías definidas: un 3% para el plástico; 5% para papeles y cartones, y para el cartón para líquidos (tetrapack); 6% al metal y 11% para el vidrio. Estas se incrementarán con mayor fuerza en 2024 para alcanzar un promedio sobre el 20%, y llegar al año 2030 con metas de un 70% para envases y embalajes de papel y cartón, 65% para el vidrio, 60% al tetrapack, un 55% a los envases y embalajes de metal, y un 45% a los plásticos.

Se trata de cifras que eran esperadas largamente por las empresas productoras de envases y embalajes, así como por la propia industria de la valorización de residuos, ya que uno de los objetivos de la Ley REP es fomentar la creación de una nueva industria en torno al reciclaje y potenciar la que ya existe.

“Estamos muy contentos, al fin tenemos números para poder empezar a trabajar. Creo que son ambiciosos, da dos años para hacer un rodaje y a partir del tercer año hay que empezar a trabajar más duro. Hoy Chile tiene una capacidad instalada para reciclar mucho más de lo que lo hacemos, y de aquí a dos años tenemos tiempo para prepararnos, instalar más máquinas y aumentar la capacidad”, dice Michel Compagnon, gerente comercial de Comberplast.

De acuerdo al “Análisis General de Impacto Económico y Social” (AGIES) elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente, la implementación de la Ley REP en el sector envases y embalajes tendrá un costo estimado de US$1.713 millones, derivados principalmente de la recolección, transporte, pretratamiento, valorización, administración y monitoreo de los residuos, así como por las garantías que debe tener el sistema de gestión. Todo esto es parte de las obligaciones de los productores especificadas en la Ley REP, cumpliendo así el principio de “el que contamina paga”.

Sus beneficios, en tanto, se valorizaron en US$1.897 millones principalmente por la mayor generación de empleos, menor costo en transporte y disposición de residuos -lo que permite relocalizar recursos públicos liberados-, incentivos a la innovación en ecodiseño y disminución de la dependencia de residuos importados para la industria de la valorización, entre otros.

Pero más allá de las metas específicas, el anteproyecto del decreto dado a conocer ayer entrega además información detallada de cómo operará el sistema, su alcance, las obligaciones para los productores y los sistemas de gestión, las cautelas a su funcionamiento, y cómo aterrizará en las viviendas de los chilenos. Todo con el objetivo de pasar de 95.807 toneladas de residuos domiciliarios reciclados en 2022, a 1.081.049 toneladas en 2030.

Hogares: recolección puerta a puerta

“Lo principal es que le vamos a dar a los vecinos una forma de reciclar que sea tan sencilla como botar la basura. Es un sinsentido que le pidas al vecino un tremendo esfuerzo para reciclar, cuando botar la basura es tremendamente fácil: la deja en una bolsa en la puerta de la casa y se la llevan. Esto tenemos que hacérselo igual de fácil. Lo segundo es que ese esfuerzo de separar, de lavar los productos, ponerlos en una bolsa o contenedor especial, también vamos a esperar de ellos que hagan la pega. Aquí se viene un cambio cultural enorme, que es muy esperado por la ciudadanía”, dice Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, para comenzar a analizar el aterrizaje de la ley.

En ese escenario, el decreto establece que los sistemas de gestión constituidos por los productores deberán realizar una recolección domiciliaria de los residuos reciclables, que al primer año de vigencia (2022) deberá abarcar al menos un 10% de las 6.500.000 viviendas existentes en el país. Es decir, 650 mil viviendas al primero año. Esta cifra se incrementará en 10 puntos porcentuales hasta llegar a un 85% de estas, o sea, 5.525.000 hogares.

Para esto, el decreto establece que “la bolsa, el contenedor o el recipiente desde el cual el sistema de gestión recogerá los residuos de envases y embalajes domiciliarios que le entreguen a los consumidores deberá ser de color amarillo”. Esto como una medida de estandarización a nivel nacional, y de simplificar el trabajo de las personas.

Adicionalmente, para garantizar una cobertura en todo el país, los sistemas de gestión deberán instalar y operar al menos un punto de recepción y almacenamiento de residuos en todas las comunas que tengan entre 40.000 y 119.999 habitantes. Para las comunas sobre 120.000 habitantes, deberán contar con dos de estos puntos, y además deberán sumar a estos otra instalación por cada 80.000 habitantes adicionales en la misma comuna.

“En una primera fase, al cabo de dos años, tiene que estar montado todo un sistema liviano con puntos de recepción y almacenamiento en todo el territorio nacional, que le permita al vecino que quiere reciclar que lo pueda transportar a un lugar que le quede relativamente cerca. Son esquemas transitorios, de a poco vamos a ir cubriendo todo el territorio nacional con un esquema puerta a puerta”, explica González.

¿Qué pasará con los puntos limpios? No necesariamente van a desaparecer, porque hay muchos materiales que no necesariamente son envases y embalajes y lo más probable es que vayan migrando hacia la recepción de estos.

Metas iniciales bajas para puesta en marcha

El decreto de metas dado a conocer por el gobierno establece, para los primeros dos años, metas no muy distintas a lo que ya se está reciclando actualmente y que, excepto el vidrio, no superan el 9%. Y adicionalmente, permite cumplirlas mediante una meta global para las distintas categorías distintas al vidrio para los dos primeros años, de un 10% en 2022 y un 19% en 2023.

“Esta decisión es porque estamos ante un nuevo sistema en múltiples sentidos: de recolección, de financiamiento, y de información. Por lo tanto, es importante tener un espacio de puesta en marcha para concentrarnos en hacer las cosas lo mejor posible. Es un período de ajuste, donde hay que tener presente también que hicimos un esfuerzo enorme por tener la mejor información disponible y llegar a los mejores datos, pero sabemos que hay algún grado de incerteza, y nos parece ser conservadores al inicio y más ambiciosos al final”, explica González.

Respecto de las razones para establecer una meta más baja al plástico respecto de las otras categorías (45% al 2030), en el ministerio señalan que esto obedece a que se trata de un material complejo, que combina distintos tipos de plásticos o que se combina con otros materiales, a lo que se suma que gran parte de los envases y embalajes de plástico son importados, lo que dificulta la incidencia en el cambio de estos materiales.

Es, además, una tendencia que también ocurre en otros países, dice González. “Lo que uno ve a nivel internacional es que la meta de plástico es bastante más baja que la del cartón, por ejemplo. Es una meta tremendamente ambiciosa para el mundo del plástico igual, hay que pensar que la UE tiene una meta del 55% al año 2030 para todos sus países. Nosotros estamos en 45%, y eso es bien alto para un país que va a tener que ponerse al día con esta meta”, afirma.

Adicionalmente al establecimiento de metas, el decreto suma un mecanismo establecido en el decreto denominado “incumplimiento tolerado”, que establece que en caso de incumplimiento de alguna de las metas no se hará efectiva la garantía establecida para este efecto, siempre que se haya alcanzado al menos un 80% de la meta. Esto se aplicará una sola vez, y las toneladas restantes de cumplir se sumarán a la meta del año siguiente.

También se decidió dejar fuera de las obligaciones de recolección y valorización a los productores que califiquen como microempresas, y a aquellos que pongan en el mercado menos de 300 kilos de envases y embalajes al año. Tal como se había señalado, esta operará solo para las 10 mil empresas grandes y medianas que concentran el 95% de estos productos.

Fomento a la retornabilidad y bonificación al ecodiseño

Uno de los aspectos que sobresalen del anteproyecto del decreto de metas es el fuerte incentivo a los envases retornables y reutilizables, en el entendido que se trata de una medida que va en línea con desincentivar la producción de plásticos de un solo uso. De hecho, el decreto establece que “los envases y embalajes retornables no se considerarán puestos en el mercado para efectos del cumplimiento de las metas”. Es decir, quedan fuera del sistema.

Adicionalmente, se establece que los sistemas de gestión deberán fijar tarifas ecomoduladas para la gestión de los productos puestos en el mercado. Es decir, se cobrará más -penalizará- a lo más complejo de reciclar y valorizar. Y junto con ello, deberá establecer bonificaciones para los productos que implementen ecodiseño, incorporen material reciclado en su fabricación o implementen cualquier criterio que tienda a prevenir la generación de residuos o promover su valorización.

Otro de los incentivos establecidos en el decreto es que los productores podrán presentar al ministerio proyectos de reducción en la generación de residuos, que implementen medidas que disminuyan la cantidad de envases y embalajes puestos en el mercado. Si estos son aprobados por el ministerio, señala el decreto, “los productores obtendrán como beneficio una reducción en su obligación de valorización por un período de 1 a 5 años, lo que será proporcional a la disminución en los residuos generados como consecuencia de dicha implementación”.

Esto, explica Guillermo González, porque “cualquier modificación a una línea de envasado requiere de inversiones importantes en cambio de equipos, maquinarias, y por lo tanto vimos que hacía mucho sentido establecer una bonificación a las empresas para que al menos una parte de esa inversión sea costeada de esta forma. Normalmente lo que va a ocurrir es que va a tener que pagar menos a los sistemas de gestión por sus envases y embalajes”.

Se acota el rango a los sistemas individuales

Un aspecto sensible en la conformación de los sistemas de gestión es al resguardo de la libre competencia, y en ese sentido el decreto de envases y embalajes incorpora dos herramientas que ya habían sido consideradas en el decreto de las metas del sector neumáticos: si dos o más productores son empresas relacionadas podrán actuar representadas por solo una de ellas, y el sistema deberá velar porque la información sensible que sea compartida para dar cumplimiento a la ley no sea conocida por otros productores.

Sin embargo, establece resguardos para la constitución de los sistemas individuales y colectivos de gestión que no estaban incorporados en el decreto de neumáticos, y que surgieron a partir de esa experiencia. El decreto señala que mientras los sistemas individuales y colectivos compuestos por menos de 20 personas no relacionadas “podrán cumplir sus metas de recolección y valorización únicamente con los residuos en que se conviertan los envases y embalajes que pongan en el mercado los productores que componen dicho sistema de gestión”.

Los sistemas colectivos de gestión integrados por 20 o más personas, en tanto, “podrán cumplir sus metas de recolección y valorización con cualquier residuo de envases y embalajes, en tanto correspondan a las subcategorías de los envases y embalajes que pusieron en el mercado”.

¿Por qué esta diferencia? “Es un tema al que le dimos harta vuelta y es importante de explicar”, dice Guillermo González. En esencia, si un productor debe cumplir una meta respecto de productos de consumo masivo distribuidos por todo el país, es altamente ineficiente hacerlo de manera individual, por lo tanto rápidamente tiende a hacerlo de forma colectiva con otros actores similares para aprovechar las economías de escala. Sin embargo, la discusión en torno a la constitución de los sistemas de gestión del sector neumático hizo surgir algunas preocupaciones.

“Qué vemos como un riesgo que se está queriendo cautelar acá: hemos visto es que hay algunas empresas que han planteado la posibilidad de tener un sistema de gestión individual, pero dado que lo natural es buscar la economía de escala, recurrir a un aglutinador de demanda que les consiga un buen precio para el trabajo que tienen que hacer. Y ese agrupador de demanda, en muchos sentidos, está haciendo el trabajo de un sistema de gestión colectivo pero sin someterse a ninguno de los controles que están establecidos en la ley”, explica González.

Por ello, se decidió acotar el rango de operación de los sistemas individuales de gestión, modificación que también se está incorporando al decreto final de los neumáticos. “Tomamos el caso de Bélgica, ellos tienen la misma restricción, donde los sistemas individuales son exclusivamente para aquellos productores que tienen esquemas de funcionamiento de ciclo cerrado. Si importo para mi propio uso, para qué me voy a asociar de forma colectiva si sé donde están todos mis residuos. Si tengo un circuito de clientes que funcionan en ciclo cerrado, no necesito agruparme con un productor que va a ir a buscar a las casas. Por ejemplo, los que venden cosmética en las casas, los mismos vendedores pueden retirar los residuos de las casas. Para ellos está pensado el sistema individual”, agrega el jefe de Economía Circular del ministerio.

Obligación de reciclar y “asignación territorial”

Los municipios tendrán un importante rol en la cadena del reciclaje. Además de poder convenir con los sistemas de gestión la realización de actividades como la separación en origen y la recolección selectiva, así como promover la educación ambiental de la población en materia de residuos, entre otros, deberán incorporar ordenanzas que establezcan la obligación de los vecinos de entregar separadamente los residuos en origen en aquellas comunas donde esté operando la recolección domiciliaria.

Pero al mismo tiempo, el decreto establece un mecanismo de “resolución de controversias” en el caso de que exista más de un sistema de gestión que quiera operar en una comuna, ya que se considera un tema fundamental para una correcta operación de la Ley REP que estos sistemas lleguen a acuerdos con las municipalidades, porque van a estar operando en su territorio.

“Si eres una municipalidad con importante población, y por tanto importante generación de materiales reciclables, tiene la opción de elegir entre dos sistemas de gestión distintos, esto puede llevar a una escalada innecesaria de precios o de exigencia de servicio -o de frecuencia de este- mayor a la que es eficiente”, explica González.

“Si ellos no llegan a un acuerdo -agrega- entonces nosotros vamos a definir un mecanismo de asignación, que probablemente va a ser un tipo de subasta, donde van a definir el orden de prioridades de los municipios, y se les va a asignar con un mecanismo que lo vamos a definir nosotros de forma tal que cada municipio va a tener un sistema de gestión que le va a corresponder, y este va a tener un estándar de frecuencia definido”.