Un total de 92 observaciones recibió la Hoja de Ruta para la Economía Circular, documento que propone 32 iniciativas concretas para implementar esta tendencia en Chile repartidas en cuatro líneas de acción: regulación circular, innovación circular, cultura circular y territorios circulares, con escenarios de implementación de corto, mediano y largo plazo. Estas contienen, a su vez, 92 acciones específicas identificando a quienes se han comprometido a impulsarla, así como a otros actores claves paras su realización.

Entre las metas propuestas para el año 2040 por dicho documento está la creación de 180 mil empleos, bajar 25% generación de residuos y aumentar el reciclaje a 75%, e incrementar productividad material del país. También se plantea que uno de los aspectos más críticos que se requiere abordar para acelerar la transición es la actual estructura de costos de sistema de gestión de residuos del país, para que el principio de “el que contamina paga” se exprese con equilibrio en todas las áreas de la regulación. El objetivo es que, en 20 años, “la economía circular regenerativa impulse a Chile hacia un desarrollo más sostenible, justo y participativo que ponga el bienestar de las personas en el centro”.

En el proceso, una serie de gremios plantearon mejoras y modificaciones al documento, entre ellos la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que entre sus consideraciones plantea la necesidad de avanzar en diferenciaciones por sector productivo en su implementación. En términos generales, la hoja de ruta sigue el modelo aplicado en Francia, esto es, abordar las materias en base a áreas y objetivos transversales (producir mejor, consumir mejor, movilizar a todos los agentes, etc.), a diferencia de otros instrumentos de este tipo, como el de Finlandia, que tienen un énfasis en determinados sectores clave.

Para la Sofofa, esto no impide que se efectúen algunas diferenciaciones sectoriales, considerando sus diversas realidades y particularidades, por lo que, señalan, “consideramos relevante incorporar una aproximación sectorial que al menos permita establecer órdenes de magnitud e importancia que releven algunas particularidades de los distintos sectores productivos”.

En cuanto a las metas y acciones propuestas en la hoja de ruta, cuyas fechas de cumplimiento se establecieron a corto plazo (2022), mediano (2026) y largo plazo (2030), plantean que no se contemplan de manera expresa iniciativas que permitan apalancar su cumplimiento al año 2040, y que es necesario establecer una metodología para la cuantificación de cada una de ellas.

Junto con ello, señalan las observaciones presentadas por el gremio, dichas metas quedaron centradas principalmente en la gestión de residuos, omitiendo otros desafíos de la economía circular como la eficiencia en el uso del agua o de la energía.

“Igualmente -agregan-, los indicadores y metas propuestas tienen un carácter general que no permite establecer diferencias entre sectores productivos ni detalles del tipo de residuos que registran, salvo si se trata de residuos municipales, pudiéndose haber establecido indicadores y metas asociados al reciclaje de residuos industriales que puedan servir de incentivo para promover su valorización”.

Para la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), que agrupa a 430 empresas, la hoja de ruta de economía circular debe centrarse mayormente en el logro de objetivos, más que en los métodos o herramientas para alcanzar dichos objetivos, permitiendo un grado de flexibilidad a la industria para implementar los lineamientos y obtener así mejores resultados.

“En este contexto, se promueve la incorporación de medidas que entreguen flexibilidad en la implementación de la normativa propuesta, con el objetivo de aumentar las capacidades instaladas a nivel nacional en la promoción de la economía circular, lo que permitiría el cumplimiento de la normativa y sus disposiciones específicas”, señalan.

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propone alinear y articular varias de las iniciativas propuestas en la hoja de ruta con el trabajo ya realizado en el gremio para la elaboración de su “Hoja de Ruta RCD (residuos de constrcción y demolición) Economía Circular en la Construcción 2035”, lanzada en agosto del año pasado.

“Se propone a la CChC como actor clave para el desarrollo de plataformas interactivas para el desarrollo de mercados de materiales secundarios, que permitan generar vínculos permanentes entre generadores de residuos potencialmente valorizables y destinatarios cercanos capaces e interesados en valorizarlos, relacionados al sector construccón”, indican.

En cuanto a la gestión de los residuos, señalan que uno de los aspectos más críticos que se hace necesario abordar para acelerar la transición es la actual estructura de costos del sistema de gestión de residuos del país. Para una gestión eficiente de los recursos, proponen que se genere un modelo de negocios en que los municipios cumplan un rol central, presentando el servicio de recolección, transporte y disposición de residuos de acuerdo a un modelo tarifario claro y predecible.

En cuanto a la infraestructura necsario para ello, señalan, “debe existir una institucionalidad que garantice la habilitación y operación de esta infraestructura. Si a ello se suman incentivos económicos adecuados y la incorporación de los municipios -por ejemplo, a través de ordenanzas municipales- al manejo ambientalmente razonable de estos hacia sitios de disposición final, se estarían dando pasos muy significativos para la gestión sustentable de los mismos”.

Mejoras a las 32 iniciativas para la economía circular

Respecto de las 32 iniciativas concretas propuestas por la hoja de ruta, la Sofofa señala que si bien se valora la priorización de iniciativas asociadas a promover negocios circulares, al financiamiento de escalamiento de innovaciones circulares, al fomento de simbiosis industriales y la regulación circular, “consideramos que falta profundizar en iniciativas que permitan hacerse cargo de los residuos que no podrán ser valorizados y que consideren la realidad del país, en donde hay zonas en que no se cuenta con rellenos sanitarios ni instalaciones para hacerse cargo de ellos”.

Más allá de la instalación de rellenos sanitarios, el qué hacer con los residuos que se recolecten pero no puedan ser valorizados, como por ejemplo parte importante del material de reciclaje porque están contaminados con restos orgánicos o tóxicos, es un tema que ya se instaló en el marco de metas asociadas a la Ley REP, principalmente en el sector envases y embalajes, donde una de las discusiones en este ámbito está marcada por la implementción -o la decisión definitiva de no hacerlo- de la valorización energética de residuos, o waste to energy.

De ahí que la única observación presentada por la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) a la hoja de ruta vaya en esta línea. Dada la realidad de nuestro país (a nivel geográfico, social, cultural, etc.), señalan, es relevante considerar la pirólisis, el reciclaje químico y -en particular- el waste to energy como una solución a largo plazo, pensándolo como alternativa a los rellenos sanitarios y no como una opción energética.

“Por lo tanto, recomendamos la realización de un estudio experto, técnico y multi-actor, que derribe los mitos que hay respecto de las tecnologías de incineración o combustión y levante los pro y contra técnicos asociados a la adopción de esta tecnología, para gestionar aquellos residuos sólidos generados en los hogares que, más allá de la materialidad, es lo que contienen lo que dificulta limpiarlos e impide su reciclaje mecánico”, plantean.

Igual de específica es la observación realizada por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), la que se refiere únicamente a la iniciativa 23 de la hoja de ruta, que propone ampliar la gama de productos sujetos a la Ley REP e incluir a futuro a los vehículos motorizados como parte de los productos prioritarios sujetos a esta reglamentación.

“El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) debe aclarar cuál es la relación entre incorporar vehículos motorizados, versus los actuale productos prioritarios (neumáticos, aceites lubricantes y baterías) incluidos en la ley (…) La discusión en el Congreso del año 2016, al debatirse la Ley REP original, eliminó el producto prioritario ‘vehículos motorizados’, ¿cuál es el fundamento esgrimido por el MMA y ANIR para proponerlos, en este nueva oportuniad, como productos prioritarios?”.

Por su parte, para el Consejo Minero, una de sus principales preocupaciones es la iniciativa que establece la evaluación de incentivos tributarios al uso de materiales secundarios que reemplacen materiales vírgenes de mayor impacto ambiental.

“Nuestra principal observación en esta iniciativa es que se estaría reconociendo que el procesamiento de materiales secundarios involucra un impacto ambiental menor que la de materiales vírgenes, cuestión que, a nuestro juicio, es discutible. Además, por ‘incentivos tributarios al uso de materiales secundarios’ puede llegar a interpretarse que cabe la imposición de impuestos a sectores asociados a la extracción de recursos naturales, ya que con ello se favorecería el uso de materiales secundarios”, plantean.

En cuanto a las propuestas de modificaciones normativas o de regulación circular plantedas en la hoja de ruta, la Sofofa también hace una serie de sugerencias. Entre ellas, priorizar también el avance en la elaboración de la implementación normativa asociada a la implementación de la Ley REP que aún están pendientes de tramitación (materias asociadas a ecodiseño, certificación, rotulación y etiquetado), abordar de manera expresa y directa los incentivos a la reutilización de materiales, y contar con directrices o criterios normativos que permitan incentivar o potenciar el mercado a granel, entre otros.

Las observaciones presentadas por los gremios también hacen énfasis en la necesidad de compatibilizar las normativas nacionales con la regulación internacional en esta materia. Por ejemplo, Amcham señala que “consideramos relevante que al momento de la elaboración de normas que se indican en esta hoja de ruta, las autoridades competentes consideren la reglamentación de normas internacionales, de manera de aunar requisitos y condiciones tanto de productores nacionales como extranjeros, como por ejemplo las políticas de economía circular impulsadas por PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy)”.

En la misma línea, el Information Technology Industry Council (ITI), que reúne a grandes empresas globales como Amazon, Facebook, Twitter y Samsung, entre muchas otras, plantea que las políticas porpuestas en la hoja de ruta deben centrarse en los objetivos en lugar de los métodos, para permitir la flexibilidad en la implementación de sus objetivos por parte de la industria sin obstaculizar la innovación.

En esa línea, señalan, “las discusiones regulatorias deben alinearse con los requisitos y estándares reconocidos internacionalmente. Los requisitos globales dispares son onerosos para las empresas, exigen recursos, crean procesos complejos para gestionar requisitos específicos y no necesariamente, ni efectivamente, implican resultados ambientales positivos”.