La valorización energética de residuos domiciliarios, conocida “Waste to Energy” (WtE), es un tema que se viene discutiendo hace años en Chile, pero aún no logra avanzar ni un solo metro. Solo existe un proyecto de este tipo en trámite en el país, en la Región de La Araucanía, que lleva cuatro años intentando concretarse y aún se encuentra en etapa de tramitación ambiental. Su objetivo es convertir 200 mil toneladas anuales de basura en energía -el 80% se inyectará al Sistema Eléctrico Nacional- con una inversión cercana a los US$80 millones. ¿La piedra de tope hasta ahora? Más de 13 mil observaciones ciudadanas que se oponen a la aprobación del proyecto. El tema despierta pasiones: o se está del lado de la oposición férrea por su potencial contaminante, o se ve como la única -y la mejor- alternativa viable a seguir enterrando residuos en rellenos sanitarios.
En Santiago también ha habido algunos avances, aunque por ahora en el papel. En 2018 el Gobierno Metropolitano y el Ministerio de Energía realizaron un estudio para analizar la viabilidad de construir una planta en la región, con el objetivo de convertir al menos parte de los 3,2 millones de toneladas de basura que se generan cada año en la RM en energía y generar una alternativa a los tres rellenos sanitarios existentes, cuya vida útil se acerca a su fin.
Y aquí también el tema encontró sus primeras trabas. Primero, el alto costo: la evaluación económica preliminar para una planta con capacidad de tratar 330 mil toneladas anuales de residuos, emplazada en una superficie de 8 ha y con una potencia eléctrica de generación de entre 20 MW y 29 MW, requiere de una inversión cercana a los US$ 200 millones. A esto se sumó oposición de una serie de organizaciones agrupadas bajo la “Unión contra la Incineración”, entre ellos Alianza Basura Cero Chile, Chile Sustentable, Greenpeace, OLCA y FIMA, para quienes la incineración de basura no solo va en contra de los lineamientos de la economía circular al desalentar la reducción y el reciclaje de residuos, sino que produce cenizas tóxicas y emanaciones dañinas para la salud y el medio ambiente.
Hoy el tema cobra nueva vida, paradójicamente, de la mano de los avances normativos en materia de reciclaje y de economía circular. Esto porque las tasas de reciclaje impuestas por la Ley REP implicarán una gran cantidad de recolección de materiales desde los domicilios y no todos ellos serán aptos para ser reciclados, principalmente porque están contaminados con restos orgánicos o tóxicos. Es lo que se conoce como “descarte” o “fracción resto”. Y no es poco. En el caso de los envases y embalajes plásticos, por ejemplo, las tasas de descarte pueden llegar a un 50% o 60% del material recolectado, y lo que no sirve va a un relleno sanitario. Es decir, después del esfuerzo de separación, recolección, transporte y clasificación, termina enterrado igual como ocurre hoy con el 98% de la basura que generan los habitantes del país.
Es por eso que la discusión se ha abierto en los últimos meses. “Esa fracción resto puede ser mayor o menor dependiendo de las políticas privadas o públicas; si aumento el reciclaje o el compostaje, si disminuyo la generación de residuos, va a ser efectivamente menor, que es lo que todos nosotros buscamos. Pero también tenemos que ser responsables con esa fracción resto que pasa a la economía circular, que puede ser alta en la etapa de transición y luego vaya bajando. Qué hacemos con ella, y ahí aparece la valorización energética de residuos versus el relleno sanitario”, dice Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).
El tema también fue parte de la discusión para la construcción de la Hoja de Ruta de la Economía Circular en Chile, que actualmente se encuentra en consulta pública. Y tras un largo debate, se optó por no recomendar la tecnología Waste to Energy para el tratamiento de los residuos sólidos municipales entre las 92 acciones propuestas, al menos por ahora. Pero ese debate sigue abierto, y por ello ANIR convocó a un seminario -en conjunto con Moraga & Cía. Abogados y el Colegio de Ingenieros de Chile- que reunió a expertos de ambas veredas para analizar cómo abordar la valorización energética de los residuos en el país, y si es viable -o necesario- hacerlo.