La valorización energética de residuos domiciliarios, conocida “Waste to Energy” (WtE), es un tema que se viene discutiendo hace años en Chile, pero aún no logra avanzar ni un solo metro. Solo existe un proyecto de este tipo en trámite en el país, en la Región de La Araucanía, que lleva cuatro años intentando concretarse y aún se encuentra en etapa de tramitación ambiental. Su objetivo es convertir 200 mil toneladas anuales de basura en energía -el 80% se inyectará al Sistema Eléctrico Nacional- con una inversión cercana a los US$80 millones. ¿La piedra de tope hasta ahora? Más de 13 mil observaciones ciudadanas que se oponen a la aprobación del proyecto. El tema despierta pasiones: o se está del lado de la oposición férrea por su potencial contaminante, o se ve como la única -y la mejor- alternativa viable a seguir enterrando residuos en rellenos sanitarios.

En Santiago también ha habido algunos avances, aunque por ahora en el papel. En 2018 el Gobierno Metropolitano y el Ministerio de Energía realizaron un estudio para analizar la viabilidad de construir una planta en la región, con el objetivo de convertir al menos parte de los 3,2 millones de toneladas de basura que se generan cada año en la RM en energía y generar una alternativa a los tres rellenos sanitarios existentes, cuya vida útil se acerca a su fin.

Y aquí también el tema encontró sus primeras trabas. Primero, el alto costo: la evaluación económica preliminar para una planta con capacidad de tratar 330 mil toneladas anuales de residuos, emplazada en una superficie de 8 ha y con una potencia eléctrica de generación de entre 20 MW y 29 MW, requiere de una inversión cercana a los US$ 200 millones. A esto se sumó oposición de una serie de organizaciones agrupadas bajo la “Unión contra la Incineración”, entre ellos Alianza Basura Cero Chile, Chile Sustentable, Greenpeace, OLCA y FIMA, para quienes la incineración de basura no solo va en contra de los lineamientos de la economía circular al desalentar la reducción y el reciclaje de residuos, sino que produce cenizas tóxicas y emanaciones dañinas para la salud y el medio ambiente.

Hoy el tema cobra nueva vida, paradójicamente, de la mano de los avances normativos en materia de reciclaje y de economía circular. Esto porque las tasas de reciclaje impuestas por la Ley REP implicarán una gran cantidad de recolección de materiales desde los domicilios y no todos ellos serán aptos para ser reciclados, principalmente porque están contaminados con restos orgánicos o tóxicos. Es lo que se conoce como “descarte” o “fracción resto”. Y no es poco. En el caso de los envases y embalajes plásticos, por ejemplo, las tasas de descarte pueden llegar a un 50% o 60% del material recolectado, y lo que no sirve va a un relleno sanitario. Es decir, después del esfuerzo de separación, recolección, transporte y clasificación, termina enterrado igual como ocurre hoy con el 98% de la basura que generan los habitantes del país.

Es por eso que la discusión se ha abierto en los últimos meses. “Esa fracción resto puede ser mayor o menor dependiendo de las políticas privadas o públicas; si aumento el reciclaje o el compostaje, si disminuyo la generación de residuos, va a ser efectivamente menor, que es lo que todos nosotros buscamos. Pero también tenemos que ser responsables con esa fracción resto que pasa a la economía circular, que puede ser alta en la etapa de transición y luego vaya bajando. Qué hacemos con ella, y ahí aparece la valorización energética de residuos versus el relleno sanitario”, dice Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

El tema también fue parte de la discusión para la construcción de la Hoja de Ruta de la Economía Circular en Chile, que actualmente se encuentra en consulta pública. Y tras un largo debate, se optó por no recomendar la tecnología Waste to Energy para el tratamiento de los residuos sólidos municipales entre las 92 acciones propuestas, al menos por ahora. Pero ese debate sigue abierto, y por ello ANIR convocó a un seminario -en conjunto con Moraga & Cía. Abogados y el Colegio de Ingenieros de Chile- que reunió a expertos de ambas veredas para analizar cómo abordar la valorización energética de los residuos en el país, y si es viable -o necesario- hacerlo.

La aceptación de la tecnología, el problema más complejo

Si bien hoy existe cierto consenso en que la economía circular es el camino en materia de gestión de residuos, también hay claridad en que -al menos hasta hoy- no puede hacerse cargo de todo. Siempre habrá una “fracción resto”. Y aunque nadie quiere que se pierdan materiales que puedan usarse en la economía circular, tampoco nadie quiere que terminen enterrados para siempre. Y ahí es donde surge la valorización energética.

Para el español David Herranz, director adjunto de la dirección técnica y performance de Veolia México y expositor del seminario, la valorización energética presenta varias ventajas en comparación con otras alternativas porque reduce el volumen de los residuos, genera energía, es compatible con una recolección selectiva previa, es un tratamiento no contaminante y su tecnología está totalmente probada.

Uno de sus principales retos, dijo Herranz, es la alta inversión que requiere, y que se trata de proyectos a 20 o 30 años por lo que necesitan políticas de largo plazo. Y a esto se suma “un problema de aceptación social evidente (…) La implementación de este tipo de proyectos es complicada, no desde un punto de vista tecnológico o técnico, sino en su estructuración: en hacer que el proyecto sea entendible por el político, entendible por el ciudadano, y aceptado por todo el mundo. Esa es la parte más complicada”, agregó.

El principal cuestionamiento viene dado por las emisiones de dioxinas que generan estas plantas. Pero, dice Herranz, las instalaciones de WtE ya no son significativas en términos de emisión de dioxinas, polvo y metales pesados, aun cuando la capacidad en Europa casi se ha duplicado desde 1985. En Alemania, dijo, las emisiones de las 66 plantas de incineración de residuos pasaron de emisiones de 400 gramos a 0,5 gramos por la instalación de unidades de filtro estipuladas por ley. En 1990 un tercio de todas las emisiones de dioxinas en Alemania provenían de plantas de termovalorización, mientras que en 2000 la cifra era inferior al 1%. Hoy, dijo, las concentraciones locales de contaminantes atmosféricos son muy pequeñas y no detectables. “Entiendo que este es un debate que está abierto en todos los países donde no existen este tipo de instalaciones, pero en Europa este debate está superado”, afirmó.

Una visión con la que discrepó Magdalena Donoso, coordinadora para América Latina de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA), que busca promover sistemas de basura cero, libres de tóxicos y sin incineración. “La incineración de residuos emite sustancias tóxicas al aire, al agua y el suelo. Eso no está en discusión, claramente varían según el tipo de incinerador con que nos encontremos, sus filtros, la capacidad de monitoreo y fiscalización de los países, pero en todos hay emisiones (…) El monitoreo continuo es una cuestión absolutamente esencial para que los incineradores funcionen con los estándares con que operan en Europa, necesitan un personal técnico calificado”, afirmó.

Sin embargo, su planteamiento para oponerse a este tipo de proyectos es más de fondo. “Parte de los problemas que generan los incineradores en las ciudades es que nos desconectamos del problema de los residuos, y al mismo tiempo de las verdaderas soluciones de largo plazo a las que tenemos que avocarnos”, dijo.

En ese sentido, agregó, “la economía circular ha ido instalándose como un eje orientador en la toma de decisiones a nivel global, y en América Latina, y particularmente en Chile como un país que se destaca en esta materia, no nos hemos quedado atrás. Tenemos un listado auspicioso de regulaciones y compromisos en cuanto a la necesidad de aplicar una economía circular como eje orientador”, entre ellos iniciativas como la Ley REP, la Hoja de Ruta para la Economía Circular y el Pacto Chileno de los Plásticos.

Según Magdalena Donoso, lo que está ocurriendo en Europa es que la economía circular está cambiando el modelo de gestión de residuos. En 2017, dijo, se recomendó gravar la incineración en la UE; en 2018 una directiva de energías renovables acordó que no habrá subsidios para waste to energy si no se cumplen los objetivos de recolección por separado; y en 2019 en Banco Europeo de inversiones definió que se excluyera la incineración como contribuyente a una economía circular.

“Desde nuestra perspectiva, además en un contexto de recuperación post Covid, creemos que las estrategias de basura cero pueden aportar con más salud, más ambiente, más empleo y más ahorro”, afirmó. Según cifras de GAIA, mientras la disposición en relleno y la incineración crean 1 puesto de trabajo por cada 10 mil toneladas de materiales, el reciclaje crea 10 puestos de trabajo y la reutilización entre 75 y 250 empleos. “Tenemos la necesidad de salir de la caja y abrir la posibilidad de cambiar los paradigmas de verdad y de fondo”, planteó.

¿Podría impactar en las metas de reciclaje?

Para Marc Thiele, gerente del proyecto WTE Araucanía, es importante no perder de vista que el foco del la valorización energética es hacerse cargo de los residuos que no se logran prevenir, ni reutilizar, ni reciclar. Mientras la economía sea cada vez más circular, afirmó, los residuos que aún no se lograr reciclar por razones técnicas, económicas o por el comportamiento ciudadano, deben valorizarse energéticamente para aprovechar su poder calorífico y evitar su disposición final.

“Debe de reconocerse que la fracción resto nunca dejará de existir, no hay ningún proceso 100% circular y siempre va a haber pérdida. Los propios procesos de reciclaje generan residuos, y los materiales tienen una limitante de ciclos de reciclaje, luego de lo cual también pasan a formar parte de la fracción resto. Además, hay materiales que no deben ser reciclados, residuos higiénicos, sanitarios o que contienen sustancias tóxicas o contaminantes, que deben ser extraídas de los ciclos de reciclaje para que este se pueda utilizar. Esta ‘función de riñón’ en los ciclos de reciclaje solo la puede ejercer un tratamiento térmico, no hay otra alternativa”, planteó.

A su juicio, en el caso de Chile, aún cumpliendo todas las metas impuestas por el Ministerio del Medio Ambiente, al año 2040 estaremos llegando a unas tasas de reciclaje de alrededor del 55%. Pero entre 2020 y 2040, agregó, el 75% de los residuos sólidos generados será fracción resto, y en la Región Metropolitana eso equivale a alrededor de 42 millones de toneladas, lo que es igual a la capacidad de residuos que ha recibido hasta hoy el relleno sanitario de Tiltil durante sus 24 años de operación. Es decir, dijo Thiele, en los próximos 20 años se generaría un nuevo pasivo ambiental en la RM equivalente a dicho relleno.

“Por lo menos se podría pensar alternativamente en llevar a WtE lo que se proyecta que inevitablemente será la fracción resto, en función de las metas que se proponen a largo plazo, con lo cual la cantidad que se llevaría a disposición final entre 2020 y 2040 se reduciría en un 50%, sin interferir negativamente en el aumento de las tasas de reciclaje y habiendo llegado a 2040 prácticamente erradicando la disposición final”.

De hecho, afirmó, en Europa los países que más reciclan, reciclan alrededor de un 50% incluyendo el compostaje, y el resto se valoriza energéticamente. Incluso los países con más valorización energética reciclan más, y los que no lo hacen reciclan menos. “La razón es bastante simple: tratar una tonelada de residuos en una planta de WtE es mucho más caro que ir a disponerla a un relleno sanitario, y eso es precisamente lo que le ayuda a procesos de reciclaje, que en costos no pueden competir con la disposición final en un relleno. Si el reciclaje es más barato que el WtE, se genera un incentivo directo para el incremento de las tasas de reciclaje”, planteó.

Con todo, la discusión, al menos desde el gobierno, parece estar zanjada por ahora. Así lo planteó al menos Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. A su juicio, esto no se trata solo de una discusión técnica, “sino más bien del modelo de sociedad y de la forma de vida que queremos tener. Si tenemos un tipo de modelo de gestión de residuos versus otro, eso significa que en nuestro día a día vamos a vivir de una manera un poco distinta, separar o no ciertas cosas, comprar o no ciertas cosas”, dijo.

Y a partir de ahí se han ido generando ya algunas definiciones. En la Hoja de Ruta para la Economía Circular, por ejemplo, se puso como objetivo reducir la cantidad de residuos que se generan per cápita en Chile en un 25% al año 2030, y en segundo lugar aumentar muy fuertemente el reciclaje. Hoy reciclamos el 4%, y planteamos saltar a un 65% en 2040. Y en términos de aprovechamiento energético a partir de los residuos, impulsar la obtención de biogás a partir de los residuos orgánicos a través de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Y si bien la valorización energética es promovida para productos prioritarios de la Ley REP como los neumático o los aceites lubricantes, el gran tema, dijo Guillermo González, es qué hacemos con los residuos sólidos municipales, lo que sale de nuestras casas.

“Estas tecnologías (de WtE) tienen unas escalas mínimas que son muy grandes, hablamos de plantas de al menos 300 mil toneladas por año y costos extremadamente elevados. En el estudio de la RM se estima un costo de US$ 200 millones para una planta. En Chile, cuando miramos el sector residuos, lo que tenemos es un déficit anual de US$ 340 millones. Estamos gastando US$500 millones al año y estamos recaudando US$160 millones. Desde la lógica de política pública, si tuviéramos US$200 millones, ¿cuál es el mejor uso para ello?¿Hacer una planta para incinerar 300 mil toneladas de residuos? La estimación que nosotros tenemos es que para implementar la totalidad de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos en los próximos 10 años, que implica valorizar el 30% de los residuos orgánicos, vamos a necesitar alrededor de US$ 300 millones. Puede que un privado ponga la planta, pero al final todos vamos a pagar por eso. Entonces, ¿debiéramos recomendar esta tecnología? En este momento en Chile a lo mejor la discusión es distinta, y en 20 años puede cambiar”, planteó.

Además, dijo, esto podría tener efectos en el reciclaje en un contexto nacional que es distinto al europeo, donde muchos países tienen WtE porque no tienen rellenos sanitarios, con sistemas de valorización energética implementados hace varias décadas en que están amarrados a este tipo de tecnología porque tienen un costo alternativo muy alto.

“El punto de partida nuestro es totalmente diferente (…) He sido insistente en tener esta discusión, porque son proyectos que se van a materializar en un período largo y que después duran períodos muy largos. La estimación que tiene el Ministerio de Energía es que nos vamos a demorar 8 años en echar a andar una planta de este tipo. Si pensamos en instalarla por ejemplo en la Región Metropolitana, y después de 10 años eso fracasa, significa que vamos a haber dejado de hacer una gran cantidad de cosas. Creo que es importante tener esta discusión, tener lineamientos claros. Por eso en la Hoja de Ruta dijimos vamos a poner el foco en el reciclaje, y para allá es donde queremos apuntar, y donde además creemos que es más costo efectivo apuntar”, afirmó.