A inicios de septiembre, la geógrafa Antonia Biggs aumió como líder de Consumo y Producción Sustentable de Fundación Chile (FCh), y como directora ejecutiva del Pacto Chileno de los Plásticos (PCP). A esa fecha ya estaba trazada la hoja de Ruta del Pacto, y los distintos grupos que están trabajando en tareas específicas establecían sus primeros objetivos para lo que quedaba de 2020 e inicios de 2021. “Ya tenían claro hacia dónde querían ir y qué es lo que querían lograr. Entonces, me tocó iniciar la implementación de lo que ya se había definido”, dice hoy.
En estos últimos cinco meses, organizó la contratación de consultores para una serie de estudios específicos que ayudarán a orientar las tareas definidas, e iniciar las campañas e hitos de las que había que implementar en 2020. Con su experiencia de seis años como coordinadora de Consumo y Producción Sustentables del Ministerio del Medio Ambiente, incluyó también una vinculación más clara del Pacto con los lineamientos que se estaban trabajando a nivel nacional en materia de reciclaje y economía circular. “En ese trabajo, le pusimos una base legal a las preguntas que nos estábamos haciendo en el Pacto -cuánto y cómo podemos avanzar-, y potenciar aún más el vínculo con otros organismos y organizaciones”, afirma.
Y un resultado concreto de ello fue el ingreso formal al Pacto por los Plásticos, a mediados de enero, del Ministerio de Salud, un organismo que resulta clave en la formulación de un trabajo que está vinculado directamente con envases y embalajes que -en muchos de los casos y empresas involucradas- están en contacto directo con alimentos, y también en las normativas relacionadas con el tratamiento de los residuos. En Chile, la mayor parte de la regulación asociada a las labores de recolección, separación, pretratamiento y valorización de residuos plásticos, a la fecha, no difiere de la regulación general para la gestión de residuos. Por tanto, dicha regulación es principalmente de carácter sanitario, siendo de gran relevancia el régimen de autorizaciones para cada una de las etapas en cuestión.
“Para logras las metas del pacto, sin duda tenemos esta dualidad de responder tanto a los ámbitos y la regulación ambiental, como a los ámbitos y la regulación sanitaria, porque tenemos que proteger a los ecosistemas naturales pero en ese camino no podemos olvidar la salud humana. Estos son desafíos que teníamos visualizados pero que se han hecho más profundos en los últimos meses, sobre todo pensando en el plástico que está en contacto con alimentos”, dice Antonia Biggs.
¿Cómo se concretó el ingreso del Ministerio de Salud al Pacto?
En el Pacto hay distintos grupos que trabajan en distintas temáticas y definen algunos temas críticos a trabajar. Uno de ellos es el grupo de Diálogo, y en esas conversaciones muchas veces salió que debiéramos contar tanto con el Ministerio del Medio Ambiente como al Ministerio de Salud, porque sabemos que la gestión de residuos, y por cierto la de plásticos, tiene esta dualidad. Entonces, retomamos las conversaciones con Salud y formalizamos su entrada al Pacto.
¿Qué significa esto en términos prácticos?
Esto permite dialogar sobre los avances que necesitamos para poder lograr las metas del Pacto al 2025. Entendemos que hoy el Ministerio de Salud tiene gran parte de sus esfuerzos enfocados en el combate de la pandemia, pero al estar en el Pacto también nos ayuda a retomar el análisis legal de las regulaciones que nos pueden ayudar a avanzar en esta materia. Se requiere conversar sobre materialidad e incorporación de plástico reciclado en envases, así como de infraestructura de recolección de residuos, y para ello tener al Ministerio de Salud involucrado es escencial.
Uno de los estudios que realizó recientemente el pacto está relacionado precisamente con normativa asociada a envases y embalajes, a como incorporar material reciclado, por ejemplo. ¿Qué conclusiones salieron de ese estudio?
Sí, acabamos de recibir el informe final y ya lo presentamos al Comité Estratégico, al Comité Técnico, al grupo de Infraestructura y al grupo de Diálogo del Pacto. Entre las propuestas, para la incorporación de material plástico reciclado se establece la recomendación de vincularse con otros instrumentos de planificación con enfoque voluntario como la Hoja de Ruta de Economía Circular y el APL de ecoetiquetado; entender el rol de los sistemas de gestión de residuos en la Ley REP y sus atribuciones; y por cierto lo primero es adaptar nuestro marco normativo para que converse con los objetivos país y de política pública en esta materia, y asegurar así un alto nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente.