“Este informe nace de los dolores, sociales y ambientales de gran parte de la sociedad (…) esperamos que este sea la invitación inicial, más no la final, para cambiar el paradigma con el que hemos construido la sociedad y que de ahora en adelante se camine de la mano de los derechos humanos y también de los derechos de la naturaleza”. Así terminó la presentación que hizo al pleno de la Convención Constitucional el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, Juan José Martin, quien junto a la otra coordinadora, Camila Zárate, expusieron las líneas centrales que recogen las 38 normas y 2 artículos transitorios que se deliberaron y votaron este jueves 3 de marzo, de forma general, en el pleno, pero que no tuvieron el resultado que esperaban: solo 6 fueron aprobadas.

Esta declaración del convencional Juan José Martin es un fiel reflejo de la visión que se buscó instaurar en materia medio ambiental y que se observó desde el inicio de las sesiones de la comisión, donde 13 de sus 19 integrantes pertenecen a la denominada bancada “eco constituyente”. Allí se desarrolló un detallado trabajo de normas que apuntan en una dirección: consagrar un estado de derechos medioambientales que incluyan a la naturaleza, los animales y los bienes comunes como el agua -en todas sus formas- y el aire, entre otros. Todo ello con el propósito firme de cambiar la concepción antropocéntrica de la sociedad por una biocéntrica; esto quiere decir: la naturaleza en el centro de todo. Y además, impulsar un nuevo modelo económico con una mayor acción estatal en la protección de la naturaleza y sus recursos.

Así, se llegó a esta primera propuesta de normas de la comisión presentada ayer al pleno de convencionales, la que -entre otras materias- establecía que la naturaleza es sujeto de derecho y que el Estado debe velar por que este se respete y se proteja; que el Estado reconoce la existencia de una crisis climática como consecuencia de la actividad humana; y establece los bienes comunes naturales, entre ellos todas las formas de agua, de los cuales el Estado es el custodio. A esto se sumaba la consagración como un sujeto jurídico de los animales, bajo normas que buscan la declaración de estos como seres sintientes, prohibiendo cualquier forma de maltrato. Y en en temas de participación ciudadana, los artículos presentados buscaban consagrar, entre otras cosas, un modelo de consulta indígena para cualquier proyecto o actividad que los involucre.

Y en el pleno, se enfrentaron dos cursos de ideas en las cinco horas que duró la etapa de deliberación: por un lado, los llamados a la cordura, la moderación y la realidad llevada a cabo -principalmente- por los convencionales representantes de la derecha; y por el lado opuesto, desde los movimientos más a la izquierda de la convención, emergían ideas y conceptos como cambio de paradigma bajo nuevos derechos que deberán asumir los hombres y los sectores económicos con el fin de la protección del medio ambiente de la naturaleza. Fueron las posiciones intermedias las que finalmente terminaron marcando la diferencia para el amplio rechazo que tuvo la mayoría de las normas presentadas.

Siempre se planteó al interior de la Convención que la batalla de las normas de esta comisión —en específico— se iba a dar en el pleno, en el sentido de que allí se buscaría moderar lo que, para algunos, eran normas extremas en sus contenidos. Y si bien la gran mayoría de los convencionales se ha mostrado a favor de instaurar una Constitución pionera en cuanto a la protección del medio ambiente, las diferencias están en el camino para ello.

Varios convencionales del Colectivo Socialista, del Colectivo del Apruebo, del Frente Amplio y de Independiente No Neutrales expresaban ya hace días importantes dudas sobre la redacción y alcances de algunas de las normas presentadas, y así quedó demostrado ayer en las votaciones del pleno. En esa dirección, el convencional Patricio Fernández (Colectivo Socialista) argumentó que, si bien está de acuerdo con los grandes principios, no así con la forma en que se han presentado. “Rechazo algunas de las normas con las que en sus ideas estoy de acuerdo, pero hay algunas que deben mejorar su redacción y otras que son materia de Ley”. Mismo argumento que esgrimió la convencional del mismo colectivo e integrante de la comisión, Trinidad Castillo, quien, si bien dijo que las normas representan a la mayoría de las personas, “se puede avanzar para mejorarlas”.

También el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, expresó que “no estoy seguro de que una eco constitución sea la solución, pero puede ser una de ellas (…) creo que la comisión no ha sido enteramente exitosa para crear un articulado que logre llegar al texto constitucional, por lo que deberán ser revisadas para un segundo informe”.

El convencional del Colectivo del Apruebo, Fuad Chaín, planteó que “es una obligación histórica tener una Constitución del Siglo XXI vanguardista, una Constitución Verde con el centro en los ecosistemas, estableciendo un Estado Social, Ecológico y de Derechos, pero esta propuesta de normas tiene dificultades, hay normas contradictorias, otras repetitivas y otras que pueden causar algunos problemas, como el derecho de los animales, o el de bienes comunes naturales”, señaló.

Por el otro lado, en la defensa de las normas propuestas al pleno los argumentos giraron en torno a la importancia de la crisis climática y la necesidad de generar grandes cambios. En esa línea, la convencional Amaya Alves (Frente Amplio) expresó que “los efectos socio ecológicos de la crisis climática estarán considerados en la nueva Constitución (…) y los mercados solo para la demanda no pueden ser, el modelo ha perpetrado inequidades territoriales, la naturaleza sí puede ser considerada como un derecho, hay que cambiar la visión antropocéntrica por una biocéntrica”.

Por su parte, la convencional Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) afirmó que “la pobreza se ha generado por el sistema neoliberal y fue consagrada bajo una mirada patriarcal de repartición de los territorios”, agregando que quienes han criticado el trabajo de la comisión de Medio Ambiente sienten “pavor de perder la posibilidad de seguir llenándose los bolsillos a costa del medio ambiente”.

Con todo, finalmente el freno de mano a muchas normas fue puesto por los sectores más moderados de la izquierda, quienes ven que las normas deben ser mejoradas no solo en su redacción, sino que también en sus alcances.

Las normas rechazadas apuntaban, básicamente, a la consagración de derechos de la naturaleza, a temas relativos a los pueblos originarios y consagración de derechos, a deberes y protección, a delitos ambientales, a los bienes comunes naturales, a los principios ambientales, a la biodiversidad, a la bióetica, a la gestión de residuos, y las dos normas transitorias, de las cuales hubo un debate previo al considerar -algunos convencionales- que ese tipo de normas debían ser votadas en abril, al final, junto a las que presenten las demás comisiones.

Las razones de la caída

Para este amplio rechazo que registró ayer la votación en general de las normas de la Comisión de Medio Ambiente  fueron clave los votos de los 17 miembros del Colectivo Socialista y de los 7 integrantes del Colectivo del Apruebo, sumado a varios rechazos de convencionales del Frente Amplio y de Independientes No Neutrales. Y, desde luego, el rechazo en bloque de la derecha.  Desde el Colectivo Socialista observaron serios problemas en la redacción, pero también en el fondo de muchas de las normas rechazadas, lo que terminó reflejándose en la votación. “El informe debe ser devuelto a la comisión y mejorado sustancialmente, así no se puede aprobar”, expresaba antes de la votación el convencional PS Pedro Muñoz.

Desde la coordinación de la Comisión de Medio Ambiente aludieron, entre otros factores, a la falta de diálogo que pudo haber entre los diferentes colectivos para dar a conocer de mejor forma las normas, pero también apuntaron a un “asedio mediático” ante el intento de cambiar el modelo económico. En esa línea, la coordinadora de la instancia, Camila Zárate, señaló que “hubo esfuerzos, pero entendemos que falta más esfuerzo de diálogo, los tiempos quedan cortos. En esta comisión hemos tenido un asedio mediático importante, hemos tenido a las empresas haciendo una y otra nota sobre lo que pasa y no pasa en esta comisión, porque estamos viendo el modelo económico y sabíamos que en caso de que se aprobaran los artículos iba a ser una aprobación bastante apretada”, dijo.

Lo cierto es que antes de la votación algunos de los propios convencionales de la comisión ya reconocían que la búsqueda de diálogo y de acuedos previos no fue del todo efectiva. Tomando en cuenta, además, que sectores como el Frente Amplio o el Partido Comunista no forman parte de esta comisión. A esto se sumó también una enorme batería de normas que han intentado abarcar temas muy diversos. Este primer informe tuvo que ser reducido en su cantidad de artículos, ya que que en una primera ronda contaba con más de 100 normas.

Otra de las críticas que se escuchó a lo largo de las intervenciones dice relación a que muchas normas chocaban con otras que se están viendo en otras comisiones, aludiendo al trabajo de los comités de transversalización, instancia encargada de velar que no se topen las discusiones.

¿Qué viene ahora? Todas las normas rechazadas en general pueden volver a la comisión para ser presentadas en el Pleno en un nuevo informe que debe ser ingresado dentro de un plazo de 15 días, incluso las que no lograron mayoría absoluta (24 normas), pues en la votación general, según dice el artículo 94 del reglamento, no existe un piso mínimo para ser revisadas, lo que sí se exige para la votación en particular, las que deben tener sí o sí mayoría absoluta porque de lo contrario no pueden ser reingresadas. Con ese escenario, desde la misma comisión comentan que revisarán en detalle las normas que volverán a enviar, con el objetivo de buscar nuevos acuerdos previos que aseguren un resultado más favorable.

¿Qué se aprobó? Las 6 normas aprobadas, en general, y que ahora serán votadas en particular, aluden a al reconocimiento de la crisis climática, al rol del Estado en la protección de los derechos de la naturaleza, a los derechos de los animales, y la participación ciudadana.

Los artículos son:

Artículo 1. Crisis climática y ecológica.

“El Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana. Es deber del Estado desarrollar acciones y adoptar medidas en todos los niveles para la gestión de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica, en función de los principios de acción climática justa, progresividad y no regresión, justicia intergeneracional, los derechos de los pueblos indígenas y la Naturaleza, y los principios establecidos por la Constitución y las Leyes. La ley establecerá los deberes del Estado y de las personas para enfrentar la crisis climática y ecológica”.

Artículo 5. Deberes del Estado con la Naturaleza.

“Es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental. La restauración de la naturaleza comprende adoptar las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas de la actividad humana. La ley establecerá las instituciones y normativas necesarias para resguardar estos derechos, asegurar la participación ciudadana y la consulta indígena”.

Artículo 23. Derechos de los animales.

“El Estado protegerá a los animales, reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato. La ley establecerá los demás derechos de los animales, un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles”.

Artículo 25.

“El Estado fomentará una educación basada en la empatía hacia los animales y propenderá, a través de la ley, sus órganos y políticas públicas, al bienestar animal”.

Artículo 33. Derecho de participación ambiental.

“Se reconoce el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley”

Artículo 37. Derecho de acceso a la información ambiental.

“Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental pública, que conste en poder o custodia del Estado, y de las empresas, instituciones y organismos que presten servicio al Estado. La ley promoverá la generación, recopilación, preservación y difusión de la información ambiental para cumplir con los derechos establecidos en este párrafo”