El pasado 3 de mayo, el catedrático de Gestión Integrada de Áreas Litorales de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, el español Juan Manuel Barragán, visitó el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica como invitado al seminario internacional Gestión Integrada de Áreas Costeras para Chile, organizado por el Observatorio de la Costa, CIDIGEN, SECOS y el Instituto de Geografía de la referida casa de estudios chilena.

En el encuentro, el doctor en Geografía exhibió todo su caudal de conocimientos en gestión integrada de áreas costeras. Sin ir más lejos, el modelo de su autoría opera en varios países del mundo, con el objetivo de reducir el impacto de las actividades humanas en las zonas costeras, desde una perspectiva amplia y transversal, tomando en cuenta no solo lo que sucede estrictamente “a orilla” del mar, sino en el continente y también mar adentro. Se promueve, de esta manera, el principio de conectividad detrás de la gestión integrada de costas.

Además, señala Barragán, es clave que los actores involucrados tengan una mirada abierta y dispuesta a poner el interés común por sobre la propiedad privada. Lo dice por las restricciones que implica el modelo a ciertos desarrollos particulares para hacer prevalecer la cautela de los bienes comunes y contribuir a la salud de los ecosistemas marinos costeros.

Lo que está en juego, dice Barragán en esta entrevista desde España con País Circular, es que cada país pueda definir qué entiende como bienes comunes en una zona costera que funge como una frontera entre el medio marino y terrestre. Por lo mismo, aduce el experto, el punto de partida para este instrumento es la voluntad política de las autoridades de turno, puesto que el modelo básicamente está al servicio de una política pública. Hasta ahora, este modelo -conocido en España como Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) en España- podría también ser aplicado en Chile. Aquí Barragán entrega algunas luces sobre cómo podría cristalizarse en nuestro país.

-Profesor, partamos por lo básico, ¿qué entendemos por gestión integrada de las costas?

-Habría que decir que en las zonas costeras predominan bienes comunes y eso es importante desde el punto de vista jurídico-administrativo. Y en el ámbito físico-natural es un espacio de frontera, ya que gravita alrededor de lo que ocurre en el medio marino  y terrestre. Hay un intercambio de energía entre litósfera e hidrósfera, y eso produce ecosistemas singulares a los que hay que aplicarles políticas singulares. Desde el punto de vista socioeconómico, muchas de las actividades humanas se concentran en la zona costera: ciudades, puertos, industrias, agricultura intensiva que necesitan amplitud térmica baja.

Entonces, la gestión integrada es un proceso de administración basado en políticas públicas legitimadas que tienen en cuenta el conocimiento científico y los saberes tradicionales. Está orientada a la sustentabilidad del bienestar humano, e implica conservación de ecosistemas costeros marinos, pero también propuestas de desarrollo social y económico. Básicamente la gestión integrada es un instrumento específico al servicio de una política pública.

-¿Y qué fases contempla este proceso de gestión integrada de costas?

-Lo primero es aplicar un esquema que empieza por agendar lo que ocurre en la costa y contraer un compromiso político, que puede ser a través del gobierno que lo delega a escala local a una región, a un municipio. Así se logra abordar la administración de la costa a partir de una aproximación concreta. Contraído el compromiso político, intentamos que el litoral aparezca en la agenda política como un centro de interés, ya que en política pública compiten distintos temas por atraer recursos: educación, seguridad, agua, etcétera. Entonces ese es el primer paso.

El segundo paso es verificar qué institución lidera el proceso: si alguna autoridad de Medio Ambiente, de Desarrollo, las Fuerzas Armadas. Cada país lo verá de acuerdo a su realidad. El último trabajo a nivel país que desarrollé fue en Perú, y ahí quien lideraba era el ministerio de la Producción y el de Medio Ambiente, lo cual es un tándem maravilloso, porque una visión complementa a la otra.

La fase 3 contempla la elaboración de un plan, es decir, las tareas propias de una planificación. Hay que consultar con las personas, instituciones y elaborar una propuesta de un equipo técnico. Lo otro es determinar cuánto vale ese plan. Pero recién tiene un valor cuando se institucionaliza y esa es la fase 4, cuando lo apruebas en la institución pública: a una escala local, municipalidad, el ministerio de bienes nacionales, etcétera.

La fase 5 es ejecutar el proyecto y hacerle seguimiento. Y la fase 6 es muy importante: la evaluación y mejora, porque este es un proceso cíclico. Muchas veces se habla de ciclos que pertenecen a políticas de gestión costera entre 10 y 15 años, y después se inicia otra fase pero aprendiendo de la etapa anterior. Por eso se dice que es cíclico, y se evita repetir los errores cometidos antes. Por ejemplo, si Chile llega a detectar que la zona costera chilena tiene una tendencia muy pro-desarrollo, habría que preguntarse si se han descuidado aspectos de conservación y protección. Otro problema -estoy inventando- podría ser que los agentes sociales implicados en la gestión costera son demasiado institucionales y no hay participación de ong’s. En este nuevo ciclo, Chile -por ejemplo- tendría que decir que hay que incorporar a ong’s conservacionistas.

Por lo mismo es importante tener la agenda y el compromiso ¿Por qué lo digo? En Perú había compromiso, habíamos pasado a la fase de preparación y calificación, pero cuando se terminó el borrador de planificación, ocurrió que a Pedro Pablo Kuczynski (ex Presidente de esa nación) lo acusaron de corrupción. Vino otro gobierno que no quería saber nada del gobierno anterior y entonces los avances quedaron ahí.

-Un elemento interesante de lo que usted plantea es que la gestión integrada tiene una mirada que involucra a la globalidad del problema, y no está exclusivamente acotado al mar, sino que mira más allá de esa frontera ¿Cómo funciona el modelo en concreto para llevar a la práctica esta idea?

-Los ecosistemas en general, pero en nuestro caso los ecosistemas costeros marinos, tienen un principio básico: la conectividad. Hay situaciones que son ejemplos de libro en Perú y Chile. Cuando tenemos un río corto y si hay movimiento en la cabecera de ese río, repercutirá en la zona costera. Entonces lo que ocurre en la gestión de aguas interesa en la zona costera. Yo no digo que el país se gestione entero desde la costa, pero sí revisar lo que ocurre en las cuencas hidrográficas. Hay efectos de tierra a mar, y de mar a tierra. Por ejemplo, en el riego en la agricultura intensiva, tanto en Chile como en Perú, el agua se extrae de las napas subterráneas. Cuando el agua subterránea es sobreexplotada, penetra la cuña salina y esto saliniza el acuífero, el cual no se puede recuperar. Y, del otro lado, si construyo un colegio o un hospital a tres metros de altura sobre el nivel del mar, vendrá la ola de un posible tsunami. A la hora de delimitar -concepto clave- debes tener en cuenta esta interacción entre mar y tierra.

Entonces, siguiendo ese razonamiento, si lo que ocurre en el mar afecta al medio terrestre y viceversa, está claro que no se trata de una línea de borde costero, sino de una zona, un área. Y la política que se adopte dependerá de lo que a uno le preocupa. Por ejemplo, en el Mediterráneo no preocupan los tsunamis, en Chile sí. En el Mediterráneo la agricultura intensiva llega muy a tierra adentro, y eso no es muy común en la tierra peruana o chilena. Cada país, en función de lo que ocurra social, económica, física y jurídico-administrativamente debería tener en cuenta la extensión de esa área costera.

-¿Qué casos de éxito de aplicación del modelo podría destacar?

-Primero, habría que definir qué entendemos por éxito. Si éxito es que las ciudades convivan armoniosamente en la costa, entonces no. Cero. Si tienes más de 3.000 millones y pico de personas viviendo en ciudades, eso significa que hemos colonizado la costa del planeta. Yo definiría el éxito en frenar un proceso de colonización de la costa, considerando que ahí está más del 70 por ciento de la capacidad productiva instalada.

Hay que entender que cuando la población se va a la costa no solo se construyen viviendas, sino equipamiento, grandes estructuras, aeropuertos, ferrocarriles, depuradoras de aguas residuales. El asentamiento humano implica más allá de construir casitas, sino que todo el ensamblaje del desarrollo se refleja en las zonas costeras. Si soy capaz de frenar lo que se ha construido en los últimos 70 años, yo lo considero un éxito.

Por éxito también deberíamos entender que la sociedad participe de estas decisiones. y no sólo los grandes grupos industriales ni las autoridades políticas. Si tomamos eso como premisa, varios países anglosajones han sido exitosos con este modelo; España, por supuesto. Se puede decir que en estos países hay más cortapisas y obstáculos para el desarrollo de grandes infraestructuras instaladas en zonas costeras.

España, por ejemplo, tiene una ley de costas desde 1988 y ha significado un cambio importante, porque se han frenado todas las colonizaciones de la zona costera. Y es importante también lo de la integración, porque sabemos que hay una interconexión, por ejemplo, entre una duna y la playa. Entonces no puede ser que una duna sea propiedad privada y se pueda hacer un mall, y al mismo tiempo querer que la playa de esa duna no entre en regresión. El sistema no es la playa sola ni la duna sola; el sistema es duna-playa. La duna ejerce un almacén de préstamo de arena para cuando el medio marino tenga un poder energético fuerte, y cuando viene un proceso de calma en el medio marino, esa arena es devuelta a la orilla y de nuevo se recupera en la duna. Si construyes un edificio de 20 plantas, como en San Antonio en Chile, entonces tenemos que aprender de los errores. Cada país debe hacer una reflexión de hasta dónde llegan sus ecosistemas marinos y establecer una banda marina más amplia de gestión: en algunos casos será de protección y en otra de restricción.

-¿A qué se refiere con banda marina?

-Por ejemplo, en España se restringe después del dominio público, en el que entran bienes comunes como dunas, acantilados, marismas. Cuando eso termina, le imponemos una banda marina de 100 metros. Esta banda marina ya es propiedad privada, pero tiene restringidas algunas actividades. Algunos podrían decir “qué barbaridad restringir la propiedad privada”, pero se trata de decirles a los propietarios que los 100 primeros metros cercanos a los bienes comunes (dominio público marítimo terrestre) que no pueden construir con destino residencial. Es decir, por ejemplo, una piscina sí, pero una casa no.

Y no ha habido una revolución sangrienta por esa medida. Sí, ha habido protestas de gente que cree que todo lo regula el mercado, pero yo creo que para proteger los bienes comunes es necesario tener una franja intermedia de protección entre esos bienes comunes y el dominio privado. Lo tiene Sudáfrica, Francia y otros países europeos, y no pasa nada. El propietario entiende que por encima de su bien individual está el bien común, porque además se trata de restricciones muy estrechas.

-Eso que acaba de decir es muy patente en Chile, en que el derecho de propiedad es sacrosanto y pasa por encima de los bienes comunes ¿Hay alguna manera de aplicar el modelo a Chile o tiene elementos para lograr un equilibro entre el desarrollo y la protección de los ecosistemas?

-Tiene que haber un principio: el bien individual o el ánimo de lucro no pueden desarrollarse a costa del interés general. Sería bueno que en la nueva Constitución chilena se determinara que hay ciertos bienes comunes de todos los chilenos, y por encima de ese bien común no puede prevalecer el bien individual.

-Esa norma estaba en la propuesta constitucional que se rechazó en el plebiscito del año pasado…

-El problema es que si no hay un referente constitucional, es más difícil ponerle trabas a la propiedad privada y más en un país como Chile que la valora tantísimo. Eso implica estadios de desarrollo. En países más desarrollados valoran más los bienes comunes y permiten el desarrollo más sostenible de la sociedad. Por ejemplo, en Dinamarca, no se permite hacer una segunda residencia a menos de 2.000 metros de la costa. Y el modelo es el mismo: identificar el patrimonio o los bienes comunes del país, establecer una banda de protección y luego actuar, invertir y conservar. En Estados Unidos hay un programa que pone a competir a todos los estados costeros por inversiones, y los que mejor lo hagan se llevan la inversión.

-¿Es posible aplicar el modelo a nivel territorial más micro o necesariamente tiene que ser una política a nivel de Estado?

-La mayoría de los países termina delegando la responsabilidad en la gestión jurídico-administrativa de un estado intermedio. En Estados Unidos son los estados; en España las comunidades autónomas; en Brasil los estados; en Argentina las provincias. La idea es que el Estado dicte una ley con pautas y criterios, y que en las regiones (en el caso de Chile) se desarrolle la gestión integrada, y que las mismas regiones bombeen ese esfuerzo a los municipios.

En Francia y Estados Unidos, las leyes de gestión costera afectan también a cuerpos de agua dulce. En Estados Unidos, en la región de los grandes lagos, la ley aplica para cuerpos de agua de más de 1.000 kilómetros cuadrados, ya que las orillas de un lago o estuario atrae puertos, industrias. Igual que la costa oceánica.

-¿Cuál diría que es la diferencia entre una ley de costas y una potencial ley de gestión integrada de costas?

– Una ley de costas sólo se preocupa de los bienes comunes, pero lo que pasa en tierra y en el medio marino afecta a los bienes comunes. Entonces más vale que no te ciñas solamente a los bienes comunes. Hay que pensar en lo que está detrás, como la gestión de cuencas hidrográficas. Eso lo vería una ley de gestión integrada de costas. Por ejemplo, la minería afecta al medio marino costero. Entonces, una alternativa es gestionar la zona costera solo como consecuencia de lo que sucede en tierra, y lo otro es integrar lo que sucede en tierra a la discusión. En Australia, por ejemplo, hay consejos costeros donde el gestor de agua entra ahí; si la minería contamina la zona costera, se le dice que debe gestionar mejor el agua porque -inventando- afecta la pesca artesanal de la costa o la calidad de agua de baño.

-Y en ese sentido, ¿cómo conversa este modelo de gestión integrada con la legislación vigente? Porque, por ejemplo, si hay una legislación que de alguna manera avala que la minería destruya glaciares, asumo que es muy poco lo que puede hacer una ley de glaciares.

-Claro, por eso ahí te das cuenta que la gestión integrada empieza por una iniciativa y compromiso político. La autoridad política debe actuar para evitar perder ecosistemas marinos, y perder salud y calidad en las costas porque otras actividades de tierra están afectando. Idealmente la autoridad política de costas debería dialogar con la minería, la agricultura intensiva, con los residuos sólidos. Todos deberían estar en un consejo costero. No puede haber una gestión sectorial, como se hace en Chile, ya que por eso la costa se va deteriorando progresivamente  Debe haber una institución o autoridad que lidere el reforzamiento de la coordinación y la colaboración como principio irrenunciable. Porque la minería no es competencia de las costas, pero sí está implicada. Ahí está el papel de este organismo que lidere y que tenga un carácter inter-institucional.