Tras casi seis meses desde que el Ministerio del Medio Ambiente sometió a consulta pública la primera propuesta de Hoja de Ruta para la Economía Circular en diciembre pasado, la cartera acaba de hacer pública la versión final del documento, ya aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y con una serie de modificaciones -tanto de forma como en parte importante de las medidas propuestas- que recogen muchas del las observaciones planteadas a esta política durante el proceso de participación ciudadana, que en general apuntaban precisamente a una visión no tan centrada en el reciclaje y con un mayor foco en las múltiples opciones de la circularidad.

En lo esencial, se mantienen las metas originales de la propuesta: que a 2030 la economía circular genere 100 mil nuevos empleos, y que a 2040 estos hayan llegado a 180 mil; reducir en un 10% la generación de residuos sólidos municipales per cápita a 2030, y 25% a 2040; que a 2030 la tasa de reciclaje estos llegue a 30%, y a un 65% diez años más tarde; que al año 2030 la generación de residuos por unidad de PIB se haya reducido en un 15%, y un 30% en 2040; que para 2030 la tasa general de reciclaje llegue a un 40%, y a un 75% diez años más tarde; que la productividad material del país haya aumentado en un 60% a 2040, con una meta intermedia de 30% a 2030; y que a al año 2030 se haya eliminado el 50% de los microbasurales del país, y que para 2040 esta cifra alcance el 90%.

Pero es en la nueva “bajada” de estas metas donde se notan los cambios. Por ejemplo, si en materia de generación de empleos el documento original planteaba como objetivos el que la economía circular “ofrezca amplias oportunidades de desarrollo para personas y organizaciones”, agregando que será “especialmente importante lograr que se generen empleos formales”, hoy apunta más directamente a cambios de fondo con un lenguaje más directo.

En esa línea, la nueva versión no solo apunta a que la economía circular que se desarrolle en Chile sea una que “contribuya con fuerza a la generación de empleos verdes”, sino que además estos sean “empleos decentes” según los parámetros de la OIT y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto significa, señala el documento, “que deben ser empleos seguros, con protección social, productivos, remunerados con salarios justos y que abran oportunidades de desarrollo personal e integración social”.

En esa línea, agrega, se espera que la transformación a la economía circular aumente el empleo no solo en la gestión de residuos y el reciclaje de la mano de la Ley REP, sino también el trabajo en reparación de productos, equipamiento e infraestructura; que aumente la demanda por empleos profesionales especializados en temas como el ecodiseño, las ciencias de los materiales, los bioprocesos o la ecología. Además, señala el documento, “hay perspectivas de que aumente el empleo en la llamada economía social, que en Chile incluye a la histórica figura de las cooperativas y a las más recientes empresas sociales”.

Otro ejemplo del “nuevo tono” de la Hoja de Ruta se aprecia respecto de las metas que buscan disminuir la generación de residuos. Si antes planteaba que la reducción de residuos per cápita estaba relacionada con el estilo de vida y consumo de los ciudadanos, hoy señala que su disminución pasa tanto por este factor como “por las decisiones de producción de las empresas”, entre ellas “usar más o menos envases y embalajes, poner en el mercado productos de mayor o menor durabilidad, etc”. Para avanzar en esta dirección, agrega, se debe fomentar el diseño y los sistemas de distribución circulares, promover los estilos de vida y las decisiones de consumo sostenibles, y disminuir la pérdida y el desperdicio de los alimentos.

Otro cambio que revela una nueva profundidad es la meta de la eliminación de vertederos a nivel nacional. En primer lugar, recoge un reciente catastro entregado este año en el marco de la Estrategia de Economía Circular de la Construcción, que detectó la existencia de 3.735 sitios afectados por la disposición ilegal de residuos en Chile. Pero más importante, la meta cambió desde la “eliminación” de estos vertederos, a una que establece que “al año 2040 se haya recuperado el 90% de la superficie ocupada por sitios afectados por la disposición ilegal de residuos”.

Gobernanza de la Hoja de Ruta se concretará a través de Corfo

“Sin duda que se recogieron muchas de las ideas que se plantearon en la consulta. Es realmente valiosa la consulta ciudadana, y, en general, llegan comentarios muy detallados y específicos, que aseguran que se vayan puliendo hasta los detalles más finos de las ideas que se quieren plantear. Y también es cierto que, en esta versión final, hubo un especial cuidado por diferenciar a la economía circular de lo que a veces se llama la economía del reciclaje, que no tiene el mismo alcance y potencial”, dice Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.

En esa línea, explica, se profundizó mucho más en cuanto a la “difusión de hábitos y prácticas circulares”, considerado el primer paso para promover la transformación “aguas arriba” y no solo de aquello que ocurre una vez que los residuos se generan. Y en el eje de innovación, se amplió a cuatro líneas específicas de I+D+i que se levantaron como prioritarias en el proceso de participación ciudadana, incluyendo aquella que busca promover el diseño de bienes y servicios de bajo impacto ambiental.

De hecho, el documento final es mucho más explícito en este últiomo ámbito. Plantea, por ejemplo, que “la innovación deberá darse en prácticamente todos los ámbitos que uno pueda imaginar”, y no solo en procesos productivos más eficientes en el uso de recursos materiales, agua y energía, sino también se deberán implementar “servicios y modelos de negocio innovadores que, en la lógica de la economía del rendimiento -donde se paga por el valor de lo que se obtiene, y no necesariamente por el producto o servicio que entrega ese valor- ogren dar un vuelco a la relación entre productores y consumidores, volviéndola más circular.

En esa línea, plantea la Hoja de Ruta, las empresas deberán transitar individualmente a formas de funcionamiento más circulares, pero también se deberá trabajar a nivel de sectores, de los distintos gremios y asociaciones empresariales. Junto con ello, “el sector financiero deberá ampliar su oferta de financiamiento verde para proyectos y empresas circulares, para lo cual será necesario el desarrollo de mecanismos para identificar y certificar este tipo de proyectos y empresas, y el fomento a la banca de triple impacto”.

Según explica Guillermo González, en este nuevo documento “recogimos de la consulta pública que había distintos conceptos, entre los pilares, las metas y las iniciativas, que no estaban conversando armónicamente y que generaban cierta confusión”. También se recogieron muchos de los “dolores” del incipiente ecosistema circular y de la Ley REP en Chile, respecto de las regulaciones que implican trabas para las soluciones y nuevos modelos de negocios que están apareciendo o se busca implementar, principalmente en las metas relacionadas con modificaciones regulatorias donde ahora se apunta a medidas mucho más específicas y directas.

“Una de las principales razones que nos motivó desarrollar esta hoja de ruta fue la constatación de un movimiento que estaba emergiendo con mucha fuerza para avanzar hacia la circularidad. Se trataba de iniciativas de diversa índole, en todos los ámbitos, que vimos que necesitábamos potenciar, y a su vez, apoyar por la vía de la eliminación de muchas barreras que hoy existen, especialmente en el ámbito regulatorio. Lo que hoy tenemos como resultado es justamente lo que buscábamos: una identificación clara de cuáles son esos cambios que debemos hacer desde el sector público para esta modernización regulatoria, con responsables y plazos definidos para su ejecución”, señala Guillermo González.

¿Cómo se implementará esta Hoja de Ruta? Conocida la versión final -y oficial- del documento, ahora se busca dotarla de una institucionalidad que la lleve a la práctica y monitoree el avance de cumplimiento de sus metas. Y para ello, explica Guillermo González, se está trabajando con Corfo para concretar un Programa Transforma de Economía Circular.

“El programa estará a cargo de monitorear los avances para toda la hoja de ruta, pero estará más directamente involucrado en el impulso de un subconjunto de iniciativas, sobre todo las del eje innovación. La idea es mantener la gobernanza que ya se armó para la elaboración de la hoja de ruta, y desde este programa apalancar recursos y esfuerzos de los distintos actores de la sociedad (las empresas, la sociedad civil, la academia, las municipalidades y, por cierto, el sector público) para materializar las 118 acciones que están contenidas en este instrumento”, señala el jefe de la Oficina de Economía Circular.

Cambios en iniciativas y objetivos

Si bien la versión final de la Hoja de Ruta mantiene sus cuatro ejes de trabajo orientadores (Innovación Circular, Cultura Circular, Regulación Circular y Territorios Circulares), hubo modificaciones importantes en las medidas contenidas en cada uno de ellos. Esto implicó que de las 32 iniciativas propuestas originalmente se pasó a 27, mientras que las acciones específicas aumentaron desde 92 iniciales a 118 en el documento final.

En el caso de Innovación Circular, se pasó de 11 a 8 iniciativas con objetivos mucho más directos. Por ejemplo, la propuesta de “acreditación de empresa circular” para visibilizar sus avances en esta materia se modificó por la de “empresas cero residuos”, donde se plantea establecer un reconocimiento definitivo a las instalaciones productivas en base a la experiencia generada en el APL Cero Residuos a Eliminación.

También se avanzó en el nuevo documento hacia iniciativas más concretas, como la creación de normas técnicas para la economía circular, la investigación y desarrollo para implementar esta tendencia, y la colaboración estratégica y el escalamiento para soluciones de economía circular de alto impacto.

Esto implicó que de las 28 acciones contempladas inicialmente, se pasó a 30 con un enfoque mucho más específico, como ocurre con el objetivo de incorporar una serie de normas técnicas que establezcan requerimientos y estándares mínimos para distintas aplicaciones de economía circular -las que en la versión original estaban contenidas en “regulación circular”- en áreas como los plásticos compostables, la gestión de demoliciones, reutilización del gránulo de caucho de neumáticos, o los combustibles líquidos alternativos obtenidos a partir de aceites lubricantes usados.

En materia de “cultura circular”, se pasó de 5 a 6 iniciativas – y de 13 a 25 acciones específicas- donde los principales cambios están en la incorporación de la transparencia y la trazabilidad para la economía circular en las primeras, así como del seguimiento del progreso hacia una economía circular.

En lo que respecta a la “regulación circular”, se pasó de 10 a 7 iniciativas, y de 29 a 33 acciones. Uno de los ámbitos que sufrió mayores modificaciones fue el de la “actualización del marco regulatorio de la gestión de residuos para facilitar el reúso -concepto que se incorpora en la versión final- y la valorización”. De una propuesta inicial que apuntaba más bien a revisiones de normas y elaborar reglamentación en algunas materias específicas, la nueva versión apunta directamente a resolver las principales trabas regulatorias existentes hoy en Chile no solo para el avance de soluciones circulares, sino también para la implementación de la Ley REP.

Por ejemplo, se propone simplificar y homologar a nivel nacional los procesos de aprobación y autorización sanitaria de proyectos de valorización de residuos; elaborar y dictar un reglamento sobre manejo sanitario en plantas de compostaje; regular el uso de material reciclado en envases en contacto con alimentos; actualizar la normativa y los procedimientos del SEIA para establecer criterios de consideración específicos para instalaciones de valorización de residuos, de acuerdo con sus reales impactos ambientales potenciales; habilitar, por vía regulatoria, la venta de distintos tipos de productos a granel como alimentos, productos de aseo personal y productos de aseo para el hogar; y actualizar la norma de emisión para la incineración, co-incineración y co- procesamiento con el objeto de subir los estándares mínimos de emisión de contaminantes atmosféricos para estas aplicaciones.

En esta línea de regulación circular quedaron también las medidas para aumentar el estándar de calidad de los productos en la economía circular -como acciones como implementar una etiqueta que informe sobre la vida útil de los productos- y se incorporó el fortalecimiento del impulso de la economía circular a nivel internacional. En esta última línea se plantea tanto el asegurar la materialización de la visión plasmada en el New Plastics Economy Global Commitment como una participación activa en instancias como la Alianza Global para la Economía Circular y la Eficiencia de Recursos (GACERE) o la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe, entre otras.

Finalmente, en lo que respecta a los “territorios circulares”, se mantuvieron las 6 iniciativas planteadas originalmente, aunque las acciones se incrementaron de 22 a 30 en la versión final. Y como ocurrió con las áreas anteriores, aquí también hubo importantes cambios de énfasis.

Por ejemplo, en materia de “economía circular para la reactivación de los territorios”, lo que inicialmente se planteaba como una canalización de los fondos de reactivación económica hacia proyectos circulares con alto potencial de generación de empleo, hoy apunta a “canalizar la inversión y los esfuerzos de fomento productivo en el marco de la reactivación económica hacia proyectos de economía circular de triple impacto y alto potencial”, con acciones como el diseño y postulación a fondos públicos de programas que permitan avanzar en el desarrollo de mercados secundarios, con foco en sectores productivos y flujos de materiales prioritarios para cada región.

En esa línea, de enfocarse en el potencial y en las particularidades de cada región -con distintas geografías, realidades económicas y actividades productivas-, propone también promover el desarrollo y la implementación de estrategias, hojas de ruta o planes de acción de economía circular para sectores y territorios específicos.

Esto implica un cambio respecto de la definición inicial planteada cuando se inició el trabajo de la Hoja de Ruta, en que esta sería un instrumento transversal a los distintos sectores de la economía, tanto porque se requería abordar la transformación con una mirada integral y porque muchas de las barreras existentes son comunes a múltiples sectores productivos.

“No obstante -explica Guillermo González-, al momento de implementar este plan es clave aterrizarlo en sectores y territorios específicos, tomando en cuenta sus particularidades y vocaciones. Esto nos llevó a incluir está acción, que sin duda es una de las más relevantes en el proceso de llevar a la práctica la hoja de ruta. Esta acción, además, destaca un tema importante: los sectores tienen variaciones en los distintos territorios. Por ejemplo, la forma en que se construye en el sur de Chile, con mucha madera, es muy distinta a la forma en que se construye en el norte, en donde predominan otros materiales”.