En Chile, cada uno de sus habitantes produce -en promedio- 1,19 kilos de residuos cada día desde sus casas, el nivel per cápita más alto de Sudamérica. En total son 8,1 millones de toneladas anuales, de las cuales el 79% termina en un relleno sanitario, el 13.5% en un vertedero y menos de un 1% va a reciclaje o es enviado a algún tipo de valorización, según las cifras del último Informe del Estado del Medio Ambiente 2020. Y esto no solo muestra lo lejos que esta el país de tener una economía circular, sino que los residuos siguen siendo tratados desde una óptica sanitaria. Es decir, como basura y no como subproductos con algún tipo de valor aprovechable económicamente.
Y aunque en los últimos años el país ha avanzado con fuerza en el sentido contrario a través de políticas como la Ley REP, la Hoja de Ruta para la Economía Circular o la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos -entre los más relevantes-, esa lógica sanitaria no ha asido actualizada acorde a estas nuevas leyes y políticas estatales, por lo que aún existen dificultades legales y trabas al desarrollo de proyectos de reciclaje, valorización e impulso de la economía circular en el país
Esta es una de las principales conclusiones de un estudio “La Institucionalidad al debe: desafíos legales para fomentar el reciclaje y compostaje domiciliario en Chile”, realizado en conjunto por la empresa Kyklos y el estudio de abogados García/Derecho y Sustentabilidad. Hoy, sostiene el informe, la actualización y el alineamiento de la normativa respecto de las iniciativas estatales hoy en curso es fundamental. Por ejemplo, agrega, los permisos ambientales y sanitarios no diferencian claramente los diferentes tipos de residuos.
“Las regulaciones sanitarias y ambientales que abarcan la gestión de residuos sólidos domiciliarios están completamente desactualizadas. Estas consideran a todos los envases, cartones, plásticos y otros como ‘residuos’, otorgándoles un sello de contaminantes. Sin embargo, para los que estamos en el rubro de la recuperación estos no son ‘residuos sino que son ‘materiales usados’ a los cuales se les puede dar otro uso. Son insumos nuevos para la economía circular. Si queremos avanzar hacia un país que aumente las tasas de recuperación, es urgente actualizar la normativa y eliminar las barreras para agilizar la implementación de este tipo de proyectos”, plantea Javier Peró, fundador y gerente general de Kyklos.
En esa línea, el estudio registra cuatro principales hallazgos respecto de cómo la normativa actual influye en la baja tasa de recuperación de los residuos domiciliarios. El primero de ellos es lo que considera una indefinición conceptual: no se han encontrado definiciones claras para referirse a los residuos recuperables, orgánicos e inorgánicos, lo que es determinante en su tratamiento. Existiría, entonces, una “zona gris” en la normativa actual en relación a lo que es o no es calificado como residuo.