La “década de la transformación” en materia de residuos. Así ha definido el Ministerio del Medio Ambiente al período 2020-2030, donde busca impulsar una serie de cambios estructurales en la forma que generamos, recolectamos y disponemos de nuestros residuos buscando avanzar hacia modelos de economía circular. Un primero pilar de esta estrategia es la Ley REP, que llevará a que a partir de 2023 los residuos reciclables de envases y embalajes empiecen a ser recogidos en forma separada de nuestras casas, a lo que se suman la Hoja de Ruta para la Economía Circular, regulaciones para plásticos y envases de un solo uso, e iniciativas como el Pacto por los Plásticos en miras a disminuir la generación de residuos.
Sin embargo, los avances en materia de reciclaje de envases y embalajes se hacen cargo solo de un 26% de lo que hoy tiramos a la basura. Más del doble, un 58%, corresponde a residuos orgánicos, casi 4,8 millones de toneladas anuales que hoy van directamente a un relleno sanitario. Y a diferencia de la REP, donde el financiamiento de la recolección, tratamiento y valorización de los residuos corre por cuenta de los productores de dichos envases, en materia de orgánicos el gasto es -y seguirá siendo- de los municipios.
¿Cómo dar viabilidad a un sistema que se haga cargo de estos desechos? Esto es lo que busca la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos 2020-2040, cuyo primer borrador ya fue socializado por el ministerio con una serie de actores que participaron de su construcción, y cuyo documento final será dado a conocer a fines de este mes para someterlo a un proceso de participación ciudadana.
En dicho documento preliminar se plantean una serie de acciones para alcanzar, al año 2040, una meta que oscilará entre un 60% y un 70% de valorización de los residuos orgánicos generados a nivel municipal -la meta definitiva se conocerá a fin de mes-, y una serie de metas intermedias a cumplir en 2030. Entre ellas se plantea, en el primer borrador, alcanzar una valorización cercana al 30% de los residuos orgánicos a nivel municipal, que medio millón de personas utilicen composteras en sus viviendas, que lo mismo ocurra en 500 barrios del país mediante sistemas de reciclaje comunitario, y que todos los parques urbanos administrador por el Minvu -25 en Santiago y 14 en regiones- composten los residuos orgánicos generados en sus instalaciones.
En materia de financiamiento del sistema, hay dos temas que se está buscando resolver para ello: las bajas tasas de pago a nivel domiciliario por la gestión de los residuos, y el bajo costo de disponer los residuos en rellenos sanitarios. Y a estos dos aspectos se suman en la estrategia otras cinco líneas de acción: abordar las barreras regulatorias existentes, involucrar a la ciudadanía -plantearlo como una obligación pero que al mismo tiempo les sea fácil reciclar orgánicos-, generar demanda para los nuevos productos que se obtengan a partir del compostaje, prevenir la generación de residuos, y monitorear el avance del cumplimiento de las metas que se propongan.
“Esto significa dar una mirada de conjunto y plantear una batería de acciones, que muchas de ellas están relacionadas y entre todas permiten viabilizar esto. Ciertamente que es complejo, pero entendemos que es la forma de hacerlo. Realmente necesitamos abordarlo por todo los frentes, porque si uno aborda el tema de financiamiento pero no la gobernanza o la parte regulatoria vamos a estar chocando con un conjunto de barreras que, si no imposibilitan, al menos dificultan el desarrollo de la estrategia”, explica Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.
Pero para alcanzar las metas que se plantean, un sistema que sea financieramente viable será clave, toda vez que la parte operativa de la estrategia recaerá principalmente en los municipios, que ya tienen serios problemas financieros para la gestión de residuos. Hoy un 27% de los domicilios está eximido del pago de contribuciones y de derechos de aseo por ley, mientras que otro 50% no paga contribuciones. Y como el derecho de aseo se paga en conjunto con las contribuciones, en términos prácticos hoy casi un 80% de las viviendas del país no paga derechos de aseo.