En Chile se producen cada año 7,5 millones de toneladas de residuos desde los hogares, lo que implican un gasto cercano a los US$ 500 millones solo para la recolección de basura. Hoy prácticamente la totalidad de esos desechos termina en un relleno sanitario, lo que tiene al país en el penúltimo lugar de la OCDE en la valorización de sus desechos domiciliarios, solo superado por Turquía. En lo que respecta a residuos reciclables, la valorización no supera el 4%; y a nivel de residuos orgánicos, esa cifra es menos de un 1%.

De lo primero se está haciendo cargo la Ley REP en materia de envases y embalajes, pero pese al cambio cultural que implicará su implementación formal en Chile a partir del año 2022, con el inicio de la recolección segregada de materiales reciclables desde los domicilios, este tipo de residuos no representa más de un 25% de lo que habitualmente botamos en la bolsa de la basura. La gran parte del peso de esa bolsa, cerca de un 58%, corresponde a residuos orgánicos que pueden ser aprovechados.

Esto tiene incidencia no solo en la valorización, sino también en la vida útil de los rellenos sanitarios. Actualmente en Chile un 78% de los residuos domiciliarios termina en este tipo de instalaciones -el resto va a vertederos o bien a basureros clandestinos-, y estos ya se están completando: en promedio, su vida útil no sobrepasa los 12 años.

En ese escenario, el Ministerio del Medio Ambiente está preparando una estrategia para hacerse cargo de los residuos orgánicos. “Hemos hecho un gran esfuerzo en avanzar con la Ley REP, pero no podemos dejar fuera esto otro. Este 58% de residuos orgánicos es la fracción que genera los principales impactos de la basura; ahí están los olores, los vectores, las emisiones de gases de efecto invernadero por la descomposición anaeróbica. Por lo tanto, buscamos hacernos cargo de una serie de impactos ambientales, pero también del tema de los rellenos sanitarios. Nos parece importante desviar la mayor cantidad de residuos en vez de seguir construyendo más y más rellenos, porque además es muy complejo”, dice Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular de dicha cartera.

Por ello, hoy está en proceso de construcción de una estrategia nacional para valorizar los residuos orgánicos. El punto de partida fue la realización de talleres en ocho regiones del país -mayoritariamente en las ciudades más grandes- para levantar las principales inquietudes, brechas e ideas desde los municipios, la ciudadanía, las autoridades locales y la academia.

A esto le siguió la creación de un comité asesor a nivel nacional, al igual que se hizo con los productos prioritarios de la Ley REP, que sesionó en cinco oportunidades. En este se encuentran representados diversos organismos públicos con competencias en la materia, empresas de recolección de residuos y rellenos sanitarios, organizaciones de municipios, universidades y organizaciones civiles. En total, la mesa está compuesta por 42 personas.

Pasar de una bolsa de basura a tres bolsas

La visión general con la que se está planteando esta estrategia es la de transformar la actual bolsa de basura en tres bolsas distintas. O tres contenedores. Uno para el material reciclable (envases y embalajes), otro para los residuos orgánicos, y un tercero para la basura. “Y que esta última sea un tercio en peso de lo que es hoy día, con lo que estamos multiplicando por tres la duración de los rellenos sanitarios. Tiene un impacto enorme en ese sentido”, afirma Guillermo González.

A diferencia de lo que ocurrirá con el reciclaje a través de los sistemas de gestión creados por la Ley REP, donde el fabricante de los productos se hace cargo de los residuos una vez que terminan su vida útil, en materia de productos orgánicos es casi imposible por múltiples razones. Por ello, una primera definición es que su recolección seguirá a cargo de los municipios.

Pero esa misma complejidad permite que estos residuos se puedan trabajar de distintas maneras, y esa es una definición que se fue dibujando tanto en los talleres en regiones como en el comité asesor. Hoy se está trabajando en una estrategia a tres niveles: domiciliario, comunitario e industrial.

“El residuo orgánico se puede gestionar de formas bien diversas. Se puede gestionar en la casa con una compostera, se puede hacer en el barrio por un grupo de vecinos, y a una escala mayor con un sistema de recolección que lleva los residuos a una planta grande de compostaje o de digestión anaeróbica. Lo que hemos visto es que necesitamos las tres cosas, y trabajar a nivel domiciliario -en primer lugar- porque es más barato”, señala González.

Hoy se estima que en Chile se gastan alrededor de $40 mil para disponer una tonelada de basura. De eso, $10 mil se pagan en la puerta del relleno y $30 mil en recolección y transporte. Es decir, gestionar los residuos orgánicos con una compostera en la casa genera ahorros importantes, que hoy se estiman de entre $5 mil y $10 mil por tonelada.

Es, además, un elemento que ayuda a formar una cultura del reciclaje orgánico que hoy es casi inexistente. A diferencia de lo que ocurre con los puntos limpios, que son altamente demandados por la comunidad, no existe la misma conciencia respecto de los desechos orgánicos. Por eso, la apuesta es que la entrega masiva de composteras ayude a generar esa demanda.

“Necesitamos generar tracción a todo nivel, que las personas vean a su vecino o amigo haciendo tierra de hoja con sus residuos orgánicos, y que los alcaldes vean que aquí hay algo que la ciudadanía demanda. La idea es tener instrumentos para que los municipios puedan contar con grandes cantidades de composteras, y que puedan hacer los acompañamientos necesarios”, plantea el jefe de la Oficina de Economía Circular.

Sin embargo, mucha gente no tiene el espacio o el tiempo para hacerlo, o no va a querer una compostera en la casa. Y en esa línea, uno de los puntos que las organizaciones sociales pudieron en la mesa del comité asesor nacional fue que en el compostaje comunitario existe una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los vecinos, en el barrio.

Este punto fue recogido como segundo nivel de la estrategia, porque además poner una compostera o una pila de compostaje comunitaria en -por ejemplo- una plaza se puede hacer con relativa facilidad, sin pasar por un complejo proceso de permisos. Puede ser a nivel de un edificio, un condominio, y puede ir acompañado de una huerta comunitaria que aproveche el compost que se va a generar.

Reciclaje industrial con retiro a domicilio

De acuerdo a los cálculos de las organizaciones sociales y de los propios municipios que han participado en la elaboración de esta estrategia, se estima que solo entre un 10% y un 20% de los vecinos podrían participar de proyectos de reciclaje domiciliario o comunitario. Más aún cuando hoy solo un 13% de los municipios de Chile tiene algún proyecto de reciclaje orgánico, la mayoría de ellos de muy baja escala, proyectos en feria o de reciclaje en las casas.

Y en ese escenario, la idea es que al 80% restante se les retire la basura orgánica de la casa. Hoy, en promedio, el municipio retira basura tres veces a la semana desde los domicilios. Y la idea es que a futuro uno de esos retiros sea para los materiales reciclables -que estarán a cargo de los sistemas de gestión de la Ley REP-, otro para los desechos orgánicos, y el último para la basura.

En esto, dice González, será clave la frecuencia de uno u otro. “En Toronto, por ejemplo, pasan a recolectar la basura una vez cada dos semanas, los envases y embalajes una vez cada dos semanas y los orgánicos todas las semanas. El incentivo es a separar para que se lleven esos residuos, o te quedas dos semanas con la basura. Necesitaremos que los municipios hagan esos ajustes para ir generando los hábitos”, afirma.

A esto se pueden sumar otros instrumentos, como las ordenanzas municipales que obliguen a hacerlo, y la creación de incentivos económicos para los vecinos. Por ejemplo, que quienes separen sus residuos orgánicos, o que composten en su casa o comunidad, paguen menos derechos de aseo.

Sin embargo, el gran costo del sistema estará en la instalación de grandes complejos industriales. Y no se trata solo del costo económico, también de los permisos para su construcción. Hoy se está trabajando en definir posibles modelos de negocio para la instalación de plantas de valorización de residuos orgánicos, las que podrían ser privadas, concesionadas o bien financiadas y operadas por un municipio.

Para ello se están viendo dos grandes mecanismos. El primero es reorientar fondos públicos a este tipo de proyectos, dice Guillermo González. “Hoy muchos gobiernos regionales están aprobando contenedores para basura por miles de millones de pesos, y está muy bien, pero nosotros queremos avanzar hacia una lógica de tres contenedores, y si estás entregando contenedores gigantes para la basura, se van a llenar. Debiéramos reorientar ese tipo de inversión hacia composteras y a proyectos de plantas de compostaje”.

Para ello, se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para que este tipo de proyectos pasen por una evaluación social y obtengan su resolución, ya que hoy no existe una metodología definida para ello.

El otro mecanismo en evaluación es analizar las opciones existentes para que se reflejen los costos sociales de la basura, y que permitan hacer más atractivas las opciones de reciclaje orgánico urbano.

“Hay distintas herramientas. Puede ser más caro, pero por ejemplo algunos países lo que han hecho es poner una fecha límite para que los residuos orgánicos puedan ingresar a un relleno sanitario. Es poner una medida regulatoria, pero estamos evaluando opciones, no tenemos nada zanjado. Pero si se quiere viabilizar la inversión privada para este tipo de proyectos, estos se financian en parte con un gate fee, un precio de entrada. Su tu precio sombra son $10 mil, son muy pocos los proyectos que se pueden valorizar”, explica Guillermo González.

Anteproyecto en mayo con metas específicas

Otro aspecto que se está trabajando son las necesidades de modificaciones regulatorias. Por ejemplo, con el Minvu se analiza como esta infraestructura puede considerarse en la planificación territorial; con Salud se trabaja en un posible reglamento sanitario para este tipo de proyectos, que hoy no existe, y lo mismo ocurre con el SEIA.

A esto se suma la búsqueda de opciones para luego darle salida al compost que se produzca. Allí se trabaja, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, que hoy tiene un subsidio para la compra de compost, y aun así en los últimos años les ha faltado este insumo. Otra alternativa es usarlo para los programas de recuperación de suelos del Ministerio del Medio Ambiente.

Mientras, se trabaja en paralelo en un estudio que evalúe en profundidad la cantidad de residuos orgánicos que se producen en Chile, costos de implementar un modelo de este tipo y que pueda implementar una línea base al respecto, frente a la escasa información hoy disponible en esta materia. Se espera que sus resultados estén dentro de un mes.

Esto ayudará a definir un anteproyecto que se someterá a consulta pública en mayo, para comenzar a definir la estrategia nacional de residuos orgánicos durante el segundo semestre de 2020. La idea es que, al igual que con el reciclaje en la Ley REP, esta contenga metas específicas de recolección y valorización.

“Hoy estamos trabajando en definir esas metas, que aún no terminan de estar consensuadas. Serán metas bien concretas, por ejemplo, que porcentaje de los residuos orgánicos debieran estar siendo valorizados de una u otra forma; y otras más específicas, cómo cuántas viviendas o cuántos colegios del país debieran tener composteras. Ese es el tipo de metas que estamos analizando”, dice González.