En Chile se producen cada año 7,5 millones de toneladas de residuos desde los hogares, lo que implican un gasto cercano a los US$ 500 millones solo para la recolección de basura. Hoy prácticamente la totalidad de esos desechos termina en un relleno sanitario, lo que tiene al país en el penúltimo lugar de la OCDE en la valorización de sus desechos domiciliarios, solo superado por Turquía. En lo que respecta a residuos reciclables, la valorización no supera el 4%; y a nivel de residuos orgánicos, esa cifra es menos de un 1%.
De lo primero se está haciendo cargo la Ley REP en materia de envases y embalajes, pero pese al cambio cultural que implicará su implementación formal en Chile a partir del año 2022, con el inicio de la recolección segregada de materiales reciclables desde los domicilios, este tipo de residuos no representa más de un 25% de lo que habitualmente botamos en la bolsa de la basura. La gran parte del peso de esa bolsa, cerca de un 58%, corresponde a residuos orgánicos que pueden ser aprovechados.
Esto tiene incidencia no solo en la valorización, sino también en la vida útil de los rellenos sanitarios. Actualmente en Chile un 78% de los residuos domiciliarios termina en este tipo de instalaciones -el resto va a vertederos o bien a basureros clandestinos-, y estos ya se están completando: en promedio, su vida útil no sobrepasa los 12 años.
En ese escenario, el Ministerio del Medio Ambiente está preparando una estrategia para hacerse cargo de los residuos orgánicos. “Hemos hecho un gran esfuerzo en avanzar con la Ley REP, pero no podemos dejar fuera esto otro. Este 58% de residuos orgánicos es la fracción que genera los principales impactos de la basura; ahí están los olores, los vectores, las emisiones de gases de efecto invernadero por la descomposición anaeróbica. Por lo tanto, buscamos hacernos cargo de una serie de impactos ambientales, pero también del tema de los rellenos sanitarios. Nos parece importante desviar la mayor cantidad de residuos en vez de seguir construyendo más y más rellenos, porque además es muy complejo”, dice Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular de dicha cartera.
Por ello, hoy está en proceso de construcción de una estrategia nacional para valorizar los residuos orgánicos. El punto de partida fue la realización de talleres en ocho regiones del país -mayoritariamente en las ciudades más grandes- para levantar las principales inquietudes, brechas e ideas desde los municipios, la ciudadanía, las autoridades locales y la academia.
A esto le siguió la creación de un comité asesor a nivel nacional, al igual que se hizo con los productos prioritarios de la Ley REP, que sesionó en cinco oportunidades. En este se encuentran representados diversos organismos públicos con competencias en la materia, empresas de recolección de residuos y rellenos sanitarios, organizaciones de municipios, universidades y organizaciones civiles. En total, la mesa está compuesta por 42 personas.