Una lucha eficiente contra el cambio climático requiere de dinero para implementar las múltiples medidas necesarias, en especial, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Es por esto que el Ministerio de Hacienda estableció una Estrategia Financiera frente al Cambio Climático (EFCC), que fue anunciada por el ministro Ignacio Briones hace un mes en Madrid, en el marco de la COP25.

Según el documento, esta estrategia “define un marco de trabajo a través de tres ejes de acción destinados a facilitar la implementación de los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible en el largo plazo, definidos bajo la Contribución Nacional Determinada (NDC) y la visión de carbono neutralidad al año 2050”.

La asesora de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda, Trinidad Lecaros, explica que la EFCC fue uno de los compromisos de Chile plasmados en la NDC tras el Acuerdo de París en 2015, y consideraba tres elementos: análisis del gasto público en cambio climático, creación de una institucionalidad interna que permita gestionar y coordinar de manera óptima la relación con el Fondo Verde para el Clima y el diseño de instrumentos financieros para fines como la adaptación o transferencias tecnológicas.

Sin embargo, dice Lecaros, la estrategia recientemente publicada -diciembre de 2019- considera a la vez el avance y mayores compromisos a nivel global y local en esas materias, y “para ello define un marco de acción ampliado que oriente la contribución del sector público y privado hacia la consolidación de una economía baja en emisiones y resiliente al clima, y facilite la movilización de flujos de capital hacia los sectores con un mayor potencial, sin descuidar la capacidad de crecimiento y desarrollo del país”.

El marco de acción ampliado al que se refiere la asesora tiene relación con los tres ejes establecidos en la EFCC: generación de información, datos y análisis bajo un marco institucional coherente; promoción de instrumentos económicos y financieros verdes y desarrollo de mercados; y fortalecimiento de las Finanzas Verdes en el sector financiero. En el documento, elaborado por el Ministerio de Hacienda en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, se detallan estos tres pilares, se indican sus progresos a la fecha y se fijan medidas a corto plazo (2020-2021).

Estos tres pilares son complementarios entre sí e interactúan constantemente, comenta Lecaros y agrega que, por ejemplo, el eje 3 contribuye a “enverdecer” el sistema financiero por medio de la promoción de instrumentos económicos y financieros verdes (eje 2), mientras que para poder facilitar el eje 2 es esencial contar con información cuantitativa y confiable (eje 1).

Además, la misma estrategia establece que se deben generar indicadores para verificar el avance de las medidas adoptadas, de tal manera que a fines de este año se publicará un primer informe con los progresos. Asimismo, para finales de 2021 el ministerio debe presentar una actualización de la EFCC considerando, entre otras cosas, las novedades de la NDC, la Estrategia de Largo Plazo baja en emisiones –actualmente en fase inicial de elaboración por parte del Ministerio del Medio Ambiente- y la Ley de Cambio Climático, que debiera ser prontamente ingresada al Congreso por el Ejecutivo.

Información para decidir

El primer eje de la EFCC se refiere a la generación de información y datos que permitan realizar los análisis requeridos para tomar las decisiones adecuadas frente al desafío de la neutralidad de emisiones. Estos datos debiesen estar disponibles para todo el público, dependiendo del organismo que las produzca, “considerando que una de las principales barreras para una correcta toma de decisiones es la falta de información adecuada”, dice Lecaros.

“Por ejemplo, desde el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y otros organismos, nos encontramos desarrollando un modelo que permita estimar los impactos macroeconómicos de las medidas contenidas en la Estrategia de Largo Plazo baja en emisiones”, explica la asesora ministerial. Asimismo, “se estimará la costo efectividad y costo eficiencia de las medidas, de forma de priorizar aquellas que utilicen de mejor manera los recursos”.

Entre los avances que muestra el ministerio en este eje se cuenta el trabajo que está realizando Hacienda, con apoyo de asistencia técnica multilateral, para contar con una metodología que permita identificar el gasto público y privado para enfrentar el cambio climático. Según establece el documento, al año pasado en Chile se habían implementado proyectos piloto de medición del gasto público climático, los que permitieron llegar a varias conclusiones, entre ellas la importancia de incorporar activamente en el proceso a los servicios encargados de las finanzas públicas.

También se menciona como un progreso la institucionalidad destinada a gestionar y coordinar la relación con el Fondo Verde para el Clima, un capital internacional destinado a financiar proyectos, programas políticos y actividades de mitigación y/o adaptación al cambio climático. En Chile esa institucionalidad fue aprobada en 2016, pero se aspira a perfeccionarla.

En el ámbito del primer eje se establecen siete medidas de corto plazo, entre las que destaca “identificar las necesidades de inversión y establecer una hoja de ruta” que contribuya a implementar los objetivos climáticos, así como “desarrollar una cartera de proyectos robusta y técnicamente viable que contribuya a los objetivos definidos en la NDC y que sean de interés para la comunidad de inversionistas a largo plazo”.

Bonos verdes y otros instrumentos

El segundo ítem tiene relación con el diseño y emisión de instrumentos económicos y financieros que catalizan flujos de capital hacia sectores bajos en emisiones y resilientes al clima, tales como energía renovable, eficiencia energética y viviendas sustentables, entre otros.

Entre estos instrumentos destacan especialmente los bonos y los impuestos verdes, pero “existen otras herramientas potenciales y políticas como las líneas de crédito verdes, sistemas de offset, seguros agrícolas, entre otros con impactos reales y medibles”, indica Lecaros.

En cuanto a los bonos verdes soberanos, fueron estrenados el año pasado con excelentes resultados. Mediante ellos el Estado emitió deuda en euros y en dólares por un monto total de US$ 2.400 millones, cuyo destino es financiar un portafolio de proyectos donde predomina el transporte limpio (electromovilidad y extensión del metro).

Para este año el Ministerio está considerado emitir nuevamente bonos verdes, aunque aún no están definidas las emisiones en moneda extranjera. Según se informó oficialmente el 20 de diciembre pasado, en 2020 se pondrán en el mercado bonos soberanos por un total de US$ 8.700, de los cuales se emitirán en moneda extranjera el equivalente a US$3.300 millones (casi el 38%). En ese contexto, una de las medidas a corto plazo del segundo eje de la EFCC contempla que estos últimos bonos sean mayoritariamente verdes.

Otra de las medidas para este año es estandarizar las convocatorias para proyectos públicos y privados a presentar al Fondo Verde para el Clima, con miras a identificar un portafolio que sea compatible con la meta de neutralidad de carbono y la NDC.

Colaboración público-privada

Y el tercer pilar de esta estrategia busca fortalecer las finanzas verdes en el sector financiero. En este punto se hace mención a que dada la magnitud de las inversiones requeridas, el sector público no puede actuar de forma aislada, sino que debe coordinarse con el sector financiero, incluyendo a los reguladores y actores del mercado.

En ese marco, a mediados del año pasado se creó la mesa público-privada de finanzas verdes, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Desde su constitución hemos notado un gran compromiso por parte del sector, en el entendido que los riesgos asociados al cambio climático tienen potenciales efectos en la estabilidad del sistema financiero y, por otra parte, la transición hacia una economía baja en carbono conlleva grandes oportunidades de inversión”, comenta Lecaros. A nivel global, añade, los actores de esta área están tomando acciones en la materia, integrando reportes de sostenibilidad y riesgo climático y entregando información al respecto a sus inversionistas.

Uno de los logros de esta instancia, sostiene la asesora ministerial, fue el Acuerdo Verde suscrito el 18 de diciembre pasado por el Gobierno, los reguladores y las entidades privadas del sector financiero, además de una Declaración, por primera vez, de las Autoridades Financieras sobre cambio climático y estabilidad del sistema financiero. En esa ocasión, el ministro Briones comentó que se estaba dando inicio a una transición financiera indispensable para lograr la transición climática.

Este pacto, comenta Lecaros, “se logró en tiempo récord y con una participación activa de todos los miembros de la mesa, quienes acordaron principios, pero también acciones concretas en la materia”. Gracias a esto, subraya la asesora, a partir de este año comenzará la ejecución de dicho Acuerdo Verde por medio de una Hoja de Ruta 2020+ que liderará el Ministerio de Hacienda.