Agenda 2030 / Naciones Unidas

Seminario abordó la perspectiva indígena en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos

Diferentes panelistas de América Latina y el Caribe -incluido el director ejecutivo del Centro Vincular, el chileno Dante Pesce- criticaron la aplicación de estos principios consagrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a casi once años de su entrada en vigencia. La misma crítica esbozaron hacia la visión indígena dentro de este convenio. “Cuando el diálogo no es entre pares, se crece entre cimientos débiles”, dijo Pesce

El 16 de junio de 2011, mediante la Resolución N° 17/4, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó los llamados Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos, cuyos pilares son: el deber de los Estados de resguardar los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetarlos; y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.

A poco más de un decenio de su entrada en vigencia, el diagnóstico es que esos principios rectores poco se han aplicado en América Latina y el Caribe y, menos aún, con los pueblos indígenas. Esa al menos es la conclusión de los panelistas que dieron vida al seminario “Los pueblos indígenas y la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos”, organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El foro, realizado en el marco de la 21° Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, se realizó el 26 de abril en formato virtual y congregó a expertos y representantes indígenas de la región, que abordaron justamente la temática indígena dentro de dichos principios rectores. Estuvo dirigido a los países de la región, sus representantes estatales, empresariales y de las organizaciones indígenas.

Quien abrió el seminario fue el presidente de FILAC, Freddy Mamani. El representante señaló que el foro era “una excelente oportunidad para el intercambio de conocimiento sobre derechos humanos, ya que los Estados que adhirieron a los Principios Rectores se han comprometido a respetarlos. Abogó por la necesidad de incorporar la perspectiva indígena a la aplicación de los principios rectores, ya que “las actividades de extracción empresarial abarcan los territorios indígenas generando grandes daños ambientales”. Del mismo modo, instó a promover medidas de reparación para los pueblos indígenas, adecuados a los estándares internacionales. Por último, dejó instalada en la mesa la necesidad de contar con un instrumento jurídicamente vinculante para que la voz de los pueblos originarios tenga incidencia en las decisiones que se tomen en los planes de acción de los Estados.

A continuación tomó la palabra la primera vicepresidenta del Consejo Directivo de Filac, Myrna Cunningham (de Nicaragua), quien fue muy crítica respecto del rol empresarial en cuanto al respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “La relación empresarial y los pueblos indígenas ha sido el uso y explotación de los recursos naturales sin su consentimiento y además, compuesta por una mala distribución salarial”. La autoridad reconoció que, a más de 10 años de la entrada en vigencia de los Principios Rectores, “estamos lejos de que se apliquen de manera eficiente y masiva”, y que abundan “los abusos y vulneraciones”. Por lo mismo, señaló que es urgente que estos principios tengan “acción efectiva” y se respeten “las normas y las medidas para frenar los ataques y asesinatos de los defensores de sus tierras y sus territorios”. De ahí que haya invitado a ajustar los marcos legales para socorrer este problema vital.

Cunningham apeló que a los planes nacionales de acción para la aplicación de los principios rectores deben incluir a los pueblos indígenas, y que se deben establecer “plataformas de diálogo tripartito, entre el Estado, las empresas y los pueblos indígenas”. Al igual que el presidente Mamani, ella cree que se debe avanzar imperiosamente en la consolidación de “un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular el funcionamiento de las transnacionales”, toda vez que los pueblos indígenas resguardan el 50 por ciento de la biodiversidad de la superficie terrestre.

Enseguida fue el turno de Fernanda Hopenhaym, representante para América Latina y el Caribe del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU. Reconoció que la entidad que representa tiene una especial fijación por incluir la temática indígena dentro de los principios rectores de la ONU, a través de encuentros y reuiones varias, sin perjuicio de que hay varios desafíos pendientes, tales como “las amenazas y los riesgos para personas defensoras de los pueblos indígenas”.

El siguiente invitado fue Benito Calixto, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), quien, al igual que sus pares, reconoció que a 10 años de la aprobación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, “la situación de los territorios es crítica y no ha cambiado”. Comentó que “los gobiernos continúan promoviendo actividades empresariales sin respetar los derechos de los pueblos indígenas”, y que “muchos gobiernos están flexibilizando sus políticas para facilitar la inversión de proyectos extractivos que están en nuestros territorios, y que afectan el agua, la salud y la alimentación”.

Agregó que los pueblos originarios en la región acusan “graves problemas de contaminación”, y que “continúan las denuncias de persecución, ataques y asesinatos en el contexto de las actividades empresariales”. A su vez, Calixto dijo que pocos gobiernos en el continente han impulsado planes de acción sobre derechos humanos y empresas, y cuando lo hacen, es sin consulta a los pueblos indígenas. “Al final son políticas de puro papel y no se aplican; tampoco es el caso del acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Ahí sigue habiendo grandes obstáculos”.

“Cuando no hay consentimiento, no hay legitimidad, y si no hay legitimidad, no hay viabilidad de proyectos de desarrollo empresarial”.

Dante Pesce, director ejecutivo del Centro Vincular de la PUCV.
Dante Pesce intervino en el seminario de empresas y derechos humanos.

La participación chilena

Dentro de las ponencias destacadas figuró la del director ejecutivo del Centro Vincular de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dante Pesce. El directivo inició su discurso expresando que “crecí en un contexto racista, eurocéntrico, en que tener la piel clara me daba una ventaja sobre lo que tenían la piel un poco más morena y sobre aquellos que tenían nombre indígena”. Dijo que los temas indígenas “son invisibles” y que él se podía considerar como una persona “ignorante de sus tradiciones y de su cosmovisión”.

Situándose como una persona “privilegiada”, Pesce indicó que “la construcción de confianzas es la base para un futuro compartido”, y que eso requería un “respeto mutuo”, lo que implica un conocimiento mutuo. “Saben todos que a los pueblos indígenas se les impuso a sangre y fuego una dominación durante la colonización y la república. “Yo sé poco de ustedes y esa es la base para un respeto mucho, hay que hacer esfuerzos en educación”, recalcó el representante de la PUCV.

En su participación en la mesa de trabajo sobre estos temas, que implicó conocer la realidad de países como México, Honduras, Perú, Haití, Brasil, Tailandia y Corea del Sur, Pesce aprendió que los temas indígenas “son invisibles para los tomadores de decisiones, tanto estatales como empresariales”. En África y algunos países asiáticos, los pueblos indígenas ni siquiera tienen reconocimiento legal, y son considerados “beneficiarios” y no sujetos de derecho. Además, criticó que el consentimiento de los pueblos indígenas para un proyecto empresarial no sea previo, sino que se les pregunta una vez que el proyecto está listo, con su consecuente impacto en agua y otras variables.

Según explicó Pesce, “esta realidad no permite que los procesos de consulta de proyectos empresariales cuenten con la legitimidad necesaria”, además de percibir criminalización de la protesta y asimetrías del poder. “Cuando el diálogo no es entre pares, se tienen cimientos débiles”, argumentó.

Dante Pesce destacó algunos desarrollos normativos obligatorios inscritos en los países pertenecientes a la OCDE. No obstante, que los países tengan los estándares es “insuficiente”, según sus palabras, “para que se implementen con efectividad”. Dijo que la barrera para perfeccionar la relación empresas-pueblos indígenas es la falta de voluntad política de los gobiernos en avanzar hacia “un ecosistema de protección de los derechos humanos”. Pero “cuando no hay consentimiento, no hay legitimidad, y si no hay legitimidad, no hay viabilidad de proyectos de desarrollo empresarial”, esgrimió.

“Yo haría una invitación para que el futuro se convierta en una posibilidad de futuro compartido, desde una lógica de interculturalidad. La idea es conectarse proactivamente con el otro que es ignorante respecto de ustedes”, cerró Pesce su presentación.

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