Un total de 2,4 mil millones de dólares acaban de ingresar al Tesoro Público a través de la emisión de los primeros bonos verdes soberanos, que fueron puestos en el mercado por el Ministerio de Hacienda durante la segunda quincena de junio. Todo un hito, ya que Chile se transformó en el primer país de toda América en emitir este tipo de instrumento financiero, lo que “demuestra que acá hay un interés genuino del gobierno de avanzar en esta agenda contra el cambio climático”, afirma Andrés Pérez Morales, coordinador de Finanzas Internacionales de la cartera, área a cargo de la emisión de los bonos.
Una decisión que se enlaza con el objetivo anunciado por el Ejecutivo de alcanzar la carbono neutralidad del país el año 2050, establecida en el anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático actualmente en proceso de consulta pública por parte del Ministerio del Medio Ambiente.
Como su nombre lo indica, el dinero conseguido mediante estos bonos debe estar destinado a proyectos “verdes”, es decir, que favorezcan al medioambiente y, más concretamente, ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.
Para asegurar que así sea, previamente el ministerio de Hacienda –en colaboración con el ministerio de Medio Ambiente- elaboró un Marco para Bonos Verdesdonde se especifican las reglas para estas operaciones, como por ejemplo el uso de los ingresos, definición de gastos verdes elegibles, sectores verdes y exclusiones, entre otras.
De acuerdo a lo establecido en dicho marco, se definieron seis “sectores verdes” y sus respectivos gastos verdes elegibles. Estos son Transporte Limpio, cuyos gastos elegibles son la inversión en infraestructura pública y transporte público eléctrico, así como subvenciones e incentivos que promuevan el transporte público; Eficiencia Energética (inversiones en edificios públicos que produzcan ahorros energéticos sobre 20%, subvenciones que mejores eficiencia energética en viviendas y mejoras en iluminación pública); Energías Renovables; Recusos Naturales, Uso de Suelo y Áreas Marinas Protegidas (silvicultura y vigilancia de áreas marinas protegidas); Gestión del Agua (distribución, gestión de aguas residuales, conservación de recursos hídricos) y Edificios Verdes (construcción y modernización de edificios públicos).
Adicionalmente, este marco establece que cada año la autoridad deberá entregar un informe de avance del gasto en los proyectos elegidos, incluyendo indicadores y métricas para evaluar su impacto, como por ejemplo, las emisiones de CO2 o las toneladas de material particulado fino (MP2.5) reducidas o evitadas.