Un total de 2,4 mil millones de dólares acaban de ingresar al Tesoro Público a través de la emisión de los primeros bonos verdes soberanos, que fueron puestos en el mercado por el Ministerio de Hacienda durante la segunda quincena de junio. Todo un hito, ya que Chile se transformó en el primer país de toda América en emitir este tipo de instrumento financiero, lo que “demuestra que acá hay un interés genuino del gobierno de avanzar en esta agenda contra el cambio climático”, afirma Andrés Pérez Morales, coordinador de Finanzas Internacionales de la cartera, área a cargo de la emisión de los bonos.

Una decisión que se enlaza con el objetivo anunciado por el Ejecutivo de alcanzar la carbono neutralidad del país el año 2050, establecida en el anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático actualmente en proceso de consulta pública por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

Como su nombre lo indica, el dinero conseguido mediante estos bonos debe estar destinado a proyectos “verdes”, es decir, que favorezcan al medioambiente y, más concretamente, ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

Para asegurar que así sea, previamente el ministerio de Hacienda –en colaboración con el ministerio de Medio Ambiente- elaboró un Marco para Bonos Verdesdonde se especifican las reglas para estas operaciones, como por ejemplo el uso de los ingresos, definición de gastos verdes elegibles, sectores verdes y exclusiones, entre otras.

De acuerdo a lo establecido en dicho marco, se definieron seis “sectores verdes” y sus respectivos gastos verdes elegibles. Estos son Transporte Limpio, cuyos gastos elegibles son la inversión en infraestructura pública y transporte público eléctrico, así como subvenciones e incentivos que promuevan el transporte público; Eficiencia Energética (inversiones en edificios públicos que produzcan ahorros energéticos sobre 20%, subvenciones que mejores eficiencia energética en viviendas y mejoras en iluminación pública); Energías Renovables; Recusos Naturales, Uso de Suelo y Áreas Marinas Protegidas (silvicultura y vigilancia de áreas marinas protegidas); Gestión del Agua (distribución, gestión de aguas residuales, conservación de recursos hídricos) y Edificios Verdes (construcción y modernización de edificios públicos).

Adicionalmente, este marco establece que cada año la autoridad deberá entregar un informe de avance del gasto en los proyectos elegidos, incluyendo indicadores y métricas para evaluar su impacto, como por ejemplo, las emisiones de CO2 o las toneladas de material particulado fino (MP2.5) reducidas o evitadas.

Por ello, Hacienda ya definió que por este año no se emitirán nuevos bonos verdes soberanos, para orientar la acción en los próximos meses a monitorear el avance de los proyectos que están siendo financiados con estos recursos.

Según informó Pérez Morales, para elegir los proyectos financiables “se realizó un barrido por todos los ministerios para ver cuáles eran los gastos elegibles para los próximos años en estas definiciones verdes, e identificamos en torno a 12 mil millones de dólares. Sin embargo, los que tienen mayor probabilidad de ejecución son proyectos por 4,4 mil millones de dólares”.

De ese total, que finalmente se definió para emitir bonos verdes, ya se obtuvieron 2,4 mil millones de dólares mediante la emisión, el 17 de junio, de un bono en dólares a 31 años por US$1.418 millones; y el 25 de ese mes, un bono en euros a 12 años por € 861 millones (equivalentes a US$982 millones). A futuro se sumarían nuevas emisiones para completar el monto global de la cartera de proyectos.

De los 4,4 mil millones estimados, el 91,9% está destinado a transporte limpio, 0,14% para energías renovables, 7% para edificios públicos sustentables, y 0,2% para investigaciones asociadas al manejo del agua, quedando 0,76% para otras iniciativas, según se establece en el Portafolio de Proyectos para Bonos Verdes elaborado por el ministerio.

Metro y buses eléctricos

El principal proyecto de transporte limpio establecido en dicha cartera es la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago, que representa el 58% del portafolio, con un monto de 2,5 mil millones de dólares y cuya puesta en operaciones evitará la emisión de 32,862 toneladas de CO2 equivalente al año, y de 4,6 toneladas de material particulado (MP2.5).

En el portafolio también se incluye un porcentaje (7%, US$ 303 millones) para la recientemente inaugurada Línea 3, cuyo impacto está estimado en evitar emisiones por 170,3 toneladas de CO2 anuales (sin considerar las emisiones derivadas del consumo eléctrico de esta línea) y 7,4 toneladas de MP2.5.

Asimismo, se destinará un 8% (US$ 364 millones) para la construcción de tres nuevas estaciones de la Línea 3 (operativas en 2022), así como un 11% (US$ 458 millones) para cuatro nuevas estaciones a la Línea 2 (2023). Ambas extensiones significarán menos emisiones de CO2 por un total de 3,05 toneladas, y de material particulado por 0,36 toneladas.

En el mismo ámbito, está previsto que se use un 7% (US$ 323 millones) para reforzar la electromovilidad en el sistema de transporte público de Santiago (RED), con la incorporación de 600 nuevos buses eléctricos, nueve estaciones de recarga y más de 140 paraderos “inteligentes” equipados con wifi, cargadores USB y pantallas de información energizadas con paneles fotovoltaicos.

Finalmente, en este ítem se incluye una inversión de US$ 40 millones (0,9% del portafolio) para la renovación del tren Santiago-Rancagua, con vistas a mejorar su eficiencia energética y la calidad de este servicio, que durante 2018 tuvo 19,3 millones de usuarios.

Energías renovables

Los proyectos relacionados con energías renovables a financiar con bonos verdes sobreanos son más acotados, debido a que en Chile el Estado no tiene participación en la producción energética y las inversiones en esta materia están en manos de empresas privadas.

En otros países, explica Pérez Morales, donde la propiedad de las generadoras de electricidad es estatal, los bonos verdes pueden estar destinados en gran medida a favorecer la transición a una matriz energética más limpia. “Sin embargo, en el caso de Chile no es posible, porque el Estado no participa directamente en la producción de energía. Nosotros como país hemos logrado una transición bastante rápida hacia energías renovables no convencionales, pero principalmente por ajustes regulatorios”, sostiene el coordinador ministerial.

Así, el financiamiento en el ámbito de las energías renovables está destinado a tres proyectos que totalizan US$ 5,6 millones. El primero es la instalación de paneles solares en 2.578 viviendas sociales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Valparaíso. Este programa, que ya tiene un avance de 68%, está destinado a casas que fueron afectadas por desastres naturales entre 2014 y 2015. La inversión es de cuatro millones de dólares (0,1% del portafolio), y permitirá una reducción anual de emisiones de 241 toneladas de CO2.

El segundo plan es la construcción de 151 sistemas fotovoltaicos independientes para proveer de electricidad a las familias mapuche y huilliche que viven en Isla Huapi, en la Región de Los Ríos, con el objetivo de eliminar el consumo de diésel para ese efecto, y reducir anualmente entre 49 y 206 toneladas de CO2. El proyecto implica un desembolso de 0,8 millones de dólares (0,02% del portafolio).

El mismo monto está destinado a un proyecto denominado “Asistencia Técnica para Sistemas Fotovoltaicos”, cuya descripción señala que busca fortalecer el mercado fotovoltaico para autoconsumo, mediante la instalación de este tipo de sistemas en edificios públicos y el apoyo a la educación para el desarrollo de esta tecnología.

Otros proyectos

En el caso de los edificios públicos sustentables, se trata de una inversión de US$ 243 millones (7% del portafolio) asignada al diseño y/o construcción de escuelas, estaciones de policía, aduanas, bibliotecas, entre otras, que permitan reducir en al menos un 30% sus emisiones de carbono y que obtengan la certificación CES, considerando tanto eficiencia energética como manejo sostenible del agua y de la basura. Entre las construcciones previstas destacan la Biblioteca Regional de La Araucanía y la sede del MOP en Atacama.

En tanto, el proyecto “Análisis y Conservación de los Recursos Hídricos-Manejo del Agua”, destinará siete millones de dólares a financiar estudios e investigaciones que permitan enfrentar eventos que son consecuencia del cambio climático. La iniciativa se enmarca en la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, formulada en 2012, e incluye monitoreo, análisis, diagnóstico e investigación sobre estos recursos, planes maestros de cuencas hidrográficas y estrategias de conservación.

Ventajas y desafíos

“Por dónde se mire, la operación fue un éxito”, resume satisfecho el coordinador ministerial frente a la pregunta sobre los aspectos positivos de esta emisión de bonos verdes soberanos.  “Existe la noción de que es costoso incorporar criterios medioambientales en las decisiones financieras, pero nosotros logramos comprobar exactamente lo contrario. Emitimos el primer bono verde soberano de las Américas y logramos resultados financieros sobresalientes para el país. Por ejemplo, en términos de nuevos participantes: más de la mitad de los que se llevaron los bonos verdes en euros son inversores nuevos, especialistas en estos mandatos”, señala Pérez.

Asimismo, destaca que se consiguieron “varios record en términos financieros: primer país no europeo en emitir un bono verde en euros, record de demanda, de spread y tasas más bajas de lo estimado (primera vez en Chile para moneda extranjera)”.

Ahora, dice Pérez, “el desafío es usar por lo menos ese monto (2,4 mil millones de dólares) en gastos verdes en los próximos años y hacer la rendición. Estos gastos  ya están destinados según los presupuestos generales de la nación y los ministerios correspondientes y, en el próximo abril, tenemos que publicar un reporte con toda la información que es relevante para los inversionistas. Esta es una práctica que hacen todos los emisores de bonos verdes, no solo los soberanos (de países), sino también corporativos”.

El coordinador ministerial se refiere a los bonos verdes que emiten algunas compañías del sector privado para financiar el mismo tipo de proyectos, destinados a mitigar el calentamiento global.

En Chile varias empresas comenzaron a realizar este tipo de operaciones el año pasado y desde entonces han obtenido un total de US$ 560 millones en bonos verdes y sociales (para iniciativas con impacto social), según datos entregados por la Bolsa de Valores de Santiago a principios de este mes. Lo emisores han sido Aguas Andinas, BancoEstado, Esval, Hortifrut, Caja Los Héroes y CMPC.

En el caso de Esval, por ejemplo, el dinero (US$ 61 millones) está destinado a proyectos de abastecimiento de agua potable, infraestructura resiliente, saneamiento de aguas servidas, acceso a servicios básicos y eficiencia energética. CMPC, en tanto, ocupará estas colocaciones -por unos 100 millones de dólares- para la modernización de maquinaria en la fábrica de Puente Alto y mejoramiento de la planta de tratamiento de residuos de Laja, entre otros proyectos.

Tanto públicos como privados, estos bonos verdes son iniciativas concretas en el camino hacia la reducción de los gases que provocan el calentamiento global y la protección del medio ambiente. Una buena señal a cinco meses de que se realice en el país la COP25, principal conferencia mundial sobre el cambio climático donde, como resume Andrés Pérez Morales, “vamos a ser los anfitriones, pero además tenemos que ser líderes”.