El concepto “greenwashing” o “lavado verde de imagen” tiene su origen en 1986 cuando el ambientalista Jay Westerveld detectó la inconsistencia de un hotel que, al mismo tiempo que reciclaba toallas, destruía ecosistemas en los lejanos paisajes de Fiji. En tanto, la académica de la Universidad de Marymount definió en 2010 al “greenwashing” como la “entrega de información falsa o insuficiente por parte de una organización para presentar su imagen pública como responsable ambientalmente”.

Estos son dos de los antecedentes que recoge el proyecto de ley que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen (boletín 15044-12), que ingresó a la Cámara de Diputados en moción parlamentaria el 31 de mayo de 2022, gracias a la iniciativa de Fundación Basura. El 6 de junio sucesivo, el texto pasó a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja para iniciar su revisión.

“El greenwashing es una estrategia publicitaria que no se condice con el proceso productivo de la empresa, no tiene mejora significativa en el medio ambiente y solo busca reportar réditos comerciales, sin alterar su proceso productivo”, reza parte del proyecto de ley. La comisión encargada del estudio del texto ha invitado a expositores para avanzar en su tramitación y recopilar más antecedentes, a efectos de perfeccionar la redacción del mismo.

En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del pasado miércoles 28, sin ir más lejos, fueron invitadas a exponer la directora de Fashion Revolution, Beatriz O’Brien, y la directora de contenidos de la ONG Ceus Chile, Mariana Cruz. Ambas expusieron de forma virtual ante los presentes. Ese mismo día el presidente de la Comisión, el diputado Daniel Melo, acordó con los otros y otras diputadas votar en general el proyecto de ley este miércoles 5 de octubre. Ese mismo día, además, fueron invitados a la sesión la ministra del MMA, Maisa Rojas, y el abogado y académico José Roa.

Los fundamentos del proyecto

Luego de la votación en general, si es aprobado por la Comisión, el proyecto será sometido a indicaciones para modificar el proyecto original. La propuesta de articulado, en términos generales, que “las empresas que efectúen publicidad de la sustentabilidad deberán entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa y no podrán omitir antecedentes relevantes que puedan inducir a error”. Del mismo modo, el texto aduce que “no podrán publicitarse como sustentables las prácticas o que se ejecuten en mero cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias o de las medidas de mitigación, reparación, compensación o compromisos voluntarios a los que se encuentra obligada la empresa de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente”.

El proyecto también involucra la creación de un reglamento que dictará el Ministerio de Medio Ambiente -previa coordinación con el Ministerio de Economía-, el que nombrará los conceptos, indicadores, estándares y certificaciones respecto a la publicidad de sustentabilidad de las empresas.

Al respecto, el diputado ecologista Félix González, integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y uno de los autores del proyecto de ley, lo califica como un texto “bien armado”, y que será “súper incidente en términos de combatir la crisis climática y proteger los humedales, bosques y océanos, porque hay empresas, desde salmoneras hasta plantas de celulosa, pasando por termoeléctricas a carbón, que utilizan los conceptos de sustentabilidad para confundir a las personas y hacer un lavado de imagen”, cuenta a País Circular.

“Cuando uno ve una propaganda de un detergente que ahora tiene un envase ‘amigable’, pero que solo es un cambio de diseño, ya que es un producto químico envuelto en una bolsa de plástico, es una conducta que hay que sancionar. Esto tendrá un efecto real y poderoso en el cambio en los modelos de negocios y en la calidad de los productos que se ofrecen”, agrega el diputado del Partido Ecologista Verde.

De hecho, otro de los articulados que contiene el proyecto original prohíbe a las empresas hacer publicidad de la sustentabilidad “cuando hayan sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas”.

Igual prohibición, agrega el texto, regirá para las empresas cuyos socios, accionistas, directores o gerentes hayan sido condenados por delitos tipificados en algunos artículos del Código Penal contra “defensoras o defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y cuando hayan sido condenados por prácticas antisindicales o por vulneración de los derechos fundamentales de sus trabajadores”. Otro tanto tiene que ver con que “las empresas que efectúen publicidad de sustentabilidad deberán mantener disponible, accesible y permanentemente actualizada en sus sitios web la información sobre sus prácticas ambientales ejecutadas en el territorio nacional y en los países en los que tienen inversiones, actividades, sucursales y faenas.

Para el diputado González, el concepto de “premiar” simbólicamente a través de esta ley a las empresas que sí son sustentables debería permear la futura ley. “Hay empresas que son verdes, pero la gente les compra a las empresas sucias. El hecho de castigar el lavado de imagen en sí mismo premia a quienes son verdes. No es un incentivo. La ley no tiene solo un afán de castigo, sino que tiene un efecto positivo en las empresas que sí son sustentables”, comenta el legislador.

La legislación comparada

En la misma sesión del 28 de septiembre, la directora de Fashion Revolution, Beatriz O’Brien, justamente hizo hincapié en las empresas textiles que comúnmente incurren en lavado verde de imagen. “Las técnicas de greenwashing se han ido sofisticando”, dijo la representante de Fashion Revolution respecto a la industria de la moda. Explicó que se están desarrollando indicadores de transparencia que buscan dar un primer paso hacia una industria más sustentable verificada, toda vez que el 85 por ciento de las marcas de moda a nivel mundial no reciclan su producción. La experta citó el caso de la empresa H&M, que fue obligada a incorporar ecodiseño en sus productos en Países Bajos.

Al respecto, el diputado González señala que en buena parte de los países de la OCDE cuentan con una legislación ambiental más desarrollada, y que, en este sentido, tienen leyes sobre publicidad sustentable engañosa. “En esos países las empresas no se atreven a hacer greenwashing, pues las sanciones son brutales, no son bajas, y yo soy de la idea de que la crisis climática nos exige ser más drásticos. Creo que hay empresas que deberían cerrar si no lo hacen bien, y en Chile hay multas, ni siquiera se van presos”, asegura el parlamentario. Según el proyecto original, las empresas que contravengan los principales artículos serán sancionadas con una multa de hasta 4.500 UTM.

“Este proyecto es un avance. Es mejor esto que no tener nada. Nada impide, sin embargo, que se incluyan indicaciones con sanciones más duras. Hay un consenso en la Comisión de que es necario rayar la cancha con el concepto sustentable”, complementa Félix González.

La otra expositora del miércoles 28, la abogada y directora de contenidos de la ONG Ceus Chile, Mariana Cruz, propuso la creación de un ecoetiquetado para evitar la conducta del greenwashing. Estos elementos, a juicio de ella, ya existen en países de la Unión Europea para prevenir este tipo de comportamiento empresarial. Considera que el actual es un “buen proyecto”, y que la importancia de éste radica en crear mecanismos que delimiten qué es lo verde o sustentable, y establecer compromisos verificables en actividades industriales y extractivas.

La idea, según el diputado González, es que la futura ley “no sea tan interpretable, y que puedan estar -por decir algo- en una planilla Excel los requisitos principales para que lo que digan que es sustentable, sea realmente sustentable”. Por último, González señala que “hay personas que están produciendo limpio y no pueden ser confundidas con las empresas sucias. Las limpias tienen que ser visibilizadas y no quedar en una nebulosa”.