Publicado el pasado 13 de octubre en el Diario Oficial, el Reglamento General de la Convención Constitucional (CC) definió siete comisiones temáticas permanentes de trabajo que delinearán las normas constitucionales de la nueva Carta Magna. Una de esas instancias es la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, que quedó conformada por 19 representantes, bajo criterio de paridad de género, y coordinada por los convencionales Camila Zárate y Juan José Martin.

Según lo estipulado en el Reglamento General, la Comisión de Medio Ambiente de la CC deberá abordar en la discusión varias temáticas, entre las que destacan: biodiversidad, derechos de la naturaleza y vida no humana, estatuto constitucional y derecho humano al agua, desarrollo sostenible, justicia ambiental y modelo económico.

Cómo se tratarán estos ejes temáticos dentro de una gran diversidad de convencionales constituyentes, y de distintas sensibilidades políticas, es el desafío de la Comisión de Medio Ambiente. A la fecha, se han celebrado tres sesiones, la primera de ellas el simbólico 18 de octubre de 2021, en el segundo aniversario del inicio de la revuelta social que desembocó en el proceso constituyente.

En primer término, a Juan José Martin, uno de los coordinadores de la instancia, le parece muy apropiado abordar medioambiente y modelo económico en una misma comisión, puesto que “la economía ha sido precursora en la destrucción de los ecosistemas y, entonces, unir el aspecto económico con el ambiental permite abrir la discusión sobre una economía responsable en materia de derechos humanos y derechos de la naturaleza”. Agrega que “ni en nuestra mejor esperanza pensamos que lograríamos la unión de estos temas”.

Desde su punto de vista, Ivanna Olivares -integrante de la Comisión, profesora de historia y activista ambiental en el valle del Choapa- cree que la instancia está preparada para generar “nuevos paradigmas de entendimiento para generar nuevas propuestas de desarrollo respetuosas de la naturaleza”, amparados en una “conciencia ecológica que se ha venido sosteniendo en Chile durante los últimos 30 años y que viene acompañada de un paradigma de los pueblos originarios que es respetuoso de la tierra”. En ese sentido, , a partir del trabajo en la Comisión, se va a generar una “nueva institucionalidad ambiental que va a respetar los principios ambientales”, recalca la también presidenta de la comunidad diaguita Taucán.

En tanto, Nicolás Núñez, miembro de la Comisión y de la Asociación Regional Ambiental de O’Higgins (ARAO), apunta que se priorizarán en el debate al interior de la mesa el tema del agua como prioridad para consumo humano, la pequeña agricultura campesina y los circuitos de costo de comercialización de los productos, la protección de los derechos de los animales, entre otros. “No sé si habrá titularidad como sujetos de derechos para los animales, pero sí que dejen de ser una ‘cosa’, como está estipulado en el Código Civil. Pienso que en todos estos temas vamos a avanzar rápido”.

El tema más controversial: el modelo económico

Los tres integrantes de la Comisión coinciden en que la discusión por el modelo económico será el más contencioso dentro de la Comisión de Medio Ambiente. “Pienso que todos los temas económicos serán los más conflictivos. Hay gente que dice que se necesita lo económico para tener mejores condiciones ambientales. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso: las condiciones sociales y ambientales son malas porque se ha priorizado la economía. Queremos poner mejores estándares para que la economía sea mejor, no para frenar cosas. Lo que pasa es que la economía ha operado en desmedro de los derechos humanos”, considera el coordinador Juan José Martin.

Entretanto, Nicolás Núñez apuesta por una fructífera alianza que podría surgir entre los integrantes de la comisión que pertenecen a organizaciones de base y la red de “eco-constituyentes” para fortalecer el trabajo frente a otras posiciones, dice él, que querrán defender el modelo económico imperante.

“Son importantes en ese sentido las audiencias donde recibiremos representantes de la sociedad civil y también ir a los territorios. Sabemos que habrá convencionales de derecha que, si bien son minoría, van a querer defender el modelo y el gran trabajo será hacer dialogar ambas partes. No es casualidad que el modelo económico esté inserto en los temas de esta comisión: la protección del medioambiente propiamente tal implica el replanteamiento de cómo entendemos el modelo económico”, dice Núñez, abogado de profesión.

Similar percepción tiene Ivanna Olivares, para quien “los principios que se posicionan desde las fuerzas ecologistas dictarán la pauta en las discusiones que generen controversia como el modelo de desarrollo económico”. Para ello, agrega la representante, hay que adoptar prácticas de reconocimiento y reparación por el daño ambiental causado por el modelo extractivista: “Si reconocemos que ha habido vulneración de los derechos humanos y de los ciclos ecológicos y de la tierra, recién ahí vamos a tener una discusión con altura de miras para poder reparar integralmente lo sucedido en los últimos 30 años”.

Para ella, las fricciones que se pudieran suscitar por el nuevo modelo de desarrollo “se pueden atenuando en la medida en que suceda este reconocimiento”. Al igual que Núñez, Olivares piensa que las audiencias públicas en la Comisión permitirán robustecer los principios comunes comandados por los convencionales ecologistas. “Es importante que desde allí nos digan que quieren poner mineras donde hay una reserva de glaciares, o lo que sucede con Dominga en la Reserva Pingüino de Humboldt”.

Nueva institucionalidad ambiental y las normas transitorias

Juan José Martin dice que hay temas que estarán 100 por ciento asegurados en la nueva Constitución, como la desprivatización del agua y la garantía de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en cartas fundamentales como las de Bolivia y Ecuador, aun cuando han consagrado los derechos de la naturaleza, eso no necesariamente se ha visto reflejado en una mayor protección al medioambiente y a los ecosistemas.

“Eso lo hemos analizado. Ha habido fallas grandes, pero hay dos formas de resolverlas: primero, hay que tener una institucionalidad que respalde los derechos. Uno puede tener un pergamino griego gigante de derechos, pero si no tiene institucionalidad encargada, no sirve de nada. Otra manera de resolverlo es generar un sistema de justicia y acciones de tutela que permita a todas las personas el ejercicio de estos derechos”, asegura Martin, presidente de la ong Cverde, activista ambiental en La Florida y ad portas de titularse de ingeniero civil en la Universidad Católica.

Al respecto, Nicolás Núñez también apela a diferentes técnicas constitucionales para que los derechos -en este caso, ambientales- consagrados en la nueva Carta Magna logren permear al sistema político vigente. “El articulado tiene que quedar bien concreto y pensamos en artículos transitorios que den una orden para que un plazo determinado se cree un organismo que ponga en ejercicio y práctica las normas ambientales de la nueva Constitución”, plantea.

En esa misma lógica, Ivanna Olivares también cree que la Comisión de Medio Ambiente de la CC deberá dictar normas transitorias que contribuyan a frenar los proyectos extractivistas vigentes. Es decir, que traten de manera “urgente” los problemas ambientales generados por las iniciativas en curso.

Núñez cree que la creación de una defensoría de la naturaleza de carácter jurídico podría ayudar a garantizar los derechos ambientales. El mismo fenómeno, añade Núñez, podría ocurrir con la existencia de más tribunales ambientales en el país, y una nueva forma de organización del Estado, que establezca, por ejemplo, un mapa de cuencas, al igual como se hace con los mapas políticos y mapas físicos”.

Para Juan José Martin, está claro que el estándar ambiental de la Constitución de 1980, reflejada básicamente en el “derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”, será superado: “Todos los ambientalistas tenemos súper claro que ese estándar, aunque parecía innovador en ese tiempo, se quedó cortísimo. Es un derecho humano ambiental per se y no se cumplió: ahora no solo habrá derechos ambientales, sino derechos propios de la naturaleza, institucionalidad propia, acciones de tutela. Parte de los aprendizajes sobre lo que no lograron las constituciones anteriores, y las de otros países que sí lo consiguieron pero fallaron al final, estarán expresados en la Comisión”.

Finalmente, Nicolás Núñez destaca que la Convención se haya declarado en “emergencia climática y ecológica”, lo cual, en su opinión, “no es algo baladí ni hecho al voleo. Es como un estado de excepción constitucional: toda la discusión de los articulados se tiene que dar bajo una lógica de emergencia climática, eso va a permear todo el texto”.