Medio Ambiente / Concesiones marítimas

Contraloría: el 94% de las obras náuticas en el borde costero del Lago Villarrica no tienen concesión marítima

Según un reciente informe del órgano fiscalizador, existen 643 construcciones de apoyo marítimo y recreacional -511 en Villarrica y 132 en Pucón- a orillas del lago que no cuentan con el permiso otorgado por la Capitanía de Puerto de Villarrica. Estos muelles, rampas y otras estructuras tendrían el carácter de ilegal por ocupar bienes de uso público y fiscales como las playas, limitando el acceso y el libre tránsito de la comunidad por el espacio, además de causar impactos medioambientales -dicen algunas ong’s- que agravan el alto nivel de contaminación que ya presenta el lago.

FOTO: Agencia Uno.

Caminar libremente por las playas del Lago Villarrica se ha vuelto una quimera en el último tiempo. Cuando menos, para hacerlo, se deben sortear varios obstáculos que requieren una alta inversión de esfuerzo: rampas; muelles, muros, pasarelas, tuberías y otras estructuras que besan el lecho del lago se han tomado el espacio, causando la molestia de residentes y turistas.

La profusión de estas construcciones, detectada por la comunidad que vive en torno al Lago Villarrica, llevó a la Unidad Regional Araucanía de la Contraloría General de la República a elaborar un informe de reciente publicación cuyos resultados son contundentes: el 94 por ciento de las llamadas obras náuticas construidas en el borde costero del lago, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de abril de 2020, no cuentan con la concesión marítima que exigen disposiciones legales como el decreto con fuerza de ley D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda, y el respectivo Reglamento sobre Concesiones Marítimas aplicable a cada caso.

En dicho intervalo de tiempo, Contraloría detectó 643 estructuras de apoyo marítimo y recreacional -511 en la comuna de Villarrica; 132 en la vecina Pucón- sin la concesión marítima respectiva, por lo que, cita el informe, esta situación “importa la ocupación ilegal de bienes nacionales de uso público y bienes fiscales como playas, terrenos de playas fiscales, rocas, fondo de lago y porciones de agua”.

El documento del órgano fiscalizador, adicionalmente, exhortó a la Capitanía de Puerto de Villarrica -entidad dentro de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Valdivia, dependiente de Directemar, responsable de otorgar conforme a la ley dichas concesiones- a “elaborar un programa de control de la totalidad de las referidas construcciones, a fin de iniciar el proceso de regularización de cada una de ellas”. Cita el informe que dicha regularización deberá desarrollarse durante el año 2021, y que debe remitir la planificación y acreditar su aplicabilidad para al menos 30 de las 643 estructuras en cuestión, exhibidas en el anexo 3 del informe, en un plazo de 60 días hábiles.

“La autoridad marítima al recibir un informe de una inspección efectuada actúa inmediatamente subsanando las observaciones. Llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de los muelles, no olvidar que la Capitanía de Puerto de Villarrica tiene siete lagos bajo su jurisdicción. Hay muelles que a veces son desarmables. Pero hay otros de estructuras permanentes fijas, con hormigón armado. Lo primero que hacemos es notificar al dueño, porque no siempre tienen una vinculación directa con él. Lo otro que sucede es que las casas no están ocupadas permanentemente porque son de veraneo. Se hace un trabajo permanente”, cuenta el gobernador marítimo de Valdivia, capitán de fragata LT, Juan Pablo Colipí.

Pese a la explicación de Colipí, Contraloría verificó que la Capitanía de Puerto de Villarrica “no dispone de un catastro actualizado de las concesiones marítimas vigentes en el borde costero del mentado lago”, por lo que instruyó a la entidad auditada “elaborar el referido registro” y “velar por su oportuna actualización”. Del mismo modo, agrega el informe, “el servicio auditado no dispone de un plan de fiscalización a las ocupaciones ilegales ni procedimientos formalizados para que los formularios que participan en la evaluación de una solicitud de concesión se abstengan en caso de conflictos de interés”.

“(La Capitanía de Puerto de Villarrica) deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades que les asiste a los funcionarios que corresponda, ya sea por acción u omisión en sus actuaciones”.

Extracto del informe de la unidad regional de la Araucanía de la Contraloría General.

En consecuencia, la Capitanía de Puerto referida deberá remitir a Contraloría los documentos que acrediten la “elaboración de dichos antecedentes y su debida implementación sin más dilaciones”, con el fin de “verificar la eficacia de los instrumentos instaurados”. Asimismo, cita otro extracto del texto, la dirección de la Capitanía “deberá instruir un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades que les asiste a los funcionarios que corresponda, ya sea por acción u omisión en sus actuaciones”.

Al respecto, el gobernador marítimo de Valdivia dice que la atribución de la Capitanía de Puerto referida es “darle cumplimiento a la normativa de concesiones marítimas, notificar a los dueños de las estructuras para que se apersonen. Por supuesto que si hay responsabilidades en nuestra unidad tenemos que hacerlas cumplir. Tenemos que instruir un procedimiento administrativo para aquello. De todos modos, los antecedentes que tiene la Contraloría, sobre el 94 por ciento de las concesiones ilegales, están en proceso de análisis para dar las respuestas. Esa apreciación está en proceso de verificación de los puntos que están haciendo referencia”.

El Ministerio de Bienes Nacionales, encargado de administrar el patrimonio fiscal de Chile, tomó nota de la acusación de vecinos y vecinas sobre el uso indebido de estos bienes de uso público y bienes fiscales como las playas del Lago Villarrica. En un reportaje de Chilevisión que denunció estos hechos, el ministro Julio Isamit anunció que desde su cartera implementarán gestiones para fijar los límites de playa en orden de evitar que ocurran episodios similares.

“Muchas veces no se han fijado las líneas de playa; no se sabe dónde están los límites de los terrenos. Como ministerio hemos hecho una pega en eso: fijar las líneas de playas. Y vamos a hacer el estudio de los títulos de dominio: ahí vamos a saber si los muelles o las bajadas de yates están ajustados a derecho; si se determina que es playa y no tiene concesión, ahí la Armada tendrá que ver si cobrarles u ordenar demoler o destruir los muelles”, dijo Isamit a CHV.

País Circular intentó comunicarse con el alcalde de Villarrica, Germán Vergara, para conocer su parecer frente al tema, sin obtener respuesta. Por su parte, desde la Municipalidad de Pucón -cuyo alcalde Carlos Barra se encuentra hospitalizado- dijeron que están en proceso de confección de un informe a Contraloría y que darán a conocer sus resultados en un plazo próximo.

“Los antecedentes que tiene la Contraloría, sobre el 94 por ciento de las concesiones ilegales, están en proceso de análisis para dar las respuestas. Esa apreciación está en proceso de verificación de los puntos que están haciendo referencia”.

Juan Pablo Colipí, gobernador marítimo de Valdivia.

La dura crítica de las ong’s

En la introducción del informe de Contraloría se lee que uno de sus objetivos es, ante la eventual existencia de ocupaciones ilegales en el sector, advertir si pueden influir “en la contaminación del citado lago debido al aumento de la población y embarcaciones durante la temporada estival”.

Desde la ong Propuesta Ciudadana, cuyo fin es promover la sostenibilidad en las comunas de la cuenca del Lago Villarrica (Freire, Pucón, Villarrica y Curarrehue), hay mucha preocupación por las obras náuticas denunciadas por el órgano contralor. Su presidente Jaime Goich señala que estas construcciones agudizan el escenario de contaminación del lago por las faenas de edificación que dejan escombros. Tanto ese tipo de obras como los edificios que se construyen en la ribera del lago constituyen “un peligro para la biodiversidad, el paisaje y los humedales”, agrega Goich.

Sin embargo, desde el proyecto Vigilantes del Lago de la Fundación Red de Nuevas Ideas descartan que estas obras provoquen mayor contaminación al lago, que se encuentra en “zona saturada” y para resolverlo ya existe un anteproyecto de descontaminación. “Es un tema que se arrastra por muchos años, hemos hecho denuncias a las autoridades. Entiendo que algunas se regularizaron, pero eso no es relevante para nosotros desde el punto de vista de la contaminación del lago. La principal fuente de contaminación del Villarrica es el ingreso de nitratos y fosfatos de la piscicultura, y a la descarga de aguas servidas en el radio urbano y rural de las comunas de Villarrica y Pucón”, dice Víctor Durán, presidente de la Fundación Red de Nuevas Ideas.

Sin embargo, ambas ong’s coinciden en que el problema mayor es que estas estructuras atentan contra la libre circulación por las playas del lago. “Es relevante que toda persona tiene que respetar la ley”, añade Durán, mientras que Goich extraña medidas más robustas de Directemar y Bienes Nacionales para subsanar el problema.

“Puedo decir que en ningún lago de Chile se respetan las distancias porque no hay una delimitación de las aguas máximas. Eso permite jugar con los límites de las construcciones. Hay miles de viviendas contiguas a los lagos y ríos que están infringiendo la distancia que deben tener con las aguas máximas. Ninguna autoridad le pone el cascabel al gato”, apunta el presidente de Propuesta Ciudadana. El problema de las “aguas máximas” también es consignado por Durán como uno de los grandes lastres.

Sobre si los muros, rampas o muelles que no tienen concesión marítima debiesen ser demolidos, Goich prefiere no pronunciarse. Opta en cambio por decir que las autoridades no debiesen “permitir que se sigan haciendo cosas adicionales a las que ya se están haciendo”. Desde la Gobernación Marítima de Valdivia aclaran que la solución a este tema depende de muchos organismos del Estado y no son ellos los encargados de determinar si esas estructuras deben ser removidas. Lo que sí, apuestan a hacer respetar la normativa.

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