El reciente fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Habitantes De La Oroya vs. Perú”, marca un hito histórico en la defensa de los derechos humanos en relación con el medio ambiente. En dicha sentencia se condenó al Estado peruano por incumplir su obligación de regular y fiscalizar las actividades del Complejo Metalúrgico de La Oroya, dedicada a la fundición y refinamiento de concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre y zinc. Este fallo, aunque está centrado en una situación específica en Perú, tiene repercusiones significativas para Chile, especialmente en el contexto del complejo industrial Quintero-Puchuncaví.

¿Las razones? En primer lugar, el fallo aborda la cuestión de la responsabilidad del Estado en casos de violaciones a los derechos humanos atribuibles a acciones u omisiones de empresas. La Corte establece que los Estados tienen la obligación de regular, supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas que puedan implicar riesgos significativos para los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano. Esto subraya la necesidad de que el Estado chileno adopte medidas efectivas para proteger a sus ciudadanos de los efectos nocivos de actividades industriales.

En segundo lugar, el fallo enfatiza en la importancia del principio de realización progresiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente en lo que respecta al medio ambiente sano. Esto implica que el Estado tiene la obligación de avanzar gradualmente hacia el cumplimiento de estándares internacionales en materia ambiental, como las normas de emisiones y calidad del aire y del agua establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

En tercer lugar, el fallo destaca la importancia del acceso a la justicia en casos de justicia ambiental. Los Estados tienen la obligación de garantizar la ejecución de sentencias que busquen proteger los derechos fundamentales de las personas, adoptando medidas de manera completa, perfecta, integral y sin demora. Esto significa que el Estado chileno debe asegurar que las decisiones judiciales relacionadas con la protección del medio ambiente se implementen de manera efectiva y oportuna.

El informe de la visita a Chile de David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, reafirma la relevancia de este fallo para el país. Éste estableció que el enfoque basado en los derechos humanos en la regulación y supervisión de las denominadas zonas de sacrificio medioambiental, es crucial para garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la contaminación industrial.

Por estas razones, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Habitantes De La Oroya vs. Perú“ establece un precedente importante para la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Chile. Es fundamental que el Estado y las empresas operen en línea con los estándares internacionales y adopten medidas efectivas para prevenir y remediar los daños ambientales. Este fallo reconoce, además, el trabajo de muchas comunidades y organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día para contribuir al pleno cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental.