Los suelos son la base de la mayor parte de la vida terrestre incluyendo la construcción de nuestras sociedades y las diversas actividades que ello implica. Sin embargo, su importancia comúnmente es invisible pese al rol clave que cumplen en el desarrollo de la biodiversidad y la dependencia del ser humano de este valioso recurso, hasta que enfrentamos desastres que causan alguna forma de crisis ambiental: el reciente colapso del tranque de relaves de Minera Las Cenizas (Las Cenizas 1) en Cabildo, región de Valparaíso, resalta problemáticas que urge tratar desde un marco normativo-institucional ante la vulnerabilidad de nuestros recursos naturales frente al desarrollo antrópico.

En el contexto de cambio global y crecimiento demográfico, la protección de los suelos se vuelve imperativa para asegurar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental y económica de las poblaciones. De hecho, se estima que la población mundial alcanzaría la cifra de 9.000 habitantes para el año 2050, mientras que la disponibilidad de suelos cultivables y habitables se reduciría a la mitad de su superficie, poniendo en riesgo la capacidad de abastecer de alimento a todo el planeta.

Existen diversas causas que explican la degradación de los suelos en el mundo, tales como malas prácticas agrícolas y ganaderas; la aplicación extensiva de monocultivo agrícola y forestal; la deforestación de bosque nativo y la ocurrencia de incendios forestales; los derrames de hidrocarburos y elementos químicos; así como una enorme lista de usos irresponsables de la tierra. En ese sentido, el manejo inadecuado de residuos mineros asoma como una amenaza de daños incalculables para los ecosistemas y la salud de las personas.

Según SERNAGEOMIN (2023), Chile alberga 795 relaves a lo largo de su territorio, mayormente localizados en la región de Coquimbo con un total de 406 pasivos ambientales, seguido de Atacama (185) y Valparaíso (81). Del catastro total, 475 corresponden a relaves inactivos, 176 abandonados, 128 activos, 15 en construcción y 1 en revisión. Territorialmente, al menos 197 relaves se ubican a menos de 1 km de áreas urbanizadas de uso residencial, tanto ciudades como poblados; 416 están a menos de 5 km y el 67% del total a un radio de 10 km de distancia. En ese sentido, existen algunos asentamientos urbanos que se llevan la peor parte: En un radio de 5 km, 120 pasivos ambientales rodean y atraviesan la ciudad de Andacollo (77 inactivos, 35 abandonados y 8 activos); Copiapó posee 97 depósitos (72 inactivos, 17 activos, 5 abandonados y 3 en construcción); y 22 depósitos cercan a Illapel (13 inactivos, 8 abandonados y 1 activo). La COCHILCO (2022) calcula que se vierten más de 600 millones de toneladas de desechos mineros anualmente y se estima que se alcancen los 1.000 millones de toneladas anuales en la siguiente década.

Ante este escenario, el país carece de un marco normativo robusto que aborde efectivamente los desafíos causados por las problemáticas que se generan en torno al manejo de descartes mineros e industriales y que han desencadenado reiterados episodios de contaminación de suelos y aguas, sumado a la permanente polución aérea. Más allá de los diferentes tipos de sanciones que puedan recibir las empresas responsables, la gestión de pasivos ambientales debe ser integral, multidisciplinaria y anticipatoria, considerando las consecuencias que estos generan en el corto y largo plazo.

El caso del relave Las Cenizas 1 es un ejemplo reciente de los devastadores impactos, que incluyen la contaminación de Quebrada Rincón del Chinchorro y el río La Ligua, que pueden surgir por la falta de un manejo pertinente a la magnitud del depósito, más aun considerando que el avance del cambio climático está generando eventos pluviométricos de gran intensidad en periodos de tiempo más acotados que en comparación a las lluvias de hace una o dos décadas atrás. A pesar de ello, el 75,8% de los pasivos del país se encuentran inactivos o abandonados, muchos de ellos junto a poblados y caseríos en zonas rurales, en donde sus habitantes sufren las consecuencias generalmente desapercibidas de la contaminación de su entorno y sus fuentes de abastecimiento hídrico.

Impulsar la restauración y rehabilitación de los suelos es una inversión para el devenir de las comunidades. Esto requiere la voluntad y acción coordinada del sector público y privado, así como del compromiso ciudadano en la defensa y protección de los recursos naturales. La transparencia y el libre acceso a la información, así como la integración de las poblaciones locales, son elementos imprescindibles para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que las decisiones territoriales sean tomadas responsablemente y con visión de futuro, tomando en cuenta las experiencias del pasado para aplicar correctamente en el presente. La tarea de proteger y conservar los suelos es un reto que requiere premura y no conlleva solo a una labor técnica y legal, sino que un compromiso ético y moral con las generaciones que vienen, por ello es necesario actuar con determinación para establecer una institucionalidad ambiental que gestione y promueva un desarrollo sostenible para el medio, y equitativo para los habitantes del país.