El año 2019 la Comisión de Agricultura del Senado mandató a cuatro organizaciones de la sociedad civil, expertas en las ciencias y técnica del suelo, para elaborar un Anteproyecto de Ley que permitiera llenar el vacío en la regulación chilena respecto a dicho ecosistema. Estas organizaciones crearon una mesa científico-técnica que, con la participación de más de 50 profesionales de todo el país, entregó a fines del año 2021 el Anteproyecto encomendado. Este Anteproyecto destacaba por contener una propuesta de Ley Marco que atacaba de raíz los diversos problemas del suelo que enfrenta Chile, entendiendo que antes de regular aspectos particulares de los suelos, es necesario establecer un conjunto de bases esenciales aplicable a todos los suelos del territorio, de forma integral, sin distinciones. Hacerlo de otra forma terminaría por replicar el problema de dispersión normativa con focos, competencias y/o estándares diversos que hemos visto en regulaciones de otros componentes del medio ambiente.

A grandes rasgos, la propuesta de la mesa científico-técnica es clara: es necesario regular el uso y gestión sostenible de todos los suelos de Chile, y resguardar su protección, conservación y restauración, a fin de evitar su destrucción y degradación y promover su identificación, estudio, clasificación y conocimiento. En esta labor, se debe considerar la diversidad de los suelos, sus características, relevancia cultural, paisajística y múltiples funciones y servicios ecosistémicos, pero en ningún caso se debe eximir de su aplicación a ciertos usos, actividades o problemáticas puntuales. Además, es importante destacar que el Anteproyecto contenía una propuesta de institucionalidad que contemplaba la creación de un Instituto Nacional de Suelos responsable de elaborar la Política Nacional para la Gestión Sostenible del Uso del Suelo, la que a su vez debía considerar a lo menos 5 instrumentos de gestión, eco de los principales problemas que enfrentan los suelos en Chile: a) de ordenamiento y planificación territorial, b) de contaminación de suelos, c) de degradación química, física y biológica; d) de mitigación y adaptación al cambio climático; y e) de educación sobre suelos.

Lamentablemente, el Proyecto de Ley que se tramita en el congreso (Boletín 14.714-01) corresponde solo a una fracción modificada del Anteproyecto elaborado por la mesa científico-técnica, ya que fue ingresado por moción parlamentaria y no como mensaje presidencial del gobierno anterior, como estaba previsto y a pesar de contar con el apoyo transversal de la Comisión de Agricultura del Senado de aquella época. Para subsanar esta falencia, el Ejecutivo ingresó a fines de enero de 2024 una indicación sustitutiva que reemplaza el texto completo del proyecto de ley, y que, si bien se basa en el Anteproyecto ya mencionado, es insuficiente para recobrar la integralidad requerida, las bases esenciales que diversos expertos del país señalan como fundamentales para hacer frente a los problemas y desafíos del uso y gestión del suelo.

Son varios los cambios que propone la última indicación, pero en esta oportunidad quisiera referirme particularmente a dos. Primero, es preocupante que un proyecto de ley que busca dictar una regulación marco o general, comience a establecer excepciones para su aplicación. Aquello sienta un mal precedente, ya que podríamos tener tantas excepciones como servicios ecosistémicos nos presta el suelo, con lo que se termina omitiendo el diagnóstico técnico y la propuesta original.

El suelo es un ecosistema complejo, interconectado, sensible, que debe ser regulado de manera integral, de tal forma que admitiendo los diversos usos y actividades que necesitamos, nos permita evitar que su degradación y destrucción siga en aumento. Por ello, es fundamental contar con una ley marco que establezca para todos los suelos del territorio, una misma regulación base inicial, un estándar mínimo sin distinciones, y que a partir de ella avancemos en la regulación o actualización de ciertas materias o actividades particulares.

Y, en segundo lugar, es preocupante que las materias y disposiciones vinculadas con la contaminación de suelos no sean contempladas en un proyecto de ley marco de este tipo. Como se observa en las indicaciones, las disposiciones vinculadas con esta problemática fueron eliminadas, en lo que se entiende como un intento de no interferir en lo que actualmente es regulado a partir de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Si bien esta cuestión puede ser comprensible, la eliminación de estas disposiciones, además de perpetuar la clásica dispersión normativa, impide que demos un tratamiento apropiado a la calidad de los suelos de nuestro país.

Una de las razones importantes por las que estamos tan atrasado en cuanto a la regulación de calidad de suelos, por ejemplo, es precisamente porque las herramientas e instrumentos de gestión de la Ley 19.300 no han sido ejercidos ni son necesariamente apropiados considerando la diversidad y características de los suelos de Chile. Es además cuestionable que instrumentos de gestión como los planes de descontaminación, en la forma en que actualmente están regulados, cumplan efectivamente con el fin para el que se dictan: descontaminar ciertos componentes ambientales. La lógica atrás del proyecto de ley marco de suelos es distinta, por lo que dejar fuera materias tan importantes como la contaminación parece un error importante que necesita ser subsanado.

La experiencia dice que el casuismo y fragmentación en la regulación ambiental no han sido siempre los mejores caminos. Pueden ser una solución momentánea, pero que supone costos, cambios y posiblemente, otro conjunto de problemas sin resolver que terminan afectando a las personas y ecosistemas. Por ello, el proyecto de ley marco de suelos requiere ser complementado, de tal forma que las bases esenciales que se propusieron para regular el uso y gestión sostenible de suelo, así como su protección, conservación y restauración, se integren formalmente a la discusión parlamentaria. Solo así podremos tener realmente una ley marco que regule integralmente al ecosistema suelo.