Esta noche, a partir de las 21 horas, Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en el último “cara a cara”, en el marco del debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), ad portas de la elección de este 14 de diciembre.

Una instancia final para ahondar en sus líneas de acción en diversas temáticas, como seguridad, salud, educación, migración y medioambiente. En este último punto, que no ha sido abordado con gran profundidad en las campañas, ¿qué proponen ambos candidatos en lo que respecta a naturaleza y ecosistemas? Esto es lo que País Circular consultó a Ricardo Irarrázabal, abogado y asesor de José Antonio Kast; y Daniel Melo, diputado PS y asesor de Jeannette Jara.

De acuerdo a Irarrázabal, la prioridad en la gestión gubernamental de Kast estará en lograr una aproximación técnica a los temas ambientales, entendiendo muy bien cuál es el espacio para la decisión política y cuál para la decisión técnica. “Aademás, si bien los temas de cambio climático son relevantes, hay muchos otros que también son extraordinariamente importantes y que están afectando la salud de la población. Por ejemplo, la contaminación en temas de calidad del aire”, afirma el abogado.

Por su parte, Daniel Melo enfatiza que la candidatura de Jara asume que la crisis climática, la emergencia hídrica y la protección de la biodiversidad, van de la mano con el desarrollo sostenible del Chile del futuro, siempre respetando la normativa. “Es  imposible pensar en el desarrollo económico del país sin proteger la naturaleza. Así como tampoco puede ponerse en entredicho la necesidad de que el marco regulatorio, al evaluar proyectos ambientales, tenga altos estándares ambientales”, destaca al parlamentario.

Sin duda, uno de los puntos en los que chocan sus diagnósticos es en el cambio climático, que hoy concita la atención mundial y que también ha sido relevante para el gobierno del Presidente Gabriel Boric. De hecho, recientemente se impulsó la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) que compromete acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la implementación de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa.

Respecto a la agenda de José Antonio Kast, Ricardo Irarrázaval señala que “Chile ya cuenta con una ley Marco de Cambio Climático, que establece una finalidad bien precisa respecto a la carbono neutralidad para 2050, en línea con el Acuerdo de París. Y además establece una serie de instrumentos y toda una gobernanza relacionada a temas de cambio climático”.

“Entonces, hay que avanzar en terminar de implementar esta ley, seguir con mucha claridad la trayectoria para el cumplimiento de las metas y, especialmente, hay un reglamento que todavía está pendiente, que es el de los instrumentos económicos. El artículo 15 de la ley, que hay que sacar rápidamente, para efectos de poder echar a andar y profundizar los instrumentos económicos de la ley. Si eventualmente existe una desviación de trayectoria, poder articular estos instrumentos”, asegura Ricardo Irarrázabal.

En tanto, Daniel Melo subraya que “nosotros partimos de la constatación de que Chile y el mundo viven el fenómeno de la crisis climática y que, por lo tanto, se requiere avanzar en políticas y en medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, de manera muy concreta”.

“Esto -agrega Melo-, en contraste a las propuestas de José Antonio Kast, quien expresa un negacionismo sobre estas materias y trata los temas ambientales como si fueran parte de una ideología, cuando lo que está en cuestión es qué planeta le vamos a heredar a las futuras generaciones, y cómo el país se desarrolla, pero de manera sostenible, con el debido cuidado al medioambiente y respeto a la naturaleza”. 

“Para nosotros es una prioridad el cambio climático y, desde allí, la decisión de poder profundizar, por ejemplo, en los convenios y compromisos globales que tiene el país; [el Acuerdo de] Escazú, la implementación del Acuerdo de París, la relevancia que tiene la NDC a partir de la COP 30, o los cumplimientos de Chile en la agenda 2030, ODS”, declara Daniel Melo, quien acusa que la propuesta de Kast relativiza estos compromisos globales.

En línea con el cambio climático, destacan entre las propuestas de Jeannette Jara el impulso de una Ley de Transición Socioecológica Justa; el desarrollo de nueva infraestructura verde para ciudades sostenibles; y la expansión de la electromovlidad. “Esto último, considerando que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo en materia de transporte público”, subraya el diputado PS, quien integra la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara.

Energía

Energía es uno de los ítems en el que ambas candidaturas ponen especial énfasis en su programa presidencial. Respecto a transición energética, Ricardo Irarrázabal señala que, si bien siempre se aborda desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), hay un segundo foco que tiene que ver con los planes de descontaminación y la reconversión desde la leña, sobre todo en la zona centro y sur.

“Eso también es parte de la lógica de transición energética, que debiera abordarse especialmente desde el Ministerio de Energía, porque es ahí donde se mueve la aguja de los combustibles. Y en esta lógica de transición energética, una de las propuestas es justamente revisar o evaluar qué tan eficientes han sido los distintos planes de descontaminación relacionados con el tema de la leña”, expone el asesor de José Antonio Kast.

“Esta fue una política pública que partió en 2011, con la Norma de Material Particulado Fino, que empezó a monitorear la calidad del aire de todas las ciudades sobre 100.000 habitantes. En virtud de eso, se generaron los planes de descontaminación. Sin embargo, pasado bastante tiempo desde esa política pública, que comenzó la ministra María Ignacia Benítez (20210-2014) y continuó el ministro Pablo Badenier (2014-2017), ya es necesaria una evaluación de los resultados y establecer cómo refrescar esas políticas. También tenemos la Ley de la Leña, pero la verdad es que todavía falta mucho por seguir avanzando”, asevera Irarrázabal, quien fue Subsecretario del Medio Ambiente (2010-2013).

“Entonces, por un lado está la articulación de esa ley y generar planes de descontaminación más eficientes en la consecución de sus objetivos. Pero también en el programa se menciona una mirada a la institucionalidad energética. Principalmente, en hacerla cada vez más técnica”, agrega Ricardo Irarrázabal.

En tanto, otra de las propuestas es abrir espacio con una masiva inversión en almacenamiento, apuntando a proyectos con baterías. “El almacenamiento se vislumbra como una de las tecnologías que va a cambiar el paradigma energético, especialmente en lo que significan las energías renovables y, en particular, la solar”.

“Porque si tú no logras desplazar la energía, tienes que verterla y, entre comillas, se pierde esa energía. Entonces, efectivamente los proyectos mixtos, los proyectos de baterías, son un complemento ideal en las lógicas de energías renovables, en que no hay una suerte de suministro continuo. Tenemos problemas en la Ley de Transmisión, los vertimientos y pérdidas de ingresos para muchas compañías que tienen que verter. Por lo tanto, ahí hay un punto muy relevante en cuanto a la política energética y que debiera fortalecerse, incentivarse e impulsarse”, plantea el abogado.

Daniel Melo, por su lado, destaca que, respecto al tema de transición energética, las energías renovables, que han crecido de manera exponencial, no están desacopladas del uso de energías fósiles, lo cual es un tema a resolver.

Y en cuanto a las medidas concretas, señala que, “nuestra candidata presidencial plantea la infraestructura de transmisión del sistema eléctrico, a través de un plan de descarbonización. Si bien está en la Ley de Cambio Climático, las empresas se acogen de manera voluntaria. Entonces, queda a la buena voluntad de las empresas acogerse a esos planes”.

“También planteamos realizar los cambios que sean necesarios para optimizar la planificación y la implementación de la infraestructura en materia de transmisión del sistema eléctrico. Proponemos el desarrollo del Hidrógeno Verde. Y crear condiciones para que, al 2030, el 20% de la capacidad instalada de generación cuente con almacenamiento. De este modo, se contribuirá a reducir emisiones y bajar los precios. Ahora, la transición energética también implica una transición ecológica, que sea equilibrada y justa”.

Agua

Hace más de 15 años que Chile enfrenta una grave crisis hídrica, principalmente en la zona centro-norte. Y tanto es así que, de acuerdo a un reciente informe del Instituto de Recursos Mundiales, Chile no solo destaca entre los países con mayor estrés hídrico, sino que además podría quedarse sin suministro de agua potable para el 2050.

En esta materia, el programa de José Antonio Kast propone un Plan de Concesiones de Obras Públicas en obras de desalación y reúso de aguas. Asimismo, reforzar la normativa en cuanto a las denominadas nuevas fuentes de agua.

“Uno vislumbra lo que son los proyectos mineros en el norte de Chile, en medio de una situación de escasez hídrica cada vez más compleja, y uno observa que muchos proyectos están en lógica de transición, desde un suministro de aguas continentales, a ir generando mecanismos alternativos. Y también en lógica mixta de transición, en que una parte sigue siendo continental y otra no. Y así va aumentando la cuota del suministro de aguas no continentales, especialmente agua desalada y también agua industrial de reúso”, comenta Ricardo Irarrázabal.

“Pero, lo que ocurre en los temas de desalación y del reúso de agua industrial, es que todavía falta un marco normativo más claro. Actualmente, está en discusión, hay un proyecto de ley, pero falta para mejorarlo. Ahí hay un tema bien relevante de política pública y que a nivel gremial, ya sea minería o el gremio específico de la desalación, está pidiendo con insistencia. Se necesita generar un marco normativo más claro en temas de reúso de agua y de agua no continental”, agrega el asesor de José Antonio Kast.

En el caso de la candidatura de Jeannette Jara, parten de la constatación de que “estamos en un estado de emergencia hídrica y, por lo tanto, necesitamos una modernización de la institucionalidad, así como una Política Nacional de Recursos Hídricos, que tenga la capacidad de poder articular al sector público con el sector privado”.

Según indica Daniel Melo, también es muy importante el rol que juegan las organizaciones de agua potable rural (ex APR, ahora Servicios Sanitarios Rurales) en las comunidades. En este sentido, se busca profundizar la Política de Agua Potable y Saneamiento Rural, con el fin de garantizar el principio del derecho al agua, “que tanto nos costó lograr a propósito de la reforma al Código de Aguas, que estuvo más de 10 años en el Parlamento”.

“Otra propuesta es incorporar infraestructura hídrica multipropósito, a través de proyectos como desalinizadoras, sobre todo pensando en el norte del país; para el consumo humano, pero también para las actividades productivas, siempre apegados a la normativa ambiental. Y también la evaluación de algunos embalses en la zona norte, que permitan mayor productividad, pero por sobre todo en los temas de consumo humano”, recalca el diputado.

Evaluación ambiental

Uno de los temas que genera mayor debate entre los candidatos tiene que ver con sus visiones opuestas respecto a la institucionalidad ambiental. En esta línea, proponen distintos caminos para entregar certezas jurídicas, sin debilitar a los ecosistemas.

Según explica Ricardo Irarrázabal, “ha ocurrido algo bien increíble con la institucionalidad ambiental, especialmente a nivel de las guías. Si lees la Ley de Medio Ambiente y luego los reglamentos, es como que esto que era tan esencial en evaluación ambiental, ha derivado en algo que algunos han denominado un verdadero árbol de Pascua. O sea, que se le han ido incorporando cada vez temas nuevos, que engrosan los temas propios de la evaluación ambiental de proyectos”.

“Y eso ha tenido como resultado, muchas veces, que el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) ha perdido foco en las situaciones de mayor riesgo ambiental. Porque son tantos los temas que se analizan de ángulos tan distintos; desde lo ambiental, desde lo social, desde lo patrimonial, desde lo arqueológico, que la verdad ya cuesta distinguir lo que es relevante de lo que no es relevante, desde el punto de vista del riesgo ambiental”.

“Entonces, la lógica de llevar adelante mejoras a nivel de gestión, específicamente a nivel reglamentaria, va a tener como eje justamente mirar con mayor cuidado y poder generar directrices más claras para diferenciar lo que es relevante de lo que no. Ahí efectivamente hay que hacer una labor y centrar la evaluación ambiental en el entendimiento de que es un procedimiento administrativo que es aprobatorio, salvo que exista una causal de rechazo”.

“Proponemos, por lo tanto, dos grandes reformas. Una primera reforma que tiene que ver con temas de gestión y reglamentos, como eliminar regulaciones innecesarias. Y una segunda, que es retomar la discusión del proyecto de ley que modifica la 19.300, en temas de SEIA; en lógica de fortalecer al Servicio de Evaluación Ambiental en rectoría técnica y darle mayor autonomía. En este proyecto de ley, que está actualmente en el Congreso, entendemos que hay una modificación importante, en que se eliminan las comisiones de evaluación ambiental y se les da la atribución a los Directores Regionales para calificar ambientalmente los proyectos”.

“A nuestro parecer eso es correcto, pero en la medida que exista un consejo técnico que permita evaluar el desempeño de cómo lo hacen esos Directores Regionales y, al mismo tiempo, que tengan la rectoría técnica. O sea, que por ejemplo las guías de evaluación y las modificaciones reglamentarias tengan el parecer de este consejo. Yo creo que bajo esa lógica podríamos avanzar en esta reforma”, detalla el asesor de José Antonio Kast.

Desde el programa de Jeannette Jara, en tanto, lo que proponen es implementar la Ley de Permisos Sectoriales; reducir el tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión; y una planificación territorial con integración de la infraestructura, entre otras medidas.

“Se requiere mejorar los procedimientos y modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero esto tiene que conversar también con estándares altos en materia de evaluación ambiental de los proyectos. Al contrario de lo que plantea Kast, que lo que busca es desregularizar el sistema, bajar los estándares de evaluación, eliminar incluso algunas normativas y, por lo tanto, abrir la cancha para todo tipo de proyectos”.

“Nosotros entendemos que el desarrollo del país tiene que ser de manera justa y sostenible en el tiempo, dando certeza jurídica tanto a los titulares de los proyectos, como a las comunidades y familias que puedan verse afectadas por el desarrollo de determinados proyectos de inversión. No puede pasar a llevar los derechos de las comunidades y, por lo mismo, también apostamos por entregar más herramientas a los entes fiscalizadores, para que los titulares de los proyectos garanticen la salud de la población y el cuidado al medio ambiente”, asevera el parlamentario.

“Yo creo que es efectivo, para que los procesos sean mucho más eficientes, mejorar los tiempos con los cuales se evalúa, pero eso no relativiza la evaluación ambiental de los proyectos. En el marco de modificaciones, nuestro compromiso es a no desregularizar el sistema”, recalca Daniel Melo, quien es magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente.

Minería y Agricultura

También los programas de José Antonio Kast y Jeannette Jara proponen medidas para dos de los pilares económicos fundamentales en Chile. Mientras la minería es el principal motor exportador y generador del PIB, la agricultura supone desafíos que incluyen la seguridad alimentaria y el acceso a nuevos mercados, entre otros.

En minería, el candidato republicano anuncia fomentar la exploración e innovación minera, creando un repositorio digital de información geológica. “En temas de exploración e innovación, hubo una ley tramitada a fines del gobierno de Sebastián Piñera, que generó algunas problemáticas, especialmente para la pequeña minería, como el aumento en el pago de las patentes. Pero no hay un entendimiento claro para que esas patentes no suban de valor, que es el requisito que está en la ley, respecto de que haya labores mineras. ¿Qué son exactamente esas labores mineras desde el punto de vista de la exploración? Ahí, eventualmente, hay que hacer una modificación reglamentaria para ir incorporando una definición más amplia de labores mineras, para evitar ese aumento en el pago de las patentes”, explica Ricardo Irarrázabal.

“Por otro lado, conectándolo con el cambio climático, la contribución de Chile a nivel mundial es de 0,26%, que es menor a la de otros países. Por lo tanto, el país va a estar llamado a jugar un rol muy importante en la descarbonización global, con buenos proyectos de cobre y de litio, evaluados bien ambientalmente, bajo alta exigencia, pero sacando todas las trabas que, muchas veces por temas políticos u otros, han llevado a que estos proyectos no puedan concretarse. Ahí hay una labor mancomunada y una labor país. Es muy importante y, efectivamente, ahí puede estar el gran aporte de Chile a la descarbonización mundial, desde la minería”, argumenta el abogado.

Daniel Melo, por su parte, comenta que “en Chile, una parte importante vive de la minería, a través de esta actividad económica y esperamos que este desarrollo se pueda expandir en los próximos cuatro años de gobierno. Esta es una oportunidad en materia de litio y también de buscar mejorar los estándares de producción de la pequeña y mediana minería. Y de la misma manera, hacernos cargo de los vacíos ambientales”.

“Se busca que la minería juegue un rol esencial en el desarrollo económico del país. Y que ese crecimiento y ese desarrollo beneficie a la familias chilenas. Por eso es tan relevante la aprobación del royalty, por ejemplo, que los sectores de extrema derecha votaron en contra”, recalca el sociólogo.

En cuanto a las metas concretas, dice Melo, destacan aumentar un 25% la cartera de inversiones; poner énfasis adicional en la pequeña y mediana minería; elevar la producción de litio en un 30%; e impulsar un Plan Nacional de Exploración y Desarrollo de Recursos y Reservas de Minerales, entre otras.

Con respecto a la agricultura, José Antonio Kast plantea reforzar la gestión del recurso hídrico, así como incorporar la mayor cantidad posible de hectáreas de riego a la producción nacional.

“Tiene que ver con hacer más eficientes todos los sistemas de incentivos, especialmente desde la Comisión Nacional de Riego. Y privilegiar la superficie, más que criterios que no tengan que ver directamente con lo ambiental”, expresa Ricardo Irarrázabal.

“La verdad es que la eficiencia de lo que son los recursos hídricos es clave para los temas de escasez hídrica. Entendiendo que al final, detrás de eso hay una reconversión tecnológica de la agricultura. Entonces, cuando se otorgan los resultados de los distintos concursos de la Comisión Nacional del Riego, tiene que ser por criterios específicamente técnicos. El objetivo es que se privilegie un enfoque más bien técnico, no así ideológico, para llevar adelante la asignación de los recursos por parte de la Comisión Nacional de Riego”, añade el ex subsecretario.

En el caso de Jeannette Jara, Daniel Melo afirma que la agricultura juega un rol preponderante. “Ahora, la pregunta es: ¿cómo se incorporan innovación, ciencia y economía circular a los procesos productivos? Yo creo que ahí tenemos un desafío importante como país. De la misma manera que, por ejemplo, lo abordamos en la Ley REP en su momento, en los procesos productivos de la agricultura también partimos de la idea de es que es importante incorporar esos conceptos, como la certificación y la trazabilidad. Porque es también encontrar un valor agregado en el escenario de la economía mundial, en nuestras exportaciones”, aclara el asesor de Jeannette Jara.

En esta línea, el programa plantea que, al 2030, todos los nuevos proyectos incorporarán sistemas de gestión circular de recursos. Pero entre otras metas se indica que, al 2028, al menos un 40% de las exportaciones agroindustriales contarán con certificaciones de sostenibilidad reconocidas internacionalmente. Además de fomentar la asociatividad entre la pequeña y mediana agricultura; y fortalecer habilidades y generación de oportunidades que favorezcan la permanencia en el campo.

Biodiversidad

En lo que respecta a la protección de la biodiversidad, si bien José Antonio Kast no presenta propuestas, Ricardo Irarrázabal rescata un punto del programa de Evelyn Matthei que le parece interesante poder abordar.

“Son los temas que tienen que ver con planes de recuperación de áreas contaminadas, históricamente, en lógicas de planes de 10 años, que permitan mirar esos territorios desde las políticas públicas, con los distintos instrumentos del sistema ambiental y cómo podrían aplicarse en los mismos”.

“Ahí yo creo que todavía tenemos un pendiente, mirando esto desde el punto de vista de los temas hídricos, los temas de suelo, los temas de calidad del aire y los temas históricos en relación a estas zonas. Pero hay que mirarlos como una política de Estado, más a largo plazo, para generar mejoras realmente levantes en esas zonas”, reflexiona el abogado en relación a estos temas que no están especificados en el programa de Kast.

Por el contrario, el programa de Jeannette Jara sí incorpora varias medidas de cara a la protección de la biodiversidad. “Primero, tenemos la convicción de que el desarrollo del país debe cuidar su patrimonio natural y ambiental, porque es un patrimonio nacional, pero también de la humanidad. Por eso, nuestro Gobierno va a concentrar la energía en la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”, aclara Daniel Melo.

“Y en eso también tenemos un punto distinto respecto a la candidatura de Kast, porque ellos votaron en contra de este Servicio. Lo ven como un obstáculo para el desarrollo del país. Nosotros, al contrario, queremos darle continuidad y hacerlo una política de Estado. Entonces, la decisión del 14 de diciembre no es sobre lo que vaya a ocurrir en cuatro años más, sino sobre qué país vamos construyendo hacia el futuro”, reflexiona.

En este apartado, destacan medidas como protección animal y de especies nativas en riesgo; parques marinos costeros para la regeneración de ecosistemas; y gestión y gobernanza sustentable de los recursos nacionales, mediante una política de gestión integrada de aguas, suelos, bosques y biodiversidad, entre otras.