Cada 2 de octubre, Chile conmemora el Día Nacional del Medio Ambiente, momento propicio para reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio natural. En este contexto, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ley promulgada hace poco más de un año, es un hito significativo en nuestra historia ambiental. Esta nueva institución tiene el potencial de transformar la forma en que gestionamos y conservamos nuestro patrimonio natural.

Después de 13 años de tramitación en el Congreso y gracias al esfuerzo de diversas organizaciones de la sociedad civil para empujar esta ley, finalmente hemos llegado a un punto de inflexión. Sin embargo, es solo el comienzo. La verdadera tarea ahora es poner en marcha el SBAP y garantizar su efectividad.

Un desafío crítico en este proceso será la integración de las funciones y recursos de instituciones como CONAF, SERNAPESCA, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales. Es esencial que este traspaso de competencias se realice de manera coordinada y eficiente, evitando conflictos que podrían comprometer la protección de la biodiversidad.

Esta tarea requerirá un enfoque técnico preciso, porque el SBAP también está encargado de gestionar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que abarca tanto espacios públicos como privados, terrestres y marinos. Esta labor implica no sólo la consolidación de las áreas bajo seis categorías definidas en la ley, sino también la homologación de las áreas existentes, respetando la diversidad de ecosistemas que existen en el país.

Un aspecto crucial que considerar es que el 82% de nuestra biodiversidad se encuentra fuera de las áreas protegidas. Esto plantea un reto considerable: conservar y gestionar la biodiversidad en áreas productivas y/o contextos urbanos, que en su mayoría son de propiedad privada. Para ello se proponen herramientas como corredores biológicos y planes de manejo para ecosistemas amenazados, integrando así la protección de la biodiversidad en la ecuación para el desarrollo y planificación urbana. Si a esto le sumamos la responsabilidad de fiscalizar tanto las áreas protegidas como las actividades que puedan afectar la biodiversidad, el éxito de esta política se jugará en la capacidad de incorporar al sector privado -con incentivos apropiados, eficientes y crecientes- para la gestión integrada de los territorios de alto valor ecológico y al mismo tiempo, hacer respetar la institucionalidad.

Por último, el financiamiento es un desafío persistente. La brecha operativa estimada para las Áreas Silvestres Protegidas del Estado asciende a $57 mil millones anuales, mientras que las necesidades de inversión alcanzan los $87 mil millones (Figueroa, 2023). La colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil será esencial para abordar esta situación. En este sentido, el Fondo Nacional de Biodiversidad, previsto en la ley, se perfila como una herramienta clave para financiar proyectos de conservación, especialmente en áreas no estatales.

En el Día Nacional del Medio Ambiente, es fundamental reconocer que la conservación de la biodiversidad es una tarea colectiva. El éxito del SBAP dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos, asegurando así la salud de nuestros ecosistemas y el futuro de nuestra biodiversidad.