El informe “Preparando la entrega del ‘testimonio’ en materia ambiental”, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas para la Sustentabilidad, del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la UC (IDS), perfiló la llegada del nuevo gobierno, asumiendo que las políticas públicas -en el caso que incumbe ahora, en materia ambiental- exceden los espacios de una sola administración, sobre todo en Chile en que el período presidencial dura apenas cuatro años y sin posibilidad de reelección.

En función de ello, dicho documento se encargó de abordar 14 categorías ambientales en las que enumeró sus avances y sugirió revisiones y evaluaciones, así como también apuntó una serie de desafíos que debiese considerar el próximo gobierno que se inicia el 11 de marzo, en este caso, del presidente electo José Antonio Kast. Una de esas categorías es “Residuos y Sustancias Peligrosas”, cuyo análisis fue encargado a Claudia Pabón Pereira, profesora asistente en Negocios Sostenibles y Economía Circular de la Escuela de Administración y del IDS UC.

La experta hizo siete alcances concretos en el informe con respecto a las evaluaciones que deberá hacer la próxima administración en materia de economía circular y residuos, a la vez que recomendó avanzar en otros elementos para consolidar la transición hacia una economía más resiliente y más responsable ambientalmente desde el punto de vista de los residuos. 

Así, por ejemplo, en lo relativo a la Ley REP, Pabón Pereira abogó por complementar la lógica imperante de metas de residuos recolectados y valorizados por otras métricas que velen por el análisis del ciclo de vida y la reducción efectiva del uso de recursos vírgenes, lo cual responde a los principios elementales de la economía circular. Del mismo modo, exhortó al gobierno sucesivo a “revisar los mecanismos de ecomodulación relativos a la Ley REP y sus decretos, puesto que el diseño actual puede inducir a decisiones subóptimas desde la perspectiva de la economía circular”. Según la experta, el modelo actual se encuentra “fomentando el perfeccionamiento del reciclaje sin necesariamente considerar la sustitución hacia materiales de mayor durabilidad, mejor biodegradabilidad o con mejores perspectivas de recuperación”.

En términos de residuos orgánicos, Pabón invitó al gobierno entrante a establecer políticas en función de “prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos mediante una política nacional articulada y multisectorial”. Al mismo tiempo, instó a evaluar el estado de avance del proyecto de ley que promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece la gestión de los residuos a nivel territorial, y continuar el apoyo a los programas que impulsan la Hoja de Ruta de Economía Circular al 2040. Finalmente, entre los nuevos desafíos, Pabón citó la urgencia de contar con un ley que consagre el derecho a reparar y el derecho al ecodiseño, ya que “el país debe modernizar sus instrumentos más allá de la Ley REP, incorporando normativas que apunten a la prevención en la generación de residuos”, se señala en el informe.

Más detalles de las propuestas los entrega la propia académica Claudia Pabón Pereira, en conversación con País Circular:

– ¿De qué manera podría migrar la lógica de las métricas presentes hoy en la Ley REP (porcentaje de residuos recolectados y valorizados) hacia una reducción efectiva del uso de recursos vírgenes? ¿Qué problemas presenta la lógica actual, en razón a que a las empresas les está costando cumplir las metas de los decretos, y cómo se podría aspirar a corregirla durante el próximo gobierno?

– La transición requiere cambiar el foco desde métricas operacionales (cuánto se recolecta y valoriza) hacia métricas de resultado e impacto (cuánto material virgen se evita y qué impactos se reducen). Hoy, los porcentajes de recolección/valorización son útiles como indicadores habilitadores del sistema, pero no capturan si efectivamente se está desplazando material virgen ni si la valorización mantiene calidad y “cierra el ciclo” en aplicaciones equivalentes. Esto puede generar incentivos a cumplir metas mediante el manejo de grandes volúmenes con valorizaciones de bajo valor (downcycling), sin reemplazo real de insumos vírgenes, y con costos crecientes para las empresas porque incurren en costo de rediseño de envases, pero se recolecta material que luego no tiene salida o no cumple estándares para reinsertarse en cadenas productivas y que a futuro puede tener que repensarse de nuevo.

Para corregirlo en el próximo gobierno, la Ley REP debiese complementar (no necesariamente reemplazar) las metas actuales con una lógica de ciclo de vida y métricas orientadas a circularidad efectiva: indicadores de desplazamiento de material virgen (por ejemplo, contenido reciclado verificado en aplicaciones objetivo o reducción de material virgen por unidad funcional);  criterios de calidad del material valorizado y trazabilidad (para evitar “valorización” que no retorna a usos comparables); y metas diferenciadas por material y por destino, privilegiando recircular donde se mantiene calidad (por ejemplo, metales) y donde hay beneficios netos claros. Esto debe ir acompañado de condiciones habilitantes: estándares y certificación, señales de mercado (compras públicas y requisitos de desempeño) y ajustes graduales a los decretos para alinear metas con capacidad real de valorización, evitando exigir recolección que el sistema aún no puede transformar en sustitución efectiva de material virgen.

– ¿Qué problemas reconoce en el mecanismo de la ecomodulación que operará en la Ley REP y hacia dónde debiera apuntar una reformulación de esta herramienta a fin de mejorar el ecodiseño?

La ecomodulación se define como el ajuste diferenciado de las tarifas o contribuciones que pagan los productores en un sistema de responsabilidad extendida, en función de criterios ambientales asociados al diseño de los productos, tales como su durabilidad, reparabilidad, reutilización, reciclabilidad y los impactos que generan a lo largo de su ciclo de vida.

En la práctica, la ecomodulación aún no opera en Chile como tal, aunque existen lineamientos en la Ley REP y en el Decreto Supremo N°12 que abren la puerta a su implementación. 

El desafío principal que se debe abordar para aprovechar este importante mecanismo y dar señales claras a las empresas que les ayuden a mejorar su competitividad en el largo plazo, es que, con frecuencia, la ecomodulación se entiende como un incentivo puntual, por ejemplo, descuentos por incorporar material reciclado, sin una definición explícita de los resultados que se busca alcanzar. Esto debilita su capacidad para alinear los incentivos económicos con los objetivos estructurales de la economía circular, como la reducción de la demanda de materiales vírgenes, la disminución de impactos ambientales y la corrección del uso de materiales que no se adecuan a su función o que generan altos costos sistémicos por su baja valorización.

Por tanto una formulación eficiente de la ecomodulación debiese partir por definir con claridad el objetivo mismo de este mecanismo en términos de indicadores de logro verificables. A partir de ello, puede transformarse en un sistema de tarificación previamente evaluado, con criterios transparentes y prioridades materiales propias del contexto chileno, que reasigne costos y beneficios de manera consistente. Para que esta señal sea efectiva, debe ir acompañada de condiciones habilitantes, estándares de diseño y desempeño, información y trazabilidad, y coherencia con la infraestructura de valorización existente, de modo que la ecomodulación pase de ser un principio normativo a una herramienta efectiva para impulsar la economía circular tal y como lo plantea nuestra Hoja de Ruta.

– Ahora en el tema de los residuos orgánicos, algo clave por lo que se percibe en su análisis en el informe, ¿a qué cambios debiese apuntar el proyecto de ley que promueve la valorización de los mismos? ¿Qué falencias reconoce y qué se debería hacer desde el Ejecutivo con respecto a ella?

– En Chile existe la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO Chile 2040) que propone metas concretas de recuperación de estos residuos y un proyecto de ley en tramitación (Boletín 16.182-12). En ese marco, la principal falencia a corregir en la futura ley es la brecha entre metas y capacidad real de implementación territorial: si se quiere separar y valorizar orgánicos a escala, hay que habilitar a los municipios con financiamiento y capacidades técnicas para diseñar, licitar y operar soluciones de bajo impacto (recolección diferenciada, compostaje y/o digestión), además de acompañar el cambio cultural en hogares y comercios para mejorar la separación en origen. 

Por eso, desde el Ejecutivo los primeros pasos debieran concentrarse en instrumentos habilitantes: asistencia técnica y programas de inversión especialmente para municipios con menor capacidad, lineamientos/estándares operacionales y de calidad para la valorización (por ejemplo, compost), y mecanismos que aseguren demanda y uso del producto (áreas verdes, suelos, agricultura) en zonas urbanas junto con la debida habilitación de espacios adecuados, además de la requerida educación y comunicación sostenida con las personas para que ellas vean el valor de su labor de separación. Esto último es clave para poder obtener subproductos valorizados de calidad. 

Es clave que este sistema funcione, porque fortalece la coherencia con la Ley REP: permite que las soluciones compostables cuenten con una gestión efectiva y controlada, alineada con infraestructura y estándares reales, evitando que terminen en disposición final o que contaminen otros flujos de valorización, lo que hoy debilita la eficacia del sistema REP.

Una inédita ley del derecho a reparar

– Y de cara a la implementación de la Estrategia Nacional para Prevenir y Reducir las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, ¿cuáles son los principales desafíos para la próxima administración?

– En Chile, los principales desafíos para implementar la Estrategia se relacionan, primero, con generar condiciones habilitantes sólidas: una gobernanza efectiva que coordine a los distintos actores públicos y privados, y sistemas de medición y trazabilidad estables que permitan contar con líneas base comparables, focalizar esfuerzos y evaluar resultados. En segundo lugar, persisten brechas relevantes de capacidades e infraestructura a lo largo de la cadena, especialmente en postcosecha, almacenamiento, cadena de frío y logística,  que explican una parte importante de las pérdidas, en particular en la agricultura familiar. Finalmente, es clave alinear incentivos, reglas de mercado y prácticas de consumo, de modo que prevenir pérdidas y desperdicios sea económicamente viable y operativamente factible para productores, comercio, servicios de alimentación y hogares, y no solo una responsabilidad voluntaria o comunicacional.

– En el informe se señala que es prioritario integrar la economía circular en sectores estratégicos como la agricultura y la minería. ¿De qué manera se propone hacerlo?

– Para avanzar en la transición hacia la economía circular en sectores estratégicos como la agricultura y la minería, lo primero es reconocer que ambos concentran una parte importante de los impactos ambientales y, por lo mismo, intervenirlos genera beneficios proporcionales (ambientales, productivos y sociales). Si bien existen medidas “incrementales” valiosas, mejoras de eficiencia, reducción de pérdidas y valorización de residuos, el salto relevante consiste en migrar hacia modelos de negocio que minimicen la demanda por recursos y rediseñen sistemas y cadenas de valor bajo principios circulares.

En agricultura, la circularidad se articula naturalmente con el ciclo biológico: operar más alineados con el funcionamiento de la naturaleza, que aprovecha la diversidad y recircula nutrientes. Esto se traduce en cadenas integradas donde subproductos se transforman en nuevos insumos (por ejemplo, convertir residuos orgánicos en proteínas como insectos para alimentación animal) y donde nutrientes retornan al suelo (por ejemplo, estiércoles y otros orgánicos valorizados como fertilizantes o enmiendas). Complementariamente, la lógica regenerativa, muy cercana a la economía circular,  busca crear condiciones habilitantes para que los ecosistemas mantengan y aumenten productividad con menos insumos: por ejemplo, en ganadería regenerativa, mejoras en salud del suelo y manejo del pastoreo pueden reducir dependencia de insumos externos, aumentar rentabilidad y fortalecer resiliencia climática mediante mayor infiltración y almacenamiento de agua, menor erosión y mayor biodiversidad.

En minería, el desafío circular implica expandir el rol del sector más allá de la extracción, avanzando hacia una participación creciente en la vida útil de los materiales: trazabilidad, diseño para circularidad en aplicaciones industriales, recuperación y recirculación de metales, y nuevos esquemas comerciales orientados a desempeño (por ejemplo, modelos tipo “leasing” o contratos de servicio para ciertos minerales y componentes). Para un país como Chile, la pregunta estratégica es cómo capturar más valor no solo en la fase de producción, sino también en el uso de materiales críticos como cobre, molibdeno y litio, fortaleciendo capacidades aguas abajo, estándares técnicos y condiciones de mercado que permitan un uso más eficiente y prolongado de estos materiales en los sectores que los demandan.

– ¿Cuáles serían los resultados esperados de implementar en el futuro una ley que consagre el derecho a reparar y una ley de ecodiseño? ¿Qué aporte más allá de la Ley REP pueden hacer estas dos normativas?

– Implementar una ley de derecho a reparar y una ley de ecodiseño tendría resultados esperables muy concretos: una extensión significativa de la vida útil de productos y activos, una reducción de residuos en origen, menor demanda de materiales vírgenes y, por esa vía, menores emisiones asociadas a la extracción, manufactura y transporte. Además, debiese aumentar la disponibilidad de repuestos, manuales e información técnica, junto con el desarrollo de servicios de reparación, mantención y reacondicionamiento, lo que tiende a generar empleo local más intensivo en mano de obra y a mejorar el acceso y la asequibilidad para los consumidores (al reducir la necesidad de reemplazo prematuro).

El aporte de estas normativas va más allá de la Ley REP porque no se concentran en el “fin de vida” (recolección, valorización y reciclaje), sino en el “diseño y uso”, que es donde se define una parte relevante del impacto ambiental y del valor económico. En términos simples, la REP gestiona lo que ocurre cuando el producto ya se convirtió en residuo; el ecodiseño y el derecho a reparar evitan que llegue a ser residuo tan rápido. Esto permite pasar de una economía centrada en reciclar a una economía centrada en usar mejor y por más tiempo: productos más durables y reparables, diseños modulares, mayor estandarización de componentes, menor obsolescencia, y materialidad ajustada a la función y al ciclo de vida real del bien.  Esto permite que en definitiva la economía reconozca y preserve el valor agregado generado a lo largo de toda la cadena de producción y suministro, haciendo más eficiente el uso de los recursos, el trabajo y los sistemas que la sostienen.

Alinear las metas de la economía circular con las climáticas

– ¿Ha faltado vinculación de los instrumentos con otras estrategias como la de cambio climático? ¿De qué manera se puede corregir?

– Sí, ha existido una débil articulación entre los instrumentos de economía circular y otras estrategias clave, en particular la política de cambio climático. En muchos casos, la economía circular se ha implementado de forma sectorial o instrumental, por ejemplo, centrada en la gestión de residuos, sin una integración explícita con los objetivos de mitigación y adaptación climática.

La evidencia internacional muestra que esta desconexión limita su potencial. El estudio de Circle Economy (2023) señala que la economía global es hoy solo alrededor de un 7 % circular, mientras que la extracción de materiales supera los 100 mil millones de toneladas anuales y explica más del 50 % de las emisiones globales de GEI y cerca del 90 % de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico. El mismo informe estima que la aplicación sistemática de estrategias de economía circular, especialmente en sectores como alimentos, construcción, movilidad y bienes manufacturados, podría reducir hasta cerca de un 40 % de las emisiones globales, además de contribuir a que varios de los nueve límites planetarios retornen al espacio seguro de operación para la humanidad.

Para corregir esta falta de vinculación, es fundamental alinear explícitamente los instrumentos de economía circular con las metas climáticas. Esto implica incorporar indicadores de emisiones y uso de recursos en su diseño, integrarlos en las NDC y en las estrategias de desarrollo de largo plazo, y fortalecer la coordinación interministerial, de modo que la política climática, productiva y ambiental se aborde de manera coherente desde una lógica circular y regenerativa.

– Por último, ¿qué recomendaría usted como primeros pasos para fomentar una economía del reciclaje en Chile y dejar de depender de la exportación de materias primas?

– No recomendaría fomentar una “economía del reciclaje” en sí misma. El reciclaje cumple un rol importante, pero debe entenderse como una estrategia de cierre de ciclo al final efectivo de la vida útil de productos y materiales, después de haber priorizado acciones de mayor valor como el buen diseño, la reparación, la reutilización, entre otros. Si se coloca el reciclaje como eje principal, se corre el riesgo de consolidar un modelo que sigue siendo intensivo en extracción y reemplazo, y que puede derivar en inversiones que luego no sean recuperables una vez que se haga cada vez más obsoleto el uso de materiales de larga vida útil y reciclabilidad compleja y de poco valor agregado como el caso de los plásticos. Chile debe orientar el reciclaje hacia flujos donde efectivamente tiene mayor sentido ambiental y técnico: materiales que pueden reciclarse sin pérdidas relevantes de calidad o valor (por ejemplo, metales), materiales cuyo reciclaje suele implicar menores impactos que la producción primaria (como papel y cartón, dependiendo del sistema), y opciones de envases con potencial de múltiples ciclos cuando el diseño lo permite (por ejemplo, vidrio en esquemas retornables). Dentro de estos nichos, se requieren señales claras para mover la economía hacia el procesamiento y uso local de los materiales que se quiere reciclar: estándares de calidad para material reciclado, trazabilidad y certificación, compras públicas que incorporen contenido reciclado y requisitos de desempeño, e inversión en capacidades industriales para clasificar y transformar materiales dentro del país. Esto es lo que, gradualmente, reduce la dependencia de exportar materias primas y permite capturar más valor en territorio.