Ley de Biocombustibles: actores del mercado confían en que la norma ayudará a reducir la contaminación en el centro-sur de Chile
A un mes desde su publicación, la normativa obliga al ecosistema a modificar sus parámetros de calidad para contribuir a una producción sustentable, trazable y certificada de biocombustibles sólidos como la leña, el pellet y el chip. Desde la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Asociación Chilena de Biomasa y el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco explican las adaptaciones que implica el mandato de la ley. Entre otros varios puntos, la norma dispone que los Centros de Procesamiento de Biomasa deberán registrarse ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y certificarse obligatoriamente para comercializar sus productos.
Tras una ardua discusión en el Congreso, finalmente el 4 de noviembre pasado fue publicada en el Diario Oficial la ley que regula los biocombustibles sólidos. Era una normativa esperada tanto por el sector privado como por las instituciones del Estado, por cuanto establece un marco regulatorio para el mercado de la leña y otros biocombustibles sólidos como el chip, el pellet, carbón vegetal, briquetas, astillas y, en fin, todo combustible elaborado a partir de biomasa (definida en la ley como “la materia orgánica sólida, biodegradable, de origen vegetal o animal, que puede ser usada como materia prima para la elaboración de biocombustibles sólidos”).
El cuerpo de ley apunta a la definición de estándares de calidad en la producción y venta de biocombustibles sólidos que son usados ingentemente en el centro y sur de Chile. Se estima que un 72 por ciento de las viviendas entre las regiones de O’Higgins y Aysén utilizan leña, con especial fuerza en Los Ríos, Los Lagos y Aysén. De ahí que la normativa apunte a reducir los niveles de contaminación atmosférica que afecta a estas zonas del país, promoviendo el uso de una leña obligatoriamente certificada, que cumpla con parámetros altos de calidad y secado, y que no tenga pinturas ni aditivos que liberen sustancias tóxicas.
En rigor, uno de los principales puntos de la nueva ley es que los Centros de Procesamiento de Biomasa (CPB) -es decir, los establecimientos que realizan procesos y acciones para convertir la biomasa en biocombustibles sólidos- y comercializadores deberán inscribirse en un registro que llevará la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que además fiscalizará el cumplimiento de la ley. La misma SEC deberá autorizar a los organismos que se encargarán de entregar certificaciones a los CPB, conforme a “las especificaciones técnicas mínimas de calidad y a la métrica definidas por el Ministerio (de Energía), o que los biocombustibles sólidos cumplan dichas especificaciones, según sea el caso”, reza un fragmento de la ley. Dichas especificaciones técnicas estarán ingresadas en un reglamento que el citado Ministerio deberá dictar en un plazo de 10 meses desde la publicación de la ley, es decir, desde el 4 de noviembre pasado.
Al respecto, Rosa Riquelme, directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) -fundación de derecho privado que depende presupuestariamente del Ministerio de Energía, cuya misión es promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía articulando a los actores relevantes-, cree que la promulgación de la ley “es un gran avance para el sector”. Según la autoridad, “un elemento muy positivo es que la ley considera la implementación de un plan de modernización del mercado de los biocombustibles, dando herramientas al mercado para cumplir con las exigencias de ésta”.
Además, anuncia Rosa Riquelme, la Agencia de Sostenibilidad Energética pondrá a su disposición su experiencia en la implementación de programas como “Leña Más Seca”, “Centros Integrales de Biomasa” y “Sello Calidad de Leña”, todos financiados por el Ministerio de Energía, para el cumplimiento de la ley. La directora ejecutiva de la Agencia recuerda que el Ministerio está realizando un esfuerzo importante para triplicar los recursos asociados a este tipo de proyectos para 2023.
Junto con ello, la Agencia lleva años preparándose para la implementación de la ley de biocombustibles sólidos. “Hemos habilitado perfiles de competencia para operarios/as de maquinaria de corte de leña, encargados/as de operaciones logísticas, controladores/as de calidad y supervisores/as de procesos de producción y comercialización”, comenta Riquelme. El próximo año, adicionalmente, “implementaremos una instancia de formación sobre estándares de calidad de leña para profesionales del área”, agrega la directora ejecutiva.
“La ley viene con una exigencia de estar inscritos en la SEC. No cualquier persona podrá vender estos biocombustibles. Los camiones vendiendo leña por las poblaciones es lo que no debería verse. Debería pasar que la gente vaya al Centro de Procesamiento de Biomasa autorizado, y el Centro también lleva la leña a los hogares, pero con la trazabilidad garantizada”.
El apoyo financiero del Estado
Otro de los elementos relevantes de la ley recientemente publicada es la obligación que recae en el Estado en brindar apoyo técnico y financiero a pequeños y medianos productores de leña para la instalación de centros de secado, de acuerdo con el Plan Nacional del Mercado de los Biocombustibles Sólidos. Este plan, según se lee en la normativa, será elaborado cada cinco años por el Ministerio de Energía en colaboración con otros ministerios y entidades competentes, y deberá comprender, por lo menos, planes de acompañamiento a los pequeños productores y asociatividad entre ellos; fomento de la certificación e inscripción de los Centros de Procesamiento de Biomasa; coordinación entre los programas de reacondicionamiento térmico de viviendas; recambio de artefactos residenciales e institucionales, entre otras.
Ese papel que le compete al Estado a partir de la ley es analizado con optimismo por la Asociación Chilena de Biomasa (AChBIOM), entidad gremial que reúne a productores de materia prima, representantes de equipos, transportistas, empresas de proyectos, academia, certificadoras, entre otras, que están detrás del desarrollo de la biomasa como fuente de energía renovable. Su gerente Antonio Minte aclara que el grueso de sus asociados lo componen productores de chip y pellet, sin tener hasta ahora a productores de leña como parte de la asociación.
“Nuestra primera mirada de la ley es positiva porque es algo que el sector privado venía solicitando hace más de 15 años, junto al sector público. Es bueno que el Estado tenga una herramienta para fiscalizar y controlar el mercado”, asegura Antonio Minte, para quien la aplicación de la ley “no debería ser problema” para sus asociados productores de chip y pellet, ya que “están más industrializados y debería ser más fácil adaptarse a la ley”. No pasa lo mismo, agrega el representante de la Asociación Chilena de Biomasa, con los productores de leña, a quienes el Estado debería entregar “un apoyo en encaminar y acompañarlos para que puedan certificarse”.
Según Rosa Riquelme, de la AgenciaSE, el principal cambio que induce la ley tiene que ver con “la incorporación y mejora del proceso de producción de los biocombustibles sólidos, los que deben estar dirigidos al secado del combustible, en el caso de la leña”. En esa línea, en la AChBIOM comentan que la certificación de los Centros de Procesamiento de Biomasa es voluntaria, pero que con la ley será obligatoria.
“El Sello Calidad de Leña es voluntario y define un conjunto de condiciones que deben cumplir los comerciantes para ofrecer un producto de calidad. Es un reconocimiento que entrega el Ministerio de Energía a través de la AgenciaSE a los comerciantes de leña que están haciendo bien las cosas. Se espera que las especificaciones técnicas que se deberán cumplir una vez implementada la ley sean muy similares a lo que exige hoy el Sello Calidad de Leña”, añade Riquelme.
Por su parte, Antonio Minte, gerente de la AChBIOM, también valora ciertas disposiciones obligatorias contenidas en el cuerpo legal: “Ahora viene con una exigencia de estar inscritos en la SEC. No cualquier persona podrá vender estos biocombustibles. Los camiones vendiendo leña por las poblaciones es lo que no debería verse. Debería pasar que la gente vaya al Centro de Procesamiento de Biomasa autorizado, y el Centro también lleva la leña a los hogares, pero con la trazabilidad garantizada”.
Según Gustavo Fuentes, director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Temuco -comuna en la que, junto a Padre Las Casas, rige un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) que se actualiza periódicamente-, existe una ordenanza municipal que regula el mercado de la leña, y que deberá ajustarse a las nuevas exigencias y los requerimientos de la ley de biocombustibles sólidos.
“Nosotros tenemos varios problemas asociados a la leña que viene de comunas aledañas a la capital regional. Estamos analizando los puntos que atañen a nuestras facultades, pero sabemos que tenemos que ajustar nuestra ordenanza a los nuevos requerimientos legales”, cuenta Fuentes, quien presentará ante la alcaldía un proyecto de construcción de un centro de procesamiento de biomasa municipal, que “permita ser el gran centro de comercialización de la leña desde un recinto municipal”.
De hecho, por la misma informalidad del mercado, no se sabe exactamente cuántos centros de procesamiento de biomasa existen en el país. Según Rosa Riquelme, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, la ley permitirá determinar la cantidad exacta de estos centros de procesamiento. Existen distintos registros a nivel regional y nacional, también estimaciones sectoriales de la cantidad de centros de procesamiento, todos diferentes entre sí; pero, en general, el tema de la información en el mercado de la leña es muy complejo”.
“El Sello Calidad de Leña es voluntario y define un conjunto de condiciones que deben cumplir los comerciantes para ofrecer un producto de calidad. Es un reconocimiento que entrega el Ministerio de Energía a través de la AgenciaSE a los comerciantes de leña que están haciendo bien las cosas. Se espera que las especificaciones técnicas que se deberán cumplir una vez implementada la ley sean muy similares a lo que exige hoy el Sello Calidad de Leña”.
El uso cultural de la leña
Uno de los aspectos que salta a la vista es cómo la ley abordará el uso cultural que tiene la leña en amplios sectores de la sociedad chilena, en especial, en el centro y sur de Chile. Y, en ese sentido, Rosa Riquelme, directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética, cree que la ley puede implicar un cambio cultural, de la mano de otras medidas que dependen del Estado.
“Hay que considerar que el problema de la contaminación en Chile tiene como principal factor, en la zona centro sur, la forma en que nos calefaccionamos. Esto se caracteriza por al menos 4 elementos: alta demanda de energía por la escasa aislación térmica, bajo presupuesto y por tanto nula calidad del combustible, antigüedad del parque de calefactores y manipulación inadecuada de artefactos que aumentan la generación de material particulado. La ley permite abordar uno: la nula calidad del combustible. Esperamos que al existir hoy las facultades para que se pueda fiscalizar esa calidad, sea un disuasivo para su venta y que los hogares consuman leña de calidad, disminuyendo los contaminantes generados por estos factores”, complementa Riquelme.
Por su parte, Antonio Minte, de la Asociación Chilena de Biomasa, reconoce el problema del uso cultural de la leña en Chile, pero que ese ejemplo se replica a nivel mundial, toda vez que la leña es el biocombustible menos costoso para los sectores más vulnerables. “La leña no es la culpable de la contaminación, sino el mal uso de ese biocombustible. Esa conducta se debería modificar a medida que haya una mejora en la calidad del producto y de los equipos. Sabemos, además, que hay un mal uso de ellos, ya que tienen mucha interacción de los usuarios, cosa que no ocurre con el formato pellet, cuyos aparatos están más tecnificados”, dice. Coincide él con el análisis de Rosa Riquelme en circunstancias de que “las casas en Chile no cuentan con una aislación térmica adecuada y eso provoca que consumamos más combustible del adecuado”.
Bien sabe de esta situación Gustavo Fuentes, encargado de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco, ciudad que sufre los embates de la contaminación atmosférica por leña. Aquí, Fuentes apela a la consideración del Estado, que los pueda apoyar a difundir la ley para hacer un uso adecuado de los combustibles.
“Los planes de mitigación que podamos proponer tienen que ir acompañados por agentes gubernamentales. El uso de la leña es una condición social y económicas, y apuntamos a presentar ideas innovadoras a través del centro de procesamiento de biomasa municipal, que permita a los productores una oportunidad de certificar su producto, y a la vez buscar una subvención para los sectores más vulnerables”, subraya Fuentes.
Por último, prevé Rosa Riquelme de la AgenciaSE, “la regulación también permitirá competir con otros energéticos que sí cumplen con estándares de calidad, y por lo tanto los consumidores podrán evaluar y preferir los energéticos según la necesidad del hogar y la capacidad de pagos. Considerando esto, la idea es poder avanzar hacia formas de calefacción más limpias, y que en los casos donde se siga usando leña, se haga de la mejor manera posible: seca, con un origen sustentable, en un calefactor eficiente. En la medida en que avancemos en esa dirección, además de los otros factores mencionados, podríamos ver efectos en los niveles de contaminación presentes en el centro-sur de Chile”.
Finalmente, Antonio Minte apunta hacia un factor relevante que abordará la ley: la trazabilidad de la biomasa. “A la biomasa no le basta ser carbono neutral: tiene que ser sustentable. No puede ser que se comercialice una biomasa que venga de bosque nativo que se esté degradando por sobreconsumo. Por lo tanto, es muy importante que los centros de procesamiento de biomasa demuestren su trazabilidad, y seguramente habrá restricciones en las dimensiones en que se vendan los palos de leña y tendrá mucha menos humedad”.