“Lo primero que hay que decir es que los cambios en la institucionalidad del agua tienen que hacerse ahora. Cada año que pasamos sin hacer las modificaciones necesarias suben mucho los costos de la inacción, que son económicos, sociales y ambientales”.
Así de tajante es Paul Dourojeanni, líder de Gobernanza e Institucionalidad de Escenarios Hídricos 2030 (EH2030), cuando se le pregunta sobre la urgencia de transformar en Chile la forma en que se gestionan y se toman las decisiones en torno a los recursos hídricos.
Esta necesidad fue lo que motivó a EH2030 a desarrollar una propuesta para una nueva institucionalidad hídrica en el país, que fue presentada a fines de octubre por esta iniciativa creada en 2016, bajo la coordinación de Fundación Avina, Fundación Chile y Fundación Futuro Latinoamericano, con el propósito de aportar al logro de la seguridad hídrica nacional.
Dourojeanni comenta que uno de los atributos de la propuesta que presentaron, y que le da robustez y amplias posibilidades de ser implementada, es el hecho de que fue construida en un proceso participativo con una amplitud “inédita” en torno a este tema, subraya. “Durante un año y medio estuvimos realizando talleres, reuniones, mesas técnicas, encuentros sectoriales, entre otras actividades; en total participaron más de 700 personas, pertenecientes a 371 instituciones, entre ellas municipios, organismos públicos, organizaciones de usuarios de agua, ONGs, empresas, gremios, servicios sanitarios rurales, universidades, por mencionar algunas”.
Asimismo, explica el especialista, algo distintivo es que en este proceso participaron personas de distintos territorios del país, desde Arica y Parinacota hasta Los Ríos, y especialmente de las cuencas hidrográficas de Maule y Maipo, que han sido cuencas piloto para este trabajo. Es decir, los territorios fueron parte del proceso de construcción, dice.
Y es que sin los territorios y sus habitantes, comenta, es imposible llegar a las mejores decisiones y aplicarlas de forma eficiente. Esa es, precisamente, una de las mayores falencias de la institucionalidad actual, de acuerdo con el análisis de EH2030 que, junto con los diálogos multisectoriales, realizó más de 30 entrevistas con informadores clave, analizó al menos 8 casos internacionales, y revisó más de 50 documentos, entre ellos informes y propuestas previas sobre la materia, tanto nacionales como internacionales.
Desde los territorios
Dourojeanni explica que cuando se habla de territorios en relación con los recursos hídricos se refiere particularmente a las cuencas hidrográficas, que son reconocidas internacionalmente como la unidad territorial óptima para gestionar los recursos hídricos.
“La cuenca es el espacio terrestre donde se da gran parte del ciclo natural del agua, como nos enseñaban en el colegio: la precipitación cae, llega al suelo y va desplazándose por este territorio desde la parte alta hasta el punto más bajo, tanto de forma superficial como subterránea”, explica Dourojeanni. Así, si existe degradación de las zonas altas de un río eso tiene un efecto directo en la calidad y cantidad de agua en la parte baja.
Esta interrelación se replica en las 101 cuencas del país y es lo que hace indispensable que la gestión de los recursos hídricos se haga de forma integral y sistémica, con la participación de todos quienes habitan esas zonas, señala el especialista.
-En estos momentos la mitad de las comunas del país están con decretos de escasez hídrica vigentes, lo que da cuenta de la gravedad de la situación ¿Por qué es importante un cambio institucional en estas circunstancias; no bastaría con empezar a aplicar soluciones tecnológicas, soluciones basadas en la naturaleza y otras medidas que están disponibles?
Hemos visto que no existe la capacidad actual de las instituciones para proponer y ejecutar soluciones innovadoras y preventivas, que serían de más bajo costo y más eficientes. Esto quiere decir que la institucionalidad está hecha para soluciones en el evento de una crisis, pero no están preparadas para adelantarse a esa crisis y adaptarse a las nuevas situaciones. Por ejemplo, cuando se quiere ejecutar medidas novedosas, como soluciones basadas en la naturaleza, vemos que todo el aparato público y privado no está teniendo la capacidad de coordinación para poder implementarlas con la urgencia que se requiere, debido a que no están contenidas en las glosas, las evaluaciones de su impacto, ni tampoco en las directrices o lineamientos de una política o a nivel institucional.
En un estudio previo, que publicamos en 2019 (Transición Hídrica), identificamos las causas de los problemas de brecha y riesgo hídrico, y solo el 17% están relacionadas con el cambio climático, mientras que 44% tiene su base en la gestión y gobernanza, y el porcentaje restante también se debe a intervenciones antrópicas.
Entonces, el cambio institucional se necesita para establecer un sistema que permita adaptarse a los cambios sociales y ambientales, y al mismo tiempo poder establecer medidas que se puedan ejecutar ahora, en el corto plazo.
En resumen, la institucionalidad que tenemos ahora no está siendo capaz para enfrentar los desafíos actuales, ni los que se nos vienen.
-Entonces, ¿la implementación de soluciones adecuadas, en el tiempo correcto y de forma eficiente, no es posible con la institucionalidad actual?
Exacto. Y sobre todo en las escalas apropiadas, porque la institucionalidad que tenemos es muy centralista, decide medidas desde un escritorio en Santiago para todo el país y se pierde la conexión con los territorios. Hay cuencas que tienen potencial para cierto tipo de medidas, pero al no haber una decisión desde los niveles locales es muy difícil implementarlas; actualmente la decisión tiene que pasar por el nivel central y luego se devuelve, eso causa una demora, una pérdida de la urgencia, e implica no poder hacer las cosas de inmediato.
-La propuesta de EH2030 incluye la creación de organismos de cuenca y un organismo nacional, ambos con dos entidades: una técnica (Autoridad) y una política (Comité), ¿cómo funcionan, como se relacionan entre ellos?
Dada la experiencia internacional, es claro que para poder implementar medidas no solamente se necesita de la mejor ciencia, la parte técnica, sino también la voluntad política; solo así se puede hacer de mejor forma y se pueden priorizar las soluciones, medidas y acciones. (…) Entonces, estas dos entidades (técnica y política), tanto a nivel nacional como a nivel de cuenca, se relacionan horizontalmente. Los Comités -de cuenca o nacional, según sea el caso- definen los objetivos que se quieren lograr en el territorio. Mientras, la Autoridad de Cuenca y la Autoridad Nacional son los entes técnicos que, sobre la base de los datos científicos, deben definir cuáles son las mejores opciones para alcanzar dichos objetivos, y así acortar la brecha hídrica (diferencia entre la demanda y la oferta de agua disponible en las fuentes) o resolver problemas de riesgos hídricos (asociados a los eventos extremos, como inundaciones). Una vez que eso se define, se presentan los proyectos o los planes a consulta en el Comité, que debe ratificar el plan, de modo que sus integrantes también se hagan parte de él.
Si solo hubiese una capacidad técnica -y es lo que está pasando hoy-, al no considerar la participación ciudadana, los proyectos normalmente son dejados de lado. Eso se evita con la creación del Comité -donde participan constantemente el sector público, privado, la sociedad civil y la academia-, porque deben ponerse de acuerdo en la implementación y luego tienen la obligación de implementar el plan, con debidos mecanismos de rendición de cuentas.
Es muy importante esta interacción entre lo político y lo técnico. La discusión comienza a partir de los datos, pero es un proceso continuo de co-construcción, donde los actores están siempre involucrados, desde el levantamiento de la información, la búsqueda de priorización, hasta la definición de una hoja de ruta con medidas, acciones y soluciones. Esto acorta los tiempos y facilita la implementación porque se va integrando a los actores.
-Pero en la práctica el Comité podría rechazar las medidas aunque tengan sustento científico, tiene el poder de decisión…
En todas partes del mundo donde esto funciona ha sido un trabajo continuo, donde se van generando las confianzas y entendiendo el proceso. Como en Chile no tenemos esta experiencia sabemos que en un principio va a costar. Probablemente la Autoridad va a proponer un plan, el Comité va a rechazar algunas medidas, y así el plan se va haciendo más específico, y las acciones concretas en que hay acuerdo se van a implementar. Si hay medidas en las que no están de acuerdo todos, se dejan y se discuten después. Pero hemos visto que existe gran consenso de soluciones en los territorios.