El 4 de agosto pasado, el proyecto de ley que regula la distribución de alimentos aptos para el consumo humano dio un paso sustantivo en la Cámara Alta. Por unanimidad, la sala del Senado aprobó la iniciativa que permitirá evitar que la comida descartada por productores o comercializadores de alimentos vaya a parar a la basura. El proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su discusión en segundo trámite constitucional.

La inminente entrada en vigor de la ley que impide el desperdicio de comida, ingresada a trámite legislativo el 21 de julio de 2015 por los senadores Guido Girardi y Manuel José Ossandón, llena de expectativas a las organizaciones que recuperan de alimentos desde ferias, supermercados y otras instancias. Entre ellas figura el banco de alimentos Biobío Solidario (uno de los tres bancos de alimentos que existe en Chile), la Fundación Retroalimenta y la Fundación Mingako, entidades que han seguido muy de cerca el avance del proyecto en el Congreso.

En lo medular, la ley tiene por finalidad “disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para consumo humano en cualquier punto de su cadena productiva, recuperarlos, distribuirlos, promover su consumo y fomentar sistemas alimentarios sostenibles”, según se lee en el texto legal. La ley define los “alimentos aptos para consumo humano” como aquellos “productos alimenticios inocuos para el ser humano cuya comercialización se ha vuelto inviable por razones estéticas, defectos en su embalaje, envoltorio o rotulación o por la proximidad a la fecha de su vencimiento”.

Si la ley provoca altas expectativas en las instituciones que rescatan alimentos es porque prohíbe explícitamente la destrucción o pérdida de comida y, del mismo modo, fija la obligación de donarlos o entregarlos gratuitamente a intermediarios o bien a receptores finales como juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias, colegios y organizaciones que trabajen con poblaciones vulnerables.

La urgencia ante la pandemia y el hambre

El volumen de alimentos que se pierde en el mundo, en los diferentes eslabones de la cadena, sobrepasa cualquier capacidad de raciocinio: 1.300 millones de toneladas, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). En Chile no hay estudios acabados respecto del tema; sí un par de estudios más sectorizados. Pero una de las organizaciones que recupera alimentos –Fundación Retroalimenta– maneja una cifra de 3,7 millones de toneladas de comida que se despilfarran en nuestro país anualmente.

Este año, además, la temática es particularmente sensible debido a la irrupción de la pandemia. Las cuarentenas parciales decretadas por el Gobierno, sin apoyo económico suficiente, han obligado a las familias chilenas a prescindir de su fuente laboral, con lo cual han emergido padecimientos como el hambre y la malnutrición. De ahí que Fundación Retroalimenta (@retroalimenta en Instagram) considere que la aprobación de la ley es urgente para mitigar la necesidad alimentaria de la población.

“Es un descriterio que en plena pandemia y crisis social estemos botando comida que está en perfecto estado y manteniendo ollas comunes donde la gente apenas puede recibir un alimento de calidad. La ley va en completa sintonía con la problemática actual. Hay que ser coherentes: si queremos resolver un problema de hambre, tenemos que legislar sobre los principales comercializadores de comida como las ferias y supermercados, y evitar que la comida se pierda”, cuenta Darío Contreras, presidente de Fundación Retroalimenta, ONG que procura recuperar alimentos que son dados de baja en restoranes y ferias, y organizar actividades de esparcimiento a través de la cocción y consumo de dichos productos.

Retroalimenta partió como la versión chilena del movimiento ciudadano Disco Sopa, que justamente busca generar conciencia mundial acerca del perjuicio originado por el despilfarro alimenticio. Con el tiempo, los líderes de Disco Sopa en Chile se vieron en la necesidad de contar con personalidad jurídica y así nació Retroalimenta. Entre las principales líneas de acción destacan las “cosechas solidarias”, a través de las cuales rescatan excedentes de alimentos en campos y ferias para ir en apoyo de instituciones de caridad. La última “cosecha solidaria”, antes de la pandemia, fue en marzo pasado.

Por otra parte, justamente a raíz de la expansión del COVID-19, Retroalimenta abrió otra área para abastecer a las ollas comunes que proliferan por el país. Liderada por Karla Flores y Pablo Ilabaca, miembros de Retroalimenta, la campaña se asoció con el restorán La Table para llevar almuerzos a la toma Dignidad de Peñalolén, con el objetivo de satisfacer las necesidades imperiosas de la población más vulnerada. En sintonía con ella, existe otra campaña llamada “Festín sin desperdicios”. En conjunto, Retroalimenta ha recuperado 15 toneladas de alimentos.

En tanto la ley obliga a los productores y comercializadores a donar los alimentos, Darío Contreras cree que a Retroalimenta le permitirá “ampliar” su rango de acción en lo que refiere a ayuda social. Es decir, según él, “enlazarnos a supermercados para obtener insumos de comida buena que haya sido descartada para, por ejemplo, hacer un comedor social”.

La misma reflexión hacen en Fundación Mingako, organización de voluntariado de la comuna de San Bernardo que concentra sus esfuerzos de rescate de descartes de comida en uno de los tres bancos de alimentos que existen en Chile: el del mercado Lo Valledor, al cual están asociados desde 2017 para abastecerse de verduras y frutas desechadas por criterios estéticos. Dos años atrás, cuando Mingako (@fmingako en Instagram) inició operaciones, recolectaban frutas y verduras de las ferias libres de San Bernardo.

“Recibimos con alegría que el proyecto haya sido aprobado por unanimidad en el Senado. Sí creemos que debe tener carácter de urgencia. No es congruente un actuar que sea por el bienestar de la comunidad con el desperdicio de alimentos, sabiendo que la población requiere esa comida. Es un problema de soberanía alimentaria que se arrastra con una crisis social que se profundizó con la pandemia”, explica la directora y coordinadora de captación de Fundación Mingako, Nicole Vergara, para quien es valiosa la ampliación del espectro desde las entidades que pueden donar alimentos.

En la misma línea se posiciona Biobío Solidario, el único banco de alimentos del sur de Chile, ubicado en Concepción (los otros están en Santiago: Red de Alimentos y Lo Valledor). Este banco de alimentos penquista cuenta con tres líneas de rescate de alimentos en grandes volúmenes: verduras y frutas (Vega Monumental), industria agroalimentaria (con empresas como Nestlé, Carozzi, Watts en Megacentro de San Pedro de la Paz) y pescados congelados de Frigorífico Pacífico. También realizan “cosechas solidarias”.

Con esa variopinta fuente de provisiones, logran abastecer a 60 organizaciones solidarias que a su vez entregan alimentos gratuitos a 31 mil personas de comunidades vulnerables en las regiones del Biobío y Ñuble. Hasta ahora han logrado revalorizar, en promedio, 64 toneladas mensuales. Cerca del 70% son frutas y verduras.

En conjunto, según consigna la página web de Biobío Solidario (@biobiosolidario en Instagram), el proyecto ha recolectado casi 3.000 toneladas de comida. Partió en 2014 al alero de Red de Alimentos, el primer banco de alimentos de Chile, pero en 2016 adquirió personalidad jurídica propia y emprendió camino independiente.

“Si se llegara a aprobar la ley, sería maravilloso, porque abriría la posibilidad de rescatar más alimentos. Hay empresas de la agroindustria que no saben que existe esta posibilidad, que les permite ahorrar gastos. Nosotros como Biobío Solidario deberíamos duplicar la cantidad de alimentos recuperados”, comenta Clahudett Gómez, gerenta del exclusivo banco de alimentos de la zona sur del país.

Los desafíos que surgen de la ley

Pese a que Retroalimenta respalda absolutamente el contenido de la ley porque “se cambia de un modelo en que se todo se bota a la basura por otro de reutilización de alimentos en buen estado para personas que no tienen fácil acceso”, hay algunos temas por revisar.  Uno de ellos, según Contreras, es saber a qué clase de multas se exponen productores y comercializadores que incumplan la normativa. El artículo 16 del proyecto es el único que refiere a las sanciones para quienes infrinjan la normativa: ahí se señala que las infracciones serán sancionadas en virtud de lo que dicta el Libro X del Código Sanitario.

Otro tanto que no aborda la normativa, según Darío Contreras, de Retroalimenta, es la necesidad de crear por ley más bancos de alimentos en Chile para recibir donaciones.

Sin embargo, para Clahudett Gómez, de Biobío Solidario, la creación de nuevos bancos de alimentos no necesita estar contenida dentro de la misma ley. A cambio, Gómez plantea que éstos surgirán “espontáneamente” en la medida de que haya más alimentos disponibles para entregar a instituciones. Ciertamente, la gerenta de Biobío Solidario reconoce que Chile debiese tener “bancos de alimentos en todas las regiones”, tal como ocurre, dice ella, en Argentina.

En tanto, Fundación Mingako sostiene que las organizaciones de voluntariado debiesen ser consagradas en la ley como receptoras de alimentos. Por ahora, la fundación que ejerce su trabajo en San Bernardo tiene que buscar alianzas como otras redes para poder hacerlo. En efecto, el documento no menciona a las entidades de voluntariado, por lo que Mingako intentará convencer a la Cámara de Diputados de presentar una indicación que incluya a este tipo de organizaciones para ser receptoras de alimentos descartados.

De todas maneras, dice Nicole Vergara, de Mingako, la ley debe ir acompañada de un proceso profundo de educación ambiental para que ésta tenga efectos duraderos en la población. “El tema de la educación para frenar esta problemática es un factor clave. Es cosa de ver nuestro entorno: compramos más de lo que necesitamos. Hay que planificar compras a conciencia. Botamos muchos alimentos que se echan a perder en los refrigeradores”, opina Vergara.

La representante está abocada con Mingako a fortalecer el nuevo proyecto surgido en mayo, en plena pandemia: la Minga Popular por la Resiliencia Comunitaria, que apoya a cinco ollas comunes de San Bernardo -una de las primeras comunas cuyos vecinos salieron a la calle a protestar contra el gobierno por el mal manejo de la crisis sanitaria y económica- y potencia la economía local. Esta minga se surte no solo de los aportes del banco de Lo Valledor. También lo hace de los rescates del primer banco de alimentos de Chile: Red de Alimentos. Ellos recuperan ingentes cantidades de comida desde casinos, hoteles, supermercados y otros establecimientos.

“La minga es una hermosa cadena de colaboración por un bien común que trabaja cuidando el medioambiente, donde además de comida, se comparte y disfruta amor, empatía, resiliencia y resistencia”, detalla la coordinadora de captación de Mingako.

“Semana a semana recuperamos en estos dos bancos de alimentos. En Red pagamos una tasa de recuperación muy baja para el mercado; en Lo Valledor es gratuito. Aportamos con 1.700 platos y 300 canastas familiares por semana. Necesitamos complementar la alimentación para que sea digna y nutritiva para las familias que lo están pasando mal”, complementa Nicole Vergara.

La suma de las campañas de Mingako permiten cifrar en 7,5 toneladas los alimentos recuperados que iban a ser botados a la basura. Además, han logrado destinar a compostaje 2,5 toneladas de residuos orgánicos de las ollas comunes, y más de 30 kilos de plástico transformados en viseras de protección facial para niños y niñas del Liceo Industrial Miguel Aylwin Gajardo, de la comuna de San Bernardo, que las usarán cuando retornen las clases presenciales.

Respecto del compostaje, la ley también tiene algo que decir. Sin ir más lejos, todos los alimentos de descarte que, por caso fortuito o fuerza mayor, no pudieran ser destinados a consumo humano por los productores o comercializadores, podrán destinarlos a otros fines: consumo animal y compostaje. Otro punto clave es que la normativa obliga a dichos establecimientos a mantener un registro de trazabilidad de la comida entregada a intermediarios o receptores finales con los que suscriban convenios.