Los desafíos que surgen de la ley
Pese a que Retroalimenta respalda absolutamente el contenido de la ley porque “se cambia de un modelo en que se todo se bota a la basura por otro de reutilización de alimentos en buen estado para personas que no tienen fácil acceso”, hay algunos temas por revisar. Uno de ellos, según Contreras, es saber a qué clase de multas se exponen productores y comercializadores que incumplan la normativa. El artículo 16 del proyecto es el único que refiere a las sanciones para quienes infrinjan la normativa: ahí se señala que las infracciones serán sancionadas en virtud de lo que dicta el Libro X del Código Sanitario.
Otro tanto que no aborda la normativa, según Darío Contreras, de Retroalimenta, es la necesidad de crear por ley más bancos de alimentos en Chile para recibir donaciones.
Sin embargo, para Clahudett Gómez, de Biobío Solidario, la creación de nuevos bancos de alimentos no necesita estar contenida dentro de la misma ley. A cambio, Gómez plantea que éstos surgirán “espontáneamente” en la medida de que haya más alimentos disponibles para entregar a instituciones. Ciertamente, la gerenta de Biobío Solidario reconoce que Chile debiese tener “bancos de alimentos en todas las regiones”, tal como ocurre, dice ella, en Argentina.
En tanto, Fundación Mingako sostiene que las organizaciones de voluntariado debiesen ser consagradas en la ley como receptoras de alimentos. Por ahora, la fundación que ejerce su trabajo en San Bernardo tiene que buscar alianzas como otras redes para poder hacerlo. En efecto, el documento no menciona a las entidades de voluntariado, por lo que Mingako intentará convencer a la Cámara de Diputados de presentar una indicación que incluya a este tipo de organizaciones para ser receptoras de alimentos descartados.
De todas maneras, dice Nicole Vergara, de Mingako, la ley debe ir acompañada de un proceso profundo de educación ambiental para que ésta tenga efectos duraderos en la población. “El tema de la educación para frenar esta problemática es un factor clave. Es cosa de ver nuestro entorno: compramos más de lo que necesitamos. Hay que planificar compras a conciencia. Botamos muchos alimentos que se echan a perder en los refrigeradores”, opina Vergara.
La representante está abocada con Mingako a fortalecer el nuevo proyecto surgido en mayo, en plena pandemia: la Minga Popular por la Resiliencia Comunitaria, que apoya a cinco ollas comunes de San Bernardo -una de las primeras comunas cuyos vecinos salieron a la calle a protestar contra el gobierno por el mal manejo de la crisis sanitaria y económica- y potencia la economía local. Esta minga se surte no solo de los aportes del banco de Lo Valledor. También lo hace de los rescates del primer banco de alimentos de Chile: Red de Alimentos. Ellos recuperan ingentes cantidades de comida desde casinos, hoteles, supermercados y otros establecimientos.
“La minga es una hermosa cadena de colaboración por un bien común que trabaja cuidando el medioambiente, donde además de comida, se comparte y disfruta amor, empatía, resiliencia y resistencia”, detalla la coordinadora de captación de Mingako.
“Semana a semana recuperamos en estos dos bancos de alimentos. En Red pagamos una tasa de recuperación muy baja para el mercado; en Lo Valledor es gratuito. Aportamos con 1.700 platos y 300 canastas familiares por semana. Necesitamos complementar la alimentación para que sea digna y nutritiva para las familias que lo están pasando mal”, complementa Nicole Vergara.
La suma de las campañas de Mingako permiten cifrar en 7,5 toneladas los alimentos recuperados que iban a ser botados a la basura. Además, han logrado destinar a compostaje 2,5 toneladas de residuos orgánicos de las ollas comunes, y más de 30 kilos de plástico transformados en viseras de protección facial para niños y niñas del Liceo Industrial Miguel Aylwin Gajardo, de la comuna de San Bernardo, que las usarán cuando retornen las clases presenciales.
Respecto del compostaje, la ley también tiene algo que decir. Sin ir más lejos, todos los alimentos de descarte que, por caso fortuito o fuerza mayor, no pudieran ser destinados a consumo humano por los productores o comercializadores, podrán destinarlos a otros fines: consumo animal y compostaje. Otro punto clave es que la normativa obliga a dichos establecimientos a mantener un registro de trazabilidad de la comida entregada a intermediarios o receptores finales con los que suscriban convenios.