Tras el llamado realizado ayer por la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR) al gobierno, respecto de ser considerados como una “actividad esencial” ante un eventual escenario de cuarentena general en el país, un nuevo instructivo de gobierno para la entrega de permisos de desplazamiento en cuarentena los incluyó hoy explícitamente entre los servicios de utilidad pública sujetos a este beneficio.

De esta forma, quedan autorizados a solicitar los permisos los “trabajadores de empresas recolectoras de basura, de transporte de residuos, fosas sépticas, rellenos sanitarios, limpieza y lavado de áreas públicas, y personal contratado por empresas e instituciones que transporten y procesen materiales reciclables, embalajes y envases.

“Es un logro”, dijo hoy Alejandro Navech, gerente general de ANIR, aunque agrega que “solo es un avance, pues se permite el traslado y por lo tanto se sub-entiende que ante una cuarentena total los trasportes y plantas debería ser autorizadas para continuidad operativa, pero creo que en caso de cuarentena total esa autorización ya sería en forma individual (empresa por empresa), y no por sector”.

Esto porque se trata de una regulación distinta a la establecida por el Ministerio de Economía respecto de lo que se considera una “actividad esencial”, y que es distinta de los permisos de desplazamiento para los actuales decretos de cuarentena. Esta establece que, ante una eventual cuarentena nacional, “existen ciertos servicios que debiesen asegurar la continuidad de funcionamiento debido a su importancia para el abastecimiento básico de la población o cuya paralización cause grave daño a la salud, la seguridad nacional o a la economía del país”.

Por ello, dice Navech, “es que seguimos enviando una lista de empresas del rubro reciclaje en forma particular para su visibilidad a las autoridades”. La principal preocupación del gremio es que ante una cuarentena nacional se ponga en riesgo la operación de las plantas de reciclaje y valorización que existen el país.

Esto, señalan en la industria, implicaría un riesgo no solo para los cerca de 10.100 personas que trabajan en las empresas socias de ANIR, sino también para los 60 mil recicladores de base del país, para quienes la recolección del reciclaje implica el sueldo de su familia.