Salud y medio ambiente
La idea matriz descrita en la iniciativa legal es “prohibir la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” (31% de los cuales son en Chile responsabilidad de la generación eléctrica). Esto con al menos dos propósitos principales: honrar los compromisos del país en el marco del Acuerdo de París para frenar el calentamiento global, y combatir los efectos nocivos que la contaminación del aire generada por dichas centrales produce en la salud de las personas y externalidades negativas en los suelos y agua donde se encuentran instaladas.
Ante la comisión de la Cámara, la ministra del MMA, Carolina Schmidt, no profundizó en ese aspecto y apuntó a los factores económicos que estarían relacionados con el proyecto de ley. “Es importante legislar conociendo todas las variables, porque la idea es que sea un beneficio para el medio ambiente, pero también para las personas. Es decir, que no sea más cara la energía”, dijo.
Frente a estas declaraciones, el diputado Ibáñez señaló que “se han expuesto estudios en los que se da cuenta que transformar la matriz de forma rápida es técnicamente viable, pero requiere inversiones y voluntad política. A nuestro parecer la inversión en energía limpia, si bien es costosa en un inicio, se paga por lejos en calidad de vida, salud y bienestar del medio ambiente”.
“Lamentamos que la ministra Schmidt no haya sido capaz de relevar estos aspectos en la discusión y más bien se haya plegado al discurso defensor de las generadoras del Ministerio de Energía. Falta una voz en el gobierno que defienda realmente el medio ambiente y la salud de las personas”, añadió.
En la fundamentación del proyecto se hace referencia a los severos daños que causan los residuos de las termoeléctricas en la salud de las personas que viven cerca de ellas. Entre otros estudios se menciona un informe desarrollado por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encargado por Chile Sustentable para las comunas de Tocopilla, Huasco y Mejillones, publicado en agosto de 2019.
Entre los resultados destacan cifras alarmantes, como que el riesgo de morir por una enfermedad cerebrovascular en Huasco es 281% mayor que el promedio nacional; las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas de las vías respiratorias es 139% más alta y la presencia de pacientes con asma es casi cuatro veces mayor que en el resto del país.
En Tocopilla, el riesgo de fallecer a causa de tumores malignos en tráquea, bronquios y pulmón es 172% mayor, mientras que las atenciones médicas de pacientes con patologías crónicas de las vías respiratorias y con enfermedades isquémicas del corazón prácticamente duplican a las del promedio nacional. Los datos de Mejillones, en cambio, no arrojaron diferencias estadísticamente significativas con el resto del país.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, señalo que los planes descontaminación para esas comunas no se han cumplido, y “esas poblaciones hoy en día están siendo violentadas en su garantía constitucional de tener un medio ambiente libre de contaminación” (Artículo 19, N°8).
En cuanto a las razones ambientales y sanitarias del proyecto, el senador De Urresti cree que son muy importantes y son, además, las que las personas perciben con mayor nitidez, porque les afectan directamente su salud y su calidad de vida.
“La calidad del aire es tan importante como el acceso al agua, es vital. No sirve tener un gran ‘desarrollo económico’ a costa de la población de algunos territorios, si al final esas personas no podrán disfrutar de las supuestas ventajas de ese desarrollo. Las personas deben ser el centro de cualquier modelo de desarrollo. Para eso, junto con la modernización tecnológica y el cambio de matriz energética, debemos avanzar mucho en materia de ordenamiento territorial”, señala el senador del PS.
En relación a los daños ambientales, De Urresti es tajante: se necesitan regulaciones que garanticen que no se superarán los límites aceptables y que, si ello ocurre, habrá sanciones. “Hasta ahora a muchas empresas, todo su impacto les ha salido gratis. Y no se dice, pero existen estudios que demuestran de qué manera, además de vidas, el país pierde importantes recursos debido a esta situación. No podemos seguir en esta lógica de que, por la necesidad energética, que siempre es el fantasma que se agita, las empresas tengan utilidades y deba ser el Estado el que se haga cargo de sus externalidades”.
Próximos pasos
Consultado sobre la posible llegada del proyecto al Senado, De Urresti cree que es un poco aventurado estimar cuál será el resultado y los tiempos de tramitación que aún le quedan a este proyecto en la Cámara. “Ahora deberá ser votado en la sala y volver a la comisión (…). Además, se trata de una moción que está sin urgencia, frente a la cual seguramente el gobierno buscará reaccionar. Después de la votación en la sala tendremos una mejor apreciación sobre el futuro de este proyecto”.
Sobre el resultado en la sala, el diputado Ibáñez es cautamente optimista: “La oposición ha demostrado ser capaz de alinearse para impulsar aquellos proyectos que son fundamentales y urgentes para enfrentar la crisis que representa el Covid-19, así que creemos que eso debe repetirse en este caso”.
Larraín no aventura resultados, pues cree que “el gobierno está con bastante presión de las empresas, especialmente de AES Gener”. Si bien admite que en el Congreso “hay consenso en que hay que cerrar las carboneras lo antes posible”, cree que “los diputados y senadores oficialistas pueden ser leales al gobierno en el sentido de no querer apurar más al ministro”.