Un dicho popular plantea que “la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo”. En materia de sostenibilidad, la premisa debiera ser al revés: la economía no solo debe parecer sostenible, sino serlo. Subrayar este punto no es antojadizo, pues se han hecho habituales prácticas como el greenwashing o el socialwashing, donde las empresas usan para su publicidad acciones supuestamente amigables con el medio ambiente o con sentido social, pero que son solo apariencia.

Sobre este punto, la directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, subraya que la mejor forma de garantizar que una actividad sea realmente sostenible es mediante la transparencia, es decir, que pueda ser medible y monitoreada por la ciudadanía.

Von Wolfersdorff, alemana radicada en Chile, fue la primera mujer en integrar el directorio de la Bolsa de Comercio -cargo al que renunció a fines del año pasado-, y desde comienzos de este año es parte -y presidenta- de la “Comisión Asesora Ministerial para mejorar la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público”, órgano consejero del Ministerio de Hacienda. La especialista ha adquirido mayor notoriedad pública a partir de mayo cuando, junto a un nutrido grupo de personas y organizaciones, lanzó una convocatoria para que las medidas que se impulsaran para la reactivación económica post pandemia tuvieran un carácter sustentable.

Ese llamado a la acción, a aprovechar la crisis y repensar las formas de producir y de consumir, con “mejores estándares de transparencia, tanto desde el Estado como en las empresas e inversionistas”, fue firmado por más de 1. 800 individuos y casi 700 organismos de toda índole. Sin embargo, los grandes gremios empresariales no se han sumado.

En el marco de la Cuarta Semana del Clima, Von Wolfersdorff realizará mañana, a las 10.30 horas, una presentación sobre “Criterios para una reactivación económica sostenible”. La actividad, en formato virtual y organizada por el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA), de la fundación alemana Konrad Adenauer, es gratuita, previa inscripción (www.semanadelclima.cl).

 -¿Cuáles son los criterios que debe contemplar una reactivación sostenible?

En el llamado a la acción que realizamos en mayo señalamos que la reactivación de la economía tiene que ser bajo los principios de la sostenibilidad y de la resiliencia. Eso significa hacerse cargo no solamente de los aspectos pendientes en materia medioambiental y social, sino también de la falta de transparencia que existe en el aspecto de sostenibilidad en los mercados, en las empresas, en los inversionistas, para poder así dar incentivos adecuados.

La gran pregunta es cómo hacer que esta reactivación no sea un concepto teórico de marketing, sino una promesa cuyo cumplimiento todos los ciudadanos podemos ir observando y monitoreando.

Desde mi punto de vista, el principal criterio para una reactivación sostenible es que tiene que ser medible, transparente, con datos claros y criterios confiables, para lo cual ya existe una taxonomía internacional. Aun así, vemos ahora que a nivel mundial, inversionistas, empresas de auditoría, reguladores y distintos stakeholders están justo pidiendo avanzar más allá. Se han creado múltiples sistemas de medición, índices, y estándares a los cuales hace falta darles una base común que permita comparar empresas, con información de calidad. Actualmente, la mayoría de las empresas dicen que son sostenibles, pero ¿cómo definen eso, qué significa en verdad? ¿Significa que contaminan algo menos… o que realmente son sostenibles?

– Esto es válido también para Chile, ¿qué se está haciendo al respecto?

También en Chile, para monitorear cuán sostenible y favorable contra el cambio climático es nuestra reactivación económica -y para saber cuán sostenible es, en general nuestra economía- es necesario crear un estándar que permita comparar empresas, sectores, regiones en materia de sostenibilidad. De ese modo, en el marco de la reactivación, se podría observar cómo esas distintas regiones, rubros y compañías –según tamaño- van evolucionando efectivamente, reactivándose de manera sostenible.

Por ejemplo, por parte del Ejecutivo hemos visto un compromiso de que un 30% de la inversión pública total -presupuestada en general y vía el FondoCovid-, unos 34 mil millones de dólares entre 2020-2022, será bajo criterios de sostenibilidad; se entiende que en materia de obras públicas habrá obras que son de economía circular, otras que contribuyen a la NDC (compromisos nacionales en el contexto del Acuerdo de París), y otras que sencillamente tienen que cumplir el marco normativo actual en materia medioambiental y social. Pero no hay más detalles.

En este sentido, es importante hacer un llamado al Ejecutivo para que pronto le diga a la ciudadanía cómo podremos monitorear esa inversión, cuáles son los indicadores clave (KPIs) para ver cómo vamos a definir la sostenibilidad de esas obras públicas y poder comprobar que, efectivamente, lo que se va financiando y ejecutando responde a criterios sostenibles. Sabemos que el Ministerio de Hacienda, a través de su Mesa de Finanzas Verdes, se encuentra trabajando en el desarrollo de una Plan de Acción para desarrollar una taxonomía de actividades verdes que se espera entregar durante el primer semestre del próximo año. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente ha estado abordando en específico el tema de la infraestructura pública en respecto a su sostenibilidad, y se sabe que hay una mesa de trabajo con la dirección de OO.PP. con el objetivo de tener indicadores. Pero el llamado es a tenerlos ahora, a no esperar más, para poder iniciar ya el monitoreo desde la ciudadanía.

– ¿Existen en el país alguna forma de realizar esa medición de cumplimiento?

En materia de datos -independiente de la reactivación sostenible-, lo que tenemos en el país es sumamante precario. Por ejemplo, las cifras sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se publican de forma bienal y el último informe es de 2018, con datos de 2017. Los datos abiertos también cubren solo hasta el año 2017. Pero en el siglo XXI, donde estamos en la era de la data, necesitamos conocer las emisiones ojalá pocas semanas después de que se hayan producido; ya deberíamos tener las de 2019 y en pocos meses las de este año, y además diferenciadas por región, comuna y sector económico. Esto permitiría saber dónde –por ejemplo- las emisiones van aumentando, dónde van disminuyendo, y así, a través de la transparencia, ir alineando los incentivos para todos los actores, emparejar la cancha, ir evolucionando sobre la base de evidencia y datos.

Y esto no es solo en el caso de los GEI, necesitamos indicadores para distintas materias de sostenibilidad, así como para aspectos de concentración económica. Esto último, porque ninguna economía es sostenible si es excesivamente concentrada (…) se requieren esas mediciones para reaccionar a tiempo y no tener choques bruscos -y correcciones bruscas-. Contar con data más oportuna permite observarar lo que pasa en nuestra economía, y así permitiría prevenir riesgos de mejor manera.

-¿Qué pasa con los grandes gremios empresariales en estas materias? 

No confío y no puedo confiar en ningún actor de la economía que habla de sostenibildiad si no realiza a la par una propuesta de cómo medirla y cómo mostrar que su sector hace avances. Esto no lo he visto en ningún gremio empresarial. Sí hablan de sostenibilidad y tienen proyectos piloto sostenibles, pero para que sea estructural y se entienda la sostenibilidad como la base y no como algo bonito adicional, tienen que responder cómo van a medir los avances y cuáles podrían ser inclusos sus metas en el futuro. Esto no lo han hecho.

Los gremios empresariales no se han unido al llamado a la reactivación sostenible, los grandes inversionistas tampoco. Pero hay que destacar que sí se han sumado muchas empresas grandes, medianas y pequeñas, así como distintas agrupaciones, que además han estado muy activas pidiendo que los grandes se hagan cargo del desafío y firmen este compromiso.

Creo que la única forma de evitar el populismo, greenwashing, socialwashing, así como otras manipulaciones, es mostrar datos.

-¿Cree que estos temas deban abordarse en el debate constitucional?

La discusión constitucional ya está instalada y el tema económico, que es muy sensible, va a ser clave. Creo que es sumamente necesario que las grandes empresas y gremios se sumen haciendo propuestas estructurales en materia de sostenibilidad, porque eso permitiría descomprimir algunas presiones por tratar de solucionar todo en el debate constitucional; no todo se soluciona ahí y mientras más reformas, modernizaciones se pueden encaminar desde el propio sector, más constructivo y relajado va a ser el debate acerca de nuestra nueva constitución.

La industria tiene desafíos enormes en materia de sostenibilidad, de concentración económica, de transparencia, y la nueva Constitución debería abordarlos conceptualmente, a nivel de principios, pero necesitamos avanzar como país en paralelo, porque las consecuencias del cambio climático son ahora. También la concentración aqueja en especial ahora, cuando hay riesgos de consolidación por la crisis económica, y cuando necesitamos volver a la senda del crecimiento con más innovación, y más empresas de todos tamaños participando en ello.

-¿Cómo se vincula la sostenibilidad económica con el ámbito político?

En Chile enfrentamos un enorme reto, porque somos un país excesivamente concentrado en su economía -lo que va de la mano con una excesiva concentración de riqueza a nivel de las personas- y eso no es sostenible democráticamente, porque tensiona el sistema político. El poder que tiene ese pequeño grupo que es la elite económica permea todos los ámbitos de la sociedad, como los medios de comunicación, las fundaciones, los centros de estudio, el Congreso, y eso tensiona el sistema.

Como dijo Aristóteles hace más de dos mil años, en su maravilloso libro Política, un sistema económico excesivamente concentrado no es compatible con una democracia sostenible; para que una democracia se sostenga se necesita mayormente de una clase media importante, que es lo principal de la polis. Aristóteles también mencionó que los hijos de la elite tienen que estar en el mismo sistema educativo que los hijos de las otras personas en la polis (…) Si vemos los problemas que tenemos en Chile -y esto se ha debatido bastante-, se deben a que nuestra elite está muy desconectada, y debido a que su poder permea todos los niveles de la sociedad, entonces se distorsiona la política pública.

Por ejemplo, los últimos días hemos visto el debate irracional del segundo retiro del 10% de las AFP; me parece que es una muy mala política pública, pero sigue siendo la respuesta a una gestión política que no es capaz de canalizar soluciones con un mínimo de equidad entre todos los ciudadanos, independiente de su origen. Si la gente no ve avances en eso, entonces se buscan otras soluciones y se producen las tensiones que hemos visto.

-¿Se refiere a la falta de sostenibilidad social, a los problemas de desigualdad?

Chile es uno de los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según señala el Global Wealth Report 2019 del Credit Suisse, institución que a fines del año pasado hizo, además, una interesante encuesta que mostró que el 80% de los chilenos dicen que se sienten gobernados por una pequeña elite que opera en su propio favor. Según data reciente del World Inequality Database, en Chile el 10% de ingresos más altos concentra el 60% del ingreso (pre-impuestos), posicionándonos como uno de los países más desiguales del mundo según este indicador. Esto es solo comparable o superado por los países más desiguales en Africa.

Abordar esa concentración económica es clave para alcanzar una economía sostenible y proteger nuestra democracia. Sabemos que como país tenemos que enmendar el rumbo no solo en lo medioambiental, sino también hacer reformas para que el mercado sea menos concentrado, más competitivo y más innovador.

De hecho, mucho más importante que reformar al mercado laboral, preparándolo para la digitalización, mucho más estratégico es preguntarnos cómo podemos hacer que nuestro mercado sea menos oligopólico (dominado por un pequeño número de grandes empresas). Y si es imposible evitar que sea oligopólico en algunos sectores, entonces la pregunta debería ser cómo llevar transparencia a esos oligopolios, para evitar abusos; o cómo regularlos para que se permita crecer a esa clase media de empresas que necesitamos que crezcan, cómo evitar que sean los grandes gremios los que controlan el debate y bloqueen a otros actores.

-¿Cómo está Chile en términos de transparencia?

Los datos del  Dow Jones Sustainability Index (DJSI) muestran que Chile ha hecho algunos avances, pero tiene mucho que aprender todavía; también en la región, por ejemplo, de Colombia. Ahora, el Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso está preparando el próximo “Informe de Progreso” de empresas listadas en América Latina, según datos del “Corporate Sustainability Asessment 2020” para el DJSI. Será muy interesante y habrá que estar atentos a estos resultados.

Acerca de nuestra agenda anticorrupción quizá lo más importante que nos falta es implementar el registro de los Beneficiarios Finales (“Beneficial Ownership”) de empresas que operan en Chile, para saber quiénes son los dueños finales de las empresas. Es curioso que en Chile no exista, porque es un estándar OCDE, y una herramienta importante contra actividades ilícitas, desde el financiamiento al terrorismo, el narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, evasión de impuestos, entre otras. En la región ya está siendo implementado por Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

Esto también es importante en materia de sostenibilidad, porque si se sabe que una persona posee un porcentaje (dentro de un rango) como propietario final en una empresa, independiente de todas las cascadas, eso provoca que finalmente este dueño va a procurar mucho más que su empresa se comporte bien con sus stakeholders (grupos de interés).

– ¿Cuál es el impacto de esto?

Hay estudios que señalan que la violencia aumenta bajo el anonimato, como en protestas cuando alguien se cubre la cara o cuando en las redes sociales no se identifica, tiende a ser más agresivo. Pienso que con el anonimato puede pasar lo mismo a nivel de las empresa: sin conocer los dueños de una empresa, esta probablemente puede actuar de forma más agresiva. “Darle una cara” a las compañías, al conocer sus dueños finales, provocará que su directorio debería estar más atento del comportamiento de la empresa frente a sus partes interesadas.

Las personas jurídicas, en su origen nunca fueron diseñadas para opacar al que está detrás, pero en la práctica, se presta para esconder quién es la cara real, el humano detrás de un ente corporativo.

Hay una indicación de tres senadores que piden al Ejecutivo materializar este Registro Único de los Dueños Finales de las Empresas en Chile, y la semana pasada vimos por primera vez un debate sobre este tema en el Congreso. Es imperativo discutirlo, pero no solo el registro, sino también cuán público tiene que ser, para que no solamente el Servicio de Impuestos Internos lo use, sino que ojalá un mínimo de esta información llegue a la ciudadanía. Creo que los dueños finales se comportan en forma más responsable cuando todos saben que ellos son la cara detrás de un nombre ficticio.

El registro Beneficial Ownership es una de las principales herramientas recomendadas por la OCDE en materia de probidad para los mercados, y creo que en Chile debemos ponerlos al día con esto.