Consumo y Producción / Reciclaje

Ley REP: Proyecto de sistema de gestión de AB Chile delinea principales ejes de su operación a partir de la experiencia con planes piloto de reciclaje

Entre estas definiciones, el gerente del proyecto de SIG de AB Chile, Isidro Pereda, señaló que esperan entrar en operaciones, ya constituidos legalmente, en julio de 2022 con las primeras 25 empresas fundadoras. “A partir de ahí cualquier empresa, de cualquier tamaño y de cualquier rubro, podrá adherirse a este sistema de gestión”, afirmó. Inicialmente la recolección puerta a puerta partiría en cerca de ocho municipios, y el costo del primer año de operación se estima en 56 millones de dólares.

Jorge Molina Alomar | 2 Sep 2021 a las 6:00 am
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A dos años de que entren en vigencia las obligaciones para el reciclaje de envases y embalajes en el país, establecidas en el decreto de la Ley REP publicado en marzo por el Ministerio del Medio Ambiente, comienza a delinearse cada vez mejor cómo será la operación de los futuros sistemas de gestión (SIG) que deberán ser financiados por las empresas para la recolección y valorización de este tipo de residuos. A la fecha son tres los SIG que están formalmente en etapa de constitución y que buscan inyectar competitividad al mercado: PROREP, para la gestión de residuos de envases industriales; un segundo creado al alero de Todosreciclamos, para los residuos domiciliarios; y el proyecto que se está trabajando al alero del gremio de alimentos y bebidas, AB Chile.

Este último, diseñado para operar tanto a nivel domiciliario como industrial en todo el país, fue el primero en iniciar el trabajo para su creación en 2019, y hasta ahora es el único que inició los trámites ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para su constitución formal, en abril de este año. Y en ese marco, en un seminario realizado hace unos días entregaron las primeros definiciones respecto a cómo se está delineando su futura operación.

Entre estas definiciones, el gerente del proyecto de SIG de AB Chile, Isidro Pereda, señaló que esperan entrar en operaciones, ya constituidos legalmente, en julio de 2022 con las primeras 25 empresas fundadoras. “A partir de ahí -afirmó- cualquier empresa, de cualquier tamaño y de cualquier rubro, podrá adherirse a este sistema de gestión”.

Respecto de cómo operará el sistema, afirmó que una primera etapa será realizar una correcta medición y separación por tipo de los envases y embalajes -tanto domiciliarios como industriales- que cada una de las miles de empresas afectas a la regulación coloca en el mercado para, a partir de ahí, definir cómo cumplir las metas de reciclaje para cada una de las cinco categorías de materiales definidas en al reglamento: plásticos, papeles y cartones, metales, vidrio y cartón para líquidos.

“Lo primero que vamos a licitar cuando el SIG esté constituido legalmente va a ser un sistema informático que nos de una trazabilidad impecable tanto de la información que nos entreguen nuestros socios (sobre lo que ponen en el mercado) como de todo lo que estamos recolectando y valorizando, usando tecnología de blockchain u otra que nos permita esa trazabilidad”, explicó.

En cuanto a los costos operacionales del SIG, los que serán financiados por las empresas y que contratará a través de licitaciones a gestores para la recolección, transporte, separación y valorización de los residuos, estos se definen en cuatro grandes áreas. La primera es el gasto en contenedores para la recolección, que incluye los 354 puntos de recolección que deberán desplegarse en el país en los cuatro primeros años, así como la recolección directa desde los domicilios, que en el primer año debe alcanzar a las 650 mil viviendas. Le siguen los gastos de la logística de recolección (camiones, costo por kilo retirado, etc,); los costos de clasificación, compactación y almacenamiento; y la valorización de los residuos, ya sea para su venta en Chile o para su exportación.

Respecto a la estructura de gastos para el funcionamiento propio del sistema de gestión, estos están determinados por los recursos humanos (legal, administración y finanzas, comercial, operaciones, estudios, relacionamiento comunitario); un área de comunicaciones encargada de campañas ciudadanas y escolares, acciones en eventos masivos, medios y redes sociales; un área de estudios y asesorías que analizará aspectos tanto jurídicos como auditorías, tarificación y trazabilidad, entre otros; y los servicios informáticos necesarios para la generación de reportes y la trazabilidad de la recolección, separación y valorización.

“De los ingresos que vamos a tener para cubrir estos costos, el 90% proviene de las tarifas, y solo el 10% proviene de la venta de reciclables. Eso es lo que hemos podido constatar en nuestros pilotos y también en la experiencia internacional”, explicó Isidro Pereda.

“El presupuesto anual -agregó- se determinará en base a la meta que se debe cumplir en ese año. Entre más grande sea la meta, entre más grande sea el despliegue territorial, evidentemente va a ser mayor el presupuesto. El presupuesto del primer año, que contempla a cerca de 8 comunas, no es igual al del año 12 en que tendremos que cubrir entre 250 y 300 comunas. Según nuestros cálculos, el presupuesto necesario para el primer año es de 56 millones de dólares”.

Solo en la industria manufacturera existen más de 14.500 empresas que estarán afectas a esta regulación en Chile. Se estima que el costo total de la implementación del sistema será de US$ 2.346 millones, mientras que sus beneficios serían de US$ 2,788 millones. Es decir, un beneficio neto de US$ 442 millones.

La tarifa a cobrar a cada empresa dependerá en primer término tanto del tipo de material como del volumen de envases y embalajes que pone en el mercado. Por ejemplo, tomando como base las tarifas que se cobran en los sistemas de gestión de España, un kilo de aluminio podría costar $90, un kilo de papel y cartón $60, un kilo de PET $335 y un kilo de vidrio casi $3.

Adicionalmente, existirán penalizaciones o bonificaciones de acuerdo a criterios de ecodiseño. En el primer caso, estas estarán definidas según las complejidades que presenta el envase para su recolección, así como las dificultades para que ese sea efectivamente valorizado en el país. En cuanto a las bonificaciones, estas se entregarán si el envase incorpora material que haya sido reciclado en el país, siempre y cuando los residuos utilizados en el proceso de reciclaje también se hayan generado en Chile.

¿En un marco de competencia, como se pueden garantizar tarifas más bajas? “Primero -dijo Pereda-, con un foco importante en la costo eficiencia en la operación de la recolección y clasificación para que una mayor cantidad de volumen sea reciclable. Y por otro lado, entre más empresas tenga un Gransic menor va a ser la tarifa. Si bien mientras más productores tenga el sistema de gestión mayor será la meta a cumplir, también hay una obligación de recolección selectiva en las viviendas del país, y ese es un costo que va paralelo a las metas. Esto es súper importante, por lo tanto vamos a tener menores tarifas en la medida que seamos más costo eficientes y tengamos más socios, tal como pasa en España o Bélgica donde hay más de 10 mil empresas en cada sistema”.

La experiencia que se incorpora desde los planes piloto

Actualmente, el proyecto de AB Chile para la creación de un sistema de gestión cuenta con dos proyectos piloto de recolección domiciliaria: uno en 1.200 casas de las comunas de Quilicura y Colina en conjunto con la asociación de municipios Amusa, y otro en edificios de Providencia que suma ya 63 mil viviendas. Con un presupuesto de $1.650 millones, este trabajo está llegando ya a 135 mil habitantes logrando recolectar 5.600 toneladas de residuos.

En el caso de la recolección en las casas, se le entregó a cada vivienda un contenedor para que depositara todos los reciclables, mientras que el vidrio se pidió que lo depositaran en campanas especiales para ello. El retiro, en tanto, se hizo mediante un camión compactador que permitió probar como se comporta el residuo compactado en la planta de clasificación, y la eficiencia de esta modalidad.

En Providencia, en tanto, se instalaron en los edificios distintos tipos de infraestructura de recolección, como maxisacas, contenedores únicos y contenedores diferenciados dependiendo de los espacios disponibles y la participación de los vecinos. La recolección se realizó mediante camiones, camiones con carros e incluso experiencias de pesaje de los contenedores para ver la trazabilidad de los residuos y el comportamiento de los vecinos.

“Lo importante de estos pilotos es acercar todos estos aprendizajes, utilizar todo el know how respecto de las distintas realidades de implementación de estos modelos, y cómo en Chile -según los distintos tipos de vivienda y de comportamiento de los ciudadanos- podemos ir implementando un plan de gestión que nos permita cumplir con los grandes desafíos que vamos a ir requiriendo en el transcurso del desarrollo del decreto y el incremento de las metas”, explicó Natalia Silva, gerenta técnica del proyecto.

Otro aspecto relevante de los pilotos y de la implementación del sistema, señaló, es entender cómo empujar que el uso de envases que son complejos de reciclar por dificultades de separación u otros, cambien a partir de la implementación del ecodiseño para ir reduciendo el porcentaje de residuos que quedan fuera de la valorización final. “Por sobre todo, tenemos que ir a empujar la demanda de ese material reciclado. Si hoy no la tenemos, los valorizadores no van a recibir material y no lo van a transformar, por lo tanto esta es una de las piezas claves que tenemos que desarrollar y considerar como parte de la estrategia global que tiene que ser empujada a través de esta normativa”, afirmó.

A esto se deberá sumar un fuerte apoyo comunicacional, dijo, que permita generar un cambio cultural en los ciudadanos. “Nuestro compromiso es que esta etapa de cambio, ante el paradigma de la dificultad de reciclar sea simple; tenemos que apoyarnos con mensajes muy concretos y muy fáciles de entender. No necesitamos que un usuario entienda de qué plástico es el envase que tiene en la mano, si no que pueda tomar una decisión más fácil: esto lo puedo reciclar, o no. Y para ello el acompañamiento del sello de reciclabilidad que va a identificar a los envases que si se pueden valorizar va ayudarlos en esa toma de decisión. Los envases con sello irán al contenedor de los recuperables, y los sin sello al contenedor de la basura que va al relleno sanitario. Toda la estrategia que acompañe el etiquetado de este sello es parte de esta estrategia general y global que tiene que conectarse con todo lo que se va a ejecutar en este proyecto”, dijo Natalia Silva.

“Para que tenga éxito el proyecto -agregó- debe estar funcionando con distintas estrategias, no solo enfocadas en cumplir una meta de recolección; tiene que ser una acción coordinada que permita que todos los actores del mercado vayan dimensionando los cambios, vayamos migrando hacia un mercado con ecodiseño que nos permita tener más envase incorporados en este flujo de valorización, la interacción con los municipios, que podamos ir llegando a más comunas, junto con cómo se van a ir entregando los mensajes de los productores a los consumidores, y la interacción con los gestores. Y toda esta acción coordinada tenemos que llevarla de manera simple”.

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