A dos años de que entren en vigencia las obligaciones para el reciclaje de envases y embalajes en el país, establecidas en el decreto de la Ley REP publicado en marzo por el Ministerio del Medio Ambiente, comienza a delinearse cada vez mejor cómo será la operación de los futuros sistemas de gestión (SIG) que deberán ser financiados por las empresas para la recolección y valorización de este tipo de residuos. A la fecha son tres los SIG que están formalmente en etapa de constitución y que buscan inyectar competitividad al mercado: PROREP, para la gestión de residuos de envases industriales; un segundo creado al alero de Todosreciclamos, para los residuos domiciliarios; y el proyecto que se está trabajando al alero del gremio de alimentos y bebidas, AB Chile.
Este último, diseñado para operar tanto a nivel domiciliario como industrial en todo el país, fue el primero en iniciar el trabajo para su creación en 2019, y hasta ahora es el único que inició los trámites ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para su constitución formal, en abril de este año. Y en ese marco, en un seminario realizado hace unos días entregaron las primeros definiciones respecto a cómo se está delineando su futura operación.
Entre estas definiciones, el gerente del proyecto de SIG de AB Chile, Isidro Pereda, señaló que esperan entrar en operaciones, ya constituidos legalmente, en julio de 2022 con las primeras 25 empresas fundadoras. “A partir de ahí -afirmó- cualquier empresa, de cualquier tamaño y de cualquier rubro, podrá adherirse a este sistema de gestión”.
Respecto de cómo operará el sistema, afirmó que una primera etapa será realizar una correcta medición y separación por tipo de los envases y embalajes -tanto domiciliarios como industriales- que cada una de las miles de empresas afectas a la regulación coloca en el mercado para, a partir de ahí, definir cómo cumplir las metas de reciclaje para cada una de las cinco categorías de materiales definidas en al reglamento: plásticos, papeles y cartones, metales, vidrio y cartón para líquidos.
“Lo primero que vamos a licitar cuando el SIG esté constituido legalmente va a ser un sistema informático que nos de una trazabilidad impecable tanto de la información que nos entreguen nuestros socios (sobre lo que ponen en el mercado) como de todo lo que estamos recolectando y valorizando, usando tecnología de blockchain u otra que nos permita esa trazabilidad”, explicó.
En cuanto a los costos operacionales del SIG, los que serán financiados por las empresas y que contratará a través de licitaciones a gestores para la recolección, transporte, separación y valorización de los residuos, estos se definen en cuatro grandes áreas. La primera es el gasto en contenedores para la recolección, que incluye los 354 puntos de recolección que deberán desplegarse en el país en los cuatro primeros años, así como la recolección directa desde los domicilios, que en el primer año debe alcanzar a las 650 mil viviendas. Le siguen los gastos de la logística de recolección (camiones, costo por kilo retirado, etc,); los costos de clasificación, compactación y almacenamiento; y la valorización de los residuos, ya sea para su venta en Chile o para su exportación.
Respecto a la estructura de gastos para el funcionamiento propio del sistema de gestión, estos están determinados por los recursos humanos (legal, administración y finanzas, comercial, operaciones, estudios, relacionamiento comunitario); un área de comunicaciones encargada de campañas ciudadanas y escolares, acciones en eventos masivos, medios y redes sociales; un área de estudios y asesorías que analizará aspectos tanto jurídicos como auditorías, tarificación y trazabilidad, entre otros; y los servicios informáticos necesarios para la generación de reportes y la trazabilidad de la recolección, separación y valorización.
“De los ingresos que vamos a tener para cubrir estos costos, el 90% proviene de las tarifas, y solo el 10% proviene de la venta de reciclables. Eso es lo que hemos podido constatar en nuestros pilotos y también en la experiencia internacional”, explicó Isidro Pereda.
“El presupuesto anual -agregó- se determinará en base a la meta que se debe cumplir en ese año. Entre más grande sea la meta, entre más grande sea el despliegue territorial, evidentemente va a ser mayor el presupuesto. El presupuesto del primer año, que contempla a cerca de 8 comunas, no es igual al del año 12 en que tendremos que cubrir entre 250 y 300 comunas. Según nuestros cálculos, el presupuesto necesario para el primer año es de 56 millones de dólares”.