A mediados de marzo, la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente inició un proceso de participación temprana en regiones en el marco de la implementación de la Ley REP, para recoger información que ayudara a la elaboración del decreto de metas de recolección y valorización para el sector envases y embalajes. El objetivo era recoger información y constatar en terreno, y con sus habitantes, si los supuestos que estaba trabajando el gobierno con en el Comité Operativo Ampliado (COE) en Santiago para la implementación del sistema tenían un correlato en regiones, y hacer los ajustes necesarios al decreto.

Y tras una serie de reuniones en Iquique, Valparaíso-Viña del Mar, la Región Metropolitana, el Gran Concepción y Punta Arenas, en las que participaron más de 360 personas representando al sector público, municipios, la academia, empresas, gestores de residuos, la sociedad civil y recolectores de base, surgieron distintos elementos que finalmente llevaron al ministerio ha realizar una serie de ajustes a lo que se venía diseñando para el anteproyecto del decreto, el que debe estar listo a más tardar el próximo 31 de mayo.

“Santiago no es el ecosistema nacional, y las soluciones locales no necesariamente son aplicables a todo el país”, afirma Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del ministerio.  A esto se suma -agrega- que si bien en regiones existe conocimiento respecto de los cambios que traerá la Ley REP y “hay un ambiente de preparación interesante”, aún no están del todo claras las implicancias que tendrá en cada una de las ciudades.

En ese sentido, una de las primeras cosas que se confirmaron en estas visitas es que el decreto que establecerá la recolección y valorización del sector envases y embalajes debe contener metas regionales. Y si bien esta es una decisión que ya había adoptado el gobierno, la constatación de que la infraestructura para el reciclaje aún es incipiente en regiones, y que necesita ser robustecida, llevó a reafirmar que “necesitamos avanzar no solo a nivel de Santiago sino también en regiones, y después de esta visita hicimos algunas reformulaciones de otras formas de aterrizar las metas regionales que estamos terminando de zanjar ahora”, dice Guillermo González.

Y una de estas reformulaciones es la decisión de incorporar en el decreto una exigencia para la creación de una infraestructura fácil de montar en todo el territorio que entregue opciones a los habitantes de las principales ciudades de regiones para dejar sus residuos para el reciclaje, como una primera etapa previa a la recolección puerta a puerta, que se ha planteado como la solución más efectiva tanto en el COE como en el sistema de gestión que ya se está creando por parte de los actores relevantes de la industria.

Infraestructura liviana y rápida

No se tratará necesariamente de una red de puntos limpios, afirman en el ministerio, sino que podría bastar con algunos centros de acopio que después puedan incorporarse al sistema de recolección puerta a puerta. Una situación que permitiría paliar falencias actuales, como que durante las visitas a regiones se haya detectado en Concón la existencia de un solo punto limpio para toda la comuna, el que además depende de la buena voluntad de varias empresas de la zona.

“Lo que hemos planteado es partir con una obligación liviana, pero rápida, donde podamos cubrir rápidamente el territorio nacional para que las personas comprometidas puedan reciclar efectivamente”, dice González. Y agrega: “Estamos planteando una obligación de cobertura en el inicio para centros urbanos de una cierta escala, porque hay que entender que no podemos transformar al país de un día para otro, va a haber una fase de transición hacia la recolección puerta a puerta”.

En este sentido, una definición clave en el decreto será el tamaño de las ciudades que tendrán esta obligación inicial para los sistemas de gestión, más aún cuando el único sistema de gestión en constitución para el sector de envases y embalajes -creado por AB Chile- ha planteado la necesidad de una incorporación gradual de las regiones a las obligaciones de la Ley REP, considerando que cerca del 80% de los residuos a recolectar se encuentran en la Región Metropolitana.

“Aquí hay que separar las cosas en dos. Efectivamente, la necesidad de tener infraestructura de acopio y compactación en regiones es real. La problemática es quien paga la instalación de esta infraestructura, y luego quien paga su operación. Cuando el sistema de gestión paga todo, se torna mucho más complejo tener una infraestructura andando en todas partes a la vez”, dice Isidro Pereda, gerente general del sistema de gestión de AB Chile.

Por eso, agrega, una buena medida de apoyar esto es que Corfo u otro organismo ayudara a emprendedores locales a instalar centros de acopio o compactación. “Lo que aún no se puede vislumbrar es dónde va a estar instalada esta infraestructura que está pensando el ministerio, de quien van a ser los terrenos, los equipos. Creo que es una buena idea pero hay que aterrizarla para que la cadena de reciclaje quede con una infraestructura que a posterior se va a ocupar. Lo que no puede pasar es que existan puntos verdes en ciertas ciudades donde tengas que pasar a buscar con un camión y después no tengas donde llevarlo, esa es la problemática que vemos en colocar infraestructura muy liviana”, señala Pereda.

Para las empresas reguladas está claro que la Ley REP implicará un costo importante, y por ello uno de los aspectos que más les preocupa es hacer inversiones en infraestructura que más adelante, cuando el sistema entre en régimen, pueda ser utilizada efectivamente. Hoy se trabaja pensando en la existencia de emprendedores que monten plantas de clasificación y almacenaje en las regiones, y que luego cobren una tarifa al sistema de gestión, pero no existe la certeza de que actualmente existan en cantidad suficiente para operar. Por ello las aprensiones frente a las metas y obligaciones inmediatas a nivel regional.

“Yo tengo la certeza total de que tenemos que ir a regiones, el tema es cuándo. A mi me gustaría un par de años para montar un buen sistema en Santiago, de manera que nos hagamos cargo de la mitad del problema de los residuos, y paulatinamente irnos a regiones a montar infraestructura que sirva para adelante, porque acá lo que menos podemos hacer es ponernos a instalar puntos que a los pocos meses no operemos”, dice Pereda.

Recolección casa a casa será el estándar

Otra de las definiciones que ya se venían trabajando en el COE, el ministerio y el sistema de gestión es que la recolección se haga de manera selectiva, casa a casa. Esto pensando en que se trata de un modelo que facilita la participación de los vecinos y su rápida incorporación a la cadena del reciclaje.

Esto es algo que si bien se estimaba que podía funcionar en Santiago, no existía claridad respecto de su operatividad futura en las regiones. Y lo que salió del trabajo con las comunidades locales es que se trata de una medida altamente necesaria, ya que en muchas de las comunas visitadas -comunas con alta población, como Viña del Mar, Hualpén y Puerto Montt- la recolección de residuos domiciliarios se hace mediante contenedores, y trabajar de la misma forma con los reciclables hace difícil que no llegue otro tipo de residuos a esos recipientes.

“Hay una visión compartida de las regiones de que hacia allá tenemos que ir, y fue bueno constatar que lo que estamos planteando no choca con la realidad local”, dice Guillermo González. “Te lo dicen municipalidades grandes y chicas de regiones, y validar ese punto es uno de los temas centrales de la Ley REP, es una visión que nos reordena y cambia todo. Ahora estamos cien por ciento convencidos de que ese es el camino”, agrega.

Una visión con la que coincide Isidro Pereda, ya que “la recolección puerta a puerta termina siendo un servicio para el usuario, y no un sacrificio. Nosotros pensamos que para las comunas densas de cualquier parte del país tiene que ser algo que vamos a hacer funcionar, de todas maneras. No estamos tan claros si en sectores rurales va a pasar eso, porque ahí hay problemas incluso en cómo se recolecta la basura. Pero claramente, como visión, en lugar de puntos limpios, creemos que la recolección selectiva si es la solución para aumentar las tasas de reciclaje”.

Para que esto funcione, y que los vecinos efectivamente se incorporen al reciclaje, una de las posibilidades que se venían trabajando en el COE era el establecimiento de ordenanzas municipales que obliguen a los vecinos a reciclar, lo que había sino planteado incluso por organizaciones de municipios de Santiago. Las conversaciones con representantes municipales de regiones terminaron por inclinar la balanza hacia esta opción.

El establecimiento de este tipo de ordenanzas es una posibilidad establecida en la Ley REP, pero ahora va a quedar establecida en el reglamento. “Va a ser una exigencia para cuando los sistemas de gestión ya estén montados y con un sistema de recolección puerta a puerta. La idea es trabajar con una ordenanza tipo -que obviamente aprueban los concejos municipales-, entregar una propuesta o un borrador al que después se le puedan hacer ajustes”, explica el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.

“Esto cierra el círculo”, dice por su parte Isidro Pereda, y agrega: “Cuando tienes una municipalidad que está contigo en decirle a la gente ‘necesitamos que usted se adhiera a esto’, a través de una ordenanza municipal, cierras de inmediato el círculo que incorpora a todos los actores en el desafío de disminuir los residuos en rellenos sanitarios y aumentar las tasas de reciclaje”.

Residuos no domiciliarios

Otro de los temas que quería ratificar en regiones el Ministerio del Medio Ambiente era la situación de los residuos no domiciliarios, entendidos como los que provienen principalmente de las actividades industriales y el retail. Hoy en Santiago gran parte de los consumidores industriales realiza la gestión de los residuos mediante gestores especializados que los retiran directamente de sus recintos, y desde el primer día la idea es formalizar ese mismo sistema en la Ley REP de manera paralela a lo domiciliario.

¿Opera de forma tan eficiente en regiones? Lo cierto es que no. De hecho, fue un hallazgo constatar que en algunas zonas existe un nivel aún muy rudimentario de trabajo en esta materia. Y si bien aún existían planteamientos de algunos sectores para dejar a lo no domiciliario fuera del sistema, hoy la discusión parece estar completamente cerrada.

“Vimos proveedores importantes de minería en el norte, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de clasificación de sus residuos. Hay una mirada desde Santiago de que en el ámbito industrial se está aprovechando todo, se está separando, que funciona como reloj. Y eso no es así, y nos confirma la necesidad de regular lo no domiciliario para generar los incentivos necesarios, porque esto no está llegando a todos lados”, dice Guillermo González.

La idea es que esto se haga a través de incentivos generados desde el propio sistema de gestión. “Efectivamente hay muchas empresas que tienen esto resuelto, que probablemente van a seguir operando de la misma manera y nosotros como sistema de gestión solamente vamos a hacer una labor de monitoreo. Pero va a haber empresas donde no hay nada, y se van a adherir al sistema de gestión para que este haga la gestión de sus reciclables. Es poner un estándar a nivel país en términos de empresas también, y es algo que vemos de muy buena manera”, dice por su parte Pereda.