Luego de un exhaustivo proceso de un año, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) entrega hoy oficialmente a las autoridades chilenas la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del país, donde se revisan tanto los avances como los desafíos pendientes desde la evaluación anterior, realizada en 2016.

La presentación será en la sede de la CEPAL, en Santiago, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la Directora de Medio Ambiente de la OCDE, Jo Tyndall. Junto a ellas estarán otras autoridades nacionales y una delegación del organismo internacional, donde destaca la jefa del Programa de Evaluaciones de Desempeño Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, Kathleen Dominique, quien conversó con País Circular sobre los principales hallazgos y las 36 recomendaciones contenidos en la EDA Chile 2024.

Estas evaluaciones que realiza la OCDE se fundamentan en una amplia gama de datos económicos y ambientales, así como en entrevistas con actores clave. Es así como el equipo de revisión realizó en junio pasado (del 27 al 30) una visita al país donde sostuvieron encuentros con un importante número de funcionarios de alto nivel y expertos técnicos de varios ministerios, así como más de 80 representantes de ONGs, asociaciones empresariales y expertos independientes interesados e involucrados en el tema. En el grupo de especialistas visitantes participaron también representantes de los dos países revisores, que en esta oportunidad fueron Israel y España, debido a su experiencia en uno de los temas que fueron foco de la evaluación: crisis hídrica.

De hecho, el documento de la EDA Chile 2024, de 124 páginas, contiene dos capítulos principales: “Hacia el crecimiento sostenible” y “Políticas y Gestión del Agua”. Este último llama la atención sobre la crítica situación que vive el país en relación a la escasez hídrica y los insuficientes avances en políticas públicas para hacerle frente.

Las anteriores EDA de Chile se realizaron en 2005 y 2016, conteniendo 52 y 54 recomendaciones para el Estado, respectivamente. En la primera se sugería, por ejemplo, fortalecer la institucionalidad ambiental, que actualmente cuenta con el Ministerio, Servicio de Evaluación y Superintendencia, además del recientemente aprobado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; en la segunda, en tanto, una de las sugerencias era la creación de una ley específica para abordar el desafío del cambio climático, que se concretó con la aprobación en 2022 de la Ley 21.455.

La actual evaluación aborda diversos elementos vinculados con la gestión del agua, entre ellos la gobernanza y políticas hídricas, donde se valora la reforma al Código de Aguas de 2022 como “un avance positivo, al consagrar la prioridad del abastecimiento de agua para consumo humano e introducir concesiones de duración definida para los nuevos derechos de agua”. No obstante, subraya que siguen sin resolverse cuestiones relacionadas con los derechos de agua existentes, “que están definidos como propiedad privada, cedidos de manera gratuita a perpetuidad y han sido objeto de una sobreasignación”. En este sentido, la alerta es que los flujos ambientales no están asegurados, por lo que “deben llevarse a cabo reformas más integrales de la asignación de agua para disponer de más flexibilidad a la hora de ajustar la cantidad de agua extraída en sintonía con el suministro sostenible”.

Este y otros aspectos de la Evaluación de Desempeño Ambiental, como la situación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la gestión de residuos, son abordados en esta entrevista con Kathleen Dominique, quien antes de asumir la actual jefatura dirigió el programa de trabajo de la OCDE sobre financiamiento del agua, incluida la gestión de la Mesa Redonda sobre el Financiamiento del Agua.

Principales avances

-¿Cuáles son los tres principales avances de Chile en protección medioambiental y desarrollo sostenible registrados desde la anterior EDA (2016)?

Los tres grandes avances están relacionados con el cambio climático, la biodiversidad y la transición socioecológica justa.

En el primer punto, hay que destacar la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada en 2022 gracias a un esfuerzo conjunto de todos los ministerios. Con ella se crea el marco legal para abordar la mitigación y adaptación al cambio climático, y establece un objetivo nacional vinculante para alcanzar la carbono neutralidad (net zero) para 2050, lo que implica la necesidad de reducir las emisiones brutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en aproximadamente un 40% de 2020 a 2050.

En el segundo aspecto está la Ley para la Naturaleza, promulgada en junio de 2023, lo que marca un paso significativo en el esfuerzo de protección y conservación de la biodiversidad en Chile. Esta ley contempla varios instrumentos para la conservación de la biodiversidad, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, entre ellos el Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas (SBAP) y el Fondo Nacional de Biodiversidad.

En cuanto a la Transición Socioecológica Justa, hubo avances particularmente con la ratificación del Tratado de Escazú: Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en los países de América Latina y el Caribe. Además, el Ministerio del Medio Ambiente creó en 2022 la oficina de Transición Socioecológica Justa para afrontar la crisis climática, ecológica y de desigualdad.

Desafíos: emisiones y crisis del agua

-¿Cuál es el mayor desafío de Chile para la próxima década en materia ambiental?

Consideramos que hay dos desafíos que son clave para Chile: cumplir las metas de reducción de GEI y enfrentar la crisis del agua.

Chile no está en camino de alcanzar las metas nacionales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Las emisiones de GEI aumentaron significativamente entre 2010 y 2019 y no se prevé que alcancen su punto máximo antes de 2025. Aún quedan importantes retos en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático y es necesario que el gobierno clarifique pronto los planes sectoriales y regionales, con una combinación de políticas coherente para garantizar el logro de los objetivos impuestos para 2030 y 2050.

En relación al agua, Chile enfrenta una crisis hídrica severa y cada vez más profunda, que a su vez va acrecentando los conflictos sociales. La presión sobre los recursos de agua dulce se ha intensificado en el tiempo debido a la asignación excesiva [de derechos de aprovechamiento de agua], la contaminación y el cambio climático. Asimismo, los estándares ambientales de calidad del agua cubren solamente una fracción de los cuerpo de agua de Chile, mientras que los estándares de descara de aguas residuales debiesen ser más estrictos.

Es importante tener en consideración que el cambio climático va a exacerbar las presiones sobre la disponibilidad de agua, al tiempo que aumentará la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, como inundaciones y sequías.

-Sobre este último punto, ¿qué recomendaciones está haciendo la OCDE para abordar la crítica situación hídrica?

En cuanto a la gestión hídrica, esta EDA contiene al menos cuatro recomendaciones que nos parecen relevantes y que tienen que ver principalmente con la institucionalidad, la asignación de derechos de uso, los estándares de calidad y contaminación del agua.

Entonces, una primera recomendación es realizar una reforma integral de la asignación de [derechos de agua] para abordar su sobreexplotación y el exceso de concesiones; es necesario considerar la definición de los derechos de agua como una proporción de los recursos disponibles.

Por otra parte, se debe acelerar el desarrollo de estándares ambientales para la calidad del agua; adoptar normas que sean más estrictas para la calidad de la descarga de aguas residuales, al tiempo que se amplíe su cobertura a sectores clave, como la agricultura y la acuicultura.

Se recomienda, asimismo, que se establezca una autoridad central de gobierno para regular, planificar, desarrollar, conservar y proteger los recursos hídricos. Además, se deben constituir organismos de cuenca con funciones claras de planificación y gestión integrada en las cuencas hidrográficas. Para esto, Chile debe aprovechar las lecciones aprendidas de las experiencias piloto realizadas con consejos de cuenca en las diversas regiones del país.

Por otra parte, sugerimos introducir instrumentos económicos para la gestión del agua, -por ejemplo, cargos por extracción, impuestos sobre los efluentes, pesticidas y fertilizantes-, para que de este modo se aplique de mejor manera el principio de “quien contamina paga” y el principio de “el beneficiario paga”.

Gestión de residuos

-Chile comenzó el año pasado la implementación de la Ley REP, de fomento al reciclaje, pero el porcentaje de valorización de residuos municipales que se consigna en la EDA , de 0,7%, es aún muy bajo en relación al promedio de la OCDE, de 38,3% ¿Qué recomendaciones hacen en relación a la gestión de residuos?

Una primera recomendación es acelerar la implementación de nuevos esquemas de Responsabilidad Extendida del Productos (REP); además, establecer normas específicas para la gestión de los residuos de la construcción. Asimismo, el proyecto de ley para la valorización de residuos orgánicos que se encuentra en el Congreso debiera ser aprobado e implementado prontamente. También sugerimos reforzar el uso de instrumentos económicos, como el impuesto a los vertederos.

En cuanto a los lugares de disposición final, creemos que es necesario modernizar los rellenos sanitarios y vertederos con normas ambientales más estrictas. Paralelamente se debiese diseñar una estrategia integral de inversión a largo plazo para la infraestructura de separación y tratamiento de residuos, así como revisar e implementar esquemas transparentes de tarifas de saneamiento para lograr la recuperación de costos y, al mismo tiempo, garantizar la asequibilidad.

-Finalmente, ¿por qué es relevante que los países sean evaluados de esta forma?

Las Evaluaciones de Desempeño Ambiental (EDAs) proporcionan análisis y valoraciones basadas en la evidencia del progreso de los países hacia el logro de sus objetivos de política ambiental. Entonces, el objetivo de las EDAs es fomentar, a través de la presión y aprendizaje de los pares, una mayor responsabilidad de los gobiernos entre ellos y ante la ciudadanía para, en última instancia, converger paulatinamente hacia los países con mejor desempeño.

Por otra parte, mediante este ejercicio se entregan recomendaciones específicas para ayudar a los países a mejorar su desempeño ambiental. Por ejemplo, la anterior EDA Chile, de 2016, recomendó identificar una trayectoria a largo plazo que fuera consistente con el objetivo de cero emisiones netas para la segunda mitad de la década de 2050, así como la publicación de los compromisos a través de medidas legislativas o de otro tipo. Eso contribuyó a guiar al país para desarrollar e implementar la Estrategia Climática de Largo Plazo, con el Ministerio del Medio Ambiente.

*El resumen en español de la EDA Chile 2024 puede ser revisado en el siguiente enlace: Aspectos Destacados