El pasado 11 de agosto el Gobierno ingresó el proyecto de ley que promueve la valorización de los residuos orgánicos y fortalece la gestión de los residuos a nivel territorial (boletin N° 16182-12). Esta iniciativa responde a una larga aspiración del Ejecutivo por consolidar una política pública que genere los incentivos necesarios para disminuir el impacto que provocan estos residuos en el medio ambiente: según cifras oficiales, en Chile el 58% de los residuos sólidos municipales corresponden a orgánicos y de éstos apenas el 1% se logra valorizar. Una cifra muy por debajo de las tasas de valorización de orgánicos que prevalece en los países de la OCDE.

Otra de las urgencias que busca atacar la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo es descongestionar los sitios de disposición final que hoy reciben residuos orgánicos en grandes cantidades. Según se señala en los antecedentes de la propuesta de ley, citando datos de la Subdere, en Chile existen 116 sitios activos de disposición final, de los cuales sólo 42 corresponden a rellenos sanitarios o manuales. En el conjunto de sitios activos, 75 ya cumplieron su vida útil y otros 14 la cumplirán en menos de 10 años, por lo que el panorama es sumamente complejo. De ahí que uno de los objetivos centrales del proyecto sea desviar de los sitios de disposición final la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales.

En virtud de ello, la propuesta de ley tiene como horizonte, según reza el texto, “modificar los hábitos y patrones de consumo de nuestra sociedad; introducir con fuerza los principios de jerarquía en el manejo de residuos; de prevención en su generación; y de ‘el que contamina, paga’; así como racionalizar la forma en que gestionamos nuestros desechos a nivel local”.

Según se dice en el texto, el proyecto, además, empalma con los objetivos de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO) que aspira al año 2040 a generar subproductos a partir de la valorización del 66% del total de residuos orgánicos. La redacción también menciona a la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), a través de la cual nuestro país materializó la firma del Compromiso Global del Metano, adoptado en 2020 en la COP26 de Glasgow, Escocia. A partir de este instrumento, Chile se comprometió a trabajar duramente para reducir sus emisiones de metano, el gas de efecto invernadero que despiden los residuos orgánicos y que, según cifras oficiales, contribuye en un 45% al calentamiento global.

En ese sentido, el proyecto de ley -cita el texto- busca cristalizar algunos de los objetivos de la ENRO, promoviendo “que las y los ciudadanos separen en origen los residuos orgánicos”, además de instaurar “obligaciones de manejo diferenciado de residuos orgánicos para municipios y gestores”. Adicionalmente -agrega el proyecto- “será necesario fomentar el desarrollo de la infraestructura, equipamiento y sistemas logísticos que permitan que los residuos orgánicos sean efectivamente valorizados”.

Con estas medidas definidas en términos generales, la propuesta de ley permitiría extender la vida útil de la infraestructura de disposición final existente, disminuyendo los costos de construcción y los conflictos socioambientales que se producen con la instalación de rellenos sanitarios en las comunidades; incentivar comportamientos ambientalmente racionales de generadores y sobregeneradores de residuos orgánicos; disminuir el problema de desfinanciamiento municipal asociado a la gestión de residuos; y contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero.

“Como los rellenos sanitarios están llegando al término de su vida útil, se necesitan soluciones costo-efectivas y sacar los residuos orgánicos de estos rellenos. Esto tiene mucha relación con lo que pasa en los territorios, y en eso el proyecto de ley es un tremendo avance, lo apoyamos”, comenta a País Circular Carolina Urmeneta, directora del programa de Economía Circular y Residuos de Global Methane Hub, organización global que desde la filantropía apoya a distintos países a la reducción de sus emisiones de metano, y que también opera en Chile.

Las obligaciones para los municipios

En un sentido más específico, el proyecto de ley indica expresamente que obligará a los municipios a incorporar un mecanismo de “paga en función de lo que desechas” para todo establecimiento industrial o comercial que genere más de 60 litros de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, en promedio al día. Otro tanto al que refiere el texto sometido a debate legislativo es la posibilidad que tienen los municipios de disminuir los ingentes gastos que destinan a la gestión de sus residuos, alcanzando, en algunos casos, el 25 por ciento del presupuesto municipal.

De hecho, ambos conceptos figuran entre los cuatro ejes críticos detrás del proyecto de ley: instauración de obligaciones de separación en origen y de recolección selectiva de residuos orgánicos; nuevos mecanismos de financiamiento del servicio de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios y asimilables; introducción de mejoras en la estructura de gobernanza y desarrollo de instrumentos de planificación de la gestión de residuos; y, finalmente, la implementación gradual de las medidas referidas.

Concretamente, se cita en los fundamentos del texto, se exigirá a los municipios establecer ordenanzas que obliguen a separar en origen los residuos orgánicos. Estas obligaciones serán vinculantes para los habitantes de cada comuna y deberán estar asociadas a sanciones y multas de haber un incumplimiento de las normas.

Asimismo, el proyecto mandata a los municipios y a los gestores municipales a implementar, gradualmente, “un esquema de manejo diferenciado o de recolección selectiva de residuos orgánicos”. En palabras simples, los municipios deberán propender a facilitar el reciclaje y/o valorización de dichos residuos a través de la instauración de programas de compostaje o vermicompostaje, a través de la entrega de composteras domiciliarias, vecinales o comunitarias, así como también fomentando la biodigestión anaeróbica. Dentro de las obligaciones que recaen en los gobiernos locales, éstos deberán disponer un “camión de los orgánicos”, de manera tal que se evite la contaminación cruzada con otros tipos de residuos que obstaculizan la valorización.

Del mismo modo, la propuesta legislativa del Gobierno instruye a los municipios a la prohibición de disponer residuos orgánicos en los sitios de disposición final, por lo que deberán pesquisar alternativas para su valorización.

Otro punto de los fundamentos del proyecto aborda un tema trascendental: el financiamiento. Al respecto, el texto propone un aumento de la tarificación por los servicios de aseo que brindan los municipios. Según se dice, los municipios operan este servicio regularmente en condiciones muy deficitarias, ni tampoco tienen las herramientas para efectuar la cobranza de manera efectiva. De esta manera, se colige que el proyecto incorpora el mecanismo de “el que contamina, paga” para poder financiar todas las medidas que contemplaría la futura ley.

Esta situación puntual dejó disconforme al secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios MSUR, Jaime Cataldo, para quien el proyecto comete un “pecado original” en la falta de financiamiento que él y su organización detectan.

“Este proyecto de ley, a nuestro juicio, no tiene financiamiento para tratar los residuos orgánicos que actualmente generan los municipios. Se plantea como forma de financiamiento incrementar la tarifa que los municipios cobran por derecho de aseo, pero con esa tarifa alcanza sólo para cubrir los costos de la recolección, no para impulsar plantas de tratamiento industrial de residuos orgánicos. Se aduce que esos cobros de derechos de aseo los haga la Tesorería General de la República, pero no sabemos cómo podría resultar esa forma diferente de cobro”, señala Cataldo a este medio.

Cataldo insiste: “La gente en sus hogares en general está dispuesta a pagar un derecho de aseo, pero es insuficiente para financiar una política diferenciada de tratamiento de residuos orgánicos, que es complejo y caro. Lo demuestran experiencias en Madrid, París y Berlín”.

Por su parte, Carolina Urmeneta, de Global Methane Hub, dice que el proyecto debería considerar las alianzas público-privadas para apoyar la construcción de plantas de compostaje a gran escala para abordar la magnitud del problema: “Esto es muy relevante para habilitar la implementación de proyectos de compostaje a nivel mediano y grande, donde además se requiere una conversación muy alineada con el Ministerio de Salud, para evitar la tramitación eterna creyendo que esto se trata de residuos peligrosos o rellenos sanitarios, cuando una planta de compostaje no es así”.

En tanto, Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura, quien fue invitada a exponer en la Comisión de Medio Ambiente que está revisando el proyecto, señala que la iniciativa en cuestión es “ambiciosa” y “el punto de partida por el que tenemos que avanzar”. Sin embargo, reconoce que el proyecto recarga sobremanera a los municipios, los cuales “no tienen capacidad de carga humana ni financiamiento para poder ejecutar estas leyes”. Ortega propone, en función de ello, abordar la iniciativa de ley desde diferentes frentes y no exclusivamente desde los municipios.

“Se pueden implementar composteras a través de juntas de vecinos, colegios, ferias libres, y así relevar a actrices y actores de la sociedad. Sucede que las políticas públicas son muy de nichos y es necesario extender estas políticas públicas. Siento que lo podemos abordar desde nuestros hogares, y que los municipios, más que ejecutores, sean articuladores: que sean capaces de brindar capacitaciones y conocimientos. No necesitamos que este proyecto se sostenga sólo a nivel municipal”, plantea la representante de Fundación Basura.

Por el contrario, Carolina Urmeneta, de Global Methane Hub, cree que el proyecto habilita una oportunidad única para los municipios, en línea a cómo ocurre a nivel internacional.

“En el mundo son los municipios los que tienen la oportunidad de liderar estos temas de residuos que afectan sus territorios y comunidades. Nosotros creemos que el proyecto de ley lo aborda de manera correcta, porque son los gobiernos locales los que pueden tomar este problema y solucionarlo desde los territorios con legislación adecuada e instrumentos económicos y financieros”, postula Urmeneta, ex jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente.

Con seguridad estas controversias se resolverán a partir del próximo miércoles 22 de noviembre, cuando la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados comience la votación en particular del proyecto de ley. El 11 de octubre pasado, en tanto, la iniciativa fue aprobada en general por las y los parlamentarios de dicha comisión.

Las dudas sobre la gradualidad

Otro de los principios rectores del proyecto de ley del Ejecutivo pasa por propiciar una gobernanza adecuada de la normativa, a través de la coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los municipios. En función de ello, se propone la creación e implementación de planes estratégicos regionales (PER) y planes de residuos locales (PRELO), que orientarán la aplicación efectiva de la normativa.

Por otra parte figura el principio de la gradualidad para la implementación de la ley. Se propone un horizonte de 14 años para la instalación completa del cuerpo normativo, lo que se condice -según dice el texto- con la necesidad de contar con infraestructura de valorización para dar cobertura a tamaño volumen de residuos orgánicos que se generarían a nivel municipal.

En ese sentido -declara el texto- en una primera etapa las obligaciones regirán para aquellos residuos orgánicos más susceptibles de separar de forma expedita, tales como los restos orgánicos de podas, jardines y ferias libres. En una segunda etapa, en tanto, la norma aplicará para el manejo diferenciado de los residuos orgánicos procedentes de shoppings, restoranes, centros de eventos y espectáculos y estadios, entre otros. En una tercera etapa, la ley abordará los residuos de locales comerciales, hoteles, restoranes y otros sobregeneradores, cuya recolección sea más compleja operacionalmente. Finalmente, el 80 y 100 por ciento de los hogares y unidades habitacionales serán parte, respectivamente, de la cuarta y quinta etapa.

Sin embargo, para Jaime Cataldo, de MSUR, el plazo no le parece razonable. “Dicha gradualidad es muy insuficiente para las necesidades que tenemos. Si la ley se demora 14 años en su completa instalación, no vamos a cumplir con las metas de la Hoja de Ruta de Economía Circular ni las de la ENRO”, comenta.

A Tamara Ortega, sin embargo, le parece que la gradualidad tiene un “sentido de realidad” pese a la urgencia con que se requiere una ley de este tipo. Para ella es trascendental la dimensión comunitaria de este proyecto de ley y, por lo mismo, espera que la comunicación sea asertiva a la hora de “aterrizar” lo que ella considera que aún se queda en los tecnicismos.

“Si le preguntamos a una abuelita sobre los residuos orgánicos, probablemente va a entender si le hablamos de la recolección de los restos de verduras y frutas. Hay que bajar estos tecnicismos y que sea un tema transversal, de manera que hay que plantearlo de forma sencilla y vamos a llegar mucho más lejos”, concluye la directora ejecutiva de Fundación Basura.