La llamada “cuarta pata” de la institucionalidad ambiental quedó resuelta ayer en la Sala de la Cámara de Diputados. En lo que muchos califican como un día histórico, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) fue aprobado por 131 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, y quedó listo para su promulgación y sucesiva publicación.

Se trata de un viejo anhelo que se remonta a la extinta CONAMA, cuya reforma permitió establecer las bases de una nueva institucionalidad ambiental a partir de la habilitación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Faltaba, sin embargo, la aprobación del SBAP para cerrar el círculo. En 2011 se presentó el primer proyecto de ley que creaba el SBAP, pero a continuación, en 2014, fue ingresado otro proyecto que reemplazó al anterior, y cuya tramitación fue avanzando en el Congreso hasta culminar ayer con una aprobación por amplia mayoría en la Cámara Baja.

El tiempo de 12 años que demoró la discusión parlamentaria del proyecto refleja todos los puntos de discordia que despertó. Partiendo por las incertezas que tenía la CONAF (corporación de derecho privado) acerca de sus traspasos al nuevo Servicio (público) y sus potenciales conflictos laborales o pérdida de empleo. Sobre el final, el tema que vertebró el debate fue la instalación de actividades industriales en áreas protegidas. La situación se zanjó en Comisión Mixta, cuyos miembros rechazaron por mayoría un artículo que prohibía las concesiones sectoriales en las áreas protegidas. En rigor, la prohibición total regirá para las tres tipologías de áreas protegidas más restrictivas (parques nacionales, monumentos naturales y reservas de región virgen).

El asunto no dejó indiferente ni siquiera al Presidente Gabriel Boric, quien en su cuenta pública del 1 de junio pasado en el Salón de Honor del Congreso Nacional declaró que “desde el Gobierno, teníamos la voluntad de que en las áreas protegidas no se renovaran las concesiones de salmonicultura, por el impacto que provocan en el suelo marino. Eso, desgraciadamente, se perdió en la Comisión Mixta”.

Más allá de ello, ayer en el hemiciclo había conformidad de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, con el despacho del proyecto al Ejecutivo para su promulgación. No en vano, una vez que se mostró el tablero electrónico con la apabullante votación a favor del proyecto, un número de diputados/as -sobre todo oficialistas- desplegaron un lienzo que rezaba “La naturaleza tiene ley”, junto a Maisa Rojas y a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, presente en la sala.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en síntesis, se sustenta sobre cuatro pilares: crea un servicio público robusto y con financiamiento que se encarga de la protección de la biodiversidad; combate la dispersión institucional en torno a las áreas protegidas; dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional, dentro de áreas protegidas y aun fuera de ellas; y otorga financiamiento para sus propósitos, reflejado en un importante aumento del presupuesto fiscal al nuevo Servicio.

País Circular recogió los comentarios de seis actores y actrices que participaron en la discusión de la ley, partiendo por la ministra Rojas, quien advirtió que el tema de las salmoneras en áreas protegidas no está cerrado, por lo que insistirán en declarar estas últimas libres de actividades productivas a través de una ley de acuicultura que debería ingresar prontamente al Congreso para su discusión.

Maisa Rojas: “No es razonable continuar con especies exóticas invasoras en áreas protegidas”

Sonriente se vio a la ministra de Medio Ambiente a la salida de la Sala de la Cámara para comentar el hito que significó el término de la discusión en el Congreso del proyecto de ley que crea el SBAP. Consultada ayer por País Circular respecto del tema más controversial, el de las salmoneras en áreas protegidas, la titular de Medio Ambiente indicó que “como Ejecutivo en la discusión de la Mixta ingresamos una propuesta de prohibir las concesiones de salmones en las áreas protegidas, pero esa propuesta fue rechazada. Vamos a exigir esto en la discusión que se dará en la ley de acuicultura porque los salmones son especies exóticas que no debieran estar porque son una amenaza para nuestra biodiversidad”.

Al respecto, la ministra ahondó sobre el tema en entrevista con este medio: “Como Gobierno generaremos los espacios de discusión con todos los actores pertinentes -sindicatos, gremios y ong’s- para contar con una hoja de ruta que nos permita, en un futuro, proyectar a las áreas protegidas sin salmonicultura dentro de sus límites. No es razonable continuar desarrollando en estos espacios protegidos una actividad con especies exóticas invasoras”.

Con mayor detalle, la secretaria de Estado aclaró a este medio que las tres categorías más estrictas no pueden tener concesiones, y que en el resto de las categorías “las reglas son también muy claras: para el otorgamiento de concesiones se requerirá, en primer lugar, que el área cuente con un plan de manejo y, luego, analizar que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área”. Solo ahí, agregó la ministra, “el Servicio podrá determinar si la actividad es compatible o no con el área protegida”.

Sin embargo, Rojas explicó que esto no opaca la relevancia que implica contar con “un servicio público, autónomo, descentralizado y dedicado 100% al resguardo de las áreas protegidas que Chile no tenía”, y que se hace cargo de las amenazas a la pérdida de biodiversidad que azota a Chile y al planeta entero, producto del cambio climático. “Dotaremos a Chile con la fuerza para gestionar, de manera integrada, las áreas protegidas marinas, terrestres, públicas y privadas, porque cuando se actúa como sistema se logran mejores resultados”, cerró.

Ana Lya Uriarte: “El SBAP era una pieza fundamental del engranaje de la institucionalidad ambiental”

Entre el 26 de marzo de 2007 y el 11 de marzo de 2010, la abogada socialista Ana Lya Uriarte ejerció como la primera presidenta de la desaparecida CONAMA con el rango de ministra, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. En ese cargo le tocó desempeñar un rol clave en la generación de una nueva institucionalidad ambiental. Fue en su período que se planteó la necesidad de contar con un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En virtud de ello, sus sensaciones, tras conocerse la aprobación final de este proyecto de ley, son de mucha satisfacción. “Es un avance verdaderamente trascendental e importante para el país porque es primera vez que tendremos un servicio con facultades de pronunciarse por la biodiversidad en su conjunto. Hoy lo que existe son pronunciamientos dispersos, parcelados, fragmentados, que no corresponden a la forma en que la naturaleza se expresa”, cuenta la ex jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet en su segundo periodo y ex ministra de la Segpres durante el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Creo que es un tremendo adelanto el hecho de tener un servicio encargado de la gestión de las áreas protegidas, y que lo haga de forma más ordenada y orgánica que lo que hemos conocido hasta ahora. Ha sido relevante reconocer la tarea de los guardaparques hasta ahora, y la que tendrán para el resguardo de las áreas protegidas en el futuro”, remarcó la ex presidenta de la CONAMA.

Uriarte reconoce que “de ninguna manera” esperaba que el trámite se extendiera por más de una década cuando en su período a cargo de la CONAMA con rango de ministra planteó la idea de crear este Servicio. “Nos parece una pieza fundamental del engranaje completo, pero no imaginamos que iba a demorar tanto tiempo en nacer a la vida pública. Solo cabe la alegría en este momento”.

Sobre las controversias que surgieron en el debate, como la salmonicultura en áreas protegidas, la ex ministra prefiere enfatizar que las áreas protegidas hoy “tienen un estatuto de resguardo muy superior que el que tenían ayer”. Respecto del tema consultado, Uriarte explicó que “es un avance tener las claridades de separar las áreas protegidas por niveles de importancia o resguardo, que no es lo mismo una reserva virgen que otras formas de protección que sí permitirían actividades productivas”. Dice, sin embargo, entender “que haya voces que tengan ciertas aprensiones y observaciones respecto de puntos específicos”.

Tampoco se anima a dar alguna recomendación al Gobierno sobre qué pasos a seguir para evitar que la salmonicultura se siga expandiendo en áreas protegidas: “Me gustaría centrarme en que este día es muy importante para nuestro país. Hemos necesitado este servicio enormemente y hoy podemos celebrar su nacimiento”. Por último, valora la “toma de conciencia” en temas ambientales de la sociedad actual respecto de la que le tocó observar en su período a cargo de la CONAMA.

“A la ciudadanía hoy no le son ajenos los temas del cambio climático y sus efectos, porque están presentes y los perciben. El escenario es radicalmente distinto al de hace 10 o 20 años”, concluye Ana Lya Uriarte.

Juan Antonio Coloma Álamos: “Este proyecto compatibiliza la protección del medioambiente con el cuidado de los puestos de trabajo”

Al diputado UDI Juan Antonio Coloma Álamos -hijo del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa- le tocó revisar el proyecto de SBAP tanto en la Comisión de Agricultura como en la Comisión Mixta que intentó resolver las diferencias entre ambas cámaras. El parlamentario celebró la aprobación contundente que tuvo la iniciativa en la Sala de la Cámara, porque, según dice, “logró compatibilizar la protección del medio ambiente con el cuidado de los puestos de trabajo”, sobre todo en la zona de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde se desarrolla profusamente la industria salmonera.

“Es un buen proyecto que permite que Chile se ponga a la vanguardia en materia de biodiversidad”, dijo Coloma a este medio. Valoró las correcciones que pudo hacer la Comisión Mixta al proyecto, porque “con la protección al medio ambiente, se debe permitir el fomento de fuentes de trabajo que han producido desarrollo en la zona sur del país”.

Respecto del aparente contrasentido de permitir salmoneras en áreas protegidas, el legislador se manifestó a favor de discutir el tema en la futura ley de acuicultura: “A través de esta ley no era la manera. La creación del SBAP es muy distinta a una ley de acuicultura. El polémico artículo 158 era más bien propio de una ley sectorial, que de un servicio. Estamos claros que hay que subir los estándares de cuidado ambiental de las salmoneras, pero eso se debiese ver en el proyecto de ley de acuicultura, que el gobierno debiese enviar luego a tramitación, pero no lo ha hecho”.

Félix González: “El movimiento ecologista no celebra el SBAP, es un servicio de áreas des-protegidas”

Aunque votó a favor en Sala, el diputado ecologista e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y de la Comisión Mixta que tramitó el proyecto, Félix González, se mostró muy disconforme con la aprobación del mismo; en específico, por el rechazo en la Comisión Mixta a la prohibición a seguir instalando salmoneras en las áreas protegidas.

“El Gobierno querrá celebrar este momento, pero el movimiento ecologista no lo va a celebrar. Si bien se cumplió el objetivo de crear el servicio, no se logró que todas las áreas protegidas estén realmente protegidas. Lamentablemente la derecha y Demócratas -con el voto del senador Matías Walker- no quisieron avanzar y las áreas que se protegerán son las mínimas”, manifestó González ayer en un punto de prensa.

Según el legislador del Partido Ecologista Verde, “van a seguir los proyectos extractivos, las mineras y las inmobiliarias tapando humedales. Le hacemos un llamado al Gobierno a perseverar y le decimos al movimiento ecologista y a todas las organizaciones de los territorios que nos vamos a tener que seguir movilizando”. En realidad, cerró irónicamente González, “tendríamos que hablar de un servicio de biodiversidad y áreas des-protegidas”.

Alejandra Figueroa: “Son poco coherentes las concesiones en áreas protegidas, pero no es un proyecto perdido”

Entre 2014 y 2018, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la bióloga Alejandra Figueroa ocupó el cargo de jefa de la División Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente. En ese rol y durante esos cuatro años le correspondió liderar la tramitación del proyecto SBAP que ayer vio la luz verde.

“La discusión del SBAP siempre estuvo marcada por aquellas cuestiones que inciden en el sector privado; es decir, cuando hay actividades productivas que podrían incidir en la conservación de la biodiversidad. Hay un contexto que en algunos sectores ha sido bien acogido, pero otros no entienden aún que si no hay un cambio de paradigma, no habrá ni siquiera posibilidad de generar alguna actividad productiva de aquí a unos pocos años más”, declara a País Circular la fundadora y presidenta de la Corporación Capital Biodiversidad.

Según Figueroa, “hoy existen alertas que no nos están poniendo ni siquiera luz amarilla, sino roja”. Y sucede aún, en su opinión, que “algunos sectores productivos que se sienten amenazados por este proyecto, cuando es todo lo contrario: estamos velando por la protección de ciertas áreas, promover su recuperación, para que no solo se vean beneficiadas las actividades productivas, sino sobre todo un desarrollo local equilibrado”.

En su criterio, “el problema no es la acuicultura, sino, específicamente, la salmonicultura, que opera como no ocurre en ninguna parte del mundo”. Esa industria, según Figueroa, debe hacerse cargo de sus impactos y no obstruir un proyecto de ley desde una perspectiva reduccionista. “La ministra Rojas y todos los actores fueron súper claros en que el proyecto no iba a afectar el trabajo, porque no tocaba las concesiones que ya estaban dadas, sino lo que ocurría en el futuro. Es impensable, injusto, poco coherente, que sigan las concesiones en áreas protegidas”.

Sin perjuicio de ello, Figueroa estima que “no es un proyecto de ley perdido, no deberíamos tirarlo al tarro de la basura”. Pero sí “se pone en riesgo el sentido del proyecto, porque tenemos que ser consistentes en las áreas protegidas, aun cuando hay figuras más diversas en cuanto tienen una condicionante que no es prohibitiva respecto de todas las actividades”, cierra la presidenta de la Corporación Capital Biodiversidad.

César Bastías: “Es una ventaja considerable que el SBAP pueda contratar más guardaparques”

Sonrisas para repartir a destejo había entre los guardaparques apostados en la tribuna de la Sala de la Cámara de Diputados cuando por fin desde la testera se leyó el veredicto final de la votación por el proyecto SBAP. Este grupo de trabajadores/as celebró la aprobación de la iniciativa de ley, por cuanto, dice el presidente del Sindicato Nacional de Guardaparques de CONAF, César Bastías, esto implicará un fortalecimiento de sus atribuciones cuando sean el 100 por ciento de ellos traspasados al nuevo Servicio.

“Contamos con un servicio 100 por ciento público, no como ahora que como trabajadores de CONAF éramos una corporación de derecho privado con escaso presupuesto. Es una ventaja considerable en ese aspecto: aumenta al triple el presupuesto y considera la contratación de más guardaparques”, detalla Bastías. Actualmente hay cerca de 500 guardaparques que se encargan del 21 por ciento del territorio nacional cubierto por áreas protegidas. Una cifra, sin duda, insuficiente, pero que el Servicio nuevo ayudaría a engrosar. “Este proyecto considera la contratación de 500 guardaparques más, y ese número irá creciendo con el tiempo”, complementa el representante sindical.

Para Bastías era muy importante contar, sobre todo, con más herramientas de fiscalización no solo para las áreas protegidas ya existentes, sino para sitios prioritarios, humedales urbanos, planes de restauración y otros. Aclara que quienes no son guardaparques, e igualmente cumplen funciones para las áreas silvestres protegidas -en oficinas regionales, provinciales y en la central- también se incorporarán al nuevo Servicio.

En cualquier caso, el traspaso de los guardaparques de CONAF al SBAP tiene un plazo de tres años para materializarse desde la publicación de la ley. Para Bastías es un hito relevante también “la contratación de jornales transitorios, lo que nos ayudará mucho en esta cobertura de las áreas protegidas. Aún tenemos mucho trabajo en la confección de los reglamentos y seguir peleando por la contratación de más guardaparques, porque hay estudios que estiman en 2000 guardaparques para cumplir con la protección de estas áreas”.

Sin embargo, pese a todo lo expresado, Bastías señaló a este medio que “nunca la satisfacción estará completa porque en todos los proyectos se ganan cosas y se pierden cosas”. Se refiere concretamente al tema más contencioso de la última parte de la tramitación del proyecto: las salmoneras. “Necesitamos que las salmoneras salgan de las áreas protegidas, porque el daño que causan a la biodiversidad es tremendo. Lo hemos visto de primera fuente. Sabemos que son una actividad económica importante, pero tiene que ser regularizada. Al menos existen otras instancias para sacarlas definitivamente como la opción de modificación a la ley de pesca, o en la discusión de la próxima ley de acuicultura”, concluye el presidente sindical.