Sala de la Cámara aprobó por amplia mayoría el proyecto SBAP y quedó listo para ser ley
Por 131 a favor y 2 en contra, el proyecto que suma más de 11 años de debate legislativo, fue despachado esta tarde para su promulgación y publicación. “El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas viene a enfrentar la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a Chile, y al mundo entero, a través de la creación de un servicio público, autónomo, descentralizado, con financiamiento robusto, dedicado en un 100% a la protección del patrimonio natural chileno”, destacó la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien ha encabezado los esfuerzos del gobierno por aprobar este proyecto.
Tras un debate legislativo que se extendió por más de 11 años, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con lo cual Chile contará con un servicio que se hará cargo de estos temas.
Por 131 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el proyecto ahora pasará por la revisión del Tribunal Constitucional y luego por la toma de razón de la Contraloría. Tras estos pasos, la iniciativa quedará lista para su promulgación y publicación. Los votos en contra fueron de Daniel Manouchehri (PS) y Gloria Neveillan (Ind.)
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, presente en la Sala, señaló que “hoy nuestro país dio un paso histórico para la protección de nuestra naturaleza. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas viene a enfrentar la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a Chile, y al mundo entero, a través de la creación de un servicio público, autónomo, descentralizado, con financiamiento robusto, dedicado en un 100% a la protección del patrimonio natural chileno”.
Asimismo, destacó “el apoyo transversal de los parlamentarios a esta iniciativa durante su tramitación. El SBAP ha sido parte de los planes de gobierno de las últimas 4 administraciones del país y particularmente, desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos empujado de manera decidida ese proyecto, lo que se reflejó en los significativos avances que la iniciativa dio en los últimos 6 meses permitiendo su despacho desde el Congreso el día de hoy”.
Este servicio es el organismo que faltaba para completar la institucionalidad ambiental chilena, rediseñada a partir de 2010, con la promulgación de la Ley N°20.417, y que incluye el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, y también los Tribunales Ambientales.
A su vez, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camilla Vallejo, ministro secretario general de la Presidencia valoró la aprobación de esta iniciativa, que fue señalado como una prioridad del gobierno. “Celebramos el liderazgo de la ministra Rojas. Hemos podido sacarlo a la luz. Vamos a duplicar los trabajadores que tenía CONAF para poder resguardar las áreas protegidas”, dijo Vallejo, flanqueada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
Reacciones
Diputado Jaime Sáez (RD) comentó que: “Hubo un lobby feroz de parte de la industria [salmonera], pero lo más importante es que pudimos sacar un Servicio que era lo que faltaba a la institucionalidad ambiental. Lo considero un avance porque el SBAP tendrá herramientas efectivas para cautelar las áreas protegidas. A través de la Ley de Acuicultura esperamos resolver los problemas que quedaron pendientes en relación al daño que provoca la industria salmonera”.
El diputado se refería así a una de las últimas controversias de la tramitación de la ley que finalmente, en Comisión Mixta, rechazó prohibir las concesiones sectoriales al interior de las áreas protegidas.
A su vez, Juan Antonio Coloma Álamos, diputado UDI, manifestó que “estamos muy satisfechos porque el proyecto logró compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la protección de las fuentes de trabajo. Es un buen proyecto, porque no hay que negar que la industria acuícola ha podido desarrollar el sur del país. Yo creo que los impactos ambientales de las salmoneras hay que verlos en una ley sectorial de acuicultura que el Gobierno ya debería haber presentado”.
Luego de finalizar su tramitación en el Congreso con la votación favorable en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto pasará por la revisión del Tribunal Constitucional y posteriormente por toma de razón de la Contraloría. Luego de eso, la iniciativa estará lista para su promulgación y publicación. Desde su publicación hay un plazo de un año para dictar el Decreto con Fuerza de Ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que permitirá definir los aspectos administrativos que darán forma al mismo, como, por ejemplo, fijar la planta del personal, escalas de remuneraciones, etc.
Con el Informe Financiero aprobado en enero del año 2023, el SBAP contará con presupuesto desde su primer año de implementación, lo que le permitirá comenzar a desplegarse en todo el territorio nacional. Entre los hitos más relevantes, destaca el traspaso del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), hoy en CONAF, que se realizará al tercer año desde que se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Los pilares del SBAP
De acuerdo a información del MMA, el SBAP se levanta sobre cuatro pilares:
- Crea un servicio público robusto que se encarga de la protección de la biodiversidad.
- Enfrenta la dispersión institucional de las áreas protegidas que hasta ahora estaban repartidas en más de 5 servicios públicos, provocando un manejo desarticulado. Así lo concluyó un informe de Contraloría dado a conocer en 2021.
- Dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional -dentro y fuera de áreas protegidas- tales como identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales.
- Fortalece la normativa y otorga un financiamiento robusto y eficiente para la conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental.