Como una de las siete comisiones técnicas permanentes de trabajo definidas por el reglamento general de la Convención Constitucional, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico -compuesta por 19 representantes- deberá proponer a la convención un texto que deberá regular, en términos generales, el cómo avanzar hacia un desarrollo sostenible en Chile.
Esto implicará abordar distintas temáticas, que van desde la biodiversidad, el escenario de cambio climático y los recursos hídricos hasta la justicia ambiental y el modelo económico del país, y entre ellas hay una de particular complejidad en su discusión: la inclusión -o no- de los llamados “derechos de la naturaleza” en la Carta Fundamental. Es decir, que la naturaleza sea entendida como un sujeto jurídico con derechos propios.
¿Cuáles son los beneficios, complejidades y desafíos de ello? Ese fue el tema que se abordó en la cuarta -y última- jornada de debates del ciclo “Diálogos sobre Constitución y Medio Ambiente” convocados por el grupo “Juntos por un Chile Sostenible”, integrado por diez gremios y organizaciones nacionales, y que fue analizado por Marina Hermosilla, directora ejecutiva de CLG-Chile; Patricio Leyton, profesor de derecho administrativo y ambiental de la Universidad de Chile, socio de Ferrada Nehme; Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES); y Jorge Femenías, profesor de derecho administrativo y ambiental de la Pontificia Universidad Católica.
Para Marina Hermosilla, existe un punto de vista económico para hablar de los derechos de la naturaleza, basado en el informe Disgupta Review, en el sentido de que la importancia de la biodiversidad radica en que le da resiliencia a la naturaleza, permite adaptarse a los cambios, reducir los riesgos e incertidumbres. Y en un escenario en que nuestras demandas exceden con creces la capacidad de la naturaleza de suministrarnos bienes y servicios, y procesar nuestros desechos, esto impone riesgos e incertidumbres a nuestras economías y futuras generaciones, por lo que la rápida pérdida actual de la naturaleza es un problema ambiental y económico.
“El informe plantea que estamos frente a un fallo institucional, y para abordarlo debemos darle valor a la naturaleza y la biodiversidad, y que eso nos permitiría resolver la crisis de biodiversidad y la crisis climática que estamos enfrentando. Para eso, debemos alterar nuestro concepto de riqueza -ni más ni menos-, e incorporarla en nuestro sistema económico, en nuestra vida, en la forma en que nos relacionamos. Y la tarea es titánica: cambiar nuestros estilos de vida, cómo concebimos la economía, los deberes y derechos entre los ciudadanos y para con la naturaleza”, explicó.