Durante los últimos años hemos venido siendo testigos de cómo vehículos de todo tipo transitan libremente por nuestras playas, dunas y humedales a vista y paciencia de la autoridad y de la sociedad.

Esta nefasta e inaceptable práctica representa un alto riesgo para la seguridad de las personas y deja una severa huella de destrucción en nuestro patrimonio natural.

Pérdida y fragmentación de hábitat, fuerte erosión, compactación del suelo, pérdida de provisión de servicios ecosistémicos, destrucción de vegetación y de sitios de nidificación de avifauna, son algunos de los impactos. Se afectan ciclos de vida de especies de aves playeras como el Pilpilén común (Casi amenazado) y el Chorlo nevado (Vulnerable) que están viendo amenazada su reproducción; nidos y huevos son aplastados y pichones mueren sistemáticamente bajo las ruedas de quienes “disfrutan” transitando con su vehículos en playas, dunas y humedales.

Con 96 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la semana pasada el proyecto de ley que establece prohibición (boletín N°15.666-12) como respuesta político-institucional a esta grave problemática.

Este valioso proyecto de Ley prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en playas, humedales costeros y dunas costeras en todo el territorio continental e insular, aumentando el alcance de la fiscalización desde la Autoridad Marítima a Carabineros de Chile y municipalidades, según sus respectivas competencias. Las infracciones serán sancionadas con multas de 5 UTM y, en caso de  reincidencia, se aplicará el doble de la multa establecida, procediéndose a la suspensión de la licencia de conducir por un período de seis meses a dos años e inhabilidad para obtenerla hasta por el mismo período, entre otras sanciones.

Es esperable entonces que la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado avance rápidamente en lo que queda de la tramitación de este proyecto de ley, considerando la inclusión de mecanismos de denuncia ciudadana y número único nacional para tales efectos.

En medio de la severa crisis de biodiversidad que atravesamos como humanidad, necesitamos reconfigurar nuestra relación con la naturaleza, desde una nueva ética del cuidado y de la conservación de nuestros bienes públicos. Además de las sanciones que impondrá prontamente la nueva ley, es necesario que demos sanción social a esta destructiva práctica.