Hace años que diversas organizaciones vienen alzando la voz respecto a los graves daños que provoca el ingreso y tránsito de vehículos motorizados a playas y dunas costeras, en especial sobre la flora y fauna. Y es que si bien la Orden Ministerial Nº2 del Ministerio de Defensa prohíbe esta práctica desde 1998, lo cierto es que en estricto rigor no se cumple, por lo que la problemática no se soluciona. En ese contexto, se impulsó el ingreso de un proyecto de ley para hacer frente a este problema, lo que se concretó hace 13 meses, en Moción parlamentaria impulsada por ocho diputados y diputadas. Para conocer cómo ha avanzado la iniciativa y qué se espera para los próximos meses, País Circular conversó con diversos actores involucrados en el tema.

La diputada ambientalista (ind.) Viviana Delgado, explicó que “lamentablemente, a pesar de la existencia de la Orden Ministerial y de que muchos municipios han dictado ordenanzas, aún hay numerosos casos de destrucción de playas y dunas a causa de vehículos motorizados. Es frecuente ver en redes sociales y medios de comunicación denuncias por incumplimiento a la normativa, perjudicando gravemente la fauna y flora local”.

Esta situación motivó a Patricio Ortiz, presidente de Fundación Bandada, a comprometerse con esta causa. “Nos involucramos activamente en la transformación de una simple Orden Ministerial en un proyecto de ley integral que prohibiera el acceso de vehículos motorizados a playas y dunas. La disposición existente carece de la relevancia necesaria para abordar de manera efectiva la problemática, ya que no proporciona un marco legal sólido ni las herramientas adecuadas para su implementación”.

“Fundación Bandada, consciente de los impactos negativos de los vehículos en estos delicados ecosistemas, trabajó en estrecha colaboración con legisladores y otras ONG nacionales e internacionales, como la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) y Manomet INC, para impulsar la creación de un proyecto de ley, que no solo estableciera la prohibición, sino también sanciones claras para aquellos que infringieran la normativa”, expresó Ortiz.

Fue así como, el 13 de enero de 2023, el proyecto de ley (Boletín N° 15.666-12) que prohíbe la circulación de vehículos motorizados en playas y dunas ingresó a la Cámara de Diputados; mientras que, en diciembre del pasado año, se logró la aprobación en general en la misma.

La diputada Delgado, representante del Distrito 8, recalcó que “con este proyecto buscamos elevar a rango legal esta iniciativa, para asegurar un verdadero resguardo de las áreas que necesitan protección, estableciendo multas que tengan un efecto disuasivo”.

Multas y fiscalización

Por la infracción de circular en autos, camionetas o motos en playas y dunas del borde costero, a excepción de vehículos de emergencia, seguridad, fiscalización, vigilancia, mantención o aseo, el proyecto de ley establece una multa de 5 UTM ($ 321.715 al valor de la UTM en febrero). En caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa, además de la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de seis meses a dos años, e inhabilidad para obtenerla por el mismo periodo.

“Las sanciones son duras, ya que la idea es generar desincentivos reales para que esto deje de ocurrir”, declaró a País Circular el diputado (PS) Daniel Melo, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y uno de los patrocinadores de la iniciativa.

Patricio Ortiz, por su parte, está satisfecho con estas sanciones, “que han tenido en cuenta todas las observaciones e indicaciones que hemos propuesto, en colaboración con otras instituciones dedicadas a la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad costera. Entre ellas, aumentar las multas y ampliar la fiscalización a otras instituciones”.

En este último punto, el proyecto eleva la capacidad fiscalizadora, que no solo recaerá en la Armada de Chile, sino también en Carabineros y en las municipalidades, de acuerdo a sus respectivas competencias.

A juicio de la diputada Delgado, significa un gran avance: “Con lo difícil que es que se discutan proyectos de ley ‘verdes’, toda iniciativa que implique la protección de nuestra flora, fauna y naturaleza en general, significa avanzar en el cuidado del medio ambiente; que es al mismo tiempo nuestro propio cuidado, porque de él depende nuestra subsistencia. Con este tipo de proyectos queremos demostrar que el medio ambiente sí es importante y una prioridad”.

Respecto a las sanciones, el coordinador de Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de El Quisco, Felipe Escobar, tiene una opinión distinta: “Si hablamos de las sanciones, en nivel general, que son aplicadas por los Juzgados de Policía Local a los instrumentos de fiscalización local, como son las ordenanzas, existe un tope muy bajo en consideración al daño que se produce, sobre todo en temas ambientales. Multas que alcanzan las 5 UTM no representan el daño que es causado por estas irresponsabilidades”.

“Lo que sí es positivo es que las multas partan desde las 4 UTM, lo que permite tener un margen tendencial al máximo de la multa. Y es que, en ocasiones, los criterios de los jueces de Policía Local, en la aplicabilidad de multas relacionadas a materias que no son propias de seguridad, son tendenciales a los márgenes inferiores de las multas”, añadió Escobar.

Se espera una tramitación rápida

Respecto a cómo debiese avanzar el proyecto para que se convierta en ley, el diputado Melo detalló el estado en que se encuentra y los posibles plazos para su definición: “En su paso por la Sala se hicieron indicaciones, por lo que volvió a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara para votar dichas indicaciones y salió con segundo informe de la Comisión. Aprobado en Sala el segundo informe, el proyecto se despacha al Senado”.

Las indicaciones realizadas, comentó el parlamentario, “fueron en la línea de mejorar el texto base incluyendo las dunas, sanciones más claras y duras, integrando a más actores en la fiscalización, y definiendo las prohibiciones y actividades que sí pueden realizarse”.

Patricio Ortiz, de Fundación Bandada, complementó que “estas indicaciones consistieron en observaciones que sugieren ampliar su rango de acción para incluir humedales urbanos. Esta etapa de revisión y perfeccionamiento es crucial antes de que el proyecto avance al Senado, donde se espera que, durante este año, finalmente se convierta en ley de la República”.

Sobre los posibles plazos, Melo señaló que “este proyecto ha sido transversal a todos los colores políticos, tanto por temas ambientales como la protección de la biodiversidad, como también por la seguridad de las personas que asisten a las playas. Por ende, se esperaría que pueda tener celeridad en el Senado y que el Ejecutivo le coloque urgencia. Con ello, podría salir en menos de un año de todos los trámites legislativos”.

Según el diputado por el Distrito 13, el proceso dependerá de los “tiempos de tramitación de los Mensajes presidenciales que se ingresaron en el mes de enero, tanto a la Comisión de Medio Ambiente del Senado como de la Cámara de Diputados, que tienen prioridad en las tablas. Por lo que hay que ver cómo se conjugan los tiempos de las comisiones para tramitar los Mensajes y las Mociones parlamentarias”.

Medidas concretas

Con el proyecto en camino de convertirse en ley, lo que sigue es cómo se hará cumplir para que no se repita lo que ocurre con la Orden Ministerial vigente. “Debemos demostrar, a través de acciones concretas, nuestro compromiso con la preservación ambiental y aplicar todas las medidas que sean necesarias para sancionar y evitar que este tipo de actos se cometan”, subrayó la diputada Delgado.

A su vez, Patricio Ortiz especificó que “entre las acciones destacadas se encuentra la instalación estratégica de señalética informativa y educativa en puntos clave de las playas, con el objetivo de sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de estos hábitat para las aves playeras. Además, se implementarán cercos simbólicos de cuerdas para proteger los lugares de nidificación de especies como el pilpilén y el chorlo nevado”.

“La educación ambiental in situ, dirigida a los visitantes en las playas, desempeñará un papel fundamental en la promoción de prácticas respetuosas con el medio ambiente. En un esfuerzo por garantizar la gestión sostenible de estos sitios, se busca establecer gobernanzas adecuadas que permitan la coexistencia equilibrada entre el disfrute humano y la preservación de la biodiversidad”,  agregó el presidente de Fundación Bandada.

Para llevarlo a la práctica en el corto plazo, Felipe Escobar reconoció que el Municipio de El Quisco no se encuentra preparado: “La implementación de una nueva ley deberá tener un proceso de adaptabilidad, que permita incorporar estas nuevas regulaciones en el ADN de la gestión de los gobiernos locales. Desde las modificaciones de ordenanzas, hasta la destinación de recursos para implementar medidas operativas para el cumplimiento”.

Se trata de una opinión que comparte Marco Cortez, director de Comité Ambiental Comunal de Cartagena, una organización sin fines de lucro: “En términos de implementación, va a ser bastante gradual. No creo que se pueda llegar e implementar esta ley de sopetón. Sin embargo, los gobiernos locales jugarán un rol fundamental, así como una buena planificación y un buen diálogo con la Armada y las demás autoridades que tengan competencia en el territorio”.

Según el coordinador de Departamento de Medio Ambiente de El Quisco, hay algunos puntos que todavía resta por aclarar. “El proceso de proyecto de ley, si bien ha determinado que Carabineros, autoridades marítimas y municipios serán los órganos fiscalizadores, no indica si existirán modificaciones de otros cuerpos legales, que nos permita conocer un contexto generalizado de la aplicabilidad. Pero, asumiendo que los entes fiscalizadores sean de estricta responsabilidad de los municipios, se deberán modificar y crear ordenanzas que apliquen directamente y en concordancia con los artículos establecidos en la ley. En la actualidad, nuestra ordenanza de medio ambiente tiene incorporada la temática del cuidado de sitios de nidificación, pero no aplicada directamente al corazón de esta nueva ley”.

“Por otra parte, al día de hoy los recursos necesarios para la implementación operativa de esta ley, no están considerados en los presupuestos municipales. Por lo tanto, habrá que establecer líneas de financiamiento alternativos y buscar, bajo esta nueva ley, los recursos internos para aplicarlos. Deberemos trabajar a corto plazo en el diagnóstico multisectorial, que nos permita identificar y conocer nuestros puntos de vulnerabilidades y fortalezas, con el fin de lograr una implementación apropiada de esta nueva ley, cuando entre en vigencia”, reflexionó Escobar.

Según Cortez, “siempre quedan cabos sueltos al momento de interpretar una ley, y de ahí la relevancia de esclarecer cómo se implementará, cómo se fiscalizará y cómo se coordinará con otras entidades, de modo que esta ley sea efectiva y no solamente un saludo a la bandera”.

“Quienes ingresan con vehículos a estos sectores actúan por desconocimiento o falta de información, pero también tiene que ver con la cultura irresponsable del ser humano, de ser avasallador. Aunque en los últimos diez a veinte años empezó a tomar auge el tema de la conservación medioambiental, va a ser todo un cambio generacional el que se tiene que dar para que estas prácticas vayan disminuyendo”, advirtió el activista de Cartagena.

Muerte de polluelos y pérdida de vegetación

En lo que concierne a los daños que genera esta mala práctica, el presidente de Fundación Bandada indicó que diversos estudios y monitoreos continuos han arrojado evidencia concluyente sobre la grave pérdida de biodiversidad. “Año tras año se constata la devastadora realidad de la muerte por aplastamiento de polluelos y huevos de especies emblemáticas como el pilpilén y el chorlo nevado. En muchas playas de Chile, la tasa de éxito reproductivo de estas aves ha alcanzado un alarmante 0%, atribuido en gran medida a esta práctica irresponsable, junto con otras amenazas que se suman a su impacto”, manifestó Ortiz.

“La magnitud de la afectación se refleja, no solo en la pérdida directa de vidas de aves silvestres, sino también en la severa disminución de la vegetación costera. Esta pérdida compromete la estabilidad de las dunas, esenciales para la preservación de hábitat fundamentales para la fauna local. La constante circulación de vehículos contribuye de manera significativa a la erosión y degradación de las playas, trastocando la capa superficial de la arena y alterando los patrones naturales de la costa”, agregó.

Según la experiencia de Felipe Escobar desde El Quisco, “las consecuencias suelen ser principalmente la degradación y fragmentación de hábitat, como ocurre en el sector del Humedal El Totoral. Allí, debido al tránsito de vehículos y peatones, se ha fragmentado este ecosistema en 18 secciones, para lo cual, con la implementación de senderos e infraestructura inundable, estamos en un proceso de recuperación”.

“Otro impacto en la zona costera, es el sufrido por las aves playeras que utilizan principalmente espacios de humedales costeros y dunas para nidificar, como ocurre con especies como el pilpilén común, o el cisne coscoroba. A ello se suma la alteración del hábitat de las aves migratorias que buscan estos espacios para descansar, generando cambios fisiológicos, hormonales y conductuales, que afectan las rutinas migratorias y de reproducción”, complementó.

“Más allá de los impactos ecológicos, la presencia continua de vehículos en áreas recreativas representa un riesgo palpable para la seguridad de las personas”, advirtió Patricio Ortiz, de Fundación Bandada. “Los peligros, que van desde atropellos hasta accidentes, resaltan la necesidad urgente de regular y limitar estas actividades en entornos naturales”.

La diputada Delgado, si bien participó en la discusión del proyecto de ley contra el tránsito de vehículos en playas y dunas, prontamente presentará otro proyecto para integrar a los Santuarios de la Naturaleza, con las mismas prohibiciones para su protección. “Los Santuarios de la Naturaleza son Monumentos Nacionales, por tanto, estos espacios y las especies de flora y fauna que allí habitan están protegidos de manera legal por el Estado. Sin embargo, sigue siendo muy difícil protegerlos. Nuestro proyecto tiene por objetivo prohibir el ingreso de vehículos motorizados en los Santuarios de la Naturaleza de todo el territorio nacional, con el fin de proteger la biodiversidad de flora y fauna, y establecer sanciones frente al incumplimiento”, argumentó.

Un ejemplo concreto sobre esta necesidad es la que recalca Felipe Escobar. “Un caso emblemático es lo que ocurre en el Humedal de Córdova, donde una pareja de cisnes coscorobas ha tenido, por más de dos años, intentos infructuosos de reproducción sin llegar a eclosionar sus huevos”, reveló sobre este lugar en la Región de Valparaíso declarado Santuario de la Naturaleza en 2017.

Marco Cortez, quien es analista químico, también insiste en la urgencia de proteger estos sitios. “Por ejemplo en El Tabo, en el Santuario de la Naturaleza Gota de Leche, tenemos una hierba endémica, o sea, se da solo en ese lugar de Chile y nada más que ahí. Entonces, al ingresar con vehículos, se daña la reproducción y la conservación de esta especie de flora. Porque otra afectación de esta mala práctica tiene que ver con la flora y mucha veces el daño hacia ella no se visualiza con la gravedad que requiere”, sentenció.