Si bien el impuesto verde a las fuentes fijas no ha estado en la primera línea del debate, cobra gran relevancia a partir de la discusión que se ha instalado a nivel país sobre la descarbonización de la matriz productiva y el movimiento de los chalecos amarillos que se ha tomado la discusión a nivel internacional en estas materias.

La reforma tributaria propuesta por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera introduce cambios sustantivos al impuesto verde que grava a las fuentes fijas (establecimientos, para ser más exactos), lo cual nos lleva a preguntarnos en qué punto entre los #ChaoCarbón y los #ChalecosAmarillos quiere situarse la actual administración.

La pregunta anterior es atingente, toda vez que el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo que moderniza la legislación tributaria propone el aumento de la base tributable potencial y, a la vez, la posibilidad de compensar emisiones, por lo tanto, en el neto, el resultado sobre la tendencia de emisiones de CO2 es incierta.

Por un lado, al cambiar los criterios para determinar la afectación del impuesto se aumenta la base imponible potencial, dado que no se restringe a las emisiones producidas por turbinas y calderas, lo cual implica que nuevos sectores queden gravados por el impuesto. Adicionalmente, el cambio desde capacidad instalada a emisiones anuales efectivas, a priori, no exime del registro a ningún contribuyente actual, lo cual permite establecer que, por efecto aumento de base, ceteris paribus, las emisiones gravadas debiesen aumentar.

Por el otro lado, el proyecto se abre a que las empresas puedan compensar la emisiones, lo cual desde una perspectiva genérica es positivo, toda vez que se genera un mercado que puede avanzar más rápidamente hacia una economía carbono neutral. No obstante, tal como está planteado el artículo, las modalidades y estándares que regularían el mercado de compensaciones quedan sujetas a una resolución exenta del Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto, de estipularse condiciones muy laxas para compensar, no solo las emisiones gravadas disminuirían, sino que también las emisiones netas de Chile aumentarían.

En vista a lo anterior, resulta menester dilucidar qué línea editorial perseguirá el gobierno, dado que en la práctico lo que está en juego es el grado de permeabilidad del precio del carbono en la economía y, por consiguiente, cuál es la tolerancia de traspaso a precios que tiene el gobierno al respecto.

Finalmente, bajo mi opinión personal, esta discusión nos lleva ineludiblemente a encontrar un punto medio de consenso que tenga presente varios aspectos, entre ellos la necesidad de un impuesto tal que corrija la falla de mercado que distorsiona los precios relativos inter e intra industria, así como la ventaja de ser “early mover” y transitar más rápido hacia una economía carbono neutral con una matriz energética principalmente renovable.

Junto con ello, que exista un diseño y gradualidad necesaria en los instrumentos con el fin de evitar generar un shock de oferta que afecte a la economía en el corto y mediano plazo. Y al mismo tiempo, considerar el ámbito social, es decir, entender que este tipo de políticas tiene un efecto ingreso en la población, lo cual lógicamente generará un rechazo en los más afectados.

Asimismo, es importante tener presente que existen otras preocupaciones más urgentes en la ciudadanía, por lo tanto, para avanzar en estos temas hay que dejar de lado los fanatismos y el voluntarismo que sirven (quizás) para instalar el tema, pero no para generar propuestas integrales que tengan presente todas las dimensiones del problema.

* Jorge Valverde Carbonell es MSc Análisis Económico Universidad de Chile e ingeniero Comercial, mención Economía, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ex coordinador del Ministerio de Hacienda.