Activismo climático: ¿crimen o necesidad?
¿Es realmente violento rociar pintura a base de maicena que se lava con lluvia sobre unas rocas antiguas? ¿Es pacífica la inacción de las autoridades que conduce a caos y colapsos de todos los ecosistemas, y por tanto, al fin de la civilización como la conocemos? Como bien se preguntaba el periodista y autor George Monbiot en The Guardian hace un tiempo, ¿quiénes son verdaderamente los extremistas? ¿Las personas que desafían las injusticias o aquellos que intentan suprimir nuestros derechos?


¿Qué tienen en común la negativa de Rosa Parks a ceder su asiento en el bus en Alabama a un hombre blanco, con la marcha de la sal de Mahatma Gandhi en India, y las diversas movilizaciones organizadas por Emmeline Pankhurst en el Londres victoriano? Todos fueron actos de desobediencia civil, o formas de protesta ante las injusticias de la época; la discriminación racial, el dominio colonial y el monopolio británico, y el voto masculino, respectivamente. Todos también fueron repudiados en su momento, pero todos fueron semillas catalizadoras de los procesos históricos en los que fueron parte, y cuestionaron valientemente el status quo. Por estos días, el rocío de pintura naranja sobre Stonehenge de autoría del grupo Just Stop Oil, ha causado indignación mundial.
Cuando algo no funciona, acudimos a un experto para que intente comprender la falla y nos dé una solución. Ahora bien, ¿qué sucede si el individuo que podría reparar nuestro artefacto, se niega a hacerlo, o peor aún, es influenciado por terceras personas para dañar más nuestro preciado bien?
Desde el Acuerdo de París en 2015 -acuerdo para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono- los Estados europeos no han desarrollado ni aplicado políticas de reducción de emisiones capaces de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados como recomienda la ciencia; tampoco asumen su responsabilidad respecto a las emisiones históricas e incluso hemos llegado este año a un nuevo récord de emisiones del sector fósil. La presencia del big oil en la pasada COP 28 fue masiva: al menos a 2456 lobbistas les fue concedido acceso a la cumbre en Dubai, y fueron más que todos los delegados de las diez naciones más vulnerables al cambio climático combinados (1509).
Es decir, el bien que les pedimos restaurar a los gobernantes globales, la salud del planeta Tierra, no está siendo reparado por el mecanismo con el cual ellos podrían hacerlo, esto es, a través de una legislación climática alineada con los objetivos asumidos en diversas instancias. En el mundo, diversas organizaciones como Greenpeace, Futuro Vegetal o Extinction Rebellion se están manifestando a través de protestas pacíficas, simbólicas y decididamente estridentes para, por una parte, llamar la atención de la opinión pública, y por otra, exigir directamente a los dirigentes políticos y económicos que se comprometan de una vez con las medidas de transformación formuladas en los informes científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Pero al mismo tiempo, están siendo criminalizados en toda Europa.
En España, la protesta climática pide nuevos mecanismos democráticos, tales como las Asambleas Ciudadanas por el Clima, para que integren de manera permanente y vinculante a la mayoría de la población española. Lo ha hecho a través de derrame de sopas sobre cuadros en museos, o bloqueos de autopistas principales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional incluyó el ecologismo radical bajo el epígrafe de amenazas “terroristas” en su última memoria anual, decisión que poco después el fiscal general del Estado, Álvaro García, reconoció como improcedente.
En Alemania, el grupo Letze Generation o Última Generación, quienes han interrumpido el normal funcionamiento de un aeropuerto en Munich, entre otras cosas, han sido acusados de “formar una organización criminal” bajo la sección 129 del código penal alemán. Los cargos se refieren a actos de desobediencia civil, como intentar apagar estaciones de bombeo de petróleo, bloquear pistas de aeropuertos y lanzar puré de papas a una pintura de Monet.
En Inglaterra, un nuevo informe del “asesor independiente sobre violencia política” del gobierno y par independiente -y quien también trabaja para grupos de presión que representan tanto a fabricantes de armas como a compañías de combustibles fósiles-, John Woodcock propone que el gobierno restrinja la capacidad de los grupos de protesta para “organizarse o recaudar fondos”, endurezca aún más las leyes contra la protesta y, como un posible golpe final, permita que cualquier empresa atacada por los manifestantes, o las personas afectadas por ellos, los demanden por daños financieros.
El diario El País incluyó hace unas semanas un artículo de opinión firmado por muchos periodistas, científicos y activistas llamado “Protestar no es un crimen, se llama democracia por el clima”. Allí se señalaba que en el informe que acaba de publicar el relator especial de la ONU sobre los defensores ambientales en el marco del Convenio de Aarhus, Michel Forst, se denuncia la represión de las protestas ambientales en toda Europa y asegura que representan una grave regresión democrática y solicita a todos los Estados “cesar inmediatamente el uso de medidas diseñadas para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado contra los defensores del medioambiente”. Es más, constituye un derecho civil reconocido por la ONU: El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que las acciones de desobediencia civil, siempre que sean pacíficas, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión.
¿Es realmente violento rociar pintura a base de maicena que se lava con lluvia sobre unas rocas antiguas? ¿Es pacífica la inacción de las autoridades que conduce a caos y colapsos de todos los ecosistemas, y por tanto, al fin de la civilización como la conocemos? Como bien se preguntaba el periodista y autor George Monbiot en The Guardian hace un tiempo, ¿quiénes son verdaderamente los extremistas? ¿Las personas que desafían las injusticias o aquellos que intentan suprimir nuestros derechos?