“Tenemos más problemas que los que teníamos hace 20 años”. Esa es una de las primeras conclusiones del “Informe País. Estado del medio ambiente y del patrimonio natural 2022”, según explica quien dirigió la elaboración de este estudio, el académico y político Sergio Galilea Ocón.

Se trata del octavo informe de su tipo desarrollado por la Universidad de Chile, con la participación de diversas facultades, además de contribuciones de otras universidades, así como organismos del Estado, ONGs y otras instituciones. El primero fue realizado en 1999 y desde entonces han usado la metodología del “Panorama Global del Medio Ambiente (GEO)” de la ONU, lo que permite tener un panorama de la evolución de la problemática ambiental en las últimas dos décadas.

Galilea, quien estuvo a cargo de este informe en su calidad de Director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, explica que hasta ahora la periodicidad de este estudio ha sido de 3 o 4 años, pero a partir de ahora será anual, atendiendo precisamente a la relevancia y urgencia del tema.

El académico subraya que el Informe País busca contribuir a la comprensión de la situación ambiental y promover políticas públicas que fomenten la sustentabilidad ambiental y el desarrollo sostenible. El lanzamiento oficial será este jueves 6 de julio, en la Casa Central de la U. de Chile, con la participación de la rectora Rosa Devés Alessandri, y del subsecretario del Medio Ambiente Maximiliano Proaño (inscripciones en https://bit.ly/InformePais).

La metodología contempla el análisis a partir de las principales macropresiones globales sobre el país que condicionan la situación ambiental: el crecimiento económico, la población y el desarrollo social; y la macropresión física mundial, el cambio climático. Así, en sus distintos capítulos, el Informe País analiza las situaciones del aire, aguas continentales, bosques nativos, biodiversidad, ecosistemas marinos y borde costero, y minerales e hidrocarburos. Asimismo, se incluye la situación de asentamientos humanos, degradación de las tierras, energía y, por primera vez, hay un capítulo dedicado a desastres socionaturales, donde se realiza una cuantificación de estos eventos por tipo y se resalta el vínculo que poseen con el cambio climático.

“Existe la necesidad urgente de hacer cambios sustantivos en las dinámicas de desarrollo predominantes en el país”, subraya Galilea Ocón, quien en esta entrevista con País Circular aborda algunos de los principales hallazgos y recomendaciones contenidos en el informe.

-¿Cuáles son los principales hallazgos de este informe?

La primera observación es que si uno toma los ocho informes se observa que la situación chilena del medio ambiente se ha agudizado desde el punto de vista problemático. Tenemos más problemas que los que teníamos hace 20 años, por una serie de razones. Una de las razones es el cambio climático, o dicho en términos más precisos, el calentamiento global; porque basta ver la lluvia que tuvimos hace unos días, su característica desastrosa no es que llueva -estamos en junio, es más o menos normal que llueva-, sino que llovió con temperaturas de entre 10 y 12 grados, con isoterma cero muy elevada, es decir, que solo muy arriba hay nieve, a más de 3 mil metros, y todo lo que hay abajo es agua. Entonces, eso es un “palo de agua”, como dicen los venezolanos, un fenómeno gravísimo que produce, por ejemplo, que el río Aconcagua baje con 42 veces su caudal, y el Mapocho, que era un pequeño hilito de agua, bajó con 52 veces su caudal.

Entonces, el cambio climático evidentemente es un fenómeno que agudiza los problemas y eso hace que hayamos tenido en los últimos años fenómenos desastrosos muy complejos.

-Y en cuanto a las presiones que se generan en el propio país,  ¿por qué que han aumentado los problemas?

Porque todavía no tenemos suficiente conciencia de lo urgente que es este tema. Los distintos agentes de políticas públicas -públicos, privados, locales, sociales- no tienen una conciencia tan precisa. Hay conciencia sobre los desastres solo cuando ocurren y el peligro que existe, pero las políticas de prevención son todavía extremadamente insuficientes. Esto requiere modificaciones muy severas, incluso en el estilo de desarrollo, y con eso queremos decir que los modelos productivos forestales, mineros, agrícolas, etc., requieren ajustes, modificaciones que son imprescindibles.

-¿Es posible ver algún avance?

En ese sentido, el informe tiene una parte que podría llamarse de “vaso medio lleno”, porque hay una expectativa interesante que se abre en Chile por la diversificación energética. Por primera vez el informe no solo dice que los problemas son más agudos por el cambio climático, por la insuficiencia de la política, por la falta una conciencia importante y por los tipos de modelos productivos y que es necesario modificar los modelos productivos, hacer cambios fundamentales en materia energética, de agua, de combustible, etc. Esta vez se recoge la expectativa interesante que se le abre al país cuando es capaz de tener una producción eólica y solar mucho más importante que las producciones térmicas, desde el punto de vista de la modificación de la matriz energética en favor de energías renovables.

De todas maneras hay un desafío de aumentar esta producción eólica y solar, lo que está ligado al avance tecnológico que permita producir a costos significativamente más bajos; asimismo, requerimos insertar esa producción a los sistemas de distribución, porque tenemos un pendiente muy grande en la distribución de energía del país.

En el tema del agua, que es el recurso más clave que surge de toda la situación medioambiental que vivimos y donde el problema es gravísimo, también hay algún tipo de avance, de innovaciones en algunas áreas productivas. Tenemos ejemplos interesantes en el norte, en la zona en torno a la Región de Antofagasta, donde están las producciones mineras más importantes -tanto públicas como privadas- y que usaban la escasa agua disponible en la faena minera y hoy día están usando agua oceánica. Eso implica un avance significativo.

También se hizo otro avance tremendo hace unos cinco años; después de los aluviones de Copiapó se construyó una planta desaladora cercana a Caldera, que permite que las zonas que tenían problemas más graves de disponibilidad de agua potable para la población -que era toda la región administrativa de Atacama- hoy día sean abastecidas a través de ese mecanismo. Hay avances en el tratamiento de agua de mar porque sabemos que el abastecimiento de aguas superficiales, de agua de deshielo, etc., ha disminuido de un modo extremadamente drástico y necesitamos una nueva cultura del consumo del agua. Además, se requiere modificaciones institucionales importantes que están todavía pendientes.

Por otra parte, gracias a las energías renovables no convencionales, tenemos una ventaja para la producción de hidrógeno verde, y si llegamos a ser un país que avance en materia de hidrógeno verde estaríamos simultáneamente avanzando en lo energético, en los combustibles y, eventualmente, en un tratamiento y mejora del agua. Ya hay algunos elementos relativamente consensuados, algunas políticas de largo aliento, no digo que está hecho, pero por lo menos hay un camino y eso es una ventaja respecto a lo que teníamos en situaciones de informes pasados.

–Ud. habla de la urgencia y en Chile vemos, por ejemplo, que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) tardó 13 años en aprobarse, o que en materia de agua no se avanza en la creación de una Agencia del Agua -o semejante-, a pesar de haber un diagnóstico claro y propuestas nacionales e internacionales al respecto desde hace años…

Lo que pasa es que nuestra institucionalidad tiene muchas insuficiencias. Por ejemplo, yo creo que los agentes políticos-sociales, todos, el Estado, los privados, los agente sociales, políticos, etc., que juegan todos roles absolutamente indispensables, no tienen cabal conciencia de la urgencia.

Cuando Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, nos dice que esta década -hasta 2030- es clave para saber si vamos a seguir viviendo como vivimos, que tenemos entre 40 y 50% de especies que están en extinción o en estado grave, significa que la acción de urgente. No es que sea el fin del mundo, pero es otro mundo, es otro planeta, con otras características, con otras carencias, con otros riesgos y con otra vulnerabilidad. Entonces, yo creo que más de una década para discutir el tema de biodiversidad (SBAP), con la resistencia última que presentaron algunos sectores como el sector salmonero -que no tiene un récord demasiado interesante en esta manera; hay que ver qué pasa con los fondos marinos, las especies marinas-, es todo un tema.

Cuando decimos que necesitamos un desarrollo sustentables significa que lo productivo tienen que seguir también operando, pero tiene que seguir operando en condiciones cualitativamente distintas de como se ha hecho, utilizando otras formas de agua, de energía, teniendo un tratamiento diferente de los desechos, etc.

A mí me tocó, siendo intendente en el sur (región de Los Lagos), la crisis del virus ISA por los salmones. Es cierto que ahora los centros de producción están más distanciados entre sí, pero teníamos sistemas de producción y engorda que estaban fuera de toda norma, fuera de toda conveniencia. Industrias como la salmonera, que es una industria exportadora de alta rentabilidad, tendría que afianzar todavía mucho más su metodología productiva.

Pero la salmonicultura, el desarrollo forestal con especies exóticas [pino y eucalipto], la minería, no basta con que se coloquen el apellido verde en su publicidad. Es necesario monitorear estas modificaciones productivas severamente.

– ¿Somos reactivos y no preventivos?

Es nuestra cultura, basta ver lo que pasa estos días. Es durísimo ver los cursos de ríos con isoterma tan elevada, multiplicados en su caudal, provocando una invasión fluvial sobre la zona… O lo que históricamente ha ocurrido respecto a las zonas de tsunami, y aún no necesariamente tenemos una regulación territorial que esté a la par con lo que son nuestras dificultades. Uno sigue observando que en las zonas o áreas de abierto riesgo se sigue construyendo (…) Creo que también tenemos un tremendo pendiente en la planificación del ordenamiento territorial. Además, tenemos problemas en nuestra institucionalidad porque confiamos todavía poco en las instancias regionales y locales, somos un país que tiene pendiente una descentralización de verdad y, obviamente, la respuesta a estos temas y a los temas de desastres son respuestas que se dan desde el lugar o en la cercanías.

Tuvimos un terremoto tan duro en 2010, con tsunami, terrible, y sin embargo las localidades costeras 13 años después no tienen instrumentos reguladores. Con los incendios forestales pasa algo semejante. Me tocó participar en la reconstrucción de Santa Olga (región del Maule) cuando era subsecretario de Obras Públicas en 2017; hicimos una reconstrucción extraordinaria, ahí hay un modelo, pero eso no es la norma, todavía nuestras respuestas institucionales son muy insuficientes.

-¿Qué novedades tiene este informe en relación a los siete anteriores?

Las novedades más importantes que tiene esta versión del Informe País es que incorporamos dos capítulos nuevos a la metodología tradicional: uno sobre cambio climático y desastres, y el capítulo final de conclusiones sobre políticas.

El capítulo sobre cambio climático y desastres naturales tiene una fortísima actualidad. (…) Hicimos un análisis de los desastre desagregadamente en las distintas regiones del país, porque es muy distinto el problema en el norte, centro, sur y austral. Por ejemplo, debiéramos tener una oficina de SENAPRED muy importante en Antofagasta, otra en Valparaíso, otra en Concepción y otra en Puerto Montt, que den cuenta de las distintas geografías y ecosistemas frágiles en los distintos territorios.

En el capítulo final sobre políticas planteamos la necesidad urgente de hacer modificaciones a los estilos de desarrollo predominantes, con cambios en el ámbito productivo, energético, de agua, de combustible, de nuevas formulaciones productiva en los rubros más importantes, etc. Y al mismo tiempo, cómo generar una institucionalidad de cooperación entre los sectores público y privado más firmemente comprometida en estas materias.

-En el informe se hace referencia a la propuesta de Constitución que fue rechazada, mencionando que hubo consensos y avances importantes en materia ambiental. En relación al nuevo proceso constitucional, ¿cómo ve el anteproyecto de la Comisión Experta? 

Modesto y equilibrado.

Creo que está pendiente -porque se trata de un bien esencial- el control público sobre el agua. Es un tema en el que esperaría que el Consejo Constitucional pudiera avanzar un poco más. Al menos avanza en compatibilizar el planteamiento que hay en la actual reforma del Código de Aguas estableciendo la prioridad en el uso, favoreciendo el uso del agua de vida por sobre el agua de riego y el agua industrial. Creo que eso constituye una mejora en relación a lo que tenemos hoy día, pero el progreso es más bien modesto. Podríamos haber avanzado tres o cuatro frases más en el ámbito constitucional, llegar a establecer en materia de biodiversidad, de bosque nativo, de riesgo oceánico -que es un tema gravísimo-, sobre esos temas debe haber una cierta revisión a elementos que son importantísimos en materia de políticas públicas.