Sara Larraín: “Los sectores en tensión de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención deben conversar, no se necesita un intermediario”.
La directora de Fundación Chile Sustentable ha seguido de cerca el debate del órgano constituyente en materia ambiental y descarta que exista un “desorden” en la comisión que aborda esa temática. Califica como normal el traspié que sufrió el primer paquete de normas que fue rechazado casi en su totalidad en el Pleno el 4 de marzo, pero valora el avance sustantivo logrado por el informe de reemplazo que sí logró aprobar en particular siete artículos el viernes pasado. “Es una discusión de alta relevancia ciudadana y es legítimo que se dé así”, dice Larraín respecto de los reproches mutuos entre los dos bloques opuestos que dominan el debate al interior de la Comisión.


Recién el 25 de marzo la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico pudo anotarse un primer gran avance, tras sufrir un duro traspié el 4 de marzo pasado cuando el primer paquete de normas de nacidas de aquella instancia fue rechazado casi por completo en el Pleno de la Convención Constitucional.
La Comisión reformuló algunas de las normas -simplificando sus contenidos, evitando incurrir en demasiados detalles y redactándolas mejor- y elaboró un segundo documento, llamado Informe de Reemplazo, que fue presentado ante el Pleno el viernes pasado. ¿El resultado? Siete de los nueve artículos sometidos a votación ante la totalidad de los y las convencionales fueron aprobados en particular y pasaron a formar parte del borrador de la nueva Constitución Política. En cambio, los dos artículos rechazados en particular volvieron a la Comisión para eventuales modificaciones.
En resumidas cuentas, los siete artículos aprobados hasta ahora -según el oficio redactado por la presidenta de la Convención, María Luisa Quinteros– versan sobre los siguientes temas: el deber del Estado de emprender acciones para enfrentar la crisis climática y ecológica; la consagración de los derechos de la naturaleza; la facultad a la ley de restringir derechos o libertades para proteger el medio ambiente; la obligación del Estado de poner en práctica la gestión de residuos; el reconocimiento de los animales como seres sintientes; la aprobación de al menos siete principios ambientales; y la consagración del derecho de información informada en materias ambientales.
Por el contrario, los dos artículos que no alcanzaron el quórum necesario de los dos tercios fueron el que, entre otros aspectos, apuntaba a que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza no susceptibles de apropiación; y el acceso responsable a la naturaleza. Ahora falta por discutir otros grandes temas como el agua, la minería, el suelo, el estatuto antártico, la contaminación atmosférica, entre otros, y se verá si alcanzan el mismo nivel de debate.
El trabajo de la Comisión de Medio Ambiente ha sido analizado críticamente por los dos amplios sectores, ubicados en polos opuestos, al interior de la instancia. Un artículo de prensa del diario digital El Mostrador recoge las impresiones de la bancada de los “eco-constituyentes” y de los sectores de la derecha, que apuntan sus dardos al bando contrario para explicar la dificultad en la búsqueda de consensos. Sin embargo, la directora de Fundación Chile Sustentable e integrante de la Sociedad Civil por la Acción Climática, Sara Larraín, desmiente que haya un “desorden” al interior de la instancia, cuyo trabajo -dice la ex candidata presidencial en entrevista con País Circular– ha sido muy “ordenado y riguroso”, según lo que ha podido constatar, y ha permitido sentarse en la misma mesa a dos posiciones que necesitan dialogar.
“Si queremos avanzar hacia una sociedad con una convivencia democrática, si queremos ir hacia un consenso sobre las reglas del juego para la casa de todos como la Constitución, tenemos que poner a conversar entre sí a quienes no están de acuerdo con el otro. Tienen que hablar y llegar a acuerdos mínimos”.

-¿Y entonces por qué no se ha llegado a tantos acuerdos como sí ha ocurrido en el resto de las comisiones? ¿Cuál es su mirada al respecto?
-A ver, la Comisión de Medio Ambiente es la única que tiene borradores y minutas de cada sesión. No hay ninguna comisión que tenga ese orden. Ha habido mucha discusión porque son temas de alta relevancia ciudadana, donde concurren muchas organizaciones de la sociedad civil involucradas. Pareciera que hay un desorden, pero yo creo que no es así. Quería despejar este tema de que ha sido desordenada. Los temas son muchos y están desde la atmósfera al clima, hasta el derecho al agua y la Antártica. La agenda es muy amplia y no todos los sectores son especialistas. Diría que en esta comisión hay más representantes de movimientos sociales que tienen la contraparte de la ciudadanía muy activa. Es la única comisión que ha hecho sesiones para dar cuenta de lo que están haciendo. Esto da la imagen de una Comisión más vapuleada, porque tiene un grupo afuera. Ninguna otra comisión tiene multitudes afuera esperando la votación.
-¿Y entonces qué ocurrió con la primera votación en que casi todo el articulado fue rechazado en el Pleno?
-Creo que en el fondo la Comisión no tuvo la capacidad de priorizar. Lo primero que se votó era de un detalle a nivel de ley, no correspondía a un nivel general de redacción legal de tipo constitucional. El rechazo fue al fondo, no a la forma. Y fue bueno para la Comisión porque hubo que priorizar, sacar lo que no corresponde a nivel constitucional y eso limpió mucho el texto. Cada artículo del informe sustitutivo que se votó el viernes 25 estaba mejor redactado y no había detalles que corresponden a ley. De todos modos, no estamos de acuerdo con el rechazo de algunos integrantes del Frente Amplio, porque cuando el tema es de forma, lo que hay que hacer es abstenerse, porque así el texto no queda aprobado por rechazo, sino por abstención. Pero me consta que desde la secretaría a la coordinación de la Comisión han sido muy rigurosos.
-Sin embargo, se observa que hay dos visiones en choque: una que defiende el modelo económico y otra más vinculada a los movimientos sociales que es tratada por el otro bando como hippie. Pareciera que falta una visión más mediadora dentro de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Lo ve así usted?
-Es que eso se va a dar así porque la discusión está instalada en la sociedad. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha tenido que señalar que no hay una contradicción entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico, sino que son dos cosas que se tienen que armonizar. El marco constitucional de hoy no tiene resguardos ambientales, no tiene una definición de patrimonio ambiental ni de la responsabilidad del Estado sobre ese patrimonio. Yo creo que en el segundo informe se avanzó mucho por la discusión misma sobre el cambio climático, porque se entiende que la economía y el desarrollo humano se da dentro de un sistema mayor de la biósfera que tiene que ser mantenido. El paradigma de discusión de sectores de la derecha, de que la sociedad humana tiene que desarrollarse a toda costa, no va. Hay una realidad mayor ambiental. Pero eso está en confrontación en la política particular de la Constitución de un país; se da en el Acuerdo de París y en otras instancias también. Es totalmente natural que así sea. No hay que demonizar la discusión, ya que hay una tensión en disputa y una discusión legítima. No me asusta y es sano que se dé. Se tiene que llegar a algunos consensos para armonizar la conservación del patrimonio ambiental y permitir el desarrollo de la sociedad humana.
“Quienes están escribiendo la nueva Constitución no son especialistas, entonces se tiene que ir afinando el texto. No es una mesa de abogados especialistas constitucionalistas. Éste sería un proceso de elite más rápido, donde se encontraría la palabra perfecta, pero el proceso de la Constitución de Chile es fruto de la soberanía popular, desde alguien que no tiene ninguna formación hasta abogados”.

-Descarta entonces que falten voces más articuladoras dentro de los dos grupos que están situados en los extremos en la Comisión…
-Necesitamos que esos sectores conversen, no necesitamos un intermediario. En un momento la Concertación o la Democracia Cristiana se levantaron desde el centro político, como aquel que iba a mediar y eso no sirve. Si queremos avanzar hacia una sociedad con una convivencia democrática, si queremos ir hacia un consenso sobre las reglas del juego para la casa de todos como la Constitución, tenemos que poner a conversar entre sí a quienes no están de acuerdo con el otro. Tienen que hablar y llegar a acuerdos mínimos. Si no, no sirve la Constitución.
-¿Qué cree que cambió para llegar a un mejor documento en su segunda versión? ¿Hubo posturas más consensuadas?
-No sé si son posturas más consensuadas. Había temas, por ejemplo, que tenían que ver más con la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Yo diría que el documento se mejoró, pero contenía las mismas propuestas. Solo que se limpiaron y se redactaron mejor. Ahora, es totalmente entendible que este tipo de ajustes se tenía que hacer, porque la verdad es que quienes están escribiendo la nueva Constitución no son especialistas, entonces se tiene que ir afinando el texto. No es una mesa de abogados especialistas constitucionalistas. Éste sería un proceso de elite más rápido, donde se encontraría la palabra perfecta, pero el proceso de la Constitución de Chile es fruto de la soberanía popular, desde alguien que no tiene ninguna formación hasta abogados.
-¿Qué sensación le dejan los siete artículos aprobados en particular y los dos que fueron rechazados?
-Que están bien, es un buen avance. Nunca un acuerdo político va a ser el 100 por ciento de lo que queremos. Se dice que el nivel de redacción es un poco deficiente, pero hay que tener claro que acá no estamos en un ejercicio académico. Aquí es tan importante tanto el proceso de diálogo y negociación como el resultado. Ahora bien, la Comisión de Armonización aggiornará el texto, va a garantizar de que el sentido de lo que se redacte sea coherente. Diría que está en un nivel aceptable por el movimiento ambiental al cual pertenezco; aceptable por el Frente Amplio, que no necesariamente tiene la misma visión que la bancada indígena y los eco-constituyentes. Ahora bien, lo que se aprobó está en línea con los acuerdos internacionales, no hay casi ninguna innovación. Ya está en la legislación internacional, en el Convenio 169 de la OIT, en el Tratado Antártico, y Chile ya la ha ratificado.
“Lo que sí tiene que quedar en la Constitución es la definición del agua como bien de uso público, y que el acceso a este bien es un derecho fundamental garantizado por el Estado, Debería priorizar las actividades que tienen que ver con la vida y la subsistencia, y en un grado segundario dejar los usos con fines de lucro”.
-¿Estamos en condiciones de decir, tal como lo planteó al inicio la Sociedad Civil por la Acción Climática, que vamos a tener una Constitución Ecológica, habida cuenta del avance de los artículos ya aprobados?
-Tenemos un primer paso importante ya que lo que se aprobó el 25 de marzo va a quedar en el texto final, a falta de todos los procesos aún pendientes. Pero faltan las bajadas del patrimonio natural de todos los chilenos y chilenas. Falta ver cómo será el acceso a los recursos naturales, a los bienes públicos, al agua. Si es que empresas tradicionales usarán estos bienes, qué beneficio entregarán a la sociedad por las ganancias obtenidas en base a bienes que son de todos; cómo el Estado asumirá las reglas para no degradar el patrimonio ambiental; cómo el Estado entregará derechos de aprovechamiento de aguas vía concesiones sin sobreexplotar ni secar los ríos. Eso se tendrá que ver en el próximo informe, donde se votará agua, suelo, minería, aire y estatuto antártico.
-¿Cómo prevé la discusión de esos temas?
-Creo que los bienes naturales comunes van a quedar consagrados. Ahora, éstos están en el Código Civil que tiene más de 150 años y en él se llaman “bienes nacionales de uso público”. Son lo mismo: las plazas, las calles, en fin, los bienes de todos, pero están en un lenguaje de hace 150 años. Hay que actualizar y diferenciarlos de la infraestructura construida. Pero no hay que quedarse pegados en el cambio de lenguaje.
-¿Qué normas deberían aprobarse sí o sí pensando en aquellas familias que en el plebiscito de salida analicen cuánto de la Constitución repercutirá en sus propias vidas cotidianas? Pienso en este minuto en la gente del Valle del Aconcagua que sufre el rigor de la sequía, además de denunciar saqueo.
-A ver, la Constitución establece ciertos principios, deberes, derechos y formas de gobierno. No por existir en la Constitución un derecho va a asegurarse la garantía y la provisión de agua potable y saneamiento para todos los chilenos. Pero sí la Constitución orienta la discusión. Lo que sí tiene que quedar es la definición del agua como bien de uso público, y que el acceso a este bien es un derecho fundamental garantizado por el Estado, Debería priorizar las actividades que tienen que ver con la vida y la subsistencia, y en un grado segundario dejar los fines de lucro. Puede quedar un tipo de gobernanza que asegure el bien nacional de uso público sobre el bien privado. El Código Civil de 150 años de historia dice que el agua es un bien nacional de uso público; el Código de Aguas de 1981 también lo señala, pero dice que el Estado podrá otorgar derechos de aprovechamiento de agua que son concesiones. El problema es que la Constitución actual dice que a estos derechos de aprovechamiento se les dará propiedad y ahí está la trampa. El problema es que se han entregado los bienes nacionales de uso público a los usos más competitivos y esos siempre serán los que tienen fines de lucro.
-¿Pero confía en que se aprueben estas normas sabiendo que en la Convención hay muchos defensores del derecho de propiedad?
-Es que el problema es que acá la concesión siempre ha sido propiedad. El banco te reconoce los derechos de aprovechamiento de aguas como un título, y la propiedad de una casa no puede ser igual a la propiedad de un cauce de agua. No te puedes apropiar de algo que es necesario para todos.